La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.
Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.
DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/
Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.
En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.
En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.
DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.
Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.
DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.
Tribuna Socialista 
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