Categoría: vivienda

Editorial: ¡La vivienda es un derecho, no un negocio!

El acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crucial en España, en un problema de primera magnitud; particularmente para los y las jóvenes de nuestro tiempo. Los precios de alquiler y compra han aumentado tanto que es materialmente imposible para un joven, para una persona que vive sola o para familias trabajadoras en situación de vulnerabilidad económica acceder a un hogar, en contra de la palabrería del artículo 47 de la Constitución.

Este fenómeno se debe a varios factores, entre otros:
•La alta demanda en áreas urbanas
•La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
•La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
•Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
•La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler.para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
•El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

La situación se ve agravada por el estancamiento de los salarios y la precariedad laboral, lo que hace que la vivienda sea un derecho en riesgo para muchas personas.

«El acceso a una vivienda digna es hoy dia un derecho imposible para la mayoría social»

La Ley de Vivienda y sus consecuencias
Uno de los principales objetivos de la ley era frenar el aumento desmedido de los precios de alquiler. Sin embargo, se ha observado que, en algunas áreas, los alquileres continúan incrementándose, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Esto plantea dudas sobre la capacidad de la ley para regular los precios de manera efectiva.

A pesar de los esfuerzos, la regulación presenta numerosas deficiencias. Algunos propietarios evaden la ley mediante prácticas poco claras, como incrementos ocultos en los costos, contratos en negro, el alquiler por habitaciones o derivar la vivienda a uso turístico. ¡Hecha la ley, hecha la trampa!

Los sectores más vulnerables enfrentan las peores consecuencias. A menudo, son los inquilinos con menos recursos quienes sufren el impacto del aumento de precios o la falta de disponibilidad de viviendas asequibles. Además, muchas familias se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a la presión económica, lo que agrava la crisis de la vivienda en el país. Las propuestas de vivienda social y ayudas gubernamentales todavía son insuficientes para satisfacer la demanda existente.

Las generaciones más jóvenes en España enfrentan serias dificultades para acceder a la vivienda, exacerbadas por la precariedad económica. Muchos jóvenes se ven obligados a vivir en casa de sus padres o a compartir piso debido a salarios bajos y contratos temporales que limitan su capacidad de ahorro.
El informe del Consejo de la Juventud de España »Un problema como una casa» revela algunos datos demoledores:

-Un 27,4% de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social.
-Los jóvenes nacidos desde el año 2000 tienen una situación económica un 40% inferior a los jóvenes que nacieron en los años 60.
-La edad media de emancipación es de 30,4 años frente a los 26,3 de la media europea,
-El sueldo medio de un joven de 30 años es de 1.005 euros, por lo que solo para poder tener una vivienda ha de destinar más del 100% del salario.
-Como consecuencia de los precios y los salarios, un 87% de los jóvenes comparte vivienda. Cerca del 42% la comparten con 3 o 4 personas.

Las cifras son claras: las condiciones de vida de la juventud son inadmisibles. Es necesario actuar: Acabar con la especulación, incrementar la oferta de vivienda pública, bajar los alquileres y subir los salarios constituyen un paquete de medidas de primera necesidad para la clase trabajadora.

El problema para acceder a una vivienda va más allá de un problema económico, deriva en un problema social muy grave como es la frustración de la necesaria emancipación de los las jóvenes. Una meta que en las generaciones pasadas era sinónimo de libertad.

«Las condiciones de vida
de la juventud son inadmisibles»

Manifestaciones del 5 de abril.
Más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid y el sindicat de llogateres de Catalunya, convocaron movilizaciones que tuvieron lugar el 5 de abril para gritar que la “vivienda no es un negocio” y reclamar medidas urgentes al gobierno. Las manifestaciones tuvieron el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y fueron secundadas por decenas de miles de personas en las principales capitales de España.

En una declaración conjunta de los sindicatos mayoritarios se sitúa la vivienda como una prioridad absoluta para nuestra sociedad.

«La gravedad del problema nos obliga a situar el derecho a la vivienda como una absoluta prioridad»

Falta una política estatal de vivienda ambiciosa.

Algunos de los comentarios en las manifestaciones eran “el gobierno ni está ni se le espera”. Mientras tanto, el Plan de vivienda en alquiler asequible del gobierno de progreso prevé la construcción de 184.000 nuevas viviendas de alquiler, claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, según las cifras del Banco de España, serían necesarias más de 800.000 nuevas viviendas públicas.

«El Plan de vivienda del gobierno prevé 184.000 nuevas viviendas. El Banco de España sitúa en 800.000 las viviendas que serían necesarias en la actualidad»

Los ayuntamientos no tienen herramientas para hacer frente a la especulación de la vivienda, y algunos de ellos, como el de Madrid, mira descaradamente hacia otro lado ante las viviendas turísticas ilegales. Al recargo en el IBI de los grandes tenedores de supuestos pisos vacíos, le ha seguido un “desmembramiento” de fondos buitre en pequeños fondos buitre para eludir el calificativo de “grandes tenedores”.

