La dimisión de Mazón es una necesidad democrática y por salud pública


Delegación de ASTRADE a la manifestación del 29 de diciembre en Valencia

El pasado mes de diciembre, ante el anuncio de las asociaciones y colectivos valencianos de convocar una nueva manifestación en Valencia para el día 29, la Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de facilitar la participación de una delegación de miembros de nuestra Asociación en esta manifestación. Nos pareció una forma de solidaridad con el pueblo valenciano que, además de la DANA, ha sufrido las consecuencias de unas instituciones contrarias a los intereses de la mayoría social.

El inicio de la manifestación estaba fijado para las 18:00, por lo que nos dio tiempo a participar en una comida/reunión que los compañeros del CATP en Valencia tenían prevista, a la que nos sumamos junto a otra delegación que había viajado desde Cataluña. Pudimos hablar con compañeras y compañeros de Valencia, algunas de ellas afectadas directamente por las consecuencias de la DANA. La puesta en común y presencia allí de militantes que nos habíamos desplazado para participar codo con codo en la reivindicación abrió la posibilidad de que, en estos meses venideros, se organice un encuentro estatal en Valencia para abordar el deterioro de los servicios públicos y los derechos; situaciones que nos afectan por igual en Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid o en cualquier otro lugar del Estado español, como es el caso de la Sanidad, la Vivienda, la Educación, las Pensiones, las Residencias o la ineficacia, la negligencia y la contribución de las instituciones al agravamiento de los problemas naturales, como ha ocurrido en Valencia con la DANA y como ocurrió en Madrid con el COVID.

En el inicio de la manifestación me acordaba las movilizaciones contra la guerra de Irak que tuvieron lugar en Madrid en 2003 o las convocadas en estos últimos años en defensa de la Sanidad Pública: esas manifestaciones que no arrancan por el colapso que se produce cuando es tan masiva la asistencia que las calles se quedan pequeñas. La asistencia a esta manifestación del 29 de diciembre, como en otras que han tenido lugar desde la catástrofe del 29 de octubre, se calcula que fue de unos 200.000 manifestantes; teniendo en cuenta que la población de Valencia es de unos 790.000 habitantes, es comparable cuando en Madrid salimos a la calle 800.000 personas a manifestarnos. Esas cifras que marean y que tanto gusta minimizar a las delegaciones de gobierno y policías municipales.

Las 224 víctimas mortales, los 3 desaparecidos y los dos trabajadores muertos en las labores de limpieza y reconstrucción, son cifras escalofriantes que permiten entender la rabia y la indignación del pueblo valenciano. No obstante, la manifestación se desarrolló con absoluta normalidad canalizando los manifestantes su sentir en los cánticos: “El president a Picassent”, “El dinero del Borbón para la reconstrucción” o “No son muertes, son asesinatos”, entre otros. Lemas que reflejan el sentir de un pueblo que ha visto de cerca y con brutalidad que las prioridades del Gobierno de la Generalitat valenciana no son coincidentes con las necesidades de las personas. Una brutalidad palmaria cuando se piensa en la cantidad de vidas que podrían haber salvado si se hubiesen dado las alarmas a lo largo de la mañana del 29 de octubre y no a las 20:11 de la tarde. O si la Unidad Valenciana de Emergencias no hubiese sido disuelta por el Gobierno de Mazón, en noviembre de 2023. O si se hubiesen acometido las obras que estaban proyectadas desde 2006 en el barranco del Poyo y Pozalet-Saleta. Entre otras actuaciones e inversiones preventivas que deberían haberse realizado desde hace años.

El sentir del pueblo valenciano expresado a lo largo de la Manifestación es coincidente con el sentimiento de miles de madrileñas y madrileños cuando piensan en los 7.291 ancianos y ancianas que murieron en las residencias de Madrid, abandonados a la enfermedad por el COVID. El mismo sentir de la mayoría de los pueblos de nuestro país cuando recuerdan los 193 muertos y más de 2.000 heridos en los atentados de Atocha el 11 de marzo de 2004, que se habrían evitado si el Gobierno de Aznar no nos hubiese involucrado en la Guerra de Irak.

No me dedico al bulo ni a la hipérbole, pero tampoco a quitar hierro o dulcificar la realidad, por eso no diré que la culpa de las catástrofes naturales la tengan los gobiernos. Lo que nadie puede negar es que no actuar, actuar tarde o tomar decisiones que añaden pérdidas de vidas humanas es algo intolerable.

