Manifestación en defensa de la Educación Pública

La verdadera izquierda está en las calles

Una nueva gran manifestación ha recorrido las calles de Madrid el día 24, esta vez en defensa de la Educación pública. El día 9 de este mes de febrero las calles se llenaron para reivindicar que se cumpla el derecho a vivienda establecido en la Constitución. En los últimos años hemos visto macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública. Y periódicamente miles de personas se movilizan en defensa de las Pensiones Públicas.

El asociacionismo en colectivos, plataformas y espacios, apoyados en las luchas vecinales se han hecho cargo de la defensa de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, son la verdadera izquierda, en ausencia de los partidos tradicionales y los sindicatos de clase.

El ánimo para salir a las calles a reivindicar y defender derechos va más allá de los servicios públicos, sobre los que se está nucleando un movimiento sin dirección política, por el momento. En los últimos 17 meses han sido muchas las manifestaciones para rechazar el Genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Así mismo, las asociaciones de familiares de víctimas se movilizan para exigir responsabilidades a gobiernos autónomos como el de Madrid o Valencia, por las 7291 muertes en las residencias en los años de pandemia o por las habidas en la DANA en octubre del pasado año.

El hecho de que algunas de estas competencias, en todo o en parte, estén transferidas a las comunidades autónomas hace que la movilización no tome carácter estatal. Sin embargo, no es descartable que se tienda a la estatalización de estos movimientos, pues no es entendible que el problema del deterioro, incluso el desmantelamiento, de los servicios públicos esté troceado cuando en mayor o menor medida el problema existe en todas las comunidades autónomas.

No solo es que la privatización y la insuficiente financiación de la Sanidad o la Educación se den en toto el Estado, es que son leyes estatales, como la Ley 15/97, las que permiten y facilitan la privatización; en este caso de la Sanidad Pública.

El papel de las instituciones autonómicas ante los desastres naturales ha sido desastroso, incluso criminal, pues pudiendo haber evitado muertes las han provocado con sus decisiones, en el caso de Madrid, y sus indecisiones, en el caso de Valencia. Son hechos a los que no están ajenos los demás pueblos del Estado español.

La situación de la Comunidad de Madrid es especialmente grave, dada la acción de Gobierno ideológica ultraliberal del PP en esta Comunidad, pero que más allá de las formas aplican en todas las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan.

  • El estrangulamiento económico de las universidades públicas es evidente y grosero.
  • El Gobierno de Madrid ataca permanentemente a la enseñanza pública en un descarado apoyo institucional a la educación privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia segregacionista.
  • Las tasas de matriculación son cada día más altas y los presupuestos para becas cada vez menores. Dando como resultado que las familias trabajadoras comienzan a verse excluidas de la enseñanza superior.
  • Los estudiantes de la FP pública se ven en desventaja frente a los alumnos de la privada a la hora de realizar las obligatorias prácticas.
  • Las malas condiciones de trabajo están expulsando a los profesionales sanitarios de esta comunidad. Del mismo modo que la carga burocrática está asfixiando al profesorado.
  • Las listas de espera y el déficit de pediatras están deteriorando la red de Atención Primaria.

Estas reivindicaciones no pueden ser olas que llegan a los partidos al calor de las manifestaciones multitudinarias. En los hechos, las instituciones están negando derechos que están establecidos en la Constitución que nos dicen que hay que respetar, pero que las instituciones mismas incumplen.

Es inexplicable que los sindicatos de clase no estén volcados en convocar y organizar estas movilizaciones, pues ser una organización de clase es luchar por el derecho del trabajador a una sanidad, a una vivienda digna, a la educación…además de por los derechos laborales y salariales. No estar en estas luchas les reduce a meros sindicatos que prestan servicios de asesoría y negociación.

¡Cuidado! Con la exigencia de la OTAN, a las órdenes de Trump, de elevar sustancialmente los presupuestos en Defensa, pues lo que se aumente en gasto militar será detraído del en servicios públicos; otra excusa para el fomento de la privatización.

Por mucho que se autodenominen de izquierdas, el movimiento se demuestra andado y hoy, el movimiento está en la calle.

Cada día estamos más huérfanos de partidos y sindicatos que defiendan los derechos de la mayoría social.