En algunas ciudades se empiezan a escuchar alternativas más ambiciosas: expropiar las viviendas en poder de los fondos buitre y cuadruplicar la oferta pública de vivienda prevista por el gobierno. Claro que para ello hace falta cuadruplicar el presupuesto social en vivienda e iría en detrimento del aumento presupuestario en “rearme” y, por tanto, en detrimento de los compromisos adquiridos con la UE, la OTAN y Estados Unidos.

«Los fondos buitre se han dividido en pequeños fondos para eludir el calificativo de «grandes tenedores» y, por tanto, el recargo del IBI que los ayuntamientos pueden aplicar sobre los pisos vacíos»

La falta de vivienda asequible se ha convertido en el mayor problema de la juventud y la sociedad en general. El gobierno de progreso debe general. El gobierno de progreso debe ofrecer alternativas, y las actuales son claramente insuficientes. Aumentar exponencialmente la oferta pública de vivienda, eliminar la posibilidad de especulación de la vivienda, el aumento de los salarios y la disminución del coste de la vida son políticas de primera y urgente necesidad para la mayoría social de nuestro país.

«Expropiar los fondos buitre y cuadruplicar la oferta de vivienda son algunas de las alternativas que se reivindican en la calle»

El presupuesto comprometido en vivienda en el año 2024 fue de 1.738 millones (el 60% de lo presupuestado). Cuadruplicarlo significaría una inversión de 6.952 millones de euros.

«El aumento del presupuesto que sería necesario para vivienda es de 6.952 millones de euros. El aumento del gasto comprometido en seguridad y defensa nacional es de 10.471 millones en 2025»

El aumento del presupuesto en seguridad y defensa nacional, anunciado hace pocos días por Pedro Sánchez, es de 10.471 millones de euros que nos llevará a alcanzar el objetivo del 2% del PIB dedicado a defensa, comprometido con la UE.

Parece claro que aunque el gasto en seguridad y defensa no conllevará subidas impositivas, mayor endeudamiento o recortes para las actuales partidas de gasto social o medioambiental, sí que entra en colisión con el presupuesto necesario para dotar las partidas sociales de suplementos de presupuesto necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría social.

Comité de redacción de TS

Una empresa pública de vivienda y suelo.

En la página 78 de la Resolución Política del 41º Congreso del PSOE, entre las 48 propuestas de Política de Vivienda, la número 39 dice lo siguiente: “Crearemos una gran empresa pública de vivienda y suelo cuya misión será la de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado”. La propuesta la incorporó en el discurso de clausura del congreso el secretario general del PSOE y presidente del gobierno Pedro Sánchez.

1.- El fuerte empuje de la población y de los hogares en 2021-2024

El problema de la vivienda se ha intensificado en el periodo posterior a la pandemia de Covid acaecida en 2020. Después de este año se ha acelerado el aumento de la población de España y ha crecido a fuerte ritmo la creación de hogares. El incremento de la población, que con fecha 1 de septiembre ascendía a 48,9 millones, se debe sobre todo al incremento del número de inmigrantes.

El aumento “de aluvión” de la población ha dado lugar a que el ritmo medio anual de creación de hogares entre 2021 y 2024 haya sido de 233.400. El descenso del tamaño medio del hogar ha contribuido a aumentar la creación de hogares. Frente a la expansión de la demanda de vivienda de alquiler por el mayor número de hogares, la oferta de alquiler ha descendido. El retroceso lo provoca el desplazamiento desde la oferta de alquileres permanentes a alquileres a plazo inferior a un año y por el auge de las viviendas de uso turístico en las ciudades con peso significativo del turismo en su actividad productiva.

En consecuencia, los aumentos de los precios de las viviendas y de los alquileres han superado ampliamente al de los salarios en el periodo 2014-2023. En 2024 el aumento anual de los precios de la vivienda ha sido el 8,1% en el tercer trimestre y el de los alquileres el 11,1% en noviembre, frente a un incremento de los salarios del 4%. El importante descenso de los tipos de interés contribuye a acelerar el crecimiento de los precios de la vivienda por el reforzamiento que supone de la demanda de vivienda.

2.- Superar el retroceso de la promoción de viviendas protegidas destinadas al alquiler

El principal instrumento que permitiría frenar el aumento de los precios y de los alquileres radica en lograr un fuerte crecimiento de la oferta de viviendas protegidas destinadas al alquiler. Hasta la primera década del presente siglo se construían volúmenes importantes de viviendas protegidas. Así, en 2012 las calificaciones definitivas (equivalente a viviendas terminadas) de viviendas protegidas ascendieron a 53.332. A partir de 2013, coincidiendo con el inicio del Plan 2013-2016, establecido por el gobierno del Partido Popular, la construcción de viviendas protegidas descendió de forma espectacular, como lo confirma el que las calificaciones definitivas se situaron por debajo de las 5.000 en 2017 (Gráfico).

