Una nueva gran manifestación ha recorrido las calles de Madrid el día 24, esta vez en defensa de la Educación pública. El día 9 de este mes de febrero las calles se llenaron para reivindicar que se cumpla el derecho a vivienda establecido en la Constitución. En los últimos años hemos visto macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública. Y periódicamente miles de personas se movilizan en defensa de las Pensiones Públicas.
El asociacionismo en colectivos, plataformas y espacios, apoyados en las luchas vecinales se han hecho cargo de la defensa de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, son la verdadera izquierda, en ausencia de los partidos tradicionales y los sindicatos de clase.
El ánimo para salir a las calles a reivindicar y defender derechos va más allá de los servicios públicos, sobre los que se está nucleando un movimiento sin dirección política, por el momento. En los últimos 17 meses han sido muchas las manifestaciones para rechazar el Genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Así mismo, las asociaciones de familiares de víctimas se movilizan para exigir responsabilidades a gobiernos autónomos como el de Madrid o Valencia, por las 7291 muertes en las residencias en los años de pandemia o por las habidas en la DANA en octubre del pasado año.
El hecho de que algunas de estas competencias, en todo o en parte, estén transferidas a las comunidades autónomas hace que la movilización no tome carácter estatal. Sin embargo, no es descartable que se tienda a la estatalización de estos movimientos, pues no es entendible que el problema del deterioro, incluso el desmantelamiento, de los servicios públicos esté troceado cuando en mayor o menor medida el problema existe en todas las comunidades autónomas.
No solo es que la privatización y la insuficiente financiación de la Sanidad o la Educación se den en toto el Estado, es que son leyes estatales, como la Ley 15/97, las que permiten y facilitan la privatización; en este caso de la Sanidad Pública.
El papel de las instituciones autonómicas ante los desastres naturales ha sido desastroso, incluso criminal, pues pudiendo haber evitado muertes las han provocado con sus decisiones, en el caso de Madrid, y sus indecisiones, en el caso de Valencia. Son hechos a los que no están ajenos los demás pueblos del Estado español.
La situación de la Comunidad de Madrid es especialmente grave, dada la acción de Gobierno ideológica ultraliberal del PP en esta Comunidad, pero que más allá de las formas aplican en todas las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan.
El estrangulamiento económico de las universidades públicas es evidente y grosero.
El Gobierno de Madrid ataca permanentemente a la enseñanza pública en un descarado apoyo institucional a la educación privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia segregacionista.
Las tasas de matriculación son cada día más altas y los presupuestos para becas cada vez menores. Dando como resultado que las familias trabajadoras comienzan a verse excluidas de la enseñanza superior.
Los estudiantes de la FP pública se ven en desventaja frente a los alumnos de la privada a la hora de realizar las obligatorias prácticas.
Las malas condiciones de trabajo están expulsando a los profesionales sanitarios de esta comunidad. Del mismo modo que la carga burocrática está asfixiando al profesorado.
Las listas de espera y el déficit de pediatras están deteriorando la red de Atención Primaria.
Estas reivindicaciones no pueden ser olas que llegan a los partidos al calor de las manifestaciones multitudinarias. En los hechos, las instituciones están negando derechos que están establecidos en la Constitución que nos dicen que hay que respetar, pero que las instituciones mismas incumplen.
Es inexplicable que los sindicatos de clase no estén volcados en convocar y organizar estas movilizaciones, pues ser una organización de clase es luchar por el derecho del trabajador a una sanidad, a una vivienda digna, a la educación…además de por los derechos laborales y salariales. No estar en estas luchas les reduce a meros sindicatos que prestan servicios de asesoría y negociación.
¡Cuidado! Con la exigencia de la OTAN, a las órdenes de Trump, de elevar sustancialmente los presupuestos en Defensa, pues lo que se aumente en gasto militar será detraído del en servicios públicos; otra excusa para el fomento de la privatización.
Por mucho que se autodenominen de izquierdas, el movimiento se demuestra andado y hoy, el movimiento está en la calle.
Cada día estamos más huérfanos de partidos y sindicatos que defiendan los derechos de la mayoría social.
En la primera entrega de “Cuando solo con educación ya no es suficiente: la importancia de la acción sociopolítica para romper con la «Deseducación», publicado en Tribuna Socialista nº 157 el 30 de agosto pasado, relacionada con el libro “La (des) educación” (Noam Chomsky), fueron analizados dos de los factores necesarios para frenar el deterioro del sistema educativo público: en primer lugar, desenmascarar la “educación para la libertad” que falsamente reivindican diversos gobiernos por todo el mundo, y en segundo lugar, vincular más estrechamente “la democracia yla educación”. En esta segunda y última entrega, trataremos tres factores más a los que, según Chomsky, debemos prestar atención para comprender el deterioro actual de la Educación: “el arte de la maquinación histórica”, “la democracia en el sistema neoliberal” y “la pedagogía de la mentira”.
