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Andalucía ahogada por las borrascas

Hace muchos años que no llovía tanto en Andalucía, los mayores del lugar lo fijan a hace más de 70 años cuando eran muy jóvenes o eran niños, eran días y días de lluvias intensan sin parar que no permitían llevar una vida normal, se hacía difícil trabajar, principalmente en el campo, era una vida más dura que la que vivimos en la actualidad porque si se desbordaba un rio o similar, el estado no tenía los recursos públicos que hoy gozamos, ni por supuesto los ayuntamientos etc…

Las inundaciones en Andalucía, este invierno, entraron en una fase crítica tras varios días de lluvias persistentes asociadas a la borrasca Leonardo. El problema ya no era solo lo que caía sin cesar del cielo, sino la saturación absoluta del suelo, incapaz de absorber más agua, y el efecto dominó sobre ríos, arroyos y embalses.

En amplias zonas de Andalucía, el agua que caía escurría directamente hacia los cauces, acelerando crecidas y desbordamientos y eso hizo que la Junta de Andalucía mantuviera activada la situación operativa de nivel 2, con UME y dispositivos de emergencia desplegados en varias provincias durante varios días e incluso semanas.

Los registros de lluvia explican la magnitud del episodio y es que en la sierra de Grazalema, uno de los puntos más lluviosos de España, se superaron los 600 l/m² en poco más de 24 horas, con acumulados cercanos a 1.300 l/m² en apenas diez días. Es una cifra comparable a lo que llueve en un año entero en muchas capitales españolas, las más lluviosas.

A esto hay que añadir lo registrado acumulados muy elevados en la Serranía de Ronda, el Campo de Gibraltar, la campiña gaditana y zonas de Granada y Jaén, donde las lluvias persistentes han coincidido con deshielos en áreas de montaña, aumentando aún más el caudal de los ríos.

La situación más delicada se concentró en la red fluvial. En el momento más crítico del episodio, 14 ríos alcanzaron el nivel rojo y más de 30 se mantuvieron en nivel naranja, según los datos de los sistemas hidrológicos.

Entre los cauces con mayor preocupación destacan el Guadalquivir, el Genil, el Guadalete, el Guadiaro, el Guadalhorce y varios afluentes menores que provocaron inundaciones súbitas en núcleos urbanos y zonas rurales. En algunos puntos, los niveles subieron más de 15 centímetros por hora, obligando a activar desalojos preventivos.

Las inundaciones en Andalucía obligaron a desalojar a más de 3.500 personas, especialmente en Cádiz, Málaga, Granada y Jaén. Barriadas completas en zonas inundables fueron evacuadas de madrugada ante el avance del agua y  una quincena de municipios quedaron incomunicados en distintos momentos del episodio, con carreteras cortadas por anegaciones, desprendimientos o colapso de firmes. La Dirección General de Tráfico contabilizó más de 140 carreteras cortadas en Andalucía, varias de ellas de la red principal.

Las inundaciones sufridas en Andalucía  en este 2026, ya se consideran uno de los episodios hidrológicos más complejos de los últimos años, no solo por la lluvia acumulada, sino por la concatenación de temporales y la falta de capacidad de respuesta natural del territorio tras semanas de precipitaciones continuadas.


El Gobierno activa las ayudas destinadas a mitigar los daños de las borrascas en Andalucía

Extremadura y Andalucía reciben un impulso nunca visto! Desde este viernes 20 de febrero de 2025, están en vigor las esperadas ayudas para quienes han sufrido el paso devastador de las últimas borrascas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el decreto que activa más de 7.000 millones de euros en fondos de emergencia.

El Gobierno y los ministerios ya tienen luz verde para desplegar rápidamente todas las medidas: no habrá que esperar más. Se trata de un paquete que refuerza la declaración de zonas en emergencia de protección civil, aprobada el pasado 10 de febrero por el Consejo de Ministros.