El descenso en la construcción de viviendas protegidas fue consecuencia, en primer lugar, de la fuerte disminución del gasto público estatal destinado a vivienda. En segundo lugar, la desaparición de las entidades de crédito que habían financiado en el pasado dicha construcción, las cajas de ahorros y el Banco Hipotecario de España, dejó sin financiación crediticia la construcción de viviendas protegidas.

Aunque la competencia en materia de política de vivienda corresponde a las comunidades autónomas, la mayor parte de los recursos públicos destinados a vivienda proceden de los Presupuestos Generales del Estado. En 2023 y 2024 la cuantía del gasto público destinado a vivienda en dichos presupuestos ascendió a algo menos de 3.500 millones de euros, equivalentes al 0,24% del PIB de España.

Esta proporción resulta reducida respecto del nivel de gasto en vivienda en el resto de países de la Unión Europea, pero el nivel del gasto en 2022-24 supuso un aumento importante respecto de los bajos niveles del periodo 2013-2021. La construcción de viviendas protegidas se ha recuperado algo en el transcurso de la presente década, pero aun así el número de calificaciones definitivas solo ascendió a 8.847 en 2023, equivalentes al 4,1% del aumento del número de hogares creados durante dicho ejercicio.

3.- SEPES actuará como empresa promotora y gestionará las viviendas públicas

Ante la difícil situación del mercado del alquiler, resulta necesario promover la construcción de un volumen anual de unas 40.000 viviendas protegidas destinadas al alquiler durante un periodo prolongado de tiempo. El importe del alquiler no debería de superar el 30% de los ingresos de los hogares. Ante las restricciones establecidas a los ayuntamientos para la promoción de viviendas protegidas en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que obliga a computar como deuda local la de las empresas municipales de suelo y vivienda, resulta necesario crear una empresa pública que pueda promover y gestionar un parque público estatal de vivienda para el alquiler social.

Dicha empresa pública también podría gestionar las viviendas de SAREB, que se incorporarían a la empresa pública citada y también establecer instrumentos alternativos, como una garantía de alquiler para jóvenes, favoreciendo su emancipación y la movilidad geográfica. De acuerdo con las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodriguez (El País, 8 de diciembre de 2024), a partir de la empresa SEPES, dependiente del Ministerio de Vivienda, entidad pública empresarial de suelo en todos sus destinos, se va a desarrollar la empresa pública que va a actuar desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación de las viviendas, así como la movilización y compra de otras viviendas.

La nueva SEPES, pues dicha empresa deberá modificar su estructura jurídica, actuará estableciendo acuerdos con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para desarrollar su actividad. SEPES podrá sacar a concurso la construcción de viviendas protegidas destinadas al alquiler. En este momento resulta imprescindible que los ayuntamientos dispongan de registros actualizados de las demandas de vivienda realizadas por los vecinos de cada localidad, registros que son obligatorios en este momento en Cataluña y País Vasco.

Para desarrollar su actividad SEPES necesitará suelo y financiación. El suelo puede proceder del disponible por parte de la Administración General del Estado, incluidos los de SAREB, y también del procedente de los nuevos desarrollos inmobiliarios de los ayuntamientos. El ICO, último vestigio de lo que fue una potente banca pública, pasara a desempeñar un papel determinante para el proyecto de la empresa pública promotora, sobre todo en un momento en que la banca privada no financia a la promoción de viviendas destinadas al alquiler y menos aún si son viviendas protegidas.

Los recursos del ICO pueden proceder de los Presupuestos Generales del Estado, de los fondos europeos, de las emisiones de bonos por parte de dicha entidad con aval público y también de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Para desarrollar esta misión el ICO necesitará reforzar sus recursos propios y también crear una red territorial para que la financiación a promotor público pueda llegar a todos los territorios de España. Puede ser conveniente la creación de un Fondo de Estado para la Promoción de Vivienda destinada al alquiler asequible a partir de los fondos europeos, que sería gestionado por el ICO, con un aval público del 50% del valor nominal de los préstamos y que dispondría de una importante dotación inicial.

Con la actuación promotora de SEPES se impulsa el cumplimiento de la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Dicha ley articuló las políticas públicas sobre los controles de los incrementos de precios del alquiler y sobre la vivienda protegida orientada sobre todo al alquiler. Esto último contrasta con la vivienda protegida del pasado, que se destinó casi por completo a la propiedad. SEPES debería impulsar su nueva actividad con la mayor prontitud, ante el gran alcance de la tarea a realizar.

Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística
Fue presidente del Banco
Hipotecario de España y
de la Caja de Ahorros de Granada

Hay que construir viviendas para los más vulnerables y no de forma indiscriminada

En el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de octubre de 2024, en el apartado “El mercado inmobiliario en España”, se destaca la aceleración del aumento de los precios de las viviendas en 2024, sobre todo en las viviendas de nueva construcción. En el Informe se considera que los principales factores explicativos del aumento citado son el elevado ritmo de creación neta de hogares, el creciente volumen de viviendas adquiridas por no residentes y el uso creciente de las viviendas como de uso turístico, lo que reduce la oferta de viviendas de alquiler permanente.

