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Coincidiendo con la celebración de los cincuenta años de la muerte del dictador Franco no está de más recordar, por concordancias históricas que hoy adquieren relevancia política y expectación pública, que en el año 1963 se creó por el malhadado caudillo de las Españas el denominado Tribunal de Orden Público, conocido más por sus siglas: el TOP. Es decir, hace sesenta y un años existió en este país una instancia judicial dedicada exclusivamente a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En 1963 Franco creó el Tribunal de Orden Público (TOP) dedicado a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En realidad, dadas las circunstancias, no es descabellado pensar que a lo largo de la trayectoria democrática en nuestro país el citado Tribunal represor haya permanecido en alguna de sus formas en el propio ámbito de la Justicia; aparentemente se esfumó en enero de 1977, unos meses antes de las primeras elecciones en libertad. Aparentemente. Porque hoy comprobamos con estupefacción –los ciudadanos que venimos manteniéndonos estupefactos, que no debemos ser muchos– que se está asistiendo a determinados procedimientos judiciales dirigidos por ciertos magistrados que dista mucho de que se estén desarrollando desde una mínima ética jurídica obligada y, lo que es más preocupante, desatendiendo a la par principios inexcusables en la aplicación correcta de la Ley. Es decir, no aplicando la Justicia con justicia.

Casos hay que ponen de manifiesto la permanencia de un modo de impartir justicia que recuerda con pesadumbre aquel negro negrísimo TOP en la bruma de los años franquistas; si no en sus aspectos represivos, sí en la manera impúdica de atender los procedimientos. Viene a cuento señalarlos a partir de un hecho concreto que habla por sí solo del ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean y que marca un hito más en su poder: la pasividad aquiescente en la renovación de su órgano máximo de gobierno que mantuvieron de manera escandalosa a lo largo de cinco años sin renunciar a sus jugosos privilegios. Total, para perpetuar la célebre máxima lampedusiana: que todo cambie para que todo permanezca como estaba. Así las cosas, surgen en la vida cotidiana de los españoles casos llamativos protagonizados por jueces que afectan a las personas de manera especialmente despiadada. Procesos que no sólo afectan a los encausados, sino que troceados debidamente se trasladan con toda intención a la ciudadanía a través de su conexión con los habituales terminales de experiencia contrastada en esparcir confusión en el patente ánimo de generar un estado de colectiva exacerbación en el seguimiento público de acontecimientos concretos.

El ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean hace pensar que el TOP pervive, quizás no en sus aspectos más represivos pero sí en la manera impúdica de atender los procedimientos y no atendiendo la Justicia con justicia

Cabe recordar de forma somera tres de los más sonados: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, investigada por el juez Juan Peinado; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, investigado por la jueza Beatriz Biedma, y quizás el más llamativo por lo que significa de enfrentamiento entre instituciones del Estado: la causa abierta por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general Álvaro Ortiz. Los dos casos primeros, alentados con falsedades por organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte Oír. El último, por la manifiesta animadversión de un juez conservador que impunemente acusa sin pruebas.

Los casos abiertos contra Begoña Gómez o David Sánchez denunciados por organizaciones de ultraderecha con falsedades, o el caso abierto contra el fiscal general del Estado basado en las acusaciones sin pruebas de otro juez, representan la punta del iceberg de las peores prácticas judiciales del TOP

Existen otros con una carga indiscutible de inquina hacia sus “víctimas”, como son los del juez Eloy Velasco, con ofensas hacia Irene Montero, o la del juez Ruiz de Lara, que insultó en sus redes sociales a Pedro Sánchez y a su esposa. El conjunto hace sospechar que una mayoría de los jueces mama ávidamente aún del siniestro TOP franquista y no han sido cribados en su paso a la democracia o, quizás, que todo forma parte de la declarada ofensiva de la derecha en todas sus manifestaciones contra el Gobierno. O posiblemente las dos cosas a la vez.