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Delegación de ASTRADE a la manifestación del 29 de diciembre en Valencia

El pasado mes de diciembre, ante el anuncio de las asociaciones y colectivos valencianos de convocar una nueva manifestación en Valencia para el día 29, la Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de facilitar la participación de una delegación de miembros de nuestra Asociación en esta manifestación. Nos pareció una forma de solidaridad con el pueblo valenciano que, además de la DANA, ha sufrido las consecuencias de unas instituciones contrarias a los intereses de la mayoría social.

El inicio de la manifestación estaba fijado para las 18:00, por lo que nos dio tiempo a participar en una comida/reunión que los compañeros del CATP en Valencia tenían prevista, a la que nos sumamos junto a otra delegación que había viajado desde Cataluña. Pudimos hablar con compañeras y compañeros de Valencia, algunas de ellas afectadas directamente por las consecuencias de la DANA. La puesta en común y presencia allí de militantes que nos habíamos desplazado para participar codo con codo en la reivindicación abrió la posibilidad de que, en estos meses venideros, se organice un encuentro estatal en Valencia para abordar el deterioro de los servicios públicos y los derechos; situaciones que nos afectan por igual en Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid o en cualquier otro lugar del Estado español, como es el caso de la Sanidad, la Vivienda, la Educación, las Pensiones, las Residencias o la ineficacia, la negligencia y la contribución de las instituciones al agravamiento de los problemas naturales, como ha ocurrido en Valencia con la DANA y como ocurrió en Madrid con el COVID.

En el inicio de la manifestación me acordaba las movilizaciones contra la guerra de Irak que tuvieron lugar en Madrid en 2003 o las convocadas en estos últimos años en defensa de la Sanidad Pública: esas manifestaciones que no arrancan por el colapso que se produce cuando es tan masiva la asistencia que las calles se quedan pequeñas. La asistencia a esta manifestación del 29 de diciembre, como en otras que han tenido lugar desde la catástrofe del 29 de octubre, se calcula que fue de unos 200.000 manifestantes; teniendo en cuenta que la población de Valencia es de unos 790.000 habitantes, es comparable cuando en Madrid salimos a la calle 800.000 personas a manifestarnos. Esas cifras que marean y que tanto gusta minimizar a las delegaciones de gobierno y policías municipales.

Las 224 víctimas mortales, los 3 desaparecidos y los dos trabajadores muertos en las labores de limpieza y reconstrucción, son cifras escalofriantes que permiten entender la rabia y la indignación del pueblo valenciano. No obstante, la manifestación se desarrolló con absoluta normalidad canalizando los manifestantes su sentir en los cánticos: “El president a Picassent”, “El dinero del Borbón para la reconstrucción” o “No son muertes, son asesinatos”, entre otros. Lemas que reflejan el sentir de un pueblo que ha visto de cerca y con brutalidad que las prioridades del Gobierno de la Generalitat valenciana no son coincidentes con las necesidades de las personas. Una brutalidad palmaria cuando se piensa en la cantidad de vidas que podrían haber salvado si se hubiesen dado las alarmas a lo largo de la mañana del 29 de octubre y no a las 20:11 de la tarde. O si la Unidad Valenciana de Emergencias no hubiese sido disuelta por el Gobierno de Mazón, en noviembre de 2023. O si se hubiesen acometido las obras que estaban proyectadas desde 2006 en el barranco del Poyo y Pozalet-Saleta. Entre otras actuaciones e inversiones preventivas que deberían haberse realizado desde hace años.

El sentir del pueblo valenciano expresado a lo largo de la Manifestación es coincidente con el sentimiento de miles de madrileñas y madrileños cuando piensan en los 7.291 ancianos y ancianas que murieron en las residencias de Madrid, abandonados a la enfermedad por el COVID. El mismo sentir de la mayoría de los pueblos de nuestro país cuando recuerdan los 193 muertos y más de 2.000 heridos en los atentados de Atocha el 11 de marzo de 2004, que se habrían evitado si el Gobierno de Aznar no nos hubiese involucrado en la Guerra de Irak.

No me dedico al bulo ni a la hipérbole, pero tampoco a quitar hierro o dulcificar la realidad, por eso no diré que la culpa de las catástrofes naturales la tengan los gobiernos. Lo que nadie puede negar es que no actuar, actuar tarde o tomar decisiones que añaden pérdidas de vidas humanas es algo intolerable.

Los políticos, los jueces, el propio rey, tienen que responder por sus extralimitaciones e irresponsabilidades. La impunidad es una grave enfermedad para la democracia, por eso gente como Ayuso o Mazón deben dimitir y ser juzgados.

Animo al pueblo valenciano a perseverar en la exigencia de dimisiones y responsabilidades públicas y judiciales. El 1 de febrero y todos los días que hagan falta hasta que se hagan justicia.

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE