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Carmen López Llorente es portavoz de Marea de Residencias, miembro de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familias (ADEMAF) e hija de víctima en una de las residencias de Madrid.

Pregunta: El número 7291 es un icono en las redes sociales ¿Qué sentimientos te produce cuando lo ves?

Lo veo más un símbolo que una realidad, creo que la cifra fue muy superior. Siempre intento imaginar, más allá de las cifras, a las personas. Tras leer los testimonios de cientos de familiares de víctimas, te puedo asegurar que detrás de cada cifra hay un verdadero drama.

Pregunta: ¿Desde cuándo lleváis organizadas las familias de los y las residentes en las Residencias de mayores?

Personalmente me uní a una plataforma de familiares en la primera residencia que habitó mi madre, en junio de 2.015. Posteriormente en las plataformas de otras dos residencias. Ademaf se fundó en 2018 y Marea de Residencias en septiembre de 2019.

Pregunta: A principios de marzo compareciste ante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ¿Cómo te fue, qué conclusiones sacaste de esa experiencia?

Pues el primer intento de amordazarme, para que no pudiera recordar la gestión criminal de la pandemia en Madrid, no dio resultado. Posteriormente, durante la patética intervención de la diputada del PP, se me insultó y fui acusada de “retorcer el dolor”, absolutamente ridículo. Fue muy desagradable, tuve que hacer de tripas corazón para intentar responder a algo tan absurdo.

Pregunta: Casi 10.000 residentes en Residencias de la Comunidad que gobierna Díaz Ayuso fallecieron por COVID-19, pero denunciáis que a 7291 se les impidió acudir a ser atendidos en sus hospitales de referencia ¿Por qué a ellos y ellas se les negó la asistencia hospitalaria y al resto no?

9.468 personas fallecieron en solo dos meses (marzo y abril de 2.020). Es obvio, analizando los datos facilitados por el Portal de Transparencia de la propia Comunidad de Madrid, que a partir del día 7 de marzo, con el aumento del pico de contagios, descendieron drásticamente las derivaciones a hospitales desde las residencias. Esto fue motivado por decisiones políticas que más tarde se plasmaron en documentos firmados por el Director de Coordinación Sociosanitaria en los famosos “Protocolos de la Vergüenza ”.

Se creó la figura del geriatra de enlace para frenar las derivaciones desde las residencias de personas que tuvieran una situación de dependencia, aplicando los mencionados protocolos entre el 7 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. En cuanto a la cifra de 2.177 personas que fallecieron en hospitales durante esas fechas, fue porque hubo residencias que consiguieron derivar a algunos residentes con un grado de dependencia moderado y a partir de mediados de abril empezaron a permitirse las derivaciones desde las residencias. Entretanto las personas que tenían seguro privado no tuvieron problema en ser atendidos en hospitales.

Pregunta: El Gobierno de Ayuso se niega a hacer públicas las actas que levantó la policía municipal de sus inspecciones o visitas a las residencias madrileñas en aquellos meses de pandemia de 2020 ¿Es el contenido de esas actas un fiel reflejo de la situación que sufrieron vuestros familiares y de en qué circunstancias fallecieron?

Así es. Esas actas son documentos oficiales donde se plasmaron con bastante fidelidad los horrores que se vivieron en muchas residencias.

Pregunta: Evidentemente, a las víctimas las mató el virus, pero ¿qué responsabilidades reclamáis en los juzgados y a la fiscalía, para los dirigentes políticos, con Ayuso a la cabeza?

Las víctimas murieron porque se les negó el derecho a una asistencia sanitaria, tuvieran Covid o cualquier otra enfermedad. Al negarles su derecho a la salud mediante unas decisiones políticas, no médicas, les abocaron irremediablemente a una muerte indigna y cruel.

Pregunta: ¿Cuál es la situación judicial de las querellas y demandas interpuestas por las familias de las víctimas? ¿Qué juzgados han abierto causas o investigaciones?

Hemos impulsado más de 300 querellas en los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. Los jueces de los distintos juzgados han actuado de manera diversas, en algún caso con sobreseimiento sin diligencias, en otros con archivo tras alguna diligencia y algún juzgado aún no ha resuelto. En cualquier caso, tras el archivo del juzgado de instrucción el procedimiento es interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (AP), si ésta también archivase, cabe la vía del recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), siempre que la persona querellante quiera continuar por esa vía. Actualmente hay 65 querellas en el TC, 3 autos de la AP que estima nuestro recurso y solicita al juzgado reserva diligencias de investigación y algunos más de 100 que siguen pendientes de resolución por parte de los juzgados de instrucción.

Pregunta: Hace unos meses intervinisteis ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ¿Qué solicitasteis y qué os ha aportado la UE?

Solicitamos principalmente una misión de Eurodiputados a España para investigar la gestión de las residencias de Madrid durante la pandemia y la situación actual. Conseguimos, tras una sesión “infartante”, que la petición permanezca abierta, a pesar del insistente empezó de Dolors Montserrat de cerrarla. No obstante, ya nos advirtió ella que todas las misiones de 2023 se habían adjudicado ya y que en 2024 no se iban a realizar por ser año de elecciones.

Pregunta: Por último, ¿qué esperáis de la justicia y qué repararía el legítimo dolor de las familias que perdisteis a vuestros seres queridos en aquellas dolorosas circunstancias?

Esperamos que la justicia funcione. No vamos a tirar la toalla, mientras haya un resquicio de esperanza seguiremos buscando justicia porque es lo único que nos puede traer cierta reparación a las familias y a la sociedad.

La impunidad, la falta de autocrítica necesariamente nos aboca a repetir los errores del pasado.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista