Llamarlo como queráis, pero es “Lawfare”

Uno de los poderes del Estado se muestra contemplativo ante un caso de “law fare”, de esos que se dicen “de libro”. Un juez más, y ya son muchos, demasiados, irrumpe en la escena política para incidir en los resultados de unas elecciones. Es tan burda la maniobra que parece mentira, pero es tristemente cierto.

El problema sería anecdótico si la evidencia de la existencia de una fracción de la derechona añorante del franquismo dentro de las instituciones del Estado no fue tan patente y con tantos antecedentes. El problema de la indecencia filofascista que no ha salido des las instituciones es que sus actos tienen consecuencias irreparables.

Los casos de Mónica Oltra en País Valenciano, el de Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados, el de los acusados de terrorismo por una pelea de bar en Alsasua, la policía patriótica actuando al servicio del PP, el juez García Castellón acusando de terrorismo a políticos catalanes…El listado de casos y hechos sería largo de relatar.

En su desesperación, la derecha política, mediática y judicial acude a lo que ya se ha visto en otros países, siempre con la misma pauta: denuncia falsa que es admitida por un juez y secundada por la correspondiente campaña política. El último caso que hemos visto de cerca fue en Portugal, contra Antonio Costa en otoño del año pasado.

Ahora el objetivo es el presidente del Gobierno, pues lo que no son capaces de conseguir en las urnas están dispuestos a alcanzarlo con el método que la extrema derecha viene implementando por el mundo.

Es la prueba de que la derecha heredera del franquismo: PP, VOX y los rescoldos de C´s, no están dispuestos a que este país pueda vivir en paz y libertad, por eso se empeñan en la confrontación y la exclusión, de ahí que hiperventilen ante la Ley de Amnistía o la Ley de Memoria Democrática.

Esta situación pone en evidencia que la transición no resolvió el problema de la dictadura. Ahora que se cumple el 80 aniversario del desembarco de Normandía, conviene recordar que los aliados aplicaron en Alemania una desnazificación, pero en España no se aplicó una depuración franquista. Por el contrario, se alentó que las estructuras institucionales de la dictadura continuasen vivas, con simples cambios de nombres, es el caso del TOP, cuyos muchos de sus magistrados pasaron a formar parte de la Audiencia nacional y del Tribunal Supremo, y claro, eso deja escuela, y de aquellos polvos estas ciénagas. De la misma manera que ministros franquistas se pusieron un traje de demócrata y constitucional y se dedicaron a constituir partidos que hoy acosan al gobierno.

Esta maniobra torticera, que irrumpe en plena campaña electoral, es un ataque frontal a la democracia y a las libertades. Una afrenta que debería ser contestada con una gran movilización ciudadana organizada y promovida por las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Movilización que debería ir acompañada con decisiones políticas claras, como la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la Ley 15/97 que permite y anima a la privatización de la Sanidad Pública, la puesta en marcha de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social tal como está recogido en la Ley 21/2021, la puesta en marcha de políticas contundentes para intervenir en el mercado de la vivienda, y toda una serie de necesidades de la mayoría social que debería abordar con valentía el gobierno de colación progresista actual.

El mensaje más eficaz contra la extra derecha y sus distintas versiones es la movilización y la toma de decisiones políticas en favor de la mayoría.