Pascual Sánchez Pérez
Militante socialista de Madrid

Manifestación contra el Genocidio en Gaza. 18 de enero de 2025


La primera del año, pero no será la última

Con un título similar se publicó un artículo en el número de diciembre de Tribuna Socialista, en relación la manifestación del 15 de diciembre contra el Genocidio. Hoy hay que celebrar la tregua que ha comenzado el 19 de enero, tras 15 meses de asedio y masacre en Gaza.

Una celebración con relativa tristeza, pues se cumple una de las exigencias que, quienes llevamos muchos meses manifestándonos, veníamos exigiendo. Y digo que con relativa tristeza porque una vez dada la bienvenida al alto el fuego, tenemos que continuar exigiendo el alto definitivo a este genocidio y que los crímenes de guerra no queden impunes.

Es encomiable la resistencia de los y las gazaties. Casi 47.000 muertos -en su mayoría mujeres, niños y niñas-, 110.000 heridos, 12.000 desaparecidos -muy probablemente muertos bajo los escombros y disueltos por el impacto directo de las bombas israelíes-, y 2 millones de desplazados -en una extensión de 360 Km2, similar a la extensión del municipio de Málaga, por ejemplo-. A pesar de esta locura, de la falta de alimentos, del frío del invierno, de la destrucción de los hospitales… a pesar de todo continúan defendiendo su territorio, un territorio ocupado por Israel desde 1947 con el apoyo de la llamada “comunidad internacional”, de la que no me siento parte.

La alegría por el alto el fuego viene paliada también porque en paralelo al anuncio de tregua ha comenzado a incrementarse la agresión en Cisjordania; como si el Gobierno de Israel hubiese decidido iniciar la masacre en esta otra zona de Palestina. Es decir, que tanto Trump como Biden se apuntan el mérito de una tregua, que no el final del exterminio en Gaza, para dar continuidad a su complicidad con el Estado sionista, solo que en otro lugar.

La humanidad no merece tal nombre si asume e interioriza que una nación, impuesta, ocupe y asesine a otra nación desde hace tres 76 años. Una ocupación y un crimen del que son cómplices, por activa o por pasiva, los gobiernos del resto de países. Es una indecencia mantener relaciones diplomáticas con un Estado criminal de masas: ¿mantendríamos hoy relaciones diplomáticas con la Alemania de Hitler?

En el horizonte temporal solo se ve más barbarie de la que ya hemos visto. Por eso, la movilización debe continuar e incrementarse. El silencio, ignorar el problema y la inacción nos hace cómplices, y no solo con vale con gestos. El gobierno tiene en su mano llevar al Parlamento la ruptura total de relaciones con Israel. Las organizaciones de la izquierda, políticas y sindicales, tienen la responsabilidad de llevar a cabo y organizar la movilización en unidad, contra el Genocidio.

Pascual Sánchez
Militante Socialista

No son muertes, son asesinatos

7291 ancianos y ancianas de las residencias de Madrid fueron abandonados a una muerte agónica, sin darles la más mínima oportunidad de vivir. Enfermaron de COVID-19, como muchos otros millones de personas en el mundo, pero a ellos les aplicaron los protocolos de la vergüenza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid jugó a decidir quién vive y quién muere, ella y su Gobierno aprobaron los protocolos que mandataban a las y los directores de las residencias a prohibir que los ancianos enfermados fuesen derivados a los hospitales públicos ¿con qué derecho?

El artículo 43.1 de la Constitución dice literalmente que “Se reconoce el derecho a la protección de la Salud”. Negar la atención hospitalaria es justamente lo contrario a proteger la Salud.

El 43. 2 establece que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. El Gobierno de Ayuso no solo no previno, sino que negó la prestación de los servicios necesarios.

Hay causas abiertas en juzgados de primera instancia, otras en tribunales superiores y un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, desde hace dos años. Algunos juzgados y fiscales de Madrid han protegido a la señora Ayuso, archivando las denuncias en lugar de abrir causa sobre una aberración tan evidente, debe ser que los demandantes son familiares de las víctimas y no organizaciones fascistas.

