Por Miguel Albalá Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
El 26 y 27 de noviembre de 2025, las seis universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH) fueron a la huelga. No fue un gesto simbólico ni una simple “batalla cultural” sino la respuesta del estudiantado, PDI y PTGAS a una política sostenida de infrafinanciación y mercantilización que pone en riesgo la supervivencia de la universidad pública en Madrid.
Desde hace más de una década los campus madrileños sobreviven entre precariedad, sobrecarga y deterioro, aunque no todos los actores analizan igual la situación. Parte del PDI y del estudiantado cuestiona la necesidad del paro, alegando que los problemas son estructurales en todo el país y que las movilizaciones deberían ser estatales. Reclaman una hoja de ruta nacional que garantice: por un lado, la igualdad de oportunidades en un sistema con cada vez menos plazas en sus titulaciones pese a la creciente demanda; y por otro lado, que recupere el papel de la universidad como ascensor social, responsabilidad que atribuyen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas).
Sin embargo, el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor del país, simboliza la asfixia financiera específica de la región. En octubre la UCM reconoció públicamente que su crisis deriva de una infrafinanciación continuada desde 2008 (compartida con el resto de universidades públicas madrileñas) y reclamó un modelo de financiación adecuado. La universidad ha tenido que verse sometida al endeudamiento con la propia Comunidad de Madrid mediante un préstamo de 34,5 millones (con 4,4 de estos en intereses), viéndose obligada a mantener hasta 2028 una retención del 35 % del gasto de facultades. Este patrón reproduce el seguido por el gobierno autonómico en otros servicios públicos: debilitarlos e infrafinanciarlos hasta su deterioro y desprestigio, para luego promover la colaboración público-privada como única alternativa.
La infrafinanciación no siempre es visible para toda la comunidad universitaria en lo inmediato, pues a menudo se camufla con el esfuerzo del personal y el propio estudiantado de las facultades. Pero sus efectos son claros: menos plazas en grados y posgrados, grupos masificados, peores condiciones docentes, infraestructuras deterioradas, descenso de becas y apoyos, y una calidad educativa sostenida a base de malabarismos que suelen terminar frustrados. En definitiva todo ello supone una ruptura con la igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad formativa a través de la universidad pública.
Ante esto, la Coordinadora de Plataformas en defensa de la Universidad Pública convocó la huelga para toda la comunidad universitaria. Sus motivos principales son:
La Comunidad de Madrid destina menos del 0,5 % del PIB a sus universidades, pese al objetivo del 1 % fijado en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).
Presenta como grandes logros incrementos en el presupuesto del 3,8 % en 2025 (42 millones adicionales frente a los 200 millones que reclaman los rectores) y del 6,5 % en 2026 (75,3 millones), insuficientes para revertir la congelación (y recortes a efectos prácticos) desde 2008.
Es la región más rica del Estado, pero la que menos invierte por estudiante.
Impulsa una nueva ley universitaria (LESUC) que refuerza la lógica empresarial, limita la autonomía universitaria, endurece el régimen disciplinario y abre la puerta a nuevas formas de privatización y restricciones a la protesta.
Las plataformas reclaman: 1) Financiación estable y suficiente para cubrir costes reales y revertir recortes; 2) Retirada o modificación profunda de la LESUC por su impacto en la autonomía, la libertad de expresión y las condiciones laborales; y 3) Un plan contra la precariedad y la temporalidad que afecta al PDI joven, becarios, investigadores y personal subcontratado.
La convocatoria que contó con el respaldo de los principales sindicatos (CCOO, UGT, STUM, CNT, CGT, Sindicato de Estudiantes, entre otros) fue un éxito: alcanzando un seguimiento medio del 72% en el paro y la huelga (según CCOO), así como una asistencia de 55.000 manifestantes (según las plataformas organizadoras).
Arturo Ávila estudió Matemáticas Puras en la Universidad Nacional de San Marcos (la cual hoy ha sido tomada por las fuerzas policiales). No pudo concluir los estudios por la estigmatización que se hacía con la subversión. Posteriormente, se licenció en Filosofía e Historia, en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Ejerció la docencia, durante seis años, en los niveles de primaria y ESO. Arturo no dejó la actividad política ni en su etapa de estudiante ni siendo profesor.
En Madrid, estudió en la facultad de Ciencias Políticas, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Tras el grado de Ciencias Políticas realizó el máster de Política Internacional.
