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El golpe constitucional


Por Manuel Ruiz Robles

En la reciente Pascua Militar -una ceremonia anacrónica, que pone en evidencia el carácter militarista de la monarquía- el Rey ha alertado de la sensación creciente de amenaza en Europa y del riesgo de “desmantelamiento del vínculo” entre Europa y EE UU. También ha llamado a iniciar cuanto antes una verdadera “transición democrática” en Venezuela.

A mi parecer, se trata de una vergonzosa sumisión al poder del imperialismo, incluso a costa del derecho internacional, de la soberanía de la Unión Europea y de la dignidad del Estado. Una actitud incomprensible y políticamente reprobable tras los graves acontecimientos que han hecho saltar por los aires la famosa democracia americana (Tocqueville, 1805-1859), y con ello el derecho internacional.

Agresión militar a Venezuela y secuestro de su presidente

En los últimos días, la crisis desatada por la agresión militar de EE.UU. a la República Bolivariana de Venezuela, y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante incoherencia en el discurso oficial del Rey. Mientras que, en el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el monarca ha sido explícito en condenar la agresión como una “inaceptable” violación del derecho internacional y ha mostrado apoyo político y moral al pueblo ucraniano, en relación con Venezuela ha optado por el silencio o la ambigüedad.

El contraste es difícil de justificar. La invasión rusa de Ucrania ha sido denunciada repetidamente por Felipe VI como un ataque flagrante a la soberanía y a la integridad territorial de un Estado soberano; un enfoque que es conforme a la defensa del derecho internacional. Sin embargo, ante el ataque militar a Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, el Rey evitó mencionarlo directamente en su discurso de la Pascua Militar.

En lugar de condenar la violación de la soberanía venezolana por parte de EEUU, su mensaje se limitó a una vaga apelación al “orden global basado en normas” sin una condena explícita de una violación grave del derecho internacional contra Venezuela, un país hermano de América Latina.

Es preciso recordar que el propio Gobierno español -y no solo el Gobierno, sino también importantes actores de la política exterior- ha calificado la agresión militar a Venezuela como una violación del derecho internacional y un “precedente muy peligroso” que violenta la soberanía de los Estados. Con este antecedente, resulta legítimo preguntarse por qué el Jefe del Estado español, cuya función constitucional incluye representar a España, no ha expresado una condena pública equiparable a la que sí ha formulado contra la agresión rusa a Ucrania.

Este silencio o ambivalencia no solo genera confusión, sino que aplica un doble rasero diplomático: voz firme contra Rusia en Europa, pero cautela o temor ante una agresión militar de EEUU en América Latina, que también vulnera gravemente principios fundamentales del derecho internacional. La falta de una condena explícita va en detrimento de la coherencia que se exige a la figura representativa del Estado

La Unión Europea amenazada

En cuanto a Dinamarca, el Rey omitió también toda referencia explícita, subrayando únicamente la “sensación creciente de amenaza” en Europa -sin concretar a qué amenaza se refiere- en vez de condenar explícitamente la coerción y amenaza militar de EEUU contra la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN.

Si la defensa de la soberanía y del derecho internacional es un principio que debe guiar la acción del Estado español, entonces deben rechazarse con la misma contundencia todas las violaciones de esos principios, sin importar quién las cometa o en qué región del mundo ocurran. Solo así España puede aspirar a mantener una postura internacional verdaderamente consistente y respetuosa con los valores que dice defender.

La valentía del Gobierno y la ambigüedad del Rey

El contraste institucional es tan evidente como incomprensible. El Gobierno de coalición progresista y su Presidente, Pedro Sánchez, han mostrado una valentía política clara al defender -sin ambigüedades- la soberanía de un miembro de la UE y aliado, recordando que ninguna relación -ni siquiera con el Sr. Trump, comandante supremo de EEUU y por tanto de la OTAN- puede situarse por encima del derecho internacional y del respeto a la integridad territorial. Esa posición no es gratuita: implica asumir costes diplomáticos y tensiones con la potencia hegemónica. Precisamente por eso tiene valor político.

Además, es obvio que el Gobierno de coalición progresista está sostenido por un mayoría democrática en el Congreso de los Diputados, de lo contrario caería de inmediato.

