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Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia

Son los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, pero no son los únicos.

El domingo 23 de marzo miles de personas nos hemos manifestado en las calles de Madrid, pasando por la puerta del Congreso de los Diputados, para reclamar la defensa efectiva de los servicios públicos, es decir, para pedir que se les dote de mayor presupuesto y para que se desprivatice lo privatizado.

Los servicios públicos están infradotados presupuestariamente, prueba de ello es la falta de profesionales y medios que se sufre en todos ellos: falta de pediatras en la atención primaria madrileña, falta de medios para el tratamiento del cáncer en Soria, déficit de personal de enfermería en Andalucía… son ejemplos concretos de la situación que se vive, aunque sería más correctos decir se sufre, en todas las comunidades autónomas, en unas con mayor intensidad que en otras, pero en la práctica totalidad hay un deterioro del sistema sanitario público.

Según datos de la OCDE, España gasta un 20% menos en Sanidad que la media de los países europeos. Pero el déficit no solo afecta a la Sanidad. En la Educación Pública de primaria y secundaria hay déficit se personal docente y de apoyo, de tal modo que cada día es mayor la carga de trabajo administrativo que los docentes se ven obligados a soportar. La infra dotación presupuestaria en las universidades es galopante.

El déficit de personal en las residencias de mayores es endémico y la escasez de plazas en función de las necesidades es brutal: a primeros de año se estimó que, en el conjunto del país, se necesitaban 35.000 plazas para atender la demanda de personas con Dependencia Severa. En Madrid son 270.000 las personas que, teniendo más de 65 años, viven solas.

Además del déficit presupuestario, que provoca la escasez de personal y medios, la Sanidad, la Educación y la Dependencia tienen en común la privatización por la vía de los conciertos y convenios con entidades privadas, lo que supone una sangría de dinero público que se despilfarra y va a parar al accionariado de fondos buitre y todo tipo de especuladores, caldo de cultivo para la corrupción.

Las pensiones tienen un elemento fundamental, como es que las pensiones por jubilación, orfandad y viudedad no se pagan con impuestos, sino que son parte del salario que los trabajadores y trabajadoras destinamos al pago de las pensiones.

Es la parte que pone el Estado, para los complementos a mínimos, la que se nutre con los impuestos. Y es la utilización indebida del dinero aportado por los trabajadores y trabajadoras lo que ha generado una deuda del Estado para con las pensiones valorada, en 2023, en más de 140.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, en Sr. Escrivá -hoy Gobernador del Banco de España-. Y es por este motivo que el movimiento de pensionistas consiguió que en la Ley 21/2021 se introdujese la Disposición Adicional Sexta, por la que tenía que encargarse un informe de Auditoría que abarcase el periodo 1967 a 2019. Pero este precepto legal no ha sido cumplido por el actual Gobierno. Hay que continuar exigiendo el cumplimiento de la ley, para saber cuánto dinero debe el Estado a las pensiones, es decir a los trabajadores y trabajadoras, de modo que se termine de una vez por todas con las dudas interesadas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Y, en todo caso, el Estado debe ingresar la cantidad de dinero reconocida por el Ministerio de Seguridad Social y por los informes del Tribunal de Cuentas.

Hay otros servicios que deberían ser un servicio público, pero que no lo son. Solo dos ejemplos: Vivienda y Banca.

Desde 1981 se vienen haciendo planes plurianuales para la promoción de viviendas protegidas. Hay que aseverar que el Estado ha fracasado estrepitosamente en esta materia. El error es de enfoque, y es que, en lugar de pensar en el número de hogares que el Estado debía proveer, se ha pensado siempre en utilizar la promoción de vivienda de protección oficial para fomentar la actividad económica. El mercado, no conforme con eso, se ha dedicado a corromper a los políticos que se han prestado a ello para hacerse, a bajo coste, con la propiedad de las viviendas construidas con dinero público; es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo de la alcaldía de la señora de Aznar.

La banca por su parte es un negocio cautivo en manos de una oligarquía bancaria. Un negocio que cuanto más sufre la mayoría de la sociedad mayores beneficios consiguen, a costa de comisiones abusivas, altos intereses en los productos financieros y prácticamente nula remuneración a los depósitos, incluso en etapas en las que el precio del dinero ha subido. Este paraíso del beneficio especulativo se ha creado en dos etapas: una primera con la privatización de la red de banca pública que tenía el Estado, Argentaria; y una segunda con la dilapidación de las cajas de ahorro, de las que se han apropiado los bancos, con la jugosa aportación del Estado, por valor de más de 100.000 millones de dinero público -35.000 de coste de la SAREB + 65.000 dinero para el saneamiento de las entidades-. Tras estas acciones del Estado a favor de los intereses del capital financiero, ha venido la conformación de un oligopolio de 5 grandes entidades que no han colmado sus ansias de concentración.

Los servicios públicos no son un lujo, ni un capricho, son una necesidad que se paga principalmente con las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, a través de los impuestos y las cotizaciones. Es la minoría, pudiente, la que, insolidariamente, no quiere pagar impuestos y en los servicios públicos no ve una necesidad, porque ellos no los necesitan.

De modo que es de celebrar que haya movilizaciones en defensa de los servicios públicos, la pena es que no haya más y que no las convoquen en unidad todas las organizaciones de los trabajadores, políticas y sindicales.

La mejor vacuna contra el fascismo son los derechos sociales y una buena red de servicios públicos.