¿Quiénes serán los primeros beneficiados? Más de 12.400 desalojados recibirán ayuda inmediata: 150 euros por persona y día, una cantidad que puede sumarse a otras compensaciones por daños en viviendas.

El decreto establece indemnizaciones que multiplican por cuatro las cifras habituales: daños personales, reales y enseres de viviendas cuentan con nuevos máximos. Una familia tipo de cuatro miembros que haya tenido que abandonar su casa durante diez días podrá recibir hasta 6.000 euros de ayuda directa.

Además, estas ayudas tienen efecto retroactivo, estarán completamente exentas de tributación tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades para empresas. Tampoco afectarán a quienes reciben el ingreso mínimo, lo que amplía su accesibilidad.

Además los ayuntamientos afectados contarán con una inyección de 2.000 millones de euros destinada a reparar infraestructuras municipales dañadas por las lluvias e inundaciones. Este dinero no es un préstamo, sino una transferencia: los municipios no tendrán que devolverlo.

El Gobierno cubrirá el 100% de los daños detectados. Los municipios podrán utilizar el superávit de 2025 para continuar invirtiendo en la reconstrucción y recuperación tras la borrasca. Se relajarán las reglas de gasto y se implementará un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros dirigido a los ayuntamientos golpeados por el temporal.

El ahorro global para los contribuyentes estimado por el Gobierno ronda los 350 millones de euros. Y esto no es todo: habrá prestaciones por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo, ERTEs por fuerza mayor con exenciones para empresas y una reducción de requisitos para el subsidio agrario, facilitando el acceso con tan solo cinco jornadas cotizadas.

Miles de agricultores y ganaderos podrán beneficiarse de más de 2.100 millones en ayudas directas. Solo será necesario figurar en el registro de explotaciones agrarias de las zonas reconocidas como afectadas. Para los armadores de buques con base en Málaga, Cádiz y Huelva, hay 10 millones de euros adicionales reservados.

Se destinan 600 millones para rehabilitar caminos rurales e infraestructuras esenciales, además de 163 millones dirigidos a la restauración de vías y líneas ferroviarias estatales, gestionadas por el Ministerio de Transportes.

Plan de recuperación para comercios y hostelería

La hostelería y el pequeño comercio no quedan fuera: recibirán 120 millones en ayudas para superar los daños sufridos. Además, líneas ICO de 100 millones estarán disponibles para cubrir indemnizaciones y reparar los daños agrícolas provocados por la borrasca, junto al apoyo del consorcio de seguros.

Después de la tragedia que durante días ha tenido en pie a miles de Andaluces, llegan estas medidas que suponen un antes y un después tras la declaración de emergencia.

María Iglesias Domínguez

Comité de redacción de Tribuna Socialista

Trabajar más y cobrar menos: la desigualdad salarial que sigue marcando el futuro de millones de mujeres en España

Un informe sobre discriminación salarial confirma que la brecha baja lentamente, pero las mujeres siguen concentradas en los empleos peor pagados.

La desigualdad salarial entre mujeres y hombres en España ya no puede explicarse como una anomalía puntual ni como una herencia del pasado. Hoy podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que constituye un fenómeno estructural que atraviesa sectores económicos, tipos de contrato, jornadas laborales e incluso niveles de responsabilidad profesional.

La distancia retributiva, sin bien es cierto que se reduce lentamente, continúa condicionando el presente y el futuro económico de millones de trabajadoras en nuestro país.

El Informe sobre Discriminación Salarial hacia las Mujeres, elaborado por UGT con motivo del Día sobre la Igualdad Salarial que se celebrará como cada año el 22 de febrero, confirma una realidad incómoda: los avances existen, pero siguen siendo insuficientes para corregir una desigualdad profundamente arraigada en el funcionamiento del mercado laboral español.

Menos brecha, pero todavía lejos de la igualdad real

Los datos más recientes sitúan la brecha salarial en España en el 15,74%, lo que supone una leve reducción respecto al año anterior. Sin embargo, detrás de ese porcentaje se esconde una diferencia económica muy concreta: las mujeres perciben de media 4.781 euros menos al año que los hombres.

