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Crónica del acto del 13 de mayo. ASTRADE

Guerra en Ucrania: antecedentes y consecuencias de la paz impuesta por los USA

ASTRADE organizó el día 13 de mayo un acto debate bajo el título que encabeza esta crónica. Participaron como ponentes: Manuel Pardo de Donlebún, Manuel Ruiz Robles y Baltasar Santos Fernández, quienes intervinieron en el orden en el que figuran en el cartel de la convocatoria.

El acto fue dirigido y moderado por Miguel Sagüés Navarro, socio fundador de ASTRADE y miembro de su Junta Directiva. Abogado laboralista de CCOO, jubilado.

Los ponentes coincidieron en la visión general de que Europa lleva más de tres años sufriendo una guerra en territorio ucraniano, de la que la opinión pública sabe poco y lo poco que sabe llega intoxicado por los intereses de los protagonistas reales de esta confrontación: Rusia y la OTAN, aunque los muertos los estén poniendo el los pueblos ruso y ucraniano.

Se hizo alusión a la historia de lo que es hoy la República de Ucrania, desde el s. IX con la Rus de Kiev, pasando por la invasión mongola del s. XIII, hasta su incorporación a la URSS en el s. XX, tras la Revolución proletaria de 1917. Su devenir histórico no es ajeno a su posición geoestratégica en la Europa oriental. Un territorio habitado por gran diversidad de poblaciones de distintos orígenes, que hablan distintas leguas de origen eslavo, siendo mayoritarios los hablantes de ucraniano (lengua oficial) y los ruso-parlantes muy mayoritarios en el este del país.

Igual que el resto de países de la esfera del extinto Pacto de Varsovia, Ucrania ha recibido presiones por parte de “occidente” desde los años 90 del pasado siglo, para que se desligase de la influencia rusa y que se acercase a la esfera de la Unión Europea. Se recordó que la OTAN comenzó su expansión hacia el Este europeo en 1990 pocos meses después de la caída del Muro de Berlín, empezando por la reunificación alemana y la incorporación de la Alemania unificada a la OTAN; la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa a la OTAN en 1999; de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia en 2004; Albania y Croacia en 2009; Montenegro en 2017; y Macedonia del Norte en 2020. Países a los que se han añadido Finlandia y Suecia en 2023 y 2024, respectivamente, ya iniciada la guerra en territorio ucraniano.

Esta expansión de la OTAN en dirección a la frontera rusa se ha producido a pesar del compromiso que el presidente de los EE.UU., George H.W. Bush alcanzó con Gorvachov; compromiso que quedó plasmado en el memorándum que Helmut Kold envió, en nombre de la OTAN, al líder soviético en febrero de 1990.

En paralelo a esta evolución histórica, las relaciones comerciales con Rusia se mantuvieron durante los tres primeros lustros del presente siglo, ya con Putin en el poder, desde diciembre de 1999.

Un punto de inflexión tuvo lugar en 2014, en paralelo a la expansión de la estructura militar (OTAN) hacia el Este, cuando se abrió el debate en Ucrania entre pro rusos y pro europeistas, y el gobierno de Yanukóvich (pro ruso) se negó a firmar el tratado de Asociación con la UE -tratado de carácter comercial que Putin intentó desactivar, por ejemplo, con la compra por parte de Rusia de 15.000 millones de dólares en eurobonos ucranianos y un precio especial en el gas ruso suministrado a Ucrania-, quedando claro que el trasfondo de este conflicto siempre ha sido económico.

Estos hechos desataron una espiral de acción reacción, con la participación de los interesados de una y otra parte: el imperialismo norteamericano (en diciembre de 2013, dos senadores estadounidenses: Christopher Murphy y John McCain alentaron a la multitud contra el gobierno ucraniano desde la tribuna de la manifestación. Dirigentes de las instituciones de la subordinada UE también se volcaron en presionar en favor de los intereses de las multinacionales de la energía. Enfrente, la oligarquía liderada por Putin.

