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Todo tiene un límite, aunque parece que eso no se aplica en política y en particular no se aplica al Partido Popular (PP).

Apelando a la sabiduría popular, la del pueblo: “De aquellos polvos vienen estos lodos” o “Dime con quién andas y te diré quién eres”; son expresiones que sirven para apelar a la historia del partido político que ha heredado la ideología franquista, tras la larga noche dictatorial que este país sufrió durante cuarenta años. También sirve para calibrar los valores de un dirigente político que ha mantenido relaciones de amistad con un narcotraficante y que apoya su poder institucional en VOX, un pariente cercano en lo ideológico que pone sus servicios jurídicos a disposición de quienes atacan físicamente al presidente del Gobierno, con intención de linchamiento; son características del fascismo la indolencia ante la violencia y la fascinación por eliminar al contrario físicamente.

Son ya muchas las víctimas mortales que pesan sobre las decisiones tomadas por dirigentes del PP. Las personas y las organizaciones pueden equivocarse. Si el error es reiterado ya no es error, es una forma de hacer y pensar, en todo caso deben pagar las consecuencias de sus errores. Cuando un trabajador o trabajadora comete un error en el desempeño de sus funciones es despedida fulminantemente. En esto como en tantas otras cosas, se aplica la “ley del embudo”: lo ancho para lo institucional, lo estrecho para el pueblo.

El caso del PP es tremendo, pues no es que se hayan equivocado una vez, parece que cada vez que hay una catástrofe natural, o no natural, su implicación y sus decisiones siempre quedan impunes ante la ley y en las urnas. Su alergia a las leyes de memoria democrática es indicativa de que también quieren la impunidad ante la historia. Sin embargo, Los hechos se empeñan en dejar a este Partido en evidencia. Y no solo a este Partido, también al Estado, con todas sus instituciones, pues, se supone que las instituciones del Estado están para defender al pueblo y no para proteger a corruptos e irresponsables. Luego ponen cara de extrañeza cuando les reciben con pegotazos de barro.

Se supone que las instituciones del Estado están para defender al pueblo y no para proteger a corruptos e irresponsables

Hagamos memoria:

El 9 de enero de 1959 el pueblo de Ribadelago (Zamora), fue barrido por una tromba de agua, por la rotura de la presa de Vega de Tera. Fallecieron 144 personas de los 532 habitantes del pueblo -solo se recuperaron 28 cadáveres-. Quedó probado y demostrado en el juicio que se celebró cuatro años después, que el motivo estuvo en las graves deficiencias de la construcción de la presa y lo inadecuado de los materiales. Hidroeléctrica Moncabril -fusionada con Unión Fenosa tiempo después- fue condenada a pagar 19 millones de pesetas y un año de cárcel para el director gerente, dos ingenieros y un perito. A nadie de la Administración franquista se le pidieron explicaciones o responsabilidades. La sentencia fue recurrida y los condenados indultados por el Gobierno de Franco. El control férreo sobre los medios de comunicación silenció que el juicio fuese portada de los medios de la época.

En 1959, en Ribadelago (Zamora) fallecieron 144 personas tras la rotura de una presa. Los condenados fueron indultados por el Gobierno de Franco

El PP y muchos jueces que beben de la misma filosofía se rigen por el mismo “modus operandi”.

Nosotros y nosotras no olvidamos:

En noviembre de 2002 el petrolero Prestige, con 77.000 toneladas de fuel pesado, sufrió una tormenta frente “A Costa da Morte” y terminaría hundiéndose a 250 kilómetros del litoral gallego. El vertido afectó a toda la costa del Cantábrico, desde el norte de Portugal hasta las Landas francesas, afectando principalmente a las costas de Galicia. A las 15 horas del 13 de noviembre el capitán del Prestige emite la señal de alarma a los servicios de rescate españoles. Las autoridades españolas tardaron 24 horas en tomar la decisión de alejar el barco todo lo posible. Cinco días después, el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, pidió informes técnicos para valorar qué hacer con el barco; el 19 de noviembre el barco terminó partiéndose, hundiéndose y vertiendo toda la carga al agua. El Gobierno de Aznar solo reconocía un vertido de unas 3.000 toneladas -en el juicio se demostró que ya se habían vertido 54.000-. En esos días el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaraba que solo se trataba de “unos hilillos de plastilina. Fauna marina y avícola sufrieron el impacto. 7.000 familias, dependientes de 2.500 barcos, vieron como su sustento quedaba paralizado. Decenas de miles de trabajadores de la industria pesquera sufrieron los efectos de la mala gestión de la catástrofe.

