El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial, con compañeras y compañeros llegados de distintos puntos del Estado español: Catalunya, Andalucía, Euskadi, País Valencià, Castilla La Mancha, Castilla y León, Canarias…y también de Madrid.
Las intervenciones han analizado la catastrófica senda por la que el capitalismo arrastra a la sociedad: Genocidio contra el pueblo palestino, caos en la Sanidad Pública, saqueo de los sistema públicos de pensiones por parte de los gobiernos, precariedad en el empleo y pobreza de los trabajadores apalancada por las reformas laborales, represión de los movimientos sociales y de la resistencia de la clase trabajadora apoyándose en leyes como la “Ley Mordaza”, jibarización de la industria en España y en el conjunto de los países de Europa, guerra en Ucrania que está desangrando a la juventud ucraniana y rusa en una guerra de oligarcas e imperialistas por el reparto de los mercados de la energía, y un largo etcétera de situaciones que conforman un oscuro presente y futuro.
Sin que fuese un punto previsto para el debate, la situación que se vive en estos momentos en el Estado español ha estado presente en las palabras de los y las intervinientes. El lavado de cara del franquismo y el disfraz de “demócratas” que supuso la transición se cae a trozos cada día más. Las instituciones del Estado apestan a fascismo. Lo que venimos viendo en otros países, como Brasil, con el encarcelamiento de Lula y el derrocamiento de Dilma Rousseff; lo visto en Peru, con el encarcelamiento de Pedro Castillo; lo recientemente visto en Portugal, con la operación mediático-judicial, para hacer dimitir a Antonio Costa…ahora lo estamos viendo en España con la acción de boicot legislativo y permanente “lawfare” desde el poder judicial y la judicatura prevaricadora, combinada con la pléyade de medios de comunicación que maneja la derecha política y económica.
Los hechos señalados y constatables marcan la agenda del CATP, con el objetivo inequívoco de ser una herramienta útil para apoyar la resistencia de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras, pensionistas, agricultores y campesinos, autónomos, desempleados y desempleadas, y la juventud que son hijas e hijos de las familias trabajadoras.
La manera de salir del pozo en el que el capital financiero nos está metiendo es luchar por la República. Por eso se ha adoptado en el Encuentro el firme compromiso de trabajar en favor de la marcha republicana a Madrid que se prepara pare el día 16 de junio, 10º aniversario de la abdicación del huido a Abu Dabi.
El Encuentro ha puesto en el frontispicio de los compromisos la lucha con el Genocidio que se está cometiendo en Gaza desde hace más de 7 meses, que se ha cobrado la vida de más de 34.000 palestinos y palestinos, la mayoría de ellas mujeres y niños. En manos de los pueblos que componen el Estado español está la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con el Estado sionista israelí. No se puede decir que se va a reconocer el Estado palestino y que se están vulnerando los derechos humanos y a la par continuar con la compra-venta de armas entre España e Israel.
Como ya se ha dicho, muchos han sido los asuntos tratados en este Encuentro. Resaltar la campaña que el CATP tiene iniciada para dirigirnos a la Ministra de Sanidad, Mónica García. Campaña que ha tomado la forma de una carta colectiva, que a la celebración del encuentro ya cuenta con más de 600 adhesiones.
Roberto Tornamira
Miembro de Tribuna Socialista
Reproducimos la carta y la aportación escrita que se presentó al Encuentro explicativa de por qué es necesario derogar la Ley 15/97, así como los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86, entre otras normativas.
Carta a Mónica García, ministra de sanidad
Sra. Ministra:
En todo el Estado, y bajo formas diversas en las distintas autonomías, la Sanidad Pública vive una situación muy difícil. Los servicios de salud no se han recuperado de los durísimos recortes que sufrieron en el periodo 2010-2018. El deterioro de las condiciones de trabajo ha llevado a una fuga de profesionales. Las listas de espera se hacen insoportables, y han aparecido importantes demoras en los centros de Atención Primaria, lo que origina la saturación de las urgencias hospitalarias. En todas partes, los procesos de privatización avanzan, amparándose en un marco legal que lo permite.
Aunque las competencias de gestión están en manos de las comunidades autónomas, eso no significa que el ministerio que usted dirige no tenga posibilidades de actuar para cambiar la situación, pues hablamos de legislación de ámbito estatal.
Le pedimos que actúe de inmediato en tres terrenos:
- Derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de los artículos 66,67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y de todas las disposiciones que permiten la privatización de la sanidad.