Frente a ello, la actitud del Rey resulta oscura. Su silencio o su refugio en fórmulas genéricas, cuidadosamente desprovistas de contenido concreto, contrasta con la firmeza que sí ha mostrado en otros conflictos cuando el agresor no forma parte de la OTAN. Esa asimetría no es prudencia institucional: es renuncia a ejercer la función moral y simbólica que corresponde a la Jefatura del Estado cuando están en juego principios básicos del derecho internacional.

Mientras el Gobierno asume la responsabilidad de hablar claro, el Rey opta por no incomodar al todopoderoso Sr. Trump, aunque ello suponga dejar sin defensa explícita a Dinamarca, un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN. La valentía política consiste en sostener los principios incluso cuando resulta incómodo; es miedo paralizante lo que lleva a invocarlos solo cuando no tienen coste. En este caso, la diferencia entre ambas actitudes no podría ser más clara.

El “golpe constitucional”

Por si fuesen pocas las amenazas desde el exterior, el ataque sistemático desde el interior al Gobierno de coalición progresista, con especial intensidad a su presidente, no puede entenderse como una simple disputa partidista: es la expresión descarnada de las contradicciones de clases en el marco del capitalismo español.

Desde una perspectiva democrática, asistimos a la reacción furibunda de un bloque de poder oligárquico -financiero, mediático, judicial y empresarial- que ve amenazados, siquiera mínimamente, sus privilegios históricos. Los frentes “moderado” y ultra actúan al unísono, amplificando un discurso de deslegitimación permanente cuyo objetivo no es la crítica democrática, sino la demolición política de cualquier proyecto que cuestione el orden social conservador.

A este coro se suma, de forma reveladora, el reciente manifiesto de antiguos y destacados miembros del PSOE contra Pedro Sánchez. Lejos de representar una disidencia ideológica honesta, este gesto evidencia la función autoritaria de las viejas élites del régimen del 78, siempre dispuestas a reconducir al partido hacia la cómoda gestión del sistema, no a su transformación.

Se trata de una operación de restauración: forzar el regreso a un bipartidismo turnista, el regreso a la alternancia sin alternativa real, al modelo decimonónico de Cánovas y Sagasta adaptado al neoliberalismo contemporáneo.

El mensaje es claro: cualquier desviación, por tímida que sea, del consenso oligárquico del 78 será castigada. La ofensiva actual no defiende la democracia; defiende el poder de clase que la vacía de contenido.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de Navío de la Armada,

exmiembro de la UMD, miembro de la AMMD.

Ante la jauría de la derecha, más apoyo que nunca a este Gobierno

La jauría franquista lleva intentando derribar al gobierno desde el minuto uno de la legislatura. No es novedoso, la derecha española nunca ha soportado que gobierne un partido ajeno a su minoría privilegiada; les ocurrió en 1874 y en 1936. Al pensar que son los dueños de España no respeta a quienes no piensen como ellos.

La derecha española difiere de otras derechas europeas, pues estos no perdieron la guerra, sino que Franco murió en la cama y los pactos para la transición garantizaron el continuismo de las estructuras franquistas, aunque algunas cambiaran el nombre. Incluso el jefe del Estado continúa siendo el jefe de los tres ejércitos, gracias a las leyes de sucesión de 1947 y 1969.

Mientras que la izquierda parece haber olvidado el internacionalismo y que es incapaz de hacer la unidad sin menoscabo de las discrepancias, la derecha lleva años revitalizando y fomentando ámbitos de coordinación internacionales de los que emanan criterios, consignas y dinero; de ahí que la derecha extrema esté en pleno ascenso.

Los garantes de la “España, Una Grande y Libre”, enviaron a los conservadores aperturistas un mensaje de advertencia al inicio de la década de los 80; misiva que fue directa para Adolfo Suárez e indirecta a Felipe González, que estaba en perspectiva de gobernar -quizás algún día sepamos quienes fueron todos los golpistas y los actores intelectuales del 23F-.

Contra José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron límites propios de una distopía, todo para intentar tapar que los atentados de Atocha fueron consecuencia de la intervención de España en la Guerra de Irak, y, por supuesto, para deslegitimar al gobierno elegido en las urnas. Aun hoy continúan con la cantinela conspiranoica. Recientemente he sabido que la instrumental obsesión por ETA ya la usaba el franquismo: en 1960, tras el atentado en la estación de tren de Amara (San Sebastián) en el que murió la niña Begoña Urroz, con 20 meses de edad, el franquismo lo atribuyó a ETA, cuando en realidad fue obra del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).