Esto se traduce en que el salario medio femenino representa únicamente el 84,3% del masculino, una distancia que demuestra que la igualdad retributiva sigue siendo un objetivo pendiente y está lejos de resolverse.

La reducción progresiva registrada durante la última década no elimina el problema de fondo: la desigualdad continúa formando parte de la estructura del empleo.

Porque no se trata únicamente de cuánto se cobra, sino de quién ocupa cada espacio dentro del mercado laboral, esa es una de las grandes discriminaciones que sufrimos las mujeres, el llamado “Techo de cristal”.

El suelo salarial tiene rostro femenino

Uno de los elementos más reveladores aparece al analizar los salarios más bajos. La mayoría de las personas que perciben ingresos equivalentes al salario mínimo o inferiores son mujeres. Incluso cuando se observan exclusivamente empleos a jornada completa, nosotras seguimos siendo mayoría en los tramos retributivos más reducidos.

Esto indica que la desigualdad no se limita a los altos cargos o a las diferencias en puestos directivos. Se encuentra, sobre todo, en la base del sistema productivo, donde trabajar no siempre permite alcanzar estabilidad económica.

La mejora estadística de la brecha salarial convive así con una realidad persistente: una elevada presencia femenina en empleos con menor remuneración y menor capacidad de progresión profesional.

El tiempo parcial: una desigualdad estructural

Uno de los factores más determinantes es el peso del trabajo a tiempo parcial. Lejos de responder a una elección personal generalizada, esta modalidad suele estar vinculada a la imposibilidad de acceder a un empleo a jornada completa o a la necesidad de asumir responsabilidades de cuidado.

La organización social del cuidado continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. La consecuencia es directa: menos horas trabajadas implican menores ingresos, menores cotizaciones y una mayor vulnerabilidad económica futura.

La desigualdad salarial comienza así mucho antes de la jubilación. Se construye a través de trayectorias laborales interrumpidas, reducciones de jornada y oportunidades profesionales limitadas.

Sectores feminizados, salarios más bajos

El análisis sectorial muestra un patrón constante: las actividades con mayor presencia femenina presentan también las remuneraciones más reducidas. Hostelería, servicios auxiliares o cuidados concentran algunos de los salarios medios más bajos del mercado laboral.

Por el contrario, los sectores mejor remunerados mantienen una mayor presencia masculina. Incluso cuando mujeres y hombres trabajan dentro de la misma actividad económica, las diferencias salariales persisten.

En determinados ámbitos profesionales altamente cualificados, la distancia económica anual puede superar varios miles de euros, lo que evidencia que la formación o la especialización no eliminan automáticamente la desigualdad retributiva.

El techo salarial sigue existiendo

Si en la base del empleo aparece el llamado suelo pegajoso, en la parte alta del mercado laboral permanece el techo de cristal. Los puestos de dirección y gerencia, los mejor remunerados, presentan diferencias salariales superiores a la media nacional.

Esto revela que la desigualdad no desaparece con la promoción profesional. Al contrario, en muchos casos aumenta a medida que crece la responsabilidad y el nivel salarial.

La infrarrepresentación femenina en posiciones de liderazgo y la diferente valoración económica del trabajo siguen actuando como barreras invisibles que limitan la igualdad efectiva.

Desigualdad presente, pobreza futura

La brecha salarial tiene además un efecto acumulativo. Menores ingresos durante la vida laboral implican menores bases de cotización y, en consecuencia, pensiones más bajas.

La desigualdad salarial actual se transforma así en desigualdad económica en la vejez. No es únicamente una cuestión de justicia inmediata, sino un factor determinante en el riesgo de pobreza futura.

La diferencia salarial no termina al finalizar la carrera profesional; se prolonga durante décadas.

Avances legales que aún no corrigen el problema

En los últimos años se han desarrollado instrumentos destinados a detectar discriminaciones retributivas, como registros salariales o auditorías de igualdad en las empresas. Estas herramientas permiten visibilizar diferencias que anteriormente permanecían ocultas.