Ha sido militante activo en las organizaciones sociales latinoamericanas. En España ha formado parte de Podemos y, actualmente, es militante de Más País. Fue portavoz de la Mesa Plurinacional por los Derechos Humanos y contra el racismo institucional, representante de la Coordinadora Internacional de apoyo al pueblo peruano y presidente de la Asociación para la Inclusión Plurinacional Yanantín.
Pregunta. – En los últimos cuatro años, Perú ha tenido seis presidentes y ninguno ha podido finalizar su mandato ¿Hay algún común denominador en esta secuencia presidencial?
Hay que tener en cuenta que los seis presidentes han gobernado con la misma constitución política fascista y neoliberal del dictador Alberto Fujimori Fujimori, de 1993. Todos han estado sujetos a un modelo económico extractivista y depredador, donde ha campeado la corrupción en la estructura del Estado, así como el amortecimiento de las luchas sociales y laborales por la aplicación de las leyes de apología al terrorismo y colaboración eficaz, que hasta el momento se viene aplicando. El primero, lleva a la estigmatización de toda protesta del pueblo con la subversión.
En ese sentido, los grupos de poder político y económico condicionan la hoja de ruta de los gobiernos, de todo gobierno, y quien no se sujeta a ello es expectorado bajo las condiciones del golpe de Estado blando, donde un buen número de narco candidatos, ahora congresistas, cumplen con obediencia plena su compromiso. El poder mediático de estos grupos ha copado las estructuras del Estado, en tal sentido, con una constitución política que le da carta blanca en las políticas neoliberales y un narcotráfico que va en aumento, pues ya vemos los resultados.
Pregunta. – Pedro Castillo fue elegido en las urnas en el mes de julio de 2021 ¿Qué intereses crees que hay detrás de su destitución?
El Perú, este año 2023, tiene que tomar decisiones políticas de grandes consecuencias económicas, como aprobar por ley los 41 megacontratos de los sectores mineros, petroleros, agrícolas, etc. Además, está de por medio la renovación de contratos ley que tiene con muchas empresas transnacionales, es decir, hay mucho capital y beneficio para estar interesado en su destitución.
La injerencia extranjera también está detrás de la destitución del presidente Pedro Castillo Terrones, principalmente la norteamericana, por dos motivos fundamentales: el primero, por la lucha de mercado con su rival China que le va superando en los últimos 10 años a través de inversiones de proyectos de construcción y un trato más continuo. Segundo, por la visión geopolítica de como en las últimas elecciones, países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Perú se han decantado por gobiernos de izquierda o progresistas.
Pregunta. – La industria minera en el Perú es el sector más importante de la economía. Desde hace tiempo, antes de la crisis política actual, los intereses mineros privados venían presionando al Gobierno de Pedro Castillo en distintas direcciones, por ejemplo: en la liberalización de la extracción de cobre en Zafranal, Los Chancas y Michiquillay; y fiscalmente, con la exención del Impuesto General de Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), exenciones que han vencido el 12 de diciembre pasado y los inversores reclaman ampliar hasta el 31 de diciembre de 2027 ¿Crees que presiones como esta pueden estar detrás de la destitución de Castillo?
Según cifras de la SUNAT, en el período enero – julio 2022, las exportaciones mineras alcanzaron un valor de 20.995 millones de dólares, que representa un crecimiento del 2,5% con respecto al mismo período de 2021 y es un 73,9% de lo registrado en 2020. En las dos comparaciones el sector minero ha tenido beneficio el primero por 508 millones de dólares y en el segundo caso 8.920 millones de dólares. En consecuencia, no debía de haber presiones fiscales de exoneraciones de los impuestos referidos (IGV y IPM), además hay que tener en cuenta que el IGV, se cobra en la compra final del bien o servicio, por lo tanto, no afecta sus beneficios, puesto que es dinero que debe ser entregado al Estado. Tales impuestos representan el 18% de las exportaciones, que si echamos números es una buena cantidad de dinero que debe ser entregados, olvidándose de la exoneración de esta. Mencioné anteriormente que el fundamento principal de la destitución de Pedro Castillo estubo fijada en lo económico y esta es una más.
Pregunta. – Estamos conmocionados por las noticias que llegan desde Perú; ya se supera la cifra de 60 muertos, muchos de ellos jóvenes, incluso menores de edad ¿Qué está ocurriendo?