El número de hogares existente en España se mide ahora por medio de la Estadística Continua de Población, elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con frecuencia trimestral. En dicha publicación se recoge información, entre otras magnitudes, sobre la población residente en España, total y en viviendas familiares, hogares y migraciones. El INE define al hogar como “grupo humano formado por una o varias personas que residen habitualmente en una vivienda familiar todo el año o la mayor parte del mismo”.

Se echa en falta que entre los objetivos de la política de vivienda
aparezca el número de hogares que van a beneficiarse
de las actuaciones que se van a emprender

Se advierte la relevancia del hogar como variable determinante no solo de las compras de viviendas, sino también sobre la demanda de bienes de consumo duradero. Se echa en falta que entre los objetivos de la política de vivienda aparezca el número de hogares que van a beneficiarse de las actuaciones que se van a emprender.

La fuente básica de información del INE para estimar de forma continuada la población y el número de hogares de España es el Padrón Municipal de Población. Los últimos datos publicados de la Encuesta de Población citada corresponden a 1 de octubre de 2024, fecha en la cual la población residente en España ascendía a 48,9 millones de habitantes y la residente en viviendas familiares se elevaba a 48,6 millones. El número de hogares en la fecha citada se situaba en 19,4 millones (datos provisionales). Como se dice en los medios de comunicación al comentar los datos de empleo, nunca había tenido España una población próxima a los 50 millones de habitantes.

Desde 2021 se ha acelerado el aumento de la población de España. Así, entre 2021 y 2024 la población ha crecido en 1,6 millones de habitantes. Los extranjeros explican el 86,7% de dicho aumento y el 13,3% restante corresponde a la población española. Los nacidos en el extranjero cubren más del 100% del crecimiento de la población, pues ha habido más defunciones que nacimientos en el caso de la población nacida en España después de 2020. El aumento de la población se ha desacelerado en 2024 respecto de los dos años precedentes.

En cuanto al número de hogares, entre 2021 y 2024 se ha duplicado el ritmo de aumento anual correspondiente respecto del periodo 2013-2020, según la Estadística Continua de la Población. El aumento neto medio anual del número de hogares en el periodo 2021-2023 ha sido superior a los 259.000, previéndose para 2024 una desaceleración que dejaría el aumento neto de los hogares en este ejercicio en 145.900.

El que el crecimiento del número de hogares tenga lugar básicamente a partir de la población inmigrante tiene una repercusión clara sobre el mercado de vivienda. Se trata de un aumento de aluvión, que necesita más viviendas que cuando el aumento poblacional equivalente se deriva del crecimiento demográfico.  La población extranjera procedente de países de fuera de la eurozona busca viviendas de alquiler asequibles, como lo indica el que el 73% de los hogares extranjeros resida en viviendas de alquiler, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Hay una parte de la inmigración que reside en España de forma habitual y que suele tener un nivel de ingresos superior a la media y que, con frecuencia, compra viviendas sin necesidad del crédito hipotecario.

La construcción de nuevas viviendas
debe concentrarse en aquellas cuyo precio de alquiler resulte asequible
a los hogares con reducidos niveles de ingresos

En 2024, la desaceleración del aumento del número de hogares ha sido más acusada que la de la población hasta el tercer trimestre de este año. Abundan las declaraciones en las que se compara el ritmo de creación de hogares con el ritmo de aumento del parque de vivienda. Las viviendas de nueva construcción terminadas en el periodo 2021-2023 han estado por debajo de 90.000 al año, lejos del aumento del número de hogares en el mismo periodo. Teniendo en cuenta que el aumento de los hogares se deriva sobre todo de la población inmigrante que viene a trabajar a España, resulta evidente que es importante aumentar el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, dicho aumento debe de concentrarse en viviendas cuyo precio de alquiler resulte asequible a los hogares con reducidos niveles de ingresos.

  “La idea de que hacer más casas no provoca bajadas de precios, sino que incluso suele tener el efecto inverso puede corroborarse con la experiencia. Nuestro modelo de oleadas hace que el sector se caliente con la expectativa. Cuando hay grúas es que hay fiesta y suben los precios, que solo se corrigen tras los estallidos. La cuestión es que una vivienda no es un pimiento, una vivienda es más cosas, por ejemplo, una hucha y es también un activo financiero” (Jorge Dioni López, “Las casas no son pimientos”, El País, 8 de mayo de 2024) Los mayores aumentos de precios de la vivienda en España han tenido lugar en las etapas en las que fue mayor el ritmo de construcción de nuevas viviendas.