Los políticos, los jueces, el propio rey, tienen que responder por sus extralimitaciones e irresponsabilidades. La impunidad es una grave enfermedad para la democracia, por eso gente como Ayuso o Mazón deben dimitir y ser juzgados.

Animo al pueblo valenciano a perseverar en la exigencia de dimisiones y responsabilidades públicas y judiciales. El 1 de febrero y todos los días que hagan falta hasta que se hagan justicia.

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE

Editorial: ¡Franco ha muerto!, pero el franquismo no

Desde el 8 de enero se está conmemorando el 50 Aniversario de la muerte del dictador que el 18 de julio del 1936 se puso a la cabeza de un golpe de Estado militar contra la República y contra su Constitución democrática; golpe militar que desembocó en una guerra civil que le costó la vida a más de 500.000 personas en nuestro país.

En 2025 se conmemora la muerte del dictador que en 1936 encabezó el golpe de Estado militar contra la II República y que dio lugar a una guerra civil que costó la vida a mas de 500.000 personas.

En tanto que conmemorar lleva implícito rememorar, es necesario recordar, al menos, dos hechos importantes:

  1. Que los militares golpistas contra su propio pueblo contaron con la ayuda y participación de los fascismos nazi e italiano. Además de que las potencias europeas, particularmente Gran Bretaña y Francia, miraron para otro lado a nombre de la neutralidad -algo que pagaron muy caro pocos años después-.
  2. Que al medio millón de muertos que provocó el golpe de Estado, hay que añadir los estragos de la persecución tras la guerra: 120.000 desaparecidos, 700.000 presos sometidos a trabajos forzados y torturas, 2.400 fosas comunes datadas, aunque no todas abiertas aun hoy, miles de bebés robados, cientos de miles de exiliados, hambruna, enfermedades, retraso cultural y económico…

Conviene distinguir los muertos en la contienda, sin olvidar quién la provocó, de las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante 36 años, tras la guerra.

Se cuentan por miles las publicaciones que demuestran estos y otros datos del horror franquista, pero basta con este resumen para que la muerte del dictador no se celebre con frivolidad.

Conviene no olvidar las atrocidades, desapariciones y muertos durante la guerra civil y tras la guerra, y conviene, por tanto, no celebrar el aniversario de la muerte del dictador con frivolidad

Sin embargo, aunque Franco murió, el franquismo continúa vivo y coleando; es el “atado y bien atado”. Esto queda patente con la actitud de la derecha política, buena parte de la judicatura y de los medios de comunicación. Cabría decir que el franquismo está desatado. Más allá de los juegos de palabras, somos conscientes de que la desfachatez de la derecha en España obedece a consignas y criterios de la derecha internacional, en función y a disposición del capital financiero. Están embarcados en una huida hacia adelante en el intento de zafarse de las contradicciones del sistema económico imperante, pues tienen mucho dinero disponible pero no encuentran donde invertir para rentabilizarlo, de ahí que los inversores vean en la vivienda un valor refugio, sin que les importe un pimiento si esa dinámica está truncando la vida de varias generaciones de jóvenes en nuestro país. O en la guerra y el genocidio, si eso dispara las acciones de la industria del armamento y posibilita que se apropien de mercados como el de la energía en Europa, por ejemplo.

Aunque Franco murió el franquismo continúa desatado como queda patente con la actitud de la derecha política, buena parte de la judicatura y de los medios de comunicación

Los nostálgicos y añorantes del franquismo están desesperados por no poder privatizar más aún de lo que ya se ha privatizado y a mayor ritmo. Los servicios públicos están en su punto de mira: sanidad, educación, pensiones y dependencia públicas. Lo están destruyendo para convertirse en los dueños de un mercado privado vedado para la gran mayoría de la sociedad.

Los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, dependencia) están en el punto de mira de los herederos del franquismo. Los están destruyendo para convertirlos en un mercado privado

En su decisión de derrocar al gobierno lanzan a su escuadrón de togas. Les sirve cualquier denuncia, por infundada que esté, para arremeter contra el gobierno y su presidente. Se inventan trabas a la aplicación de la Ley de Amnistía, mientras indisimuladamente lanzan mensajes de aproximación a la derecha catalana. Incumplen leyes del Estado, en las comunidades y municipios en los que gobiernan, o provocan muertes añadidas a las catástrofes naturales: como en el caso de la DANA en Valencia o el COVID en Madrid, pero no pasa nada porque la misma fracción judicial y fiscal que practica el “law fare” en favor de la derecha archiva las causas o no actúa cuando se trata de hacer justicia para el pueblo.