Como decía al inicio, no es nueva la acción de la derecha, cuando está en la oposición, en no hacer oposición y sí acoso y derribo del gobierno: “el que pueda hacer que haga”. Lo que ha cambiado es la virulencia y la pluralidad de escuadrones que se han incorporado a la actividad.

Es cierto que el “Caso Koldo” y el último giro con la presunta jefatura de Santos Cerdán al frente de la trama, al Gobierno y al PSOE se le complican las cosas. Pero como señala la editorial de Tribuna Socialista nº 167: la corrupción está cronificada en España y si las instituciones del Estado estuviesen limpias, de arriba hacia abajo, la corrupción tendría mucha menos cabida. Esto es una constatación y no pretender ser una justificación de lo injustificable.

Que la derecha extrema y el fascismo están en alza en todo el mundo es tan cierto como que en cada país toma sus formas concretas, por lo que debemos preguntarnos qué hace el Gobierno actual para que la derecha esté tan alterada.

Perciben que con la ley de Amnistía se tambalea el sacrosanto criterio de la “España, Una, Grande y Libre”. Pues como nacionalistas hegemónicos que son, no soportan que en lugar de “Una” pueda ser “Plural”, idea que atenta contra una realidad que configura el Estado español desde aun antes de ser el Estado español. En mi opinión, por encima de la historia y la tradición, debe prevalecer la convivencia entre los pueblos.

Contra la “Ley de Amnistía” entró en liza el “escuadrón judicial de la derecha”, liderado por el juez Llarena en el Tribunal Supremo; alto Tribunal cooptado mayoritariamente por la derecha, gracias a los nombramientos que durante 9 años ha estado haciendo un CGPJ militante y a que la extracción social de quienes pueden opositar a la carrera judicial, fiscal, notario… es mayoritariamente de clase pudiente. No aceptan ni la sentencia del TC que dice que la Ley de Amnistía es constitucional.

La judicatura heredera del TOP, no solo ataca, también ejerce de parapeto de las corruptelas de la derecha, como es el grosero caso del delincuente fiscal y presunto testaferro de Díaz Ayuso, para lo que no han dudado en abrir una confrontación brutal contra la Fiscalía General del Estado. O como cuando el juez Hurtado ejerció desde la presidencia de la Sala de abogado defensor de M. Rajoy. No merece la pena hablar de la aberración judicial del Juez Peinado.

Que el gobierno, en su legítima competencia, quiera democratizar el acceso a las carreras de servicio público está suponiendo otra afrenta para la derecha, hasta el punto de que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga política para los días 1,2 y 3 de julio. Huelga que mantienen a pesar de que el CGPJ haya lanzado un comunicado invalidando la huelga. Para dejar claro que ellos son privilegiados, y que luchan por mantener sus privilegios de clase, las asociaciones de jueces y fiscales dicen que a ellos no se les puede detraer el dinero del salario por los días de huelga, como se le aplica a cualquier trabajador de nuestro país, y que a su huelga no se le pueden aplicar servicios mínimos, como ellos mismo validan desde sus salas judiciales contra las huelgas obreras.

El Gobierno tiene otros frente abiertos que no gustan a la derecha: cobra impuestos sobre beneficios a la banca y las empresas de la energía; pone condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, condiciones justificadas por la alta concentración bancaria; señala a las empresas de la energía, y a Red Eléctrica, por sus incumplimientos que provocaron el apagón del 28 de abril…

Que a nadie dude de cuál hubiese sido la actitud de Feijóo en la cumbre de la OTAN: tan servil y rastrera como la de Rutte. Recordemos el vasallaje baboso del ministro de Economía de Rajoy, el Sr. De Guindos, cuando informó al presidente de la Comisión Europea en 2012, Olli Rehn, diciéndole que la reforma laboral del Gobierno del PP iba a ser “extremadamente agresiva”.

A la derecha le dan igual los motivos, aunque unos les jodan más que otros. Por esto, el Gobierno debiera gobernar sin titubeos en función de la necesidades de la mayoría social: derogando los preceptos que aun están en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012; encargando la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que mandata la Ley 21/2021, para saber cuánto dinero le debe el Estado a la Caja de las Pensiones Públicas desde 1967; continuar con su posición de rechazo al incremento del gasto militar impuesto por Trump y aceptado servilmente por el resto de países de la OTAN; rompiendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel, a la vista de la complicidad programada de la Comisión Europea, etc.