En el mercado de vivienda la oferta de nuevas viviendas es muy rígida a corto plazo, pero no es así a largo plazo. En los ocho primeros meses de 2024 el número de viviendas iniciadas creció en un 16,8% sobre el mismo periodo de 2023. Esto último implica que la construcción de nuevas viviendas se puede colocar en breve en unas 150.000 viviendas iniciadas al año. La política de vivienda tiene que actuar canalizando la construcción de nuevas viviendas hacia el componente más vulnerable de la demanda pendiente y no en fomentar de forma indiscriminada la construcción de nuevas viviendas.

Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE.
Fue presidente del Banco Hipotecario de España
y de la Caja de Ahorros de Granada

La vivienda es un derecho no garantizado

Manifestación en Madrid 13 de octubre de 2024

Una ola está recorriendo nuestro país clamando por el derecho efectivo a la vivienda. El 13 de octubre la ola rompió en Madrid, el sábado 19 lo hizo en Valencia y el 20 en Canarias. Son decenas de miles de personas las que han salido a las calles, muchas de ellas jóvenes.

Según un informe de CCOO, entre 1980 y 2023, de los 11,8 millones de viviendas construidas, un escaso 23% era vivienda protegida. Aquel parque de vivienda pública reventó tras la ley del suelo de 1998, la del gobierno Aznar, que liberalizó el suelo público y recalificó suelo hasta la saciedad; tanto se sació el mercado que termino por explotar la burbuja inmobiliaria en 2008.

En comunidades autónomas como la de Madrid, los gobiernos de la derecha han vendido 5.000 viviendas públicas: entre el Ayuntamiento de Madrid, 1860, y el resto la propia Comunidad. Estos mismos gobiernos son los que están fomentando los pisos turísticos, al negarse a aplicar la Ley 12/2023, que declara “zonas de mercado residencial tensionado” y pone límites al incremento de los precios del alquiler.

Esta concatenación de hechos políticos en materia de vivienda: liberalización del suelo, venta de vivienda pública a fondos buitre y fomento de los pisos turísticos, junto a la no aplicación de la ley, ha desembocado en una situación insostenible; particularmente para los y las jóvenes, que ven como se aleja en el tiempo su derecho a emanciparse.

Si tenemos en cuenta que el salario más frecuente en España se situó en 2022 en 14.586 €/año- el SMI de 2022 era de 14.000 €/año- el salario que más frecuentemente se cobrado quedó muy cerca del SMI. Hay que saber también, que este salario, el más frecuente, descendió en 2022 en un 21,17% desde el dato de 2021 que lo situó en 18.503 €/año. (Fuente de datos: INE). Frente a esto y en el mismo ejercicio de 2022, la variación anual del precio de la vivienda nueva en el conjunto del Estado fue del más del 30%. En el presente año 2024, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 10,2% en promedio en todo el Estado, pero en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, los incrementos han sido del 15,7%, 15,4% y del 12,1% respectivamente, a cierre del tercer trimestre.

Estos datos muestran como la capacidad adquisitiva de los salarios de la mayoría de los asalariados por cuenta ajena mengua, frente al incremento desproporcionado del precio de la vivienda, sea en propiedad sea en alquiler.

La capacidad adquisitiva de los salarios mengua mientras que la vivienda se encarece de forma desproporcionada

La encrucijada para millones de jóvenes es que no puede acceder a una vivienda nueva o de segunda mano, por la que pagarían proporcionalmente menos de amortización de hipoteca que lo que se les pide por un alquiler compartiendo piso, pero, por su bajo nivel de ingreso, la banca privada les cierra las puertas.

El Estado, concretamente el Gobierno y el poder legislativo -los partidos con presencia en el Congreso y el Senado- podrían romper esta dinámica:

  • Sacando al mercado las casi 50.000 viviendas que tiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancario (SAREB) que nos costaron a todas y todos los contribuyentes 35.000 millones de euros -alguien tendría que explicar qué inmuebles y quiénes los han adquirido, pues no es verosímil pensar que 50.000 viviendas han tenido un coste medio de 700.000 euros-.
  • Exigiendo a la banca la devolución de los 65.000 millones de euros públicos que se les prestó para su reestructuración; dinero que podría invertirse en la construcción de casi medio millón de viviendas públicas.
  • Poniendo en marcha un plan urgente de construcción de vivienda pública: en alquiler y en propiedad; compartiendo con el Gobierno que la vivienda pública debe serlo a perpetuidad, para que no se pueda especular con ella -uno de los artículos que fue anulado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 79/2024, de 21 de mayo pasado-
  • Lanzando líneas de préstamos hipotecarios directamente desde el ICO, no a través de las entidades financieras privadas, que no discrimine por renta.
  • Revertiendo la venta de vivienda pública mal vendida a fondos de inversión y a grandes tenedores, expropiando estas viviendas, ante la dramática situación que soporta la mayoría de la sociedad.

