La primera parte de este artículo fue publicada en TS-152 (pág. 23)
Lafundaciónde la UMD, así como su posterior desarrollo, adquierensu sentido pleno si se tienen en cuentalos cambios sociales anteriormente acontecidos en España, en particular desde el comienzo de los años 60 del siglo pasado.
Nose entiende, sin embargo,suapresurada disolución en junio de 1977, tras las primeras elecciones democráticas, en un momento en que la agitación militar ultraderechista era especialmente grave.
Es ineludible, por tanto, considerar también el periodo de activismo desplegado por antiguos miembros de la UMD, tras su autodisolución,oponiéndose activamente algolpismo militar-franquista, hasta su presunta extinción en 1985.
Esta segunda parte, memorias de una disidencia, está escrita con la intención de aportar algunos recuerdos concretos, muy personales, que puedan ser de utilidad para la comprensión de aquel convulso periodo histórico. Pues, a fin de cuentas, la vida militar toma su sentido verdadero cuando se está dispuesto a arriesgarse y dar la vida por el pueblo.
Activismo en la UMD
Desde el otoño de 1975 llevé a cabo tareasinformativas y de captación,misión casi imposible dado el enorme temor que inspiraba la represión militarfranquista.
La detención y encarcelamiento del comandante Luis Otero, junto a los capitanes Fernando Reinlein, Xosé Fortes y seis compañeros más,frenaron en seco las afiliaciones.
El comandante Julio Busquets, sociólogo y fundador de la UMD, diputado del PSC-PSOE en las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977, me dedicó un ejemplar de su libro “El militar de carrera en España”, con una dedicatoriaque lo resume todo: “Al capitán Manuel Ruiz Robles, compañero de armas e ideas, que demostró su actitud democrática, en los años difíciles. Con todo afecto de Julio Busquets”.

En septiembre de 1976 fui enviado por la Armada a cursar estudios de doctorado en física de la energía en la Universidad de París, durante el curso 1976/1977, efectuando frecuentes a viajes a Madrid, que me mantuvieron en contacto con la organización.
Los compañeros que habían sido detenidos en julio de 1975, juzgados en consejo de guerra, condenados, encarcelados y expulsados del ejercito por su pertenencia a la UMD, fueron excarcelados tras la primera Ley de Amnistía de julio de 1976,junto a la mayoría de presos políticos, decretada por el rey Juan Carlos. No fue una concesión desinteresada, sino forzada por la potente movilización social. Pese a todo,siguió manteniendo expulsados del Ejército a los compañeros de la UMD.
Celebradas las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, la UMD se autodisolvió dos semanas después.
La Ley de Amnistía de 1977, aprobada por el Parlamento, volvió a dejar expulsados del ejército a nuestros compañeros. Por si fuera poco, el capitán de aviación José Ignacio Domínguez, piloto de reactores y portavoz de la UMD en el exilio, fue procesado tras su regreso a España, y condenado en consejo de guerra celebrado en diciembre de 1977,aplicándosele torticeramente la “Ley de Amnistía”,que confirmó su expulsión.
Diez años después, en 1986, se enmendó en parte esa grave injusticia, con el claro propósito de blanquear un régimen impuesto por el rey Juan Carlos, pues tampoco se les dejó incorporarse al servicio activo.
La disidencia
Inmediatamente después de la autodisolución, algunos miembros de la UMD continuamos activos durante varios años, en oposición a los movimientos militares franquistas, que se habían intensificado tras la legalización del PCE y las primeras elecciones democráticas.
El valeroso capitánde la UMD,Fernando Reinlein, tras su excarcelación, consiguió un empleo de periodista en Diario16 y nos facilitó, a los pocos que nos decidimos a escribir, el acceso a su famosa columna sobre temas militares,publicando rápidamente los textos que escribíamos.
En el artículo titulado “Señores diputados”, critiqué duramente la Ley de Amnistía de 1977. Denuncié la exclusión de los compañeros condenados en consejo de guerra por pertenecer a la UMD, afirmando que habían sido olvidados. Afirmé, además, que la Ley de Amnistía establecía desequilibrios fundamentales en los cimientos de esta democracia.
Por ello fui arrestado en 1979, interrogado con malos modos en un juzgado militar y estampada una nota desfavorable en mi hoja de hechos. El capitánJosé Altozano, excelente abogado, que fue defensor del capitán Xosé Fortes en el Consejo de Guerra contra la UMD, redactó varios recursos contra mi sanción, pero todos fueron desestimados. Sin el apoyo moral de Rosa, mi compañera,probablementeme hubiesendestruido; éramos muy jóvenes yya habían nacido nuestros seis hijos.
Fue una ley de “punto final”que sigue, aún hoy en día, obstruyendo la acción de la justicia internacional contra los crímenes del franquismo.
En aquellos convulsos días de 1980, con el fin de analizar la grave situación militar en España, me reuní clandestinamente en Lisboa con el antiguo jefe del Comando Operacional del Continente (COPCON), el estratega de la Revolución de los Claveles, Otelo Saraiva de Carvalho.
Poco después, en el otoño de 1980,ocurrió un extraño incidente presuntamente urdido por las “cloacas militares”. El Comandante-Director de mi destino (CIDA)me ordenó realizar un ensayo en polígono de tiro de un artefacto temporizado que, posteriormente, ya en laboratorio,descubrí que había sido manipulado malintencionadamente. Un comandante de Infantería de Marina, perteneciente a los servicios especiales, vino a mi despacho para darme instrucciones al respecto. Mis sospechas, dada la grave situación militar, hizo que tomaseciertas precauciones.
Durante las pruebas se produjo ladetonación prematura del cebo eléctrico. De no haber tenido la precaución de retirar la carga explosiva, nos hubiese matado a mí y al capitán de Infantería de Marina Alfonso Hidalgo Landaburu, amigo y vecino mío en las viviendas de la Armada en Madrid, que había sido delegado por el Estado Mayor para inspeccionar las pruebas. Mis superiores se negaron a abrir una investigación, con el pretexto de que era un asunto clasificado como secreto.
Semanas después, el jefe de unabanda terrorista con tricornio, al mando de un tropel de guardias civiles, asaltaba el Parlamento. Era el detonante del autogolpe del 23-F de 1981, un episodio franquista que, si los documentos clasificados y aún secretos se desclasifican, algún día sobremos si fue instigado, como mínimo consentido, por el rey Juan Carlos Borbón, sucesor del dictador por las leyes de sucesión de 27 de julio de 1947 y de 23 de julio de 1969, huido a Abu Dabi por ladrón desde 2020.
Al día siguiente del golpe, por la tarde-noche, el comandante Luis Otero, fundador de la UMD junto a Julio Busquets, nos reunió a algunos compañeros en su domicilio en Madrid, a fin de analizar la situación militar e informar a los partidos políticos democráticos. Se concluyó que poco o nada se podía hacer.
Muchos años después, el citado comandante de Infantería de Marina, antiguo miembro del SECED, relacionado con el turbio asunto del artefacto temporizado, fue reconocido y denunciado por un argentino, antiguo detenido en la ESMA, un centro de tortura y exterminio de la Armada argentina. Ante el escándalo internacional, fue llamado a declarar por el Juez Garzón de la Audiencia Nacional en 1997, pero sorprendentemente tampoco se investigó, y todo quedó en el más absoluto olvido.