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Este 17 de marzo tuve la oportunidad de asistir a una charla-debate por video-conferencia, organizada por ASTRADE titulada “Luchando por la Sanidad Pública”. Resultó una charla muy interesante al contrastar las posturas de los dos ponentes con perfiles diferentes, un gestor de la Sanidad con una trayectoria en la Administración, y un sindicalista participante en la reciente entrevista con la ministra de Sanidad, Mónica García, en el marco de las reivindicaciones del movimiento vecinal de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

Se abrió la charla con las intervenciones de los dos ponentes: José Manuel Freire Campo es médico especialista en Neumología, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y ha sido consejero de Sanidad del Gobierno Vasco entre los años 1987/91. Por otro lado, Roberto Tornamira Sánchez es presidente de ASTRADE, miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública y ha sido secretario general de FeS-UGT-Madrid entre los años 2009/16.

Resumo brevemente cada una de las intervenciones:

José Manuel señala que la sanidad y las pensiones son los mejores servicios que tiene España. Ambos facilitan la cohesión social y la redistribución de la renta, y esto último es especialmente reseñable en los países que gozan de mejores servicios públicos. Sin embargo, apunta que un 40% de las familias tienen un seguro privado sanitario y lo achaca a que las clases medias perciben un progresivo deterioro de la sanidad pública debido a las listas de espera y a la mala gestión de camas, quirófanos, material y maltrato al personal sanitario con falta de estabilidad en el empleo, mal pagados o asignación errónea de los cargos directivos más políticos que profesionales. Para él la solución está en reparar la gobernanza sanitaria y meter más recursos, y concluye que España no tiene autoridad política en la sanidad.

Por su parte Roberto explica que el estado de bienestar es una conquista obtenida en pugna con el Estado, y que los servicios públicos son derechos pertenecientes a la clase trabajadora como parte de su salario. Sin embargo, los datos apuntan a que en España no se le da la misma importancia a los servicios públicos que a otras manifestaciones, y esto lo pone de manifiesto la OCDE en su informe del 2022: España gasta un 20% menos en sanidad que la media europea, incluso en la pandemia el crecimiento del presupuesto en sanidad ha sido menor. Para él luchar por la sanidad no puede quedarse en un eslogan. Hay dos problemas que aquejan a la Sanidad Pública, el recorte presupuestario y la privatización. Mientras que en Europa las pólizas sanitarias alcanzan a un 19%, en España estamos en el 26% de promedio, y que las inyecciones públicas por vía de conciertos ascendieron en 2021 a 7.265 millones de euros. De ahí la lucha que representa la campaña por la derogación de la ley 15/97 que abrió la posibilidad de contratar a “cualquier entidad jurídica reconocida en derecho”. Presentó un cuadro que recogía las listas de espera en España a 31 de diciembre de 2023: 4.619.168 personas (espera quirúrgica más consultas en el Sistema Nacional de Salud). Para Roberto la solución pasa por seguir defendiendo la Sanidad Pública en cada centro de salud, hospital, barrio o pueblo, organizar un movimiento que la defienda con partidos, sindicatos, asociaciones y colectivos con el objetivo de derogar las leyes estatales que abren el camino a las privatizaciones, y por supuesto incrementar el porcentaje de PIB en gasto sanitario.

Tras estas dos intervenciones se abrió un animado debate. José Manuel insistió en que el problema es de gestión y los partidos de izquierda estaban desinformados al pedir la derogación de la 15/97 pues el “modelo Alcira” es anterior a la misma.

Desde Euskadi un asistente señaló que la sanidad sí es una prioridad política, lo que sucede es que se destina al beneficio de la privada. No se puede decir que lo desconocen cuando 40.000 sanitarios públicos trabajan para la privada o cuando se subcontrata el servicio de ambulancias o cuando se recortan horarios en los centros de salud. Es cierto que la sanidad pública funciona mal pero no es desconocimiento, es complicidad.

Otro compañero señaló que lo privado está destinado a ganar dinero mientras la pública son funcionarios y el beneficio es social. En esta línea, otro indicó que la ley 15/97 es un instrumento político, igual que la ley del suelo que se aprobó con el mismo gobierno del segundo lustro de los 90, y que las consecuencias están ahí.

En resumen, ninguna intervención cuestionó los datos y quedó de manifiesto que la diferencia en el debate era que mientras José Manuel achacaba el deterioro de la Sanidad Pública a que hay una incompetencia general en la gestión y que cada uno hace la guerra por su cuenta, debido a que los políticos responden a presiones y que el verdadero problema son los seguros privados. Para Roberto el problema no está solo en horarios o en no contratar personal, la cuestión es el mercado, pues no es justificable que se deriven casi 8.000 millones a la privada y que haya 4,5 millones de pacientes en listas de espera.

Personalmente ya he dicho que me pareció una reunión muy interesante y clarificadora. La única inocente pregunta que tengo es si nos podemos permitir que el Sistema Nacional de Salud se siga deteriorando esperando que vengan mejores gestores o que podamos frenar los desvíos presupuestarios de las comunidades autónomas sin que se legisle para impedirlo o que si no luchamos nos harán caso.