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Para ganar las elecciones necesitamos compromisos claros para resolver las demandas sociales

Tras los resultados electorales y la convocatoria de elecciones, ¿Qué hacer para parar a la derecha?, en las elecciones generales del 23 de julio y en lo sucesivo.

La derrota sufrida por el conjunto de partidos de la izquierda el 28 de mayo, despierta todas las alarmas dentro y fuera del PSOE, también entre los trabajadores que ven al PSOE como el único capaz de parar electoralmente al PP y sus socios de VOX.

Puede que la pérdida de 400.000 votos no sea excesiva, pero perder Comunidades Autónomas como: Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja y Extremadura, 5 de las 7 en las que gobernaba el PSOE, es un varapalo. Si a ello le sumamos la pérdida de 15 de las 22 capitales de provincia que gobernaba, entre ellas Sevilla y Valladolid, entre otras también importantes, hace que la gravedad aumente de forma alarmante.

No queremos entrar a valorar si es más o menos acertado el adelanto de elecciones que, sin consultar al Comité Federal, ha hecho Pedro Sánchez, pues es una decisión táctica. Sin embargo, nos preocupa que por la premura de tiempo no se realice ningún tipo de análisis de la gestión realizada y que se entienda que todo ha sido correcto en las políticas económicas y sociales llevadas a cabo por el Gobierno de coalición. Examinar las causas que han llevado a esta derrota es necesario para intentar comprender el mensaje que el día 28 de mayo han dado una buena parte del electorado, con sus abstenciones y las posibles huidas de votos de un bloque ideológico a otro.

Recordemos que tres de las ideas fuerza del programa electoral de las últimas elecciones, eran la derogación de la reforma laboral que impuso el PP, la derogación de la ley mordaza y blindar el Sistema Público de Pensiones. La primera se quedó a medias, la segunda ni se ha tocado y en la tercera solo se han atendido las exigencias de las instituciones del capital financiero.

Invitamos a releer el documento que más de 1.000 sindicalistas firmaron y que el 16 de mayo de 2017⁽¹⁾ en apoyo a Pedro Sánchez, en el que se exigía la derogación de la reforma laboral de 2012, la cual ha sido derogada sólo parcialmente, pero continúan en vigor muchos elementos lesivos de los derechos de los trabajadores que introdujo aquella agresiva reforma, como: el despido barato a priori por el que la indemnización por despido improcedente pasó de 45 día a 33, facilidades para la modificación de la jornada, los turnos, las funciones…, entre otras flexibilidades favorables al empresariado.

Señalamos positivamente que se ha derogado el Artº 315.3 del Código Penal, sin embargo se continua vulnerando el derecho de huelga cada vez que los trabajadores hacen uso de este derecha para la defensa de sus intereses; lo hemos visto recientemente en las huelgas del personal sanitario, con la imposición de servicios mínimos ilegales.

También, hay que reconocer como hecho positivo que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) haya crecido un 46,76%, al pasar de los 735,9 € de 2018, con el PP, a los 1.080 € de hoy (una media anual del 11,69%), pero no debemos obviar que es insuficiente, una familia media no puede subsistir con 1.080 € al mes, prueba de ello es que en nuestro país hay 3,7 millones de asalariados/as que están en la pobreza y en riesgo de exclusión. En los últimos cuatro años, los salarios han perdido un promedio del 4,27% de poder adquisitivo, situación que ha afectado a una buena parte los trabajadores, la juventud y los pensionistas.

Es igualmente positivo que las pensiones se hayan revalorizado para 2023 con el 8,5%. El período 2019 a 2023 (2023 a mayo el IPC se ha situado en el 3,2%) el IPC acumulado es del 15,71%, en tanto que las pensiones han crecido el 14% (incluyendo el 8,5% para 2023), se pierde por tanto el 1,71% de poder adquisitivo. El problema es que la revalorización de las pensiones no puede depender de si se avecinan años electorales o de si gobierna este u otro partido; eliminar esa incertidumbre y vincular de forma definitiva la revalorización de las pensiones al IPC sería un paso hacia el blindaje de las pensiones.

No obstante, la sostenibilidad de las Pensiones Públicas no consiste sólo en que la revalorización anual evite la pérdida de valor económico a los pensionistas. En 2020, el Tribunal de Cuentas del Estado cifró en más de 103.000 millones de euros el dinero de las Pensiones que el Estado (todos los gobiernos) “han utilizado indebidamente” para pagar partidas que debiera haber pagado con dinero de los impuestos. En la Ley 21/2021 el Gobierno se comprometió a encargar una Auditoría que establezca cuánto dinero le debe el Estado a las Pensiones Públicas, correspondiente al período 1967 a 2021. Esa Auditoría no se ha hecho ¿por qué? No cumplir la Ley es muy grave y si se trata del salario diferido de los trabajadores hay un plus de gravedad.

Una de las conclusiones que debemos sacar es que los resultados electorales son la causa de las políticas de paños calientes de un gobierno que no se ha atrevido en entrar a fondo para resolver los problemas de la mayoría social.

Está previsto que en los próximos meses, de cara a los presupuesto generales para 2024, comience una etapa de recorte del gasto público, para reducir el déficit público por debajo del 3%; siguiendo las directrices de la Comisión Europea. Recordemos que no se ha tocado el artículo 135.3 de la Constitución, el que garantiza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto social, ya sea Sanidad, Educación, Dependencia… Suponemos que el incremento del gasto para armamento militar que exige la OTAN tampoco se va ver recortado para reducir el déficit.

Sería positivo aclarar, por parte de quienes aspirar a gobernar, cómo van a abordar estas cuestiones económicas.

Somos de la opinión de que a la derecha solo se le combate con políticas de izquierdas y será la única forma de parar a las políticas del PP y sus socios de VOX.

Es hora de priorizar sobre las necesidades de la mayoría social de manera estructural, no con medidas transitorias, coyunturales y de alcance limitado. Debemos tener un compromiso claro con las demandas sociales más urgentes.

El programa de las elecciones debería incluir como medidas de urgencia:

• Políticas de Control de precios que impidiesen las subidas especulativas.
• Política de vivienda pública contundente que acabe con la especulación inmobiliaria.
• Renacionalización de las empresas energéticas y sus distribuidoras.
• Creación de Banca pública que salvaguarde a los ciudadanos de los excesos de la banca privada.
• Salarios y pensiones que no pierdan poder adquisitivo.
• La defensa de la sanidad pública, dotación económica suficiente para dotar de personal sanitario a todos los centros hospitalarios y de Atención primaria.
• Defensa incondicional de sistema público de pensiones.
• Reducción del presupuesto militar y cese inmediato del envío de armas para la guerra.

* Enlace Manifiesto Sindicalistas

Comité de Redacción