Por si la vulneración de la Constitución en su Artº 43 fuese insuficiente, a las 7291 víctimas de las Residencias se les empujó a una muerte atroz: muchos y muchas murieron en los sótanos y salas apartadas de los centros en los que residían, donde los bomberos, la UME y/o la policía municipal les encontrón con rictus de terror agarrados a los barrotes de sus camas, habían muerto por asfixia y sin ninguna medida paliativa. Léanse las actas de la policía municipal, las que quiso secuestrar el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ninguna institución del Estado ha salido en defensa de estas 7291 familias. Tampoco los grandes medios de comunicación les han brindado demasiada audiencia.

Como muy bien señalaban los cánticos los más de 10.000 manifestantes que en la mañana del sábado día 23 salieron a las calles de Madrid, entre la plaza de la Cibeles y la Puerta de Sol, “No son muertes, son asesinatos”. Es un crimen negar el auxilio, en este caso la atención médica hospitalaria. Pero tenemos a la “zorra guardando las gallinas”. La señora Ayuso se siente tan impune, gracias al burladero que le ofrece la fracción de la derecha en la ¿Justicia? y por el coro mediático conservador, que se permite insultar a las familias de las víctimas propinándoles expresiones tan execrables como cuando dijo “Se iban a morir igual”.

Las instituciones se protegen entre sí, y ya son muchas las víctimas que se han producido en nuestro país como para que no digamos basta ya. En estos días lo estamos viendo en Valencia, donde ya son 221 muertos y cabe preguntarse ¿cuántas personas habrían salvado la vida sin el gobierno de la Generalitat hubiese dado la alarma a la 3 de la tarde y no a las 8, por estar esperando a que apareciese el presidente de ese Gobierno, el Sr. Mazón. En el caso de la Residencia de Madrid si se ha establecido cuantas personas podrían haber salvado la vida: más de 4.000, es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Comisión de la Verdad en las Residencias de Madrid, compuesta por juristas, médicos y epidemiólogos, entre otras disciplinas, todos ellos y ellas de reconocido prestigio.

Es llamativo, muy llamativo, que la Universidad Complutense de Madrid le concediese el título de “alumna ilustre”. Solo me cabe pensar que fue un acto reflejo de la cúpula universitaria para agradecer a la presidenta pepera que les mantenga el chollo de viviendas de hasta 250 m2 en una zona de lujo en Madrid, en Moncloa, con rentas que no superan los 215 €; una verdadera vergüenza, máxime en una situación en la que millones de jóvenes en nuestro país no pueden salir de la casa de sus padres y que la única alternativa que les queda es compartir piso, vivir en una habitación minúscula y pagar el doble que un catedrático de los afortunados por la “alumna ilustre”.

Este país hizo una transición para dejar atrás la dictadura, pero, aunque Franco murió las prebendas y la impunidad, características del franquismo, continúan vivas.

Hay delitos por negligencia que cuando los comete un político quedan impunes. No tienen el aforamiento del Rey, pero en los hechos opera como si lo tuviesen. Ya Basta.

Justicia y reparación.
Dimisión de los responsables.
Ni olvido ni perdón.

Pascual Sánchez
Militante socialista de Madrid

La vivienda es un derecho no garantizado

Manifestación en Madrid 13 de octubre de 2024

Una ola está recorriendo nuestro país clamando por el derecho efectivo a la vivienda. El 13 de octubre la ola rompió en Madrid, el sábado 19 lo hizo en Valencia y el 20 en Canarias. Son decenas de miles de personas las que han salido a las calles, muchas de ellas jóvenes.

Según un informe de CCOO, entre 1980 y 2023, de los 11,8 millones de viviendas construidas, un escaso 23% era vivienda protegida. Aquel parque de vivienda pública reventó tras la ley del suelo de 1998, la del gobierno Aznar, que liberalizó el suelo público y recalificó suelo hasta la saciedad; tanto se sació el mercado que termino por explotar la burbuja inmobiliaria en 2008.

En comunidades autónomas como la de Madrid, los gobiernos de la derecha han vendido 5.000 viviendas públicas: entre el Ayuntamiento de Madrid, 1860, y el resto la propia Comunidad. Estos mismos gobiernos son los que están fomentando los pisos turísticos, al negarse a aplicar la Ley 12/2023, que declara “zonas de mercado residencial tensionado” y pone límites al incremento de los precios del alquiler.

