7291 ancianos y ancianas de las residencias de Madrid fueron abandonados a una muerte agónica, sin darles la más mínima oportunidad de vivir. Enfermaron de COVID-19, como muchos otros millones de personas en el mundo, pero a ellos les aplicaron los protocolos de la vergüenza.
La presidenta de la Comunidad de Madrid jugó a decidir quién vive y quién muere, ella y su Gobierno aprobaron los protocolos que mandataban a las y los directores de las residencias a prohibir que los ancianos enfermados fuesen derivados a los hospitales públicos ¿con qué derecho?
El artículo 43.1 de la Constitución dice literalmente que “Se reconoce el derecho a la protección de la Salud”. Negar la atención hospitalaria es justamente lo contrario a proteger la Salud.
El 43. 2 establece que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. El Gobierno de Ayuso no solo no previno, sino que negó la prestación de los servicios necesarios.
Hay causas abiertas en juzgados de primera instancia, otras en tribunales superiores y un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, desde hace dos años. Algunos juzgados y fiscales de Madrid han protegido a la señora Ayuso, archivando las denuncias en lugar de abrir causa sobre una aberración tan evidente, debe ser que los demandantes son familiares de las víctimas y no organizaciones fascistas.
Por si la vulneración de la Constitución en su Artº 43 fuese insuficiente, a las 7291 víctimas de las Residencias se les empujó a una muerte atroz: muchos y muchas murieron en los sótanos y salas apartadas de los centros en los que residían, donde los bomberos, la UME y/o la policía municipal les encontrón con rictus de terror agarrados a los barrotes de sus camas, habían muerto por asfixia y sin ninguna medida paliativa. Léanse las actas de la policía municipal, las que quiso secuestrar el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ninguna institución del Estado ha salido en defensa de estas 7291 familias. Tampoco los grandes medios de comunicación les han brindado demasiada audiencia.
Como muy bien señalaban los cánticos los más de 10.000 manifestantes que en la mañana del sábado día 23 salieron a las calles de Madrid, entre la plaza de la Cibeles y la Puerta de Sol, “No son muertes, son asesinatos”. Es un crimen negar el auxilio, en este caso la atención médica hospitalaria. Pero tenemos a la “zorra guardando las gallinas”. La señora Ayuso se siente tan impune, gracias al burladero que le ofrece la fracción de la derecha en la ¿Justicia? y por el coro mediático conservador, que se permite insultar a las familias de las víctimas propinándoles expresiones tan execrables como cuando dijo “Se iban a morir igual”.
Las instituciones se protegen entre sí, y ya son muchas las víctimas que se han producido en nuestro país como para que no digamos basta ya. En estos días lo estamos viendo en Valencia, donde ya son 221 muertos y cabe preguntarse ¿cuántas personas habrían salvado la vida sin el gobierno de la Generalitat hubiese dado la alarma a la 3 de la tarde y no a las 8, por estar esperando a que apareciese el presidente de ese Gobierno, el Sr. Mazón. En el caso de la Residencia de Madrid si se ha establecido cuantas personas podrían haber salvado la vida: más de 4.000, es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Comisión de la Verdad en las Residencias de Madrid, compuesta por juristas, médicos y epidemiólogos, entre otras disciplinas, todos ellos y ellas de reconocido prestigio.
Es llamativo, muy llamativo, que la Universidad Complutense de Madrid le concediese el título de “alumna ilustre”. Solo me cabe pensar que fue un acto reflejo de la cúpula universitaria para agradecer a la presidenta pepera que les mantenga el chollo de viviendas de hasta 250 m2 en una zona de lujo en Madrid, en Moncloa, con rentas que no superan los 215 €; una verdadera vergüenza, máxime en una situación en la que millones de jóvenes en nuestro país no pueden salir de la casa de sus padres y que la única alternativa que les queda es compartir piso, vivir en una habitación minúscula y pagar el doble que un catedrático de los afortunados por la “alumna ilustre”.
Este país hizo una transición para dejar atrás la dictadura, pero, aunque Franco murió las prebendas y la impunidad, características del franquismo, continúan vivas.
Hay delitos por negligencia que cuando los comete un político quedan impunes. No tienen el aforamiento del Rey, pero en los hechos opera como si lo tuviesen. Ya Basta.
Tribuna Socialista 
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