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El 26 de mayo se celebró el acto que tuvo que ser suspendido el 28 de abril, con motivo del apagón sufrido en la península Ibérica. Acto organizado por ADEPPU, al que fui invitado en calidad de presidente de ASTRADE. Compartí debate con los compañeros y compañeras de cartel, sobre un tema tan importante y complejo como el Sistema Público de Pensiones.

El acto se celebró en el Centro de Mayores “Infante Don Juan”, en el distrito de Moncloa. Como quedó patente en el debate mantenido, las pensiones es un asunto que atañe de forma directa 31 millones de habitantes, más del 63% de la población: cotizantes + pensionistas, e indirectamente a las familias de todos ellos y ellas. El hecho haberse celebrado en un centro de Mayores no significa que este sea un asunto de la sola incumbencia de los y las pensionistas.

Los intervinientes coincidimos en la necesidad de blindar las pensiones como derecho; hubo quién planteó que el texto constitucional debe mencionar explícitamente que las pensiones públicas no se puedan privatizar, en concreto el compañero, de la MERP, aludiendo al caso de Chile y las AFP, un sistema de capitalización individual gestionado por fondos de inversión internacionales. Un modelo impuesto por la dictadura pinochetista al inicio de la década de los años 80 de pasado siglo. Curiosamente, cuando comenzaron a publicarse artículos y libros de “expertos” teorizando la insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Para quienes no creemos en las casualidades, esos “expertos” no pasan de ser asalariados al servicio de entidades financieras, aseguradoras y fondos de inversión. 45 años después, el pueblo chileno comprueba que aquello fue un atropello más de la dictadura; a la vista de la situación de las pensiones en Chile y la de otros sistemas como por ejemplo el español. Los análisis de dichos “expertos” han ido modificándose a medida que iban venciendo las fechas pronosticadas y se verificaban como falsas, pues los sistemas públicos de pensiones continúan sanos y son perfectamente viables. Por el contrario, los planes de pensiones privados están sufriendo los vaivenes de las bolsas, según sople la ventolera en la Casa Blanca o las crisis económicas periódicas intrínsecas al sistema económico liberal.

Continuando con la necesidad de blindar las Pensiones Públicas, en mi opinión, y así lo expuse en el acto, es necesario concretar y que esta voluntad política se plasme en una reforma constitucional que sitúe el derecho a la pensión en la sección 1ª del Capítulo Segundo, de manera que sea un derecho fundamental; reforma constitucional y en el mismo sentido que debería extenderse a derechos como la Sanidad, la Educación y la Dependencia, si queremos, de verdad que cada vez que cambiamos de gobierno no nos cambien la ley -en Educación es fácil de entender a qué me refiero-.

También plantee que se deberían blindar las pensiones culturalmente, es decir, haciendo una campaña desde donde corresponda: el Gobierno de España, el Ministerio de Seguridad Social o el de Educación, informando y formando a la sociedad en su conjunto, a los y las jóvenes en particular, sobre la naturaleza de las pensiones y como se nutren. Desgraciadamente, un elevado porcentaje de la sociedad tiene una gran confusión a este respecto. La campaña que sugiero, debería dejar claro que el sueldo de los trabajadores asalariados por cuenta ajena, y también las percepciones de los autónomos, tienen tres partes: el salario directo, el neto a percibir cada mes; el salario indirecto, el que recibimos cuando somos atendidos en un hospital, por nuestro médico de Atención Primaria o cuando el profesorado educa a nuestros hijos e hijas, servicios que son pagados con el IRFP y el ajuste anual en la campaña Renta, o sea, con los impuestos; y el salario diferido, que se compone de la cotización del trabajador y del empresario, detraídas ambas del salario mensual.

Si lo anterior quedase claro, al menos para 21.765.400 de ocupados (dato de la EPA del primer trimestre de 2025), quedarían blindadas las pensiones en el conocimiento colectivo.

Mantengo mi afirmación de que las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, son salario de los trabajadores, en nuestro sistema de solidaridad y reparto, del que los gobiernos solo tienen la competencia de gestionar, nunca de disponer de un dinero que es de las pensiones, es decir, de los y las cotizantes.

A partir de lo anterior, se abordó la necesidad de que el gobierno cumpla con el mandato establecido en la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, de encargar un Informe de Auditoría, que debería de llevar a cabo el Tribunal de Cuentas del Estado, por ser una institución del Estado independiente de quién debe encargar el informe y por ser quien en 2020 hizo público un informe sobre la Seguridad Social en el que se determinaba que, del periodo 1989 – 2013, el Estado le debe a las pensiones más de 103.000 millones de euros, en concepto de gastos indebidos, concretamente porque los gobiernos de ese periodo utilizaron indebidamente el dinero de las pensiones de jubilación para pagar los complementos a mínimos, cuando esos complemento deben pagarse con dinero de los impuestos. Recordé que el ministro de Seguridad Social, en el periodo 2020-2023, el señor Escrivá, dijo en abril de 2023 que la deuda del Estado con las pensiones ascendía ya a 140.000 millones de euros.

El Secretario Federal del PSOE para el Pacto de Toledo, Iván Fernández, informó en este punto que el actual gobierno está poniendo 25.000 millones cada año para evitar la utilización indebida del dinero de las pensiones, información que todos los presentes celebramos. Sin embargo, y siendo importante que el actual gobierno no esté ampliando la deuda del Estado con la caja de las pensiones, recordé que la Ley 21/2021 establece que el informe de Auditoría, pendiente de encargar, abre el periodo de 1967 a 2020, por lo que cabe pensar, en buena lógica aritmética, que la deuda con el Sistema Público de Pensiones debe ser bastante más elevada que 140.000 millones de euros. Realizar la Auditoría es por tanto blindar las pensiones desde el punto de vista económico, siempre y cuando el Estado haga efectiva la devolución del dinero.

Por último, Elena Asensio, de MPM, criticó que el Gobierno haya abierto la ley a que las empresas puedan acordar Fondos Complementarios en los convenios colectivos; lo que siempre se ha conocido como “previsión social”, y que las empresas se puedan estar beneficiando de ello.

Todos estuvimos de acuerdo en que este es un asunto complejo, que daría para un debate en sí mismo. No obstante, como conocedor del tema, por haber sido representante sindical del sector financiero, además de trabajador de este sector, el cambio sustancial que ha aparecido es que, antaño los trabajadores de las grandes empresas, en sus convenios sectoriales, recibían aportaciones anuales a estos Fondos, mientras que ahora se está haciendo que los trabajadores aporten dos veces: una de forma directa, detrayendo del sueldo una cantidad mensual, y otra como siempre ha sido; haciendo la empresa la aportación al 100% siendo salario diferido, complementario a la cotización a la Seguridad Social.

Con esto se abre la puerta a posibles bonificaciones y/o exenciones en las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social, lo que equivaldría a decir que las empresas reciben dinero de las pensiones, lo cual es como poco una imprecisión, propia de un tema arduo.

Termino dando las gracias a los organizadores, y a la compañera Leonor Moggio en particular, por organizar estas reuniones de trabajo y por tener siempre en cuenta a la Asociación Trabajo y Democracia.