Vivimos tiempos en los que cada vez ejercen más influencia los medios de comunicación y las redes sociales sobre la forma de interpretar el mundo de los más jóvenes (y ya no tan jóvenes). No obstante, la opinión acerca de los hechos inmediatos que nos rodean ha sido manipulada de forma interesada desde que el mundo es mundo. Esto es lo que Chomsky define como “el arte de la manipulación histórica” entendido como: la vocación de maquinar planes que dirijan el curso de la historia de forma interesada. Uno de los planes encubiertos y conscientemente instaurados a través de las políticas neoliberales es la desinversión en la educación pública, favoreciendo con ello al sector privado. Esta desinversión va ligada a la idea de que la educación debe basarse simplemente en la transmisión de conocimientos y que debe centrarse exclusivamente en la formación académica del sujeto (y no en la formación integral del individuo y la sociedad).
Las políticas neoliberales promueven la desinversión en la educación pública para que no existen mecanismos de formación integral de los individuos y de la sociedad
Siguiendo este razonamiento no importaría quien desarrolle dicha acción educativa, pudiendo ser incluso privatizado el servicio. El caso madrileño es particularmente paradigmático, presentándose al mundo como “un modelo educativo caracterizado por la calidad y la libertad”. En este sentido, podemos encontrar diversas notas de prensa y comunicados en los que, según la Comunidad de Madrid: “se defiende la igualdad de oportunidades con la entrega de los cheques bachillerato”. De la misma forma, otras medidas similares son el mal llamado “cheque guardería” y la “libertad de elección de centro educativo”. De esta forma, la Comunidad de Madrid considera que su modelo educativo: “promueve una sociedad de personas libres e iguales construida desde la escuela, no con adoctrinamiento como hacen las izquierdas y los nacionalistas”. También el gobierno regional se muestra orgulloso su “récord histórico en becas” en las etapas anteriormente señaladas. Por último, en el ámbito de la educación superior la propia comunidad se mostraba orgullosa de su gestión en enero de 2024: “la Comunidad de Madrid invierte más de 73,5 millones para que las universidades públicas sigan mejorando su actividad educativa”.
De la situación anteriormente descrita por el gobierno regional, la ciudadanía podría interpretar (e interpreta en muchos casos) que el sistema educativo madrileño funciona de una forma idónea y que entre sus principales intereses está lograr la igualdad de oportunidades. Sin embargo, es preciso que incorporemos los dos últimos factores aportados por Chomsky para comprender las causas de los retrocesos de los sistemas educativos en las últimas décadas: “la democracia de mercado en el sistema neoliberal” y “la pedagogía de las mentiras”. Ambos factores operan de una forma entrelazada. En primer lugar, mediante la imposición de medidas neoliberales, caracterizadas por el favorecimiento del sistema educativo privado y concertado, disfrazadas como beneficiosas para la ciudadanía. En segundo lugar, transmitirlas a la población a través de mecanismos pedagógicos concretos cuyo eje central es la mentira o las “medias verdades”, pero comunicado a la ciudadanía de tal forma que pudiera parecer incluso democrático. Esta forma de operar lleva a una buena parte de la ciudadanía incluso a justificar estas decisiones políticas, percibiéndolas como legítimas.
Sin embargo, cuando confrontamos las medidas anteriormente citadas con los datos objetivos podemos encontrar evidencias que confrontan a esa “pedagogía de la mentira” de la que habla Chomsky. Según la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (Datos y Cifras de la Educación 2023-2024), casi la mitad de los centros educativos son de carácter no público (15.6% concertados y 29.4% privados) y solo el 55% tienen titularidad pública. Estas cifras son más graves aún si las analizamos por etapas, siendo las más afectadas la educación infantil y la educación superior (ambas no obligatorias, pero imprescindibles para la igualdad de oportunidades en la formación personal y profesional).