- Derogación de las normas que permiten la intromisión de las mutuas en el control de las bajas laborales por contingencias comunes.
- Aprobación de un presupuesto de urgencia finalista para la sanidad, que permita a los distintos servicios de salud recuperarse de los recortes sufridos y mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo para frenar y revertir la fuga de profesionales.
Nos parece que son propuestas en sintonía con su posición, manifestada en distintos momentos. Le solicitamos que, desde su Ministerio, ponga en marcha las medidas necesarias para aplicarlas.
Quedando a su entera disposición para poder abundar sobre estos asuntos, en una reunión con usted o con quien usted determine.
Aportación al Encuentro del CATP 27-Abr
Defendamos la Sanidad Pública
“Derogación de las leyes que hacen posible la privatización sanitaria”
En muchos territorios del Estado se han desarrollado movimientos sociales en defensa de los servicios públicos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia. Movimientos encabezados y configurados por las y los militantes que se resisten al saqueo de lo público por parte del libre mercado.
Sabiendo que en comunidades como Andalucía, Cantabria o Cataluña, entre otras, hay una importante respuesta ciudadana contra la destrucción de la Sanidad Pública, en Madrid ha fraguado un movimiento consolidado en torno al espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, en el que se agrupan decenas de asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la Sanidad Pública, coordinados en plataformas de distrito y organizados por una asamblea representativa del conjunto de organizaciones. Es el espacio que lideró las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023.
La lucha en defensa de la Sanidad Pública no se da solo en los fogonazos de macro manifestaciones; son las concentraciones semanales, los encierros, las campañas de sensibilización que se llevan a cabo lo que hace posible las grandes manifestaciones. Pero toda esta lucha será baldía si no tiene un reflejo político.
Incomprensiblemente, las grandes organizaciones políticas y sindicales asisten como espectadoras de esta confrontación, entre quienes se apropian de los sistemas públicos para incrementar su negocio y quienes resisten en defensa de lo que tantas generaciones se han esforzado por construir.
El tremendo esfuerzo de tantas y tantos militantes, esfuerzo sostenido en el tiempo, tiene que tener un resultado, como lo ha tenido la perseverancia del movimiento de Pensionistas forzando la Ley 21/2021, a pesar de que, sorprendentemente, el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
La determinación de la ciudadanía, a lo largo de todo el Estado español, por defender la Sanidad Pública tiene que verse reflejado en la coherente derogación de las leyes que hacen posible la privatización de la Sanidad Pública:
- Los artículos 66 y 67 de la Ley 14/1986 Ley General de Sanidad, establecieron los “convenios singulares”, para abrir la puerta a la colaboración con hospitales privados.
- El artículo 90 de la misma Ley, establece los “conciertos para la prestación de servicios sanitarios” con medios ajenos a los públicos.
- La Ley 15/1997 amplió los convenios y conciertos a “cualesquiera entidades admitidas en derecho, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones…pudiéndose, además, establecer acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas”.
Han pasado 23 años desde el traspaso de las competencias del INSALUD a las últimas comunidades autónomas que recibieron esta competencia, pero los artículos de la Ley 14/86 y la Ley 15/97 en su totalidad continúan siendo el cimiento sobre el que se asienta el trasvase de dinero y servicios públicos hacia las empresas privadas de la salud. Siendo la corrupción entorno al negocio de la Sanidad una de las consecuencias más nefastas.
Siendo, la actual ministra de Sanidad, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), decía en 2013: “La rentabilidad en sanidad es un concepto peligroso. Solo puedes aumentar en rentabilidad si disminuyes en dar salud, no hay otra fórmula”. Y tenía razón.
Congruentemente con lo expuesto, animamos a continuar con la campaña de adhesiones a una carta a la Ministra de Sanidad, Mónica García, para que se abra en el Consejo de Ministros y en el Poder Legislativo el debate necesario para la derogación de la Ley 15/97 y los preceptos señalados de la Ley 14/86.
Roberto Tornamira, miembro del CATP y de la Asociación Vecinal “Nudo Sur” (Madrid).- Carol Ruiz White, miembro del Espacio Vecinal Fuencarral-El Pardo por la Sanidad Pública.- José Manuel Martín, activista de la Plataforma de Rivas con la Sanidad Pública.- Luis Páramo, miembro de la Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (U.C.M.R.) y Ana Pérez Fernández, portavoz de Coespe-Madrid.
Tribuna Socialista 
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