Los franquistas lanzan a su escuadrón de togas para practicar el Lawfare utilizando denuncias infundadas contra el gobierno y su presidente, dificultando la aplicación de leyes aprobadas por el parlamento o tapando las irresponsabilidades de sus políticos

En este contexto tenemos uno de los “nudos” heredados del franquismo: La Corona, que se instauró en las leyes de sucesión dictadas por el sátrapa: la “Ley de sucesión en la Jefatura del Estado, publicada en el BOE del 27 de julio de 1947, por la que “el Estado se declara constituido en reino”. Y la Ley 62/1969, de 22 de julio, en cuyo artículo primero se instauró La Corona en la persona de Juan Carlos de Borbón.

La ausencia de Felipe VI en los actos del 8 de enero, alegando problema de agenda, se suma al rechazo de la derecha a participar en cualquier acto de memoria histórica

Felipe VI no ha querido participar en los actos que tuvieron lugar el 8 de enero, a nombre de “problema de agenda”. De este modo, el heredero del heredero no se desmarca del rechazo de la derecha a cualquier acto de memoria histórica, por tenue que este sea, aunque se vista de “España en libertad”, “la transición”, etc.

Este año promete ser un periplo de celebraciones y efemérides:

  • Del 6 al 8 de febrero recordaremos la masacre cometida por el ejército de la rijogualda en la carretera de Málaga a Almería, “La desbandá”. Y 23 de febrero exigiremos que se desclasifiquen y se hagan públicos todos los documentos oficiales sobre la trama golpista que tuvo lugar en 1981.
  • El 23 de marzo recordaremos la muerte de Francisco Largo Caballero, tras pasar por el campo de concentración de Orianenburg, y el 28 de marzo recordaremos que Miguel Hernández moría abandonado por el régimen en el Reformatorio de Adultos de Alicante.
  • El 14 de abril celebraremos y conmemoraremos la proclamación de la II República como todos los años, con la vista puesta en la tercera.
  • El 1º de mayo celebraremos el día de los trabajadores, clase mayoritaria.
  • El 15 de junio nos manifestaremos para recordar la abdicación de Juan Carlos I El Comisionista.
  • El 19 de julio, recordaremos que el pueblo se echo a la calle a defender la República, frente a los golpistas.
  • El 5 de agosto recordaremos el fusilamiento de “Las 13 Rosas” y el 18 el fusilamiento de Federico García Lorca, asesinado por su opción sexual y por su obra en favor de los perseguidos, los diferentes y los menesterosos.
  • El 27 de septiembre recordaremos que en 1975 aun se produjeron cinco fusilamientos.
  • En octubre celebraremos la huelga revolucionaria de aquel mes de 1934.
  • El 20 de noviembre brindaremos por la muerte del dictador y exigiremos que el Valle de los caídos deje de ser un santuario para convertirse en un lugar para la memoria.
  • Y el 25 de diciembre recordaremos las 14 mujeres y los 182 hombres que fueron fusilados en Cáceres por mandato del gobernador Ricardo de la Rada.

Son muchas, demasiadas, las fechas que podríamos y deberíamos conmemorar para que nadie olvide que los crímenes del franquismo no pueden quedar impunes y que aun hoy hay fusilados en las cunetas. No debemos olvidar para poder entender lo que ocurre hoy.

Son muchas, demasiadas, las fechas que deberíamos conmemorar para que nadie olvide que los crimenes del franquismo no pueden quedar impunes

Más allá de las justas conmemoraciones, es un hecho que el Gobierno vive paralizado por la acción de los franquistas; a quienes, sin duda, la política de Trump va a envalentonar más aún, al menos en estos próximos meses. Es necesario abrir el debate de cómo conseguir hoy lo que se fue capaz o no se pudo conseguir hace 50 años: cómo acabar con los privilegios de la minoría que pervive gracias al aparato franquista incrustado en el poder. Esto hace que tengamos que recuperar el dilema que se abrió tras la muerte de Franco: la necesidad de la ruptura democrática con el franquismo y sus herederos, para que se pueda gobernar en favor de la mayoría, y esto solo tiene una senda, la de avanzar hacia la República.

El Comité de Redacción