A pesar todo, hay que apoyar al Gobierno, sin que eso signifique no discrepar. En ningún caso hay que adelantar elecciones, que solo llevarían a que la derecha gobernase, muy probablemente con el apoyo de un PSOE en manos de Felipe, Page y Cía.

Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-Madrid en la Agrupación de Arganzuela

Combatir el lawfare construyendo democracia desde la educación

En los últimos tiempos, la desinformación y las fakenews se han convertido en un problema importante para las democracias en el mundo. La situación se ha agravado particularmente desde la pandemia que vivimos por COVID-19, que supuso un cambio radical en la forma de entender y usar las redes sociales y los medios digitales.Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad se hable cada vez más de fenómenos,no reconocidos masivamente hasta hace unos años, como el “lawfare”. El término está conformado por “law” (ley) y “warfare” (guerra) empezando a usarse a finales del siglo XX, y teniendo tintes claramente militaristas. Según recoge la FundéuRAE, el término lawfare en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales «con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

En los tiempos actuales está teniendo una gran repercusión para la visibilización dellawfarela situación vivida porel presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestada a través de múltiples medios de comunicación que han difundido informaciones poco contrastadas e incluso intencionadamente falsas. Sin embargo, esta situación no es excepcional ni tampoco limitada al contexto español. Han sido numerosos los líderes y formaciones políticas progresistas que han sido vilipendiadas por parte de los organismos judiciales y determinados medios digitales, con el posterior archivo de las causas en todos los casos. Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, Isabel Serra, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Antonio Rodrigo Torrijos yÓscar Reina. Son solo algunos de los nombresque han sufrido lawfare, probablemente por el único motivo de formar parte de fuerzas como Compromís, Comuns, Podemos, Izquierda Unidao el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las democracias liberales vivieron su auge desde los años 60 del pasado siglo XX, sorteando múltiples crisis y sufriendo un deterioro notable en los últimos años en toda Europa. El Estado del Bienestar se tambalea, muchos derechos básicos recogidos en la Constitución no se cumplen, el empleo para los más jóvenes no es de una calidad suficiente ni merecida y los mecanismos de justicia social de los Estados cada vez tienen menos margen en el ámbito redistributivo. En este contexto, los discursos de extrema derecha se han sentido cada vez más legitimados cambiando el sentido común en torno a los valores democráticos.

En este momento y en base al contexto descrito, es imprescindible que comencemos a reivindicar el valor de la educación en dos de sus vertientes: como arma para combatir las fakenews y la desinformación, pero también como principal mecanismo para la construcción y el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. La educación debe ser uno de los pilares másrelevantes para la formación mediática de la infancia y de los jóveneshacia el desarrollo de un pensamiento crítico y la detección de las informaciones falsas. Es imprescindible el desarrollo de competencias digitales entre los más jóvenes, pero también de compromiso cívico y democrático. Las generaciones de “nativos digitales” (personas que han nacido en la era digital, en lugar de haber adquirido familiaridad con los sistemas digitales como adultos) acceden cotidianamente a informaciones con apariencia de “neutralidad” y que como sabemos siempre tienen detrás importantes intereses económicos y/o políticos.Los sistemas educativos han de fortalecer sus centros públicos y comprender que además de transmitir conocimientos académicos, está en juego que lasfuturas generaciones adquieran competencias para convivir en un entorno de consumo volátil de la información que les empuja a pensar rápido, sin diálogo y sin reflexión.

Para afrontar este gran desafío, la educación para el siglo XXI deberá transformarse de forma íntegra. Por un lado, el profesorado ha de formarse al respecto y los planes formativos iniciales y permanentes deben incluir esta temática como un eje docente central. Por otro lado, las familias también deberán formarse, a través de la propia educación pública, para comprender el alcance del desafío que estamos afrontando. Para todo ello es imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a las instituciones educativas públicas.En este sentido, ya existen herramientas y profesionales que están trabajando en esta dirección: “Educar en el aula sobre fakenews” o “Con las fakenews no se juega”. Se trata de dos títulos diseñados por Jacqueline Sánchez y Enrique Martínez, que han editado sendos manuales con los que acercan a menores y docentes el concepto de las fakenews, su identificación y como defenderse de ellas.

