Uno de los grandes problemas no resueltos en nuestra sociedad es la vivienda. Como señala Julio Rodríguez López en el capítulo XII del libro «Economía, Política y ciudadanía» (Ed Catarata. 2023) entre el año 2014 y 2022 la vivienda subió un 56,2% mientras que los salarios subieron el 13,9%. Llueve sobre Mojado.
Mi amigo Kebir malvive en una habitación compartida de Badalona pagando 550€ mensuales de alquiler, con un salario de 900€ euros netos. A Óscar, que vive con su mujer en un piso de Sant Feliu de Llobregat y están esperando un bebé, el alquiler les ha subido a 900€. El incremento de los precios de la vivienda de alquiler y las frágiles economías domésticas tienen consecuencias
dramáticas como el suicidio de un hombre de 70 años del barrio de Sant Andreu en Barcelona, o el suicidio de dos hermanas, también en Barcelona, el mismo día en que iban a ser desalojadas de su vivienda por no poder hacer frente al pago de la renta.
Jovenes, mayores, inmigrantes, todos y todas…la clase trabajadora es la que sufre la desregulación del precio de la vivienda y su especulación.
Parece que no existe fin al incremento del precio de la vivienda. El último estudio del portal inmobiliario FOTOCASA arroja datos devastadores. El precio medio de una vivienda de 80 m2 en España es de 1012€, teniendo ciudades
como Barcelona con un precio medio de alquiler de 1775€ o Madrid con un precio de 1682€. Los datos son claros. Si comparamos el precio de la vivienda con el salario mínimo interprofesional (1323 € brutos), es imposible pagar una vivienda.
Y como el precio de la vivienda es más alto en las grandes ciudades, se está expulsando a las economías domésticas más precarias hacia los extraradios, municipios y comarcas alejadas a 60- 70 km, contagiando a esos municipios y comarcas de la tensión inmobiliaria y la especulación.
Pero eso no es todo. Como quiera que son las personas y familias menos pudientes las que se tienen que buscar la vida en las zonas más alejadas de las grandes ciudades (y de los puestos de trabajo), se produce un fenómeno de
dislocación de jóvenes, inmigrantes, personas mayores, personas que viven solas… . Poblaciones donde hasta ahora se podían buscar soluciones
habitacionales en los pocos casos que se daban, ven ahora como el número de personas sin hogar aumenta, a la vez que la mendicidad, la ocupación de viviendas e infraviviendas, la demanda de servicios sociales y la alarma social se dispara en esos municipios que carecen de los recursos para ayudar a la pobreza expulsada de las grandes urbes. Un caldo de cultivo estupendo para los
populismos, los racistas y la extrema derecha. Acabar con la especulación de la vivienda es necesario para la clase trabajadora y urgente para la clase política que se reclama de izquierdas. Es necesario para la clase trabajadora porque todo el mundo tiene derecho a un techo y un hogar. Es urgente para la clase política porque la convivencia está en peligro y la situación actual empieza a ser un polvorín a punto de estallar.
Necesitamos parar los deshaucios.
Se necesita poner en circulación las 50.000 viviendas de la SAREB que en su día
fueron activos considerados tóxicos para la Banca y que el siempre amable Estado compró para sanear las cuentas de los bancos.
Se necesita poner freno a la epidemia de pisos turísticos, que no hacen sino agravar el problema.
Se necesita topar el precio de la vivienda tanto de alquiler como de compra ajustándo el precio a las posibilidades de cada cual.
Se necesitan ayudas fiscales tanto para el alquiler como la compra de vivienda, recuperando la deducción del gasto en vivienda de primera residencia en la declaración del IRPF (eliminada para viviendas adquiridas con posterioridad al
2015).
Necesitamos promover el empleo digno y aumentar los salarios. Pero fundamentalmente, necesitamos un parque público de vivienda en nuestro país. En España, el parque de vivienda social es de 450.000. mientras que la media
europea de viviendas sociales es de 2 millones.
Por tanto, España tiene un déficit de vivienda social de 1 .550.000 viviendas, por lo que parece razonable exigir que se produzca una iniciativa
pública con la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de vivienda.
Tribuna Socialista 
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