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La respuesta parece sencilla, una educación de calidad. Ahora bien, qué entendemos por una educación de calidad. La respuesta ya no es tan fácil.

Desde la izquierda, que se alimenta de los valores republicanos, una educación de calidad debe tener un alto valor académico y comunicar una serie valores transversales esenciales para la convivencia en la sociedad, como laicidad, igualdad, ausencia de discriminación por razones de raza, creencia o definición sexual, etc. También debe estar exenta de segregación por razones socioeconómicas, para facilitar la promoción e inserción del alumnado en el mundo laboral en función de sus intereses y capacidades. Este planteamiento de calidad educativa sólo es posible desde la Escuela Pública, aquella que es financiada por fondos públicos, la que se plantea como un derecho civil para toda la ciudadanía sin excepciones desde el nacimiento hasta la muerte y no como una empresa mercantil.

Evidentemente, la enseñanza privada, en todas sus versiones, no cubre esta pretensión a nivel global. Un centro privado es una empresa con ánimo de lucro y, por tanto, repercutirá en sus clientes, el alumnado y sus familias, los costos del proceso educativo más su margen de explotación comercial hasta el límite que sus economías permitan, ya que el lucro no tiene límite en una economía libre de mercado. Este hecho no tiene por qué, en principio, bajar la calidad de la educación, pero garantiza que sea accesible a aquella ciudadanía que pueda pagarla; por tanto, garantiza la segregación en el sistema y no el ejercicio del derecho a la educación. La Comunidad de Madrid, lugar donde más ha crecido la privatización educativa en toda España, es un ejemplo de ello como ha alertado UNICEF recientemente y el estudio elaborado por SavetheChildreny Esade en 2021, donde aparece como la segunda región con más discriminación económica educativa, tras Turquía, en toda la OCDE. Este estudio vino a corroborar otro realizado por la UAM en 2018, en el que la Comunidad de Madrid salió como subcampeona en segregación de la UE tras Hungría.

Indudablemente, en una democracia liberal, es implanteable limitar la libertad de empresa, pero lo que sí se puede hacer es que los recursos económicos del estado solo se empleen en la lucha contra las desigualdades y en garantizar los derechos constitucionales, como el derecho a la educación, evitando que, bajo cualquier subterfugio, acaben convertidos en beneficios empresariales. La enseñanza privada tiene su espacio en una economía de libre mercado, pero no debe ser financiada por recursos públicos. El hecho de hacerlo nos lleva al absurdo de que la ciudadanía con limitados recursos económicos estaría financiando, vía impuestos, servicios a los que ella misma no puede acceder. Es el Robin Hood neocon: robar a los pobres para dárselo a los ricos.

Este modelo perverso está funcionando activamente en la sociedad española, creando segregación y marginando población escolar. El primer mecanismo para ello es el concierto educativo, en el cual las diferentes administraciones financian la enseñanza de los niveles obligatorios para garantizar su gratuidad, algo que se vio truncado en origen por el establecimiento por parte de los centros de mensualidades como “aportaciones voluntarias” y servicios adicionales: comedor, refuerzos, actividades deportivas, uniformes, psicólogo, etc. Este pago es la vía de segregación, ya que quien no puede pagar por todo ello es rechazado en estos centros. La cuota base promedio es de 122,44€/mes, 129,1€/mes en Madrid, y la cobran el 87% de los mismos, según la 8ª Ed. 2023-2024 del Estudio de Cuotas de CICAE y CEAPA. Esta realidad ha estado vigente desde la creación del modelo por la LODE en 1985. El propio Felipe González incluyó en 2011, en un mitin en L’Hospitalet de Llobregat, el modelo de concierto educativo entre uno de los errores de su gobierno.

Otra vía de financiación es la cesión prácticamente gratuita de terrenos dotacionales de los nuevos barrios (PAUs) para la construcción de centros privados, especialmente para centros concertados, que comienzan a funcionar mucho antes de que los públicos sean construidos, para así orientar las demanda hacia ellos. Esta financiación dotacional encubierta es máxima en el nivel de Educación Infantil 0-3 años, donde el modelo que más se está implementando es el de la gestión indirecta. En estos centros se entrega una parcela con su edificio escolar íntegro a una empresa mercantil para gestionar la escuela. En la práctica funciona igual que un centro concertado, salvo por el hecho de que la enseñanza no es gratuita y tiene unas mensualidades fijadas por la administración competente, lo cual no implica la ausencia de cuotas voluntarias. Sorprende ver cómo incluso los gobiernos de “izquierda” también se han lanzado a este modelo de la derecha. Durante la gestión de Manuela Carmena todas las escuelas infantiles construidas en Madrid fueron bajo este modelo.

Este modelo de financiación encubierto del beneficio empresarial se está extendiendo a niveles no concertados como la Formación Profesional o el Bachillerato en los centros privados mediante becas. Cuando nos hablen del incremento dotacional para becas debemos pensar que en su mayor parten no benefician al alumnado sino a la empresa privada que matriculará al mismo. Cuando hay escasez intencionada de oferta pública la oferta de becas es simplemente un mecanismo de privatización del sistema educativo. Las becas solo tienen sentido para los estudios universitarios en las universidades públicas y en función del nivel económico de las familias. En niveles educativos que son gratuitos en la pública, como el Bachillerato, o que lo fueron hasta hace nada, como las enseñanzas profesionales, las becas significan privatización y segregación.

El apoyo económico al alumnado para el estudio en los centros privados solo sirve para incrementar la clientela de los mismos y por tanto de los beneficios de su sociedad mercantil, ya que de lo contrario sería mucho mayor el porcentaje de este alumnado que no podría acceder a ellos.

Es normal que las patronales de la enseñanza privada concertada y sus asociaciones afines defiendan este modelo. No en vano las subvenciones públicas para estos centros han superado ya 7.000.000.000€/año y las cuotas percibidas de las familias superan los 5.000.000.000€/año. Pero el problema es que esta vía de lucro y segregación se pretende garantizar permanentemente a través de un “pacto educativo”. Cuando la derecha habla de este pacto, lo que no dice es que solo le importa que se le garantice una inversión total que supera los 12.000.000.000€/año.

El devenir de las leyes educativas en España desde la llegada del PSOE al poder en 1978 son la prueba fehaciente de ello. La única gran ley educativa es la LOGSE, de 1990, que ha sido modificada por la LOE en 2006 y la LOMLOE en 2020. Ambas modificaciones provienen del mecanismo jurídico para la reversión de los intentos del PP en acelerar los procesos de segregación y privatización del sistema educativo a través de sus leyes: la LOCE en 2002 y LOMCE en 2013. Ahí radica el problema del pacto. La derecha reaccionaria no habla de educación, habla de dinero para las sociedades mercantiles educativas, ya que el resto de las fuerzas políticas siempre pactaron. De hecho, LOGSE, LOE y LOMLOE fueron pactadas por todos menos por el PP. La LOCE y la LOMCE las promovió el PP contra todos los demás. Es más, en este momento la coalición que apoya al gobierno es la misma que pactó esas leyes, los demócratas frente a la reacción heredera de la dictadura.

La izquierda española debe de decidir claramente hacia dónde quiere ir no se puede contentar a todos y si quiere gobernar debe hacerlo para la clase trabajadora, y el socialismo es el instrumento para su emancipación como decía Pablo Iglesias Posse, la Tercera Vía de Tony Blair es un cadáver y el neoliberalismo un suicidio colectivo.