Seguro que hay más medidas que se podrían aplicar, pero sería un crimen social que pasara el tiempo y que no hubiese una solución inmediata para el 85% de los y las jóvenes entre 25 y 29 años no pueden emanciparse, y para el 30% de los que teniendo más de 30 años tampoco pueden hacer realidad su proyecto de vida.

No se trata de políticas para captar el voto de los jóvenes, se trata de un drama social que afecta a temas tan sensibles como la natalidad o la capacidad para aportar al sistema que garantice el Sistema Público de Pensiones en el futuro, entre otras cuestiones que dependen de tener o no un salario digno, o que sea lo justo para no morir de hambre. De la respuesta al problema de los partidos políticos que compiten en las elecciones debería depender el voto del electorado.

Pascual Sánchez
Militante socialista
Imagen de la manifestación por la vivienda en Valencia
Imagen de la manifestación por la vivienda en Madrid
Imagen de la manifestación por la vivienda en Andalucía
Imagen de la manifestación por la vivienda en Palma de Mallorca

El imposible precio de la vivienda.

Uno de los grandes problemas no resueltos en nuestra sociedad es la vivienda. Como señala Julio Rodríguez López en el capítulo XII del libro «Economía, Política y ciudadanía» (Ed Catarata. 2023) entre el año 2014 y 2022 la vivienda subió un 56,2% mientras que los salarios subieron el 13,9%. Llueve sobre Mojado.

Mi amigo Kebir malvive en una habitación compartida de Badalona pagando 550€ mensuales de alquiler, con un salario de 900€ euros netos. A Óscar, que vive con su mujer en un piso de Sant Feliu de Llobregat y están esperando un bebé, el alquiler les ha subido a 900€. El incremento de los precios de la vivienda de alquiler y las frágiles economías domésticas tienen consecuencias
dramáticas como el suicidio de un hombre de 70 años del barrio de Sant Andreu en Barcelona, o el suicidio de dos hermanas, también en Barcelona, el mismo día en que iban a ser desalojadas de su vivienda por no poder hacer frente al pago de la renta.

Jovenes, mayores, inmigrantes, todos y todas…la clase trabajadora es la que sufre la desregulación del precio de la vivienda y su especulación.

Parece que no existe fin al incremento del precio de la vivienda. El último estudio del portal inmobiliario FOTOCASA arroja datos devastadores. El precio medio de una vivienda de 80 m2 en España es de 1012€, teniendo ciudades
como Barcelona con un precio medio de alquiler de 1775€ o Madrid con un precio de 1682€. Los datos son claros. Si comparamos el precio de la vivienda con el salario mínimo interprofesional (1323 € brutos), es imposible pagar una vivienda.

Y como el precio de la vivienda es más alto en las grandes ciudades, se está expulsando a las economías domésticas más precarias hacia los extraradios, municipios y comarcas alejadas a 60- 70 km, contagiando a esos municipios y comarcas de la tensión inmobiliaria y la especulación.

Pero eso no es todo. Como quiera que son las personas y familias menos pudientes las que se tienen que buscar la vida en las zonas más alejadas de las grandes ciudades (y de los puestos de trabajo), se produce un fenómeno de
dislocación de jóvenes, inmigrantes, personas mayores, personas que viven solas… . Poblaciones donde hasta ahora se podían buscar soluciones
habitacionales en los pocos casos que se daban, ven ahora como el número de personas sin hogar aumenta, a la vez que la mendicidad, la ocupación de viviendas e infraviviendas, la demanda de servicios sociales y la alarma social se dispara en esos municipios que carecen de los recursos para ayudar a la pobreza expulsada de las grandes urbes. Un caldo de cultivo estupendo para los
populismos, los racistas y la extrema derecha. Acabar con la especulación de la vivienda es necesario para la clase trabajadora y urgente para la clase política que se reclama de izquierdas. Es necesario para la clase trabajadora porque todo el mundo tiene derecho a un techo y un hogar. Es urgente para la clase política porque la convivencia está en peligro y la situación actual empieza a ser un polvorín a punto de estallar.

Necesitamos parar los deshaucios.

Se necesita poner en circulación las 50.000 viviendas de la SAREB que en su día
fueron activos considerados tóxicos para la Banca y que el siempre amable Estado compró para sanear las cuentas de los bancos.

Se necesita poner freno a la epidemia de pisos turísticos, que no hacen sino agravar el problema.

Se necesita topar el precio de la vivienda tanto de alquiler como de compra ajustándo el precio a las posibilidades de cada cual.

Se necesitan ayudas fiscales tanto para el alquiler como la compra de vivienda, recuperando la deducción del gasto en vivienda de primera residencia en la declaración del IRPF (eliminada para viviendas adquiridas con posterioridad al
2015).

Necesitamos promover el empleo digno y aumentar los salarios. Pero fundamentalmente, necesitamos un parque público de vivienda en nuestro país. En España, el parque de vivienda social es de 450.000. mientras que la media
europea de viviendas sociales es de 2 millones.