Cada día que pasa se hace más prioritario que la educación pueda contribuira construir un nuevo modelo social para el futuro, en el cual se ponga en valor el papel de la ciudadanía para reivindicar y sostener los valores democráticos, de progreso y justicia social.Todo ello es incompatible con ciertas prácticas y dinámicas que han ido penetrando en el ámbito político, mediático y judicial, afectando a la convivencia, la opinión y el ejercicio de la ciudadanía en toda su plenitud. El lawfare ejercido sobre grandes líderes pertenecientes a ciertas formaciones políticas es un síntoma grave, pero que solo representa la “punta del iceberg” de un gran deterioro de las democracias liberales.Recientemente,tras las elecciones al Parlamento Europeo hemos acudido a otro alarmante hecho, evidenciándose que un “grupo elector” puede obtener 800.000 votos en nuestro país basando su discurso en la desinformación y el populismo ultraderechista más conspiranoico (valiéndose de unos aparentemente inofensivos canales de Telegram, Youtube y perfiles en otras redes sociales). Precisamente son estos canales de transmisión de contenidos, aparentemente independientes, los que más repercusión tienen en la socialización y adquisición de ideas por parte de los más jóvenes. Los nuevos y cada vez mayores desafíos y amenazas a la democracia, requieren de una educación pública que promueva en las futuras generaciones competencias cívicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Miguel Ángel Albalá Genol.
Doctor en Educación y profesor de Universidad.

Llamarlo como queráis, pero es “Lawfare”

Uno de los poderes del Estado se muestra contemplativo ante un caso de “law fare”, de esos que se dicen “de libro”. Un juez más, y ya son muchos, demasiados, irrumpe en la escena política para incidir en los resultados de unas elecciones. Es tan burda la maniobra que parece mentira, pero es tristemente cierto.

El problema sería anecdótico si la evidencia de la existencia de una fracción de la derechona añorante del franquismo dentro de las instituciones del Estado no fue tan patente y con tantos antecedentes. El problema de la indecencia filofascista que no ha salido des las instituciones es que sus actos tienen consecuencias irreparables.

Los casos de Mónica Oltra en País Valenciano, el de Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados, el de los acusados de terrorismo por una pelea de bar en Alsasua, la policía patriótica actuando al servicio del PP, el juez García Castellón acusando de terrorismo a políticos catalanes…El listado de casos y hechos sería largo de relatar.

En su desesperación, la derecha política, mediática y judicial acude a lo que ya se ha visto en otros países, siempre con la misma pauta: denuncia falsa que es admitida por un juez y secundada por la correspondiente campaña política. El último caso que hemos visto de cerca fue en Portugal, contra Antonio Costa en otoño del año pasado.

Ahora el objetivo es el presidente del Gobierno, pues lo que no son capaces de conseguir en las urnas están dispuestos a alcanzarlo con el método que la extrema derecha viene implementando por el mundo.

Es la prueba de que la derecha heredera del franquismo: PP, VOX y los rescoldos de C´s, no están dispuestos a que este país pueda vivir en paz y libertad, por eso se empeñan en la confrontación y la exclusión, de ahí que hiperventilen ante la Ley de Amnistía o la Ley de Memoria Democrática.

Esta situación pone en evidencia que la transición no resolvió el problema de la dictadura. Ahora que se cumple el 80 aniversario del desembarco de Normandía, conviene recordar que los aliados aplicaron en Alemania una desnazificación, pero en España no se aplicó una depuración franquista. Por el contrario, se alentó que las estructuras institucionales de la dictadura continuasen vivas, con simples cambios de nombres, es el caso del TOP, cuyos muchos de sus magistrados pasaron a formar parte de la Audiencia nacional y del Tribunal Supremo, y claro, eso deja escuela, y de aquellos polvos estas ciénagas. De la misma manera que ministros franquistas se pusieron un traje de demócrata y constitucional y se dedicaron a constituir partidos que hoy acosan al gobierno.

Esta maniobra torticera, que irrumpe en plena campaña electoral, es un ataque frontal a la democracia y a las libertades. Una afrenta que debería ser contestada con una gran movilización ciudadana organizada y promovida por las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Movilización que debería ir acompañada con decisiones políticas claras, como la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la Ley 15/97 que permite y anima a la privatización de la Sanidad Pública, la puesta en marcha de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social tal como está recogido en la Ley 21/2021, la puesta en marcha de políticas contundentes para intervenir en el mercado de la vivienda, y toda una serie de necesidades de la mayoría social que debería abordar con valentía el gobierno de colación progresista actual.

El mensaje más eficaz contra la extra derecha y sus distintas versiones es la movilización y la toma de decisiones políticas en favor de la mayoría.

El Comité de Redacción
9 de junio de 2024