Sin embargo, la existencia de normativa no garantiza por sí sola la igualdad material. La segregación ocupacional, la penalización asociada a los cuidados y la infravaloración histórica de determinados trabajos continúan reproduciendo diferencias salariales.

La igualdad formal avanza más rápido que la igualdad real.

Una cuestión económica y social de primer orden

La desigualdad salarial no afecta únicamente a las mujeres. Tiene consecuencias directas sobre la economía en su conjunto: reduce el consumo, limita el desarrollo profesional de una parte esencial de la población activa y debilita la cohesión social.

Una economía que mantiene diferencias salariales persistentes desaprovecha talento, productividad y capacidad de crecimiento.

El diagnóstico que se desprende del Informe sobre Discriminación Salarial hacia las Mujeres es claro: la brecha salarial disminuye, pero sigue lejos de desaparecer. España avanza, aunque todavía convive con un modelo laboral donde el género continúa influyendo en cuánto se cobra, cómo se trabaja y qué futuro económico puede construirse.

La igualdad salarial, por tanto, no es solo una aspiración ética. Es una condición necesaria para una sociedad más justa, más eficiente y verdaderamente igualitaria.

María Iglesias Domínguez

Redacción de Tribuna Socialista

El largo camino de la perspectiva de género en la salud laboral y las leyes de nuestra vida.

Hay que celebrar y compartir las buenas noticias, aunque no aparezcan en los titulares de los medios de comunicación, ni despierten interés en las redes sociales. Buenas noticias son aquellas que anuncian leyes que van a cambiar las vidas de las mujeres, porque van a proteger su salud, avanzar en igualdad y mejorar sus condiciones de trabajo.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027 (EESST)1, tiene por objetivo introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST), tanto en las políticas públicas, como en la gestión de la prevención, mediante líneas de actuación, desde la revisión del marco normativo, hasta las actuaciones de vigilancia y control.

El pasado 10 de febrero, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), se firmó el Acuerdo para su mejora y modernización2, entre los sindicatos más representativos a nivel estatal y la Ministra de Trabajo y Economía Social. Este Acuerdo interesa a las mujeres trabajadoras porque marca objetivos como el de integrar la perspectiva de género que permita igualdad en la protección de la salud, integrar la diversidad generacional a la PRL y abordar en su desarrollo reglamentario los riesgos psicosociales.

Los avances para mejorar y modernizar la LPRL han requerido un periodo de negociación previa. Este Acuerdo es una buena noticia, aunque la voluntad política y el compromiso serán insuficientes si no se produce con premura y éxito el trámite parlamentario del nuevo texto de la ley, seguido de sus desarrollos reglamentarios.

Las vidas de las mujeres que nacimos con el auge de la natalidad en el siglo pasado han transcurrido con una incorporación masiva al mercado laboral, donde sigue habiendo desigualdades, y también con leyes de derechos sociales, las leyes de nuestra vida, que se deben conocer. La aprobación de la LPRL en España coincidió, en 1995, con la celebración por Naciones Unidas de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (China), cuya Declaración y Plataforma de Acción cambió las políticas de igualdad de género y salud de las mujeres.

Doce años después se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH). Su Artículo 27, por el que integra el principio de igualdad en la política de salud, es una hoja de ruta para las Administraciones Públicas en la formulación de políticas, estrategias y programas de salud. Conocer su alcance en las leyes de nuestra vida requiere escuchar a las mujeres para identificar los progresos logrados y las desigualdades que persisten.

Una selección de estos cambios basta para identificar los incumplimientos y concluir que los modelos son importantes, especialmente, en las leyes que comparten los objetivos comunes de promover y proteger la salud y prevenir las enfermedades de las personas, también en su etapa laboral.