En noviembre de 2013 comenzó la revuelta del Maidán: protestas animadas por los pro-UE, que duraron tres meses y costaron la vida a un centenar de personas, por el exceso represivo de la policía, aunque hay quién se lo imputa a francotiradores al servicio de los “pro europeos” para decantar el movimiento contra el gobierno ucraniano del momento.

La destitución de Yanukóvich en febrero de 2014 fue interpretada por los pro-rusos como un golpe de Estado. Sin entrar a tomar posición, a los participantes en el debate no se les ha escapado que la espontaneidad no es precisamente un elemento real en este tipo de hechos.

Tras la destitución del presidente, se desencadenó el conflicto armado entre el ejército ucraniano, con el gobierno en manos de los pro-UE: Truchínov (22 de febrero a 7 de junio de 2014), Poroshenko (7 de junio de 2014 a 21 de abril de 2021) y Zalenski (21 de abril de 2019 hasta la fecha). Y las milicias populares de Donetsk y Lugansk; conflicto que dejó más de 14.000 muertos, todos ellos ucranianos.

Por finalizar con los antecedentes, se hizo mención a la anexión de Crimea por parte de Rusia, tras las “también espontaneas” movilizaciones de la población ruso-parlante de Crimea, en marzo de 2014.

Europa abrió el debate de la necesidad de reducir su dependencia del gas y el petróleo ruso que venía consumiendo, mientras iba adoptando compromisos comerciales con los Estados Unidos de América para el suministro de Gas Licuado. Se recordó la voladura de los gaseoductos Nord Stream 1 y 2; sabotaje que nadie ha reivindicado, pero cuyo resultado fue el de la ruptura física del comercio de gas y petróleo de Rusia con Europa.

Sin entrar en el desarrollo de la guerra abierta que se inició en febrero de 2022 con la ocupación de territorio ucraniano, a lo que Rusia denomina “operaciones militares especiales”, el resultado es que el mercado de la energía en Europa se ha volteado en favor de los EE.UU. Un mercado de más de 40.000 millones de euros anuales. EE.UU., los mismos que ahora pretenden aparecer como mediadores para la paz imponiendo un acuerdo por el que los USA dispondrán de la explotación de las tierras raras ucranianas, fundamentales para el desarrollo tecnológico -es un contrasentido hablar de acuerdo cuando en realidad es una imposición, por lo que “acuerdo” no es más que un eufemismo-.

Es evidente que Ucrania tiene poca voz y voto en la necesaria paz. Así lo atestigua la grosera intervención de Trump y su chulesco propósito de parar la guerra a los dos días de llegar a la Casa Blanca. Las formas para imponer la paz y las humillaciones hechas a Zelenski, junto con el devenir de los acontecimientos, demuestran que esta es una guerra de la OTAN, teledirigida por los USA, frente a la Rusia atenazada por Putin y el puñado de oligarcas que se han hecho con la propiedad de las riquezas del pueblo ruso. Con un deplorable papel de los gobiernos de la UE y sus instituciones que, como dice el refrán: “Encima de puta, apaleada”, pues ha trabajado para los intereses su ¿aliado?, y este la paga con una guerra de aranceles y la dicta cuánto tienen que gastar en armamento; compras que en un 60% de la multimillonaria factura se paga en los EE.UU. Es evidentemente el “juego” con las cartas marcadas por parte de uno de los jugadores.

Los ponentes y las intervenciones de los asistentes fueron en línea de un compromiso con la paz, rememorando en este sentido Manuel Ruiz el artículo 6 de nuestra Constitución de 1931: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.