Por tanto, España tiene un déficit de vivienda social de 1 .550.000 viviendas, por lo que parece razonable exigir que se produzca una iniciativa
pública con la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de vivienda.


Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda

La crisis no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción

En materia de vivienda y suelo se puede hablar de fallo de mercado. Este último informa de la demanda satisfecha, pero no aporta información sobre quienes no pueden acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, por falta de recursos. La insuficiente oferta de viviendas a un coste moderado puede considerarse como el principal fracaso del capitalismo democrático. Existe en España una situación de difícil acceso ala vivienda para la mayor parte de la población.

                El evidente fallo de mercado en el caso de la vivienda y del suelo hace necesaria la intervención de las administraciones públicas. Se trata de ayudar a que dispongan de vivienda los colectivos más vulnerables, entre los que destacan los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda. La actuación de las administraciones públicas en España resulta un tanto complicada. Suelo y vivienda son competencias exclusivas delas comunidades autónomas, pero la mayor parte de los recursos aportados proceden del gobierno estatal.

                La proporción de hogares en los que el esfuerzo de acceso supera la tercera parte de los ingresos en España está por encima del 40%. La asequibilidad es el esfuerzo económico y financiero que han de realizar los hogares para hacer frente al precio y acceder así a la vivienda. La actual es una crisis de asequibilidad. El grado de cobertura de las necesidades de vivienda resulta en España inferior a los niveles alcanzados en otros componentes del estado bienestar, como la educación, la sanidad y las pensiones. La actual crisis de la vivienda aumenta las desigualdades y puede terminar afectando negativamente al resto del estado bienestar.

                Los precios y los alquileres de la vivienda están desacoplados respecto de los niveles de ingresos de los hogares, por la condición de activo que tiene la vivienda. Más de la mitad delas ventas de 2023 se pagaron al contado, sin necesidad de acudir a una hipoteca, lo que revela que numerosos adquirentes son inversores. Tras la crisis de 2008 los precios disminuyeron, pero permanecieron elevados, lo que desvió la demanda hacia el alquiler, ante la escasez de oferta de vivienda en propiedad deprecio asequible. En este contexto la política de vivienda es más que necesaria y debe de orientarse a resolver el problema de acceso. Numerosos hogares alquilan habitaciones en lugar de pisos completos ante la carestía de los alquileres.

                El exiguo parque de viviendas sociales de alquiler acentúa el desequilibrio. En 2020 suponía el 2,5% de las viviendas principales. En el conjunto de la UE la proporción ascendía al9,3%. El incremento de la vivienda turística reduce la oferta de alquiler y acentúa el desequilibrio. La aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha sido la actuación más destacada del actual Gobierno en la materia. La ley ha creado instrumentos para aumentar la oferta de viviendas sociales de alquiler y también ha abierto la puerta al establecimiento de controles de los alquileres. La defensa de los parques públicos de vivienda es, más que una política, una promesa de política.

                Se trata ahora de cumplirla, desarrollando actuaciones que palien la grave emergencia nacional que caracteriza el momento actual de la vivienda.

                La crisis de la vivienda no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción, algo negativo desde el punto de vista ecológico. La construcción de viviendas protegidas, para el alquiler, puede ser un instrumento útil, creando así un parque de viviendas sociales más significativo que el existente. Los precios del alquiler resultarían más asequibles que los que ahora arrasan los ingresos de los hogares más vulnerables. La construcción de viviendas protegidas se ha situado en niveles reducidos en los últimos años. La desaparición de la garantía de financiación de las viviendas protegidas desde 2013 ha sido paralela al descenso de la construcción de dichas viviendas.

                El primer bloque de actuaciones se refiere al aumento de la oferta de viviendas protegidas de alquiler y en venta. Se debe fomentar dicho aumento garantizando un flujo continuo de financiación crediticia. Los fondos europeos han “maquillado” los presupuestos estatales de vivienda en 2022-2023. Después de 2024 no habrá fondos para financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. En 2024 son trascendentes los4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pendientes de un convenio entre Vivienda y el ICO, para financiar la construcción de unas 43.000 viviendas sociales de alquiler. El ICO debe de asumir un papel directo. Después de2024 se debe de garantizar la financiación de unas 50.000viviendas protegidas al año. Se firmarían acuerdos o convenios bilaterales con las CC AA y Ayuntamientos para la construcción de las viviendas y también para la compra. El Estado asumiría la amortización y costes financieros de los bonos emitidos contra los ingresos de los alquileres. Además, el gasto público en vivienda debe de reforzar las ayudas directas a los arrendatarios, aproximando el gasto público en vivienda al promedio de la Unión Europea, el 0,43% del PIB.

                Las restantes herramientas estatales, Sareb, Sepes y los suelos de titularidad pública deberán de contribuir al aumento del parque de viviendas sociales de alquiler. Deberá de crearse una agencia para la construcción (o compra o rehabilitación) y gestión de viviendas protegidas. Se debe de avanzar en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda aplazo inferior al año. Es necesario controlar el aumento de los pisos turísticos.