En la etapa de educación infantil, de los 1224 centros que ofrece la comunidad la titularidad solo es pública para 511 de sus centros, siendo de titularidad no pública el 58,25% restante (668 privados y 45 concertados). Solo en la ciudad de Madrid, el pasado curso quedaron fuera de las escuelas infantiles públicas el 78% de los solicitantes. La formación profesional (FP) es otra de las víctimas de la clara política de privatización, con una cantidad de profesorado y centros menor a la necesaria actualmente. Prueba de ello es que según denuncia CCOO, en el actual curso más de 48.000 estudiantes madrileños se han quedado sin plaza de FP, lo que supone un 52% de los solicitantes. El ámbito universitario no es ajeno tampoco a esta prioridad por privatizar la educación, contando con 6 universidades públicas cuya financiación es deficiente desde finales de la crisis de 2008 y con 13 de universidades privadas (acumulando los mismos campus privados que Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía juntas). Al analizar la situación de las universidades públicas madrileñas nos encontramos con la mayor brecha de inversión por estudiante entre los campus públicos y privados de toda España (Fundación Conocimiento y Desarrollo – Ministerio de Universidades, 2024): actualmente solo se invierten 6.005 € por alumno (siendo hasta el triple en las universidades privadas del entorno), cuando la media en las universidades públicas españolas está en los 8.091 €. Estos datos nos permiten concluir que se trata de una de las comunidades autónomas con una menor inversión por estudiante y paradigmáticamente con las tasas más altas de matriculación por estudiante).
La comunidad de Madrid es de las comunidades con menor inversión por estudiante
Se podrían aportar muchos más datos para “matar” el relato de la “pedagogía de la mentira”, pero estos son solo algunos de los hechos objetivos que nos ayudan a entender la situación actual del sistema educativo público en Madrid y España. Ante tales mecanismos políticos, usados frecuentemente para desmantelar la educación pública, es necesaria la búsqueda de una “pedagogía de la verdad” que ejerza la necesaria función de contrapoder. Esta pedagogía se ha de ejercer desde el ámbito educativo, pero sobre todo a través de la implicación sociopolítica de la ciudadanía y sus representantes políticos.
La pedagogía de la verdad se ha de ejercer desde el ámbito educativo a través de la implicación sociopolítica de la ciudadanía y sus representantes políticos
La “democracia de mercado del sistema neoliberal” de la que hablaba Chomsky está siendo aplicada con cada vez más frecuencia al sistema educativo: la privatización educativa a través de los centros concertados (muchos de ellos religiosos) y privados, el reparto de cheques para compensar las carencias de inversión en un sistema público que a todas luces no da respuesta a las necesidades actuales del alumnado y sus familias, la aprobación desde las comunidades autónomas de nuevos campus universitarios privados con informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria, entre otros. Todo ello atenta contra el derecho fundamental de acceso al sistema educativo público (en todas sus etapas), principal mecanismo democratizador y promotor del caído en desuso “ascensor social”.
Hace pocos días nos encontrábamos con una nueva decisión política sobre el ámbito educativo, esta vez por parte del gobierno central: “El Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educación concertada”. Se trata de una medida negativa que nuevamente va en la línea que hemos tratado en estos artículos y a la que debemos prestar mucha atención. Nuestro sistema educativo público cada vez se debilita más, siendo más frágil e incapaz de afrontar los desafíos actuales y futuros. La ciudadanía se construye a través de la educación, desarrollándose así las sociedades del futuro que darán respuesta a los problemas y retos que tenemos por delante.
La ampliación de fondos para la edcación concertada anunciada por el Gobierno es una medida negativa en tanto que debilita aún más la educación pública
La educación privada y/o concertada (con afiliación católica en muchos casos) parte de intereses económicos, políticos y socio-culturales diferentes a los que ha de perseguir una educación pública de calidad, esto es: laica, fundamentada en la búsqueda de la justicia social, la inclusión y la atención a la diversidad. Ello solo se puede conseguir a través de centros educativos públicos y no con la derivación constante y deliberada a centros concertados o privados a través de cheques y subvenciones que no hacen más que aumentar la brecha y segregación entre el alumnado.
La educación privada y concertada parte de intereres económicos, políticos y socio-culturales diferentes a los que ha de perseguir la educación pública
Las competencias educativas cedidas a las comunidades autónomas no deben impedir garantizar desde el Estado una educación pública de calidad en todo el país. Por tanto, urge garantizar el acceso, en igualdad de oportunidades, a la educación para que así sea posible contribuir desde el sistema público a todos los desafíos que las sociedades futuras afrontan. De lo contrario, en los próximos años podríamos retroceder en relación a los avances sociales y formativos conquistados en las últimas décadas.
*Las citas del texto han sido extraídas a partir de la traducción del título original: Chomsky, N. (2001). Chomsky on miseducation. Rowman & Littlefiel. Libro traducido (Gonzalo, G. Djembe, 2001): Chomsky, N. (2016). La (des) educación). Editorial Planeta.
Tribuna Socialista 
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