Este acto ha pretendido y pretende contribuir al necesario debate contra la guerra, sabiendo que la sociedad solo es libre para comprender en ausencia de miedo, justo lo contrario a lo que estamos recibiendo a diario con las campañas gubernamentales, que buscan construir un enemigo que nos infunda terror, un método necesario para justificar el incremento de los presupuestos para la guerra. Esto no sería posible sin la participación necesaria de los medios de comunicación de masas. Mientras parece no importar la insoportable masacre, un genocidio brutal que, Israel; aliado prioritario de los USA, está cometiendo en Palestina, cebándose particularmente con la población de Gaza.

El debate, si es libre, ayudará sin duda a vislumbrar cual es el verdadero enemigo de los pueblos de Europa que sufren una guerra paralela de saqueo de sus salarios y pensiones, una guerra de destrucción de derechos sociales que amenaza de forma directa a los servicios públicos, levantados con el esfuerzo de generaciones de trabajadores y trabajadoras.

Decir ¡No a la Guerra! y ¡Ni Putin ni OTAN! No es una posición equidistante, pues desde ASTRADE no caemos en la trampa de lo malos que son unos u otros. Tomamos posición a favor de los pueblos, únicos perdedores en esta y en todas las guerras. Conscientes de que solo la movilización social puede traer la paz duradera y preservar los derechos.

El enemigo de los pueblos es el sistema económico que preserva los derechos de una minoría privilegiada frente a las necesidades la gran mayoría de la sociedad, acudiendo a la guerra y la destrucción para conseguir sus objetivos.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

La dimisión de Mazón es una necesidad democrática y por salud pública


Delegación de ASTRADE a la manifestación del 29 de diciembre en Valencia

El pasado mes de diciembre, ante el anuncio de las asociaciones y colectivos valencianos de convocar una nueva manifestación en Valencia para el día 29, la Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de facilitar la participación de una delegación de miembros de nuestra Asociación en esta manifestación. Nos pareció una forma de solidaridad con el pueblo valenciano que, además de la DANA, ha sufrido las consecuencias de unas instituciones contrarias a los intereses de la mayoría social.

El inicio de la manifestación estaba fijado para las 18:00, por lo que nos dio tiempo a participar en una comida/reunión que los compañeros del CATP en Valencia tenían prevista, a la que nos sumamos junto a otra delegación que había viajado desde Cataluña. Pudimos hablar con compañeras y compañeros de Valencia, algunas de ellas afectadas directamente por las consecuencias de la DANA. La puesta en común y presencia allí de militantes que nos habíamos desplazado para participar codo con codo en la reivindicación abrió la posibilidad de que, en estos meses venideros, se organice un encuentro estatal en Valencia para abordar el deterioro de los servicios públicos y los derechos; situaciones que nos afectan por igual en Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid o en cualquier otro lugar del Estado español, como es el caso de la Sanidad, la Vivienda, la Educación, las Pensiones, las Residencias o la ineficacia, la negligencia y la contribución de las instituciones al agravamiento de los problemas naturales, como ha ocurrido en Valencia con la DANA y como ocurrió en Madrid con el COVID.

En el inicio de la manifestación me acordaba las movilizaciones contra la guerra de Irak que tuvieron lugar en Madrid en 2003 o las convocadas en estos últimos años en defensa de la Sanidad Pública: esas manifestaciones que no arrancan por el colapso que se produce cuando es tan masiva la asistencia que las calles se quedan pequeñas. La asistencia a esta manifestación del 29 de diciembre, como en otras que han tenido lugar desde la catástrofe del 29 de octubre, se calcula que fue de unos 200.000 manifestantes; teniendo en cuenta que la población de Valencia es de unos 790.000 habitantes, es comparable cuando en Madrid salimos a la calle 800.000 personas a manifestarnos. Esas cifras que marean y que tanto gusta minimizar a las delegaciones de gobierno y policías municipales.