Se está desarrollando una lucha directa, por parte de la estructura armada del Estado y el pueblo peruano olvidado, menospreciado y ninguneado. Ese pueblo siente que le han arrebatado su derecho democrático, la soberanía del país y la igualdad de oportunidades, al ver reforzada, por la corrupción, la casta política racista, discriminadora y clasista que se consideran los iluminados en gobernar el país, considerando que el pueblo lo conforman ignorantes, inmorales y sobre todo que no están preparados para gobernar. Esa estructura armada del Estado lo conforman las fuerzas policiales y militares, donde la figura de la señora Dina Boluarte pasa a ser un medio testimonial, puesto que otros (quienes conforman los poderes mediáticos) están en la conducción de la toma de decisiones, eso no significa que la Señora Dina Boluarte está libre de culpa; es la responsable política que tendrá que explicar en su momento, ante los juicios de genocidio por lesa humanidad y la malversación de fondos, quiénes son los personajes que actuaron entre las sombras y los visibles.
Pregunta. – ¿Cuál es el grado de unidad de las organizaciones políticas y sindicales en las protestas que están teniendo lugar en Perú?
En la actualidad, la unidad de las organizaciones políticas y sindicales no se deja notar, será por los cálculos políticos de sus formas de hacer política. Toda esta Insurgencia popular viene de las organizaciones de las regiones respectivas, que representan la fuerza del poder constituyente integrada por campesinos, mineros, profesores, estudiantes universitarios y compatriotas en general. Los partidos políticos no levantan cabeza en el contexto actual, saben muy bien que parte de culpa de la situación actual recae en ellos, principalmente los de la derecha y la ultraderecha. Los pocos partidos de izquierda no levantan la voz y sus pronunciamientos rara vez se deja notar, saben muy bien que el pueblo les va quitando legitimidad en sus luchas.
Pregunta. – ¿Cuáles son las reivindicaciones del pueblo peruano en este momento?
El pueblo peruano, dada la desigualdad social en la cual esta circunscrito, por responsabilidad de los gobiernos, se ha ido agudizando en los últimos 30 años de aplicación de las políticas neoliberales, propio de la constitución política hecha a tal medida. En el contexto actual, ante la crisis de gobernabilidad y de acciones dictatoriales de parte del gobierno de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la mayoría de los peruanos exige las siguientes reivindicaciones:
Renuncia y enjuiciamiento de Dina Boluarte Zegarra
Cierre del congreso, golpista y corrupto
Libertad de Pedro Castillo y todos los detenidos
Nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente.
Pregunta. – En el Estado español vivís más de 110.000 peruanos y peruanas ¿Qué estáis haciendo para apoyar la lucha de vuestro pueblo?
Las estadísticas oficiales mostraron 252.971 residentes nacidos en Perú, en España. De estos, 140.161 son ciudadanos españoles y 112.810 aún no habían adquirido la ciudadanía española, es decir, cuentan con los respectivos DNI de residencia y trabajo y un buen número de peruanos en situación irregular. En varias ciudades se organiza plantones, manifestaciones, pegada de carteles, etc. como colectivo de peruanos o de asociaciones. En Madrid se ha formado la Coordinadora Internacional de apoyo al pueblo peruano, integrada por más de 17 organizaciones sociales, culturales y políticas.
La Insurgencia Popular va tomando mayor participación democrática de los compatriotas, puesto que las protestas se están dando en más del 60% del suelo peruano. Para impedir este derecho democrático, la dictadura cívica militar muestra su parte más reaccionaria y fascista al intervenir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras, donde, en operativos irregulares, las fuerzas policiales arremeten sin presencia del Ministerio Público, sin asesoría legal para los intervenidos, con impedimento de las funciones de la defensoría del pueblo y el maltrato deshumano de las detenidas y detenidos. Asimismo, la Embajada de Perú en España emite un comunicado intimidando a la compatriota Lourdes Huanca por sus recientes entrevistas de denuncia de los hechos que se dan en el Perú, poniendo en descubierto su detención cuando arribe al país de origen.
Desde el exterior, seguiremos denunciando todos los atropellos contra los derechos fundamentales de nuestros hermanos, así como el carácter dictatorial de este seudo gobierno de Dina Boluarte, el Congreso corrupto y golpista y la injerencia norteamericana.
En nombre del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, os deseamos mucha fuerza y éxito al pueblo peruano en su legítima y justa lucha.
Tribuna Socialista 
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