Nadie asumió responsabilidades, a pesar de las masivas protestas tanto en Galicia como en el resto de los territorios del Estado. El que lideró el Gabinete de Crisis fue premiado con la candidatura a presidente del Gobierno en las elecciones de 2011.

En 2002, en el caso del Prestige, gestionado por Rajoy y Aznar, nadie asumió responsabilidades por la infame gestión del desastre ambiental

El 11 de marzo de 2004 Madrid sufrió el peor atentado terrorista de la historia de nuestro país; con 193 fallecidos en la cadena de explosiones. Por mucho que el PP lo intentó, poniendo todo el aparato de propaganda del Estado a su servicio y toda la desfachatez de la que son capaces, que es muy grande, el Gobierno de Aznar no pudo desligar este cruel atentado de la guerra de invasión de Irak, en la que nos involucraron a partir de la foto de las Azores; imagen en la que Tony Blair y Aznar posaban como lacayos de la Administración de George W. Bush (la foto fue tomada el 16 marzo de 2003, la operación militar comenzó el 20 de marzo).

Esta guerra basada en falsedades, por la que ninguno de los responsables políticos ha rendido cuentas ante la Justicia, hasta la fecha, se mantuvo activa entre 2003 y 2011 y, según la revista científica The Lancet, la cifra de muertos superó los 655.000, incluyendo centenares de miles de civiles.

Una semana antes de que el Gobierno de la Nación decretase el Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, desde el Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, comenzó a restringir la derivación de personas mayores de las residencias de Madrid a los hospitales, y en el mismo mes de marzo aprobó los protocolos de la vergüenza, por los que se prohibía el traslado a los hospitales de ancianos y ancianas enfermos de COVID. Una comisión de expertos y multidisciplinar, independiente del Gobierno de Ayuso, ha estimado que, de los 7291 fallecidos en las Residencias, más de 4.000 se hubiesen podido salvar; por el contrario, se les abandonó, literalmente, dejándoles morir agónicamente.

En marzo de 2020, Isabel Díaz Ayuso aprobó los protocolos de la vergüenza, por los que se prohibía el traslado a los hospitales de ancianos y ancianas enfermos de COVID. 7291 ancianos fallecieron agónicamente en las residencias

Podríamos recordar más catástrofes como el accidente del Yak-42 (mayo-2003), con 62 muertos, o el accidente del Metro de Valencia (julio-2006) con 43 muertos.

Demasiados muertos, demasiadas malas gestiones, como para atribuirlo a la mala suerte. Es el “modus operandi” de un Partido que está convencido de que siguen siendo los dueños del cortijo y que ellos no son responsables de las consecuencias de sus decisiones y/o de su inacción en la prevención de catástrofes, naturales o no.

Hace un mes de la DANA que arrasó Valencia, donde nadie duda que, de los 221 muertos y 5 desaparecidos hasta la fecha, muchos podrían haber salvado la vida si el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Mazón, hubiese dado la alarma a tiempo y no horas después, a destiempo, y si no hubiese desmantelado la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), y si desde hace años se hubiesen llevado a cabo las inversiones necesarias en infraestructuras, pero esas no son sus prioridades.

Como republicanos y republicanas que somos, no miramos para otro lado ante la actitud de La Corona, ante todos estos hechos y la que tuvo el 3 de octubre de 2017 frente al pueblo catalán por aspirar a decidir sobre su futuro. Fotos y buenas palabras (eso que llamamos pose) ante los desastres y los muertos, contundencia ante el riesgo de que le toquen el corral.

El pueblo ha estado una vez más en vanguardia, acudiendo en masa a ayudar a sus vecinos y vecinas, ante el abandono institucional, llenando las calles de Valencia el 9 de noviembre con una manifestación histórica en la que participaron 200.000 ciudadanos, y con otra el 23 de noviembre, lo que volverá a hacer el día 30, para exigir responsabilidades a las instituciones del Estado; en primer, lugar al Gobierno del PP que preside Mazón. Es un orgullo ver la respuesta del pueblo, sí, pero a su vez es lamentable no ver al frente de la movilización a todas las organizaciones políticas que se reclaman de izquierdas, en lugar de estar llamando a la “unidad del Estado” en torno a esas instituciones que tantas veces han fallado al pueblo trabajador, “unidad” que está siendo quebrada por la exigencia de responsabilidades y la movilización masiva del pueblo valenciano.

Comité de Redacción