Las 224 víctimas mortales, los 3 desaparecidos y los dos trabajadores muertos en las labores de limpieza y reconstrucción, son cifras escalofriantes que permiten entender la rabia y la indignación del pueblo valenciano. No obstante, la manifestación se desarrolló con absoluta normalidad canalizando los manifestantes su sentir en los cánticos: “El president a Picassent”, “El dinero del Borbón para la reconstrucción” o “No son muertes, son asesinatos”, entre otros. Lemas que reflejan el sentir de un pueblo que ha visto de cerca y con brutalidad que las prioridades del Gobierno de la Generalitat valenciana no son coincidentes con las necesidades de las personas. Una brutalidad palmaria cuando se piensa en la cantidad de vidas que podrían haber salvado si se hubiesen dado las alarmas a lo largo de la mañana del 29 de octubre y no a las 20:11 de la tarde. O si la Unidad Valenciana de Emergencias no hubiese sido disuelta por el Gobierno de Mazón, en noviembre de 2023. O si se hubiesen acometido las obras que estaban proyectadas desde 2006 en el barranco del Poyo y Pozalet-Saleta. Entre otras actuaciones e inversiones preventivas que deberían haberse realizado desde hace años.

El sentir del pueblo valenciano expresado a lo largo de la Manifestación es coincidente con el sentimiento de miles de madrileñas y madrileños cuando piensan en los 7.291 ancianos y ancianas que murieron en las residencias de Madrid, abandonados a la enfermedad por el COVID. El mismo sentir de la mayoría de los pueblos de nuestro país cuando recuerdan los 193 muertos y más de 2.000 heridos en los atentados de Atocha el 11 de marzo de 2004, que se habrían evitado si el Gobierno de Aznar no nos hubiese involucrado en la Guerra de Irak.

No me dedico al bulo ni a la hipérbole, pero tampoco a quitar hierro o dulcificar la realidad, por eso no diré que la culpa de las catástrofes naturales la tengan los gobiernos. Lo que nadie puede negar es que no actuar, actuar tarde o tomar decisiones que añaden pérdidas de vidas humanas es algo intolerable.

Los políticos, los jueces, el propio rey, tienen que responder por sus extralimitaciones e irresponsabilidades. La impunidad es una grave enfermedad para la democracia, por eso gente como Ayuso o Mazón deben dimitir y ser juzgados.

Animo al pueblo valenciano a perseverar en la exigencia de dimisiones y responsabilidades públicas y judiciales. El 1 de febrero y todos los días que hagan falta hasta que se hagan justicia.

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE

“Solo con Educación ya no es suficiente”

Movilización frente a la Asamblea de Madrid, en defensa de la Educación Pública universitaria (19dic24)

El pasado 22 de enero de 2025 tuvo lugar el primer acto después de la fusión entre ASTRADE y Tribuna Socialista, marcando el comienzo de una nueva agenda de iniciativas y eventos sobre temas de carácter sociopolítico. El primer acto titulado “Solo con Educación ya no es suficiente” contó con dos ponentes: Eduardo Sabina (Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid) y Miguel Albalá (Profesor universitario, miembro de ASTRADE y autor del presente artículo), siendo moderada por Roberto Tornamira (presidente de ASTRADE).

El evento tuvo como principal objetivo contextualizar la situación que actualmente vive la educación pública en nuestro país, así como plantear las dificultades y nuevos horizontes para la transformación del sistema educativo.

Eduardo Sabina y Miguel Albalá analizaron la situación actual y plantearon las dificultades y retos para la transformación del sistema educativo

En primer lugar, Eduardo Sabina expuso, en base a su dilatada experiencia sindical y profesional, la evolución de la educación pública en las etapas de educación primaria, secundaria y bachillerato, y de una forma más detallada en la formación profesional (FP). Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público, según Sabina, se encuentran: la segregación del alumnado por clase social, origen y etnia, la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada, así como los intereses privados que entran en juego en la educación privada.

Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público se encuentra la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada

Entre las propuestas para revertir esta situación el Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid planteaba la necesidad de voluntad política por parte de todos los agentes y partidos políticos, incluyendo a aquellos progresistas. Con ello se podrían ofrecer medidas políticas dirigidas a fortalecer el sistema educativo público, garantizando unas condiciones laborales adecuadas de los profesionales, así como plantilla suficiente para afrontar las demandas que en la actualidad están dejando excluidos a miles de potenciales estudiantes (con insuficiente oferta de plazas por curso, imposibilidad de realización de prácticas, entre otras).

En segundo lugar, tuve la oportunidad de continuar con el análisis sobre la situación de la educación pública, particularmente en relación con la Universidad pública. El análisis de las últimas décadas permite evidenciar un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el ámbito público, en el cual desde 1998 no se ha creado ningún campus nuevo.

En las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el nulo crecimiento del ámbito público

Los datos permiten también comprobar la desfinanciación producida por parte de las comunidades autónomas españolas, con presupuestos congelados y en retroceso desde el año 2008. Todo ello hace que en la actualidad las instalaciones, plantillas de trabajadores (docentes e investigadores, así como el personal técnico, de gestión y de administración y servicios) y el alumnado estén padeciendo una grave situación para poder cumplir con los parámetros de “excelencia universitaria” que se presuponen.

La falta de suficiente financiación pública provoca que tanto las instalaciones, como el personal docente y no docente así como el alumnado estén padeciendo una grave situación que impide cumplir con los mínimos estándares deseables de excelencia universitaria

Particularmente, se destacó la situación vivida en la Comunidad de Madrid los pasados meses de noviembre y diciembre de 2024 (con varias concentraciones de las comunidades universitarias y agentes sociales a las puertas de la Asamblea de Madrid), en la que el presupuesto aprobado por la CAM pese a tener una subida del 4,2% (47,3 millones) con respecto al año pasado, este continúa siendo a todas luces insuficiente (la CRUMA conformada por los/a rectores/a de los seis campus públicos reclamaban un incremento mínimo de 200 millones para poder subsistir sin recortes). Prueba de ello ha sido la prórroga de presupuestos aprobada por la Universidad Complutense, que además ha impuesto el recorte de hasta el 35% de los gastos de sus facultades y vicerrectorados, con medidas similares en el resto de campus públicos.

Ambos ponentes concluyen que ante la situación descrita “solo con educación ya no es suficiente”. Intentar cambiar el enfoque educativo desde adentro es muy loable e incluso puede tener un impacto en el alumnado y en la futura ciudadanía. Pero solo limitándonos al desarrollo de cambios en el ámbito educativo ya no es suficiente.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Es necesaria la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Una educación pública en la que las aulas no estén masificadas, en la que haya un acceso gratuito para todo el alumnado, en la que no llegue el mes de diciembre con una asignatura sin docente porque no se cubren las bajas laborales y en la que las instalaciones no tengan goteras y frio en invierno y un calor asfixiante en verano. Existen propuestas por parte de intelectuales y diferentes organizaciones que van en la línea reivindicar la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública. Por lo tanto, los profesionales educativos, las organizaciones sociopolíticas, sindicales, así como la mayor parte de la sociedad civil debe sentirse interpelada por esta situación, ha de despertar para implicarse de forma activa en cualquiera de las esferas útiles (política, sindical, organización social (a través de colectivos como “¡La uni en la calle!”, “UAM por la pública”, así como otras asambleas, AMPAS, etc.)

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista.

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista. Sin embargo, la estrategia debe ser diferente a la mera defensa de la educación pública. Es imprescindible que apelemos a una reconstrucción y refundación profunda de la educación pública. Solo de esta manera podremos dar respuesta a los desafíos presentes y futuros que tenemos por delante: el debilitamiento creciente de las democracias, auge de lideres autócratas, la desinformación a través de las fakenews y un ámbito digital cada vez con más influencia en el pensamiento y comportamiento cotidiano de los más jóvenes.

Miguel Ángel Albalá Genol

Doctor en educación y profesor de universidad