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El pasado 9 de marzo se aprobó definitivamente en el Congreso la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual viene a sustituir a la LOU del gobierno de Aznar del 2001. El recorrido de esta ley ha pasado por varias etapas, donde el primer redactado presentado por el exministro Castells le llevó a una fuerte oposición de toda la comunidad universitaria y a una dimisión posterior. Subirats coge el relevo declarando que hará pequeñas modificaciones pero que en esencia el texto de Castells se mantendrá. Fue entonces cuando el Consejo de ministros el 21 de junio, periodo donde profesores y estudiantes tienen la carga de trabajo más alta de todo el curso (los exámenes finales), aprueban el anteproyecto de ley ‘’modificado’’ por Subirats. Casualmente, es una práctica muy habitual a la hora de decidir las cuestiones en educación, lo cual busca la máxima debilidad en la respuesta de la comunidad universitaria. El 22 de diciembre de 2022 se aprueba en el Congreso la LOSU, justo el día que estudiantes cogen las vacaciones de Navidad. Finalmente, tras pasar por el Senado, se aprueba la LOSU el 9 de marzo, como apuntaba en el inicio.

Más allá de las prácticas antidemocráticas y por debajo de la mesa del Gobierno para aprobar la ley, la LOSU implica el futuro de las universidades públicas españolas, de sus trabajadores y de los estudiantes mayoría de clase trabajadora. Podemos desglosar su contenido desde las declaraciones del ministro Subirats sobre las principales modificaciones que implicará la nueva ley: “La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) incorpora un compromiso de gasto del 1% del PIB. Este compromiso implicará una mejora de la infrafinanciación evidente de las universidades durante los años del Gobierno del PP”. La cuestión de la financiación es una de las más polémicas sin duda, después de que en los últimos 14 años se haya perdido un 20% de la inversión para las universidades, la nueva ley no pone a disposición los recortes de los últimos años. Es más, la formula del 1% del PIB en los próximos diez años es más que engañosa, la universidad necesita de una inversión directa por ob- jetivos que subsanen realmente todo el deterioro que han permitido los diferentes gobiernos. Podríamos afirmar que, en el mandato de la Unión Europea al Gobierno de reformar el sistema universitario en nombre de la internacionalización y la adaptación a los cambios, se esconde un continuismo en la austeridad de la LOU.

De la infrafinanciación surgen la mayoría de problemáticas cuando hablamos de años de recortes y deterioro de la universidad pública. La cuestión de las tasas, históricamente peleada por el movimiento estudiantil, la LOSU la menciona, pero queda también en papel mojado. Plantea que las tasas universitarias tengan un tope máximo, relegando así la tarea a las Comunidades Autónomas para que mantengan o bajen las tasas. La pregunta es: ¿acaso mantener las tasas desorbitadas actuales es un logro? ¿Cómo se pretende que las Comunidades Autónomas suplan una supuesta reducción de tasas si no hay más presupuesto? Con la misma inconsistencia se puede ver al largo de todo el redactado como las soluciones se quedan en los artículos, porque los medios para llevarlas a cabo no existen.

No menos importante para la carrera académica de los estudiantes son la cuestión de las prácticas, el acceso, la democracia interna y la docencia. Las prácticas dentro de la universidad pública es la oportunidad perfecta para que los empresarios tengan mano de obra barata, o en la mayoría de casos gratuita, la cual pueden ir renovando año a año.

El acceso a la universidad se calcula directamente por la oferta y la demanda, si hay X demanda de un grado y la oferta es Y, la nota de acceso será Z. Por lo que en la mayoría de ocasiones vemos como las carreras más necesarias socialmente (medicina, enfermería, etc..) quedan reducidas a un minúsculo porcentaje de jóvenes respecto a lo que los servicios públicos o sociedad necesitan.

La democracia interna en la universidad, es decir, como se toman las decisiones dentro de la ‘’autonomía’’ de la que goza la universidad como servicio público es un aspecto fundamental. La nueva ley viene a reforzar uno de los órganos más decisivos dentro de la universidad pública, como es el Consejo Social. Dicho Consejo es creado para dar representación a la sociedad dentro de la universidad, el cual puede gestionar los presupuestos de una universidad pública. Dentro del Consejo Social, tanto trabajadores como estudiantes están en minoría, donde los demás miembros ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la población de Barcelona son Joan Corominas Guerin e Isolda Ventura Arasanz (entre otros), exdirector del Grup Sabadell y propietaria de un fondo especulador de inmuebles, respectivamente. Este es la naturaleza de quien en la universidad pública toma las decisiones.

El profesorado es el principal activo de la calidad en la enseñanza. Ahora bien, esto no depende de la suma de las capacidades por individuo, sino que tenemos que ver en qué condiciones los docentes trabajan. Existe actualmente un 40% de profesores asociados en las universidades públicas de todo el Estado. Los asociados vienen a cumplir el papel de profesionales externos a la universidad que colaboran aportando sus conocimientos. La realidad es totalmente diferente, desde la crisis del 2008 la mayoría de puestos de docencia se han ido cubriendo con plazas de asociados, lo cual ha supuesto que un colectivo mayoritario en la universidad esté en una precariedad absoluta. Ahora, la LOSU quiere reducir al 8% la temporalidad, haciendo indefinidos a más de 25.000 asociados. El máximo de horas que pueden realizar en un curso es de 120 horas, esto es, cronificar la precariedad convirtiendo en pluriempleados a los docentes universitarios.

En definitiva, la LOSU aprobada recientemente no es más que la consolidación de una universidad precaria y deficitaria en su principal misión: dotar de conocimiento e investigación a la sociedad. Es más que necesario que desde sindicatos a organizaciones de izquierda pongamos encima de la mesa la necesidad de un nuevo redactado.

Víctor Iniesta