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Por Miguel Albalá
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

El 26 y 27 de noviembre de 2025, las seis universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH) fueron a la huelga. No fue un gesto simbólico ni una simple “batalla cultural” sino la respuesta del estudiantado, PDI y PTGAS a una política sostenida de infrafinanciación y mercantilización que pone en riesgo la supervivencia de la universidad pública en Madrid.

Desde hace más de una década los campus madrileños sobreviven entre precariedad, sobrecarga y deterioro, aunque no todos los actores analizan igual la situación. Parte del PDI y del estudiantado cuestiona la necesidad del paro, alegando que los problemas son estructurales en todo el país y que las movilizaciones deberían ser estatales. Reclaman una hoja de ruta nacional que garantice: por un lado, la igualdad de oportunidades en un sistema con cada vez menos plazas en sus titulaciones pese a la creciente demanda; y por otro lado, que recupere el papel de la universidad como ascensor social, responsabilidad que atribuyen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas).

Sin embargo, el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor del país, simboliza la asfixia financiera específica de la región. En octubre la UCM reconoció públicamente que su crisis deriva de una infrafinanciación continuada desde 2008 (compartida con el resto de universidades públicas madrileñas) y reclamó un modelo de financiación adecuado. La universidad ha tenido que verse sometida al endeudamiento con la propia Comunidad de Madrid mediante un préstamo de 34,5 millones (con 4,4 de estos en intereses), viéndose obligada a mantener hasta 2028 una retención del 35 % del gasto de facultades. Este patrón reproduce el seguido por el gobierno autonómico en otros servicios públicos: debilitarlos e infrafinanciarlos hasta su deterioro y desprestigio, para luego promover la colaboración público-privada como única alternativa.

La infrafinanciación no siempre es visible para toda la comunidad universitaria en lo inmediato, pues a menudo se camufla con el esfuerzo del personal y el propio estudiantado de las facultades. Pero sus efectos son claros: menos plazas en grados y posgrados, grupos masificados, peores condiciones docentes, infraestructuras deterioradas, descenso de becas y apoyos, y una calidad educativa sostenida a base de malabarismos que suelen terminar frustrados. En definitiva todo ello supone una ruptura con la igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad formativa a través de la universidad pública.

Ante esto, la Coordinadora de Plataformas en defensa de la Universidad Pública convocó la huelga para toda la comunidad universitaria. Sus motivos principales son:

• La Comunidad de Madrid destina menos del 0,5 % del PIB a sus universidades, pese al objetivo del 1 % fijado en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).
• Presenta como grandes logros incrementos en el presupuesto del 3,8 % en 2025 (42 millones adicionales frente a los 200 millones que reclaman los rectores) y del 6,5 % en 2026 (75,3 millones), insuficientes para revertir la congelación (y recortes a efectos prácticos) desde 2008.
• Es la región más rica del Estado, pero la que menos invierte por estudiante.
• Impulsa una nueva ley universitaria (LESUC) que refuerza la lógica empresarial, limita la autonomía universitaria, endurece el régimen disciplinario y abre la puerta a nuevas formas de privatización y restricciones a la protesta.

Las plataformas reclaman: 1) Financiación estable y suficiente para cubrir costes reales y revertir recortes; 2) Retirada o modificación profunda de la LESUC por su impacto en la autonomía, la libertad de expresión y las condiciones laborales; y 3) Un plan contra la precariedad y la temporalidad que afecta al PDI joven, becarios, investigadores y personal subcontratado.

La convocatoria que contó con el respaldo de los principales sindicatos (CCOO, UGT, STUM, CNT, CGT, Sindicato de Estudiantes, entre otros) fue un éxito: alcanzando un seguimiento medio del 72% en el paro y la huelga (según CCOO), así como una asistencia de 55.000 manifestantes (según las plataformas organizadoras).