Esta concatenación de hechos políticos en materia de vivienda: liberalización del suelo, venta de vivienda pública a fondos buitre y fomento de los pisos turísticos, junto a la no aplicación de la ley, ha desembocado en una situación insostenible; particularmente para los y las jóvenes, que ven como se aleja en el tiempo su derecho a emanciparse.

Si tenemos en cuenta que el salario más frecuente en España se situó en 2022 en 14.586 €/año- el SMI de 2022 era de 14.000 €/año- el salario que más frecuentemente se cobrado quedó muy cerca del SMI. Hay que saber también, que este salario, el más frecuente, descendió en 2022 en un 21,17% desde el dato de 2021 que lo situó en 18.503 €/año. (Fuente de datos: INE). Frente a esto y en el mismo ejercicio de 2022, la variación anual del precio de la vivienda nueva en el conjunto del Estado fue del más del 30%. En el presente año 2024, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 10,2% en promedio en todo el Estado, pero en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, los incrementos han sido del 15,7%, 15,4% y del 12,1% respectivamente, a cierre del tercer trimestre.

Estos datos muestran como la capacidad adquisitiva de los salarios de la mayoría de los asalariados por cuenta ajena mengua, frente al incremento desproporcionado del precio de la vivienda, sea en propiedad sea en alquiler.

La capacidad adquisitiva de los salarios mengua mientras que la vivienda se encarece de forma desproporcionada

La encrucijada para millones de jóvenes es que no puede acceder a una vivienda nueva o de segunda mano, por la que pagarían proporcionalmente menos de amortización de hipoteca que lo que se les pide por un alquiler compartiendo piso, pero, por su bajo nivel de ingreso, la banca privada les cierra las puertas.

El Estado, concretamente el Gobierno y el poder legislativo -los partidos con presencia en el Congreso y el Senado- podrían romper esta dinámica:

  • Sacando al mercado las casi 50.000 viviendas que tiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancario (SAREB) que nos costaron a todas y todos los contribuyentes 35.000 millones de euros -alguien tendría que explicar qué inmuebles y quiénes los han adquirido, pues no es verosímil pensar que 50.000 viviendas han tenido un coste medio de 700.000 euros-.
  • Exigiendo a la banca la devolución de los 65.000 millones de euros públicos que se les prestó para su reestructuración; dinero que podría invertirse en la construcción de casi medio millón de viviendas públicas.
  • Poniendo en marcha un plan urgente de construcción de vivienda pública: en alquiler y en propiedad; compartiendo con el Gobierno que la vivienda pública debe serlo a perpetuidad, para que no se pueda especular con ella -uno de los artículos que fue anulado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 79/2024, de 21 de mayo pasado-
  • Lanzando líneas de préstamos hipotecarios directamente desde el ICO, no a través de las entidades financieras privadas, que no discrimine por renta.
  • Revertiendo la venta de vivienda pública mal vendida a fondos de inversión y a grandes tenedores, expropiando estas viviendas, ante la dramática situación que soporta la mayoría de la sociedad.

Seguro que hay más medidas que se podrían aplicar, pero sería un crimen social que pasara el tiempo y que no hubiese una solución inmediata para el 85% de los y las jóvenes entre 25 y 29 años no pueden emanciparse, y para el 30% de los que teniendo más de 30 años tampoco pueden hacer realidad su proyecto de vida.

No se trata de políticas para captar el voto de los jóvenes, se trata de un drama social que afecta a temas tan sensibles como la natalidad o la capacidad para aportar al sistema que garantice el Sistema Público de Pensiones en el futuro, entre otras cuestiones que dependen de tener o no un salario digno, o que sea lo justo para no morir de hambre. De la respuesta al problema de los partidos políticos que compiten en las elecciones debería depender el voto del electorado.

Pascual Sánchez
Militante socialista
Imagen de la manifestación por la vivienda en Valencia
Imagen de la manifestación por la vivienda en Madrid
Imagen de la manifestación por la vivienda en Andalucía
Imagen de la manifestación por la vivienda en Palma de Mallorca