La LOIMH modificó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS) con el mandato a las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos competentes, de desarrollar actuaciones de “protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso sexual y al acoso por razón de sexo” y cambió el artículo 21 para integrar la perspectiva de género en la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral. Hace falta un informe actualizado sobre el cumplimiento de estas disposiciones en el SNS.

La LOIMH también modificó la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) para proteger la salud de la trabajadora embarazada y en periodo de lactancia e introdujo en el artículo 5, el siguiente punto:

“4. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores”.

La LPRL estableció un modelo de prevención de riesgos laborales y condicionó el de gestión de la salud laboral, por lo que debiera evaluarse.

En cuanto a la integración de la perspectiva de género en la PRL, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo3 ha presentado el estudio técnico «Integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad»4, de acuerdo con la normativa sobre la inclusión de la PRL en el diagnóstico de la situación y en las medidas adoptadas en el Plan de Igualdad en las empresas con 50 o más personas trabajadoras. Esta materia merece atención especial en el marco de la Negociación Colectiva.

Por último, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (LGSP) introduce la reducción de las desigualdades y la perspectiva de género entre los principios generales de la salud pública.

Esta Ley también modificó la LGS, que había establecido el Sistema Nacional de Salud con los principios generales de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, universalidad, igualdad efectiva y superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Principios determinantes para reducir las desigualdades de género, que no alcanzan sus objetivos en el contexto de las desesperantes listas de espera, el deterioro de la Atención Primaria y la insuficiencia presupuestaria y de personal en los servicios de salud.

Con el paso del tiempo, los artículos 21 y 22 de la LGS, sobre Salud Laboral, quedaron sin desarrollar hasta su derogación por la LGSP que, aunque mantuvo parte de sus contenidos, desapareció la referencia a las Áreas de Salud. Esto supuso una pérdida de oportunidad para mejorar el anclaje y competencias de la salud laboral en el sistema sanitario público.

Es inevitable pensar en el potencial de la LGSP, más aún al conocer las propuestas del recientemente estudio sobre Incapacidad Temporal, publicado por la AIReF5, enfocadas a un sistema de información integrado, control y seguimiento temprano por el INSS, información a los facultativos de AP sobre las condiciones laborales, implicación activa de las empresas en la mejora de la Salud Laboral y evaluación de las listas de espera del SNS; pero sin dedicar una sola propuesta específica a la protección de la salud laboral por las Administraciones Sanitarias.

Una buena noticia sería cumplir las disposiciones del Artículo 33 de la LGSP6, sobre la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral, con la creación de un dispositivo propio del Servicio de Salud, en el ámbito de Salud Pública, con especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo, organizados en Unidades de Salud Laboral, zonificadas y coordinadas.

Hay razones para ello, la principal es que en Atención Primaria y Especializada se atiende patología producida, relacionada o agravada por el trabajo y, frecuentemente, con indicación de Incapacidad Temporal; que buena parte de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes tiene un origen laboral que se desconoce o no consta; que los facultativos del Sistema Nacional de Salud tienen el deber de comunicar enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales7, porque le corresponde al SNS la vigilancia periódica postocupacional del estado de salud que deba ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral; y, por último, porque la perspectiva de género en salud laboral debe ser integral, con especial atención a los riesgos psicosociales, sin olvidar la carga de trabajo y el estrés que genera el trabajo reproductivo.

Matilde Díaz Ojeda.

Médica del Trabajo.

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1Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027. Madrid. 2023.

2 Acuerdo de mejora y modernización de la Ley de Prevención de Riesgos laborales file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Texto%20acuerdo%20LPRL%20firmado.pdf%20(1).pdf

3 https://www.insst.es/documentacion/material-tecnico/documentos-tecnicos/integracion-de-la-prl-en-los-planes-de-igualdad-2025

4 Frei Martínez y Rosales Peña. INSST. Integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad. Estudios técnicos. INSST. Madrid. Agosto de 2025.

5 Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Evaluación del gasto público. Estudio incapacidad temporal. Febrero de 2026. https://www.airef.es/es/estudios/incapacidad-temporal/

6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623

7 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Especial 8M Dia de la Mujer Trabajadora.