                El segundo bloque de actuaciones es el de los controles de alquiler para contrarrestar los elevados precios alcanzados, en la línea establecida en la Ley 12/2023 a través de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). Desde marzo de2024 se ha implantado el sistema estatal de índices de precios de referencia, que descansa en la información tributaria contenida en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta delas Personas Físicas. El sistema de control permite establecer topes a los alquileres de los “grandes tenedores de vivienda” en las Zonas citadas, así como a los propietarios que no sean gran tenedor. Las declaraciones de ZMRT corresponden a las autoridades competentes en materia de vivienda, que son las comunidades autónomas. En las autonomías gobernadas por el Partido Popular no se aplicará el control de alquileres comentado, lo que reducirá el alcance de dichos controles y acentuará la trascendencia del aumento de la oferta de vivienda protegida.

Julio Rodríguez López
Es vocal del Consejo Superior deEstadística del INE,
y expresidente del Banco Hipotecario deEspaña y de Caja Granada

Ley de Vivienda

El Congreso de los Diputados aprueba con 176 votosa favor la Ley de Vivienda. El resultado de la votación se ha conseguido gracias al voto favorable de PSOE, UP, ERC. Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe, una abstención del BNG y el voto en contra de 167 diputados de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV.

Por 176 votos a favor y 167 en contra se ha aprobado la Ley de vivienda. El texto aprobado pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.

El acceso a la vivienda sigui siendo uno de los principales escollos para la emancipación de los jóvenes, pero también es un gran problema para infinidad de familias que durante años han visto como la especulación de las viviendas pone en jaque permanente poder vivir en una vivienda digna, sea en regimen de alquiler o de compra.

Como muestra de esta especulación, en el municipio Tarragonense del Vendrell, hace unos años el Ayuntamiento puso a disposición de la Caixa un solar para hacer pisos de protección oficial, en la modalidad de alquiler social para jóvenes. 20 años después, una vez finalizado el periodo de protección oficial, Inmocaixa ha decidido dar por finalizados los contratos de alquiler social y proceder a la venta de los pisos a precio de mercado, iniciando los trámites de desahucio de todas las familias que no compren,

¿Podrá la nueva ley de vivienda acabar con esta especulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda?

Me temo, que aunque la nueva Ley supone un avance importante respecto a la regulación anterior, no será posible acabar con la especulación, ni siquiera en viviendas que se beneficiaron de la protección oficial.

Según el candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, el acuerdo sobre la Ley de Vivienda permitirá paliar «una situación dramática por la espiral de subida de precios» y «contener esta subida enloquecida de las gran- des ciudades que están afectando sobre todo a la gente joven que se quiere emancipar y no puede», pero como dice el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la Ley de vivienda «seguramente podría ser mejor» porque «siempre hay cosas que se quedan ahí pendientes».

Efectivamente, quedan cosas pendientes y muchas. A saber, evitar los deshaucios, garantizar la protección oficial permanente de la vivienda, limitar el precio del alquiler, no solo en el caso de zonas tensionadas, obligar a los grandes tenedores a poner en circulación las viviendas.

En mi opinión, la limitación de precios en zonas tensionadas por el alquiler, donde el precio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar, es una buena noticia, pero los especuladores prefieren no alquilar para poder vender. a precio de mercado.

Igualmente, la prórroga extraordinaria de 1 año para los contratos de alquiler vencidos en casos de vulnerabilidad acreditada, también es mejor que nada, pero qué pasará al cabo del año de prórroga?. Pues que se procederá al deshaucio.

El Estado, del que forman parte las comunidades autónomas con competencias en la materia, debería ejercitar el derecho de tanteo y retracto antes de que la propiedad, en especial grandes tenedores, fondos buitre y banca puedan vender los pisos en el mercado libre. De hecho, con la vivienda no se debería poder mercadear.

Los jóvenes, las familias trabajadoras, los pensionistas… en definitiva, la mayoría social deberíamos disponer de una ley que garantizara un techo digno, al margen del mercado.

Otra de las cuestiones a resolver en el tema de vivienda, son los pisos de la SAREB, que sirvió para que la banca se deshiciera de sus activos «malos», y que deberían cederse para constituir bolsas de alquiler social en todos los municipios.

Falta regular de una manera inequívoca la ocupación delincuencial, es decir la ocupación de pisos para actividades delictivas como la prostitución o el narcotráfico.

Y por último, falta establecer medidas para que los ayuntamientos, como administración más cercana a los problemas de los ciudadanos, pueda disponer de herramientas que permitan el alojamiento de las personas que necesiten de una vivienda, incluyendo en este caso pisos tutelados para ancianos, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, vícitmas de violencia de género.

En definitiva, la nueva ley de vivienda es un pasito para adelante, pero queda mucho por hacer.

Baltasar Santos
TribunaSocialista