La mujer trabajadora es explotada por su pertenencia a la clase desposeída y oprimida por su condición de mujer.

“…si el proletariado sólo puede conquistar su plena emancipación gracias a una lucha que no haga discriminaciones de nacionalidad o de profesión, sólo podrá alcanzar su objetivo si no tolera ninguna discriminación de sexo.”

Clara Zetkin


Discurso pronunciado en el Congreso de Gotha del Partido Socialdemócrata de Alemania el 16 de octubre de 1896

Terminamos el primer cuarto del s. XXI, en el que la propaganda burguesa ha creado un imaginario de progreso que la tozuda realidad desvanece con solo pararse a pensar un poco, o a leer.

Se está celebrando como un hito histórico, y lo es, que la Francia de la V República haya dado el paso de blindar en su Constitución el derecho al aborto, para que el 51% de la población francesa, las mujeres, tenga la libertad de abortar, si así lo decide.

Nuestra II República, la que nos usurpó un golpe de Estado militar, planteaba en su Constitución la igualdad entre sexos. Legisló sobre el Divorcio, sobre el Matrimonio Civil, en febrero y junio de 1932, por citar dos ejemplos. Pero, claro, para “salvar a España”, el programa nacionalcatolicista de Franco y sus secuaces devolvió a la mujer la mujer a la vida doméstica.

La II República dio pasos que avanzaban sobre las tradiciones ancestrales que la clase acomodada se resiste a cambiar, pues a ellos ya les va bien. Cuando decimos que la realidad dispersa la fantasía del progreso, nos referimos a que las instituciones sociales que oprimen a la mayoría, hombres y mujeres, y a las mujeres doblemente, continúan aquí; por mucho que nos las pinten como simbólicas.

¿No es acaso el Rey el cabeza del Reino? ¿no son los papas, ayatolas, daláis lamas… los cabezas visibles de sus respectivas religiones? Para quienes defienden el concepto tradicional de “familia”, la de esa célula básica social, continúa siendo el “cabeza de familia”, el que manda y decide por el resto de los miembros de la unidad familiar ¿Alguien piensa que esto no tiene nada que ver con el concepto de propiedad que tiene el asesino machista, cuando considera que “su mujer es suya”, o no es de nadie? O simplemente con el concepto autoritario de la derecha sobre la sociedad. Pero aquí seguimos, avanzando por el siglo XXI, atascados y atascadas en conceptos medievales.

Sin embargo, la vida no es igual para las familias pudientes que para las menesterosas, no es igual para la clase explotadora que para la clase explotada: la reina, tanto la vigente como la emérita, la presidenta del Banco Santander, la presidenta de la Comunidad de Madrid… para ellas la realidad es otra, aunque también estén sometidas y acaten el orden patriarcal; la reina emérita bien lo sabe, y lo ha aceptado durante décadas.

Cuando una mujer de la clase adinerada decide abortar no necesita leyes para hacerlo, tiene los recursos para hacer efectiva la decisión, no así las mujeres trabajadoras. Por eso es tan importante la senda que Francia ha trazado, al blindar un derecho legítimo de las mujeres en su Constitución.

El 8 de marzo celebramos el día Internacional de la Mujer Trabajadora de 2024, pero todos los días del año tenemos que reivindicar los derechos del 85% de la sociedad: asalariados y asalariadas, pensionistas, funcionarias y funcionarios, desempleados y desempleadas, y las hijas e hijos de la clase trabajadora, cuyo derecho al trabajo y sueldo dignos, a la Salud, la Educación, la Dependencia y las Pensiones son vulnerados y pisoteados cada día.

Y como este no es un problema aislado en nuestro país, no podemos olvidar mostrar nuestra solidaridad con las mujeres, niños y niñas que están siendo masacradas en Palestina. Por lo que exigimos ¡Alto al Genocidio!

Viva la Mujer Trabajadora

El Comité de Redacción