vicente – Tribuna Socialista

La obsolescencia de la ONU

El genocidio, a sangre y fuego, que desde hace un año viene cometiendo Israel sobre el pueblo palestino, excede con mucho su justificación por el ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023. Pogromo que los judíos sufrieron a manos de los nazis y que ahora, constituidos como estado de Israel, reproducen con los palestinos ante la mirada de espanto de la ciudadanía universal que asiste atónita a la película de terror y muerte, sin medida ni fin, que las televisiones de todo el mundo muestran a diario. Desgarro que aumenta al comprobar la incapacidad de mediación de la ONU para alcanzar una tregua, y mucho menos para forzar el fin de este y otros conflictos. Intervención que se limita a enviar a los conocidos cascos azules que establecen una imaginaria barrera de contención entre las fuerzas enfrentadas que, en la práctica, se vulnera por los contendientes cuando la estrategia militar lo demanda porque los cascos azules, que actúan siempre en misión de paz, no tienen mandato para intervenir militarmente.

El genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, excede con mucho su justificación por el ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023

Circunstancia que ha reverdecido la pregunta que se viene planteando desde hace mucho tiempo en las cancillerías del mundo, y en la propia sociedad global: ¿para qué sirve la ONU?, más allá de gestionar la ayuda humanitaria en las zonas de guerra, cuando las partes enfrentadas les dejan, o paliar las situaciones de hambruna prolongada, o prestar atención sanitaria y educativa a la población infantil y juvenil desamparada en estados fallidos. Tareas sin duda loables y necesarias que solo son paliativos, pues raramente encarrilan proyectos de futuro para mejorar las sociedades de los países donde actúa. Acción que no cambia la raíz de los problemas.

Labor necesaria que la ONU desarrolla como puede, aunque no es ese el fin primigenio con el que se creó en la Conferencia de San Francisco, celebrada tras el fin de la II Guerra Mundial, en 1945, que convirtió en hecho consumado la propuesta planteada en pleno conflicto bélico por el presidente de los EEUU, Franklin D. Roosevelt, en 1942, a un grupo de 26 países para crear una alianza contra los países del eje. Propuesta que fue aprobada ese mismo año y ha pasado a la historia como la Declaración de las Naciones Unidas.

El acuerdo, que fue suscrito por cincuenta países en San Francisco y entró en vigor en octubre de 1945, se denominó Carta de las Naciones Unidas, donde se definen los principios y objetivos de la ONU. Los cuatro fundamentales: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación entre los países, proteger los derechos humanos y promover el progreso económico y mundial. Carta a los Reyes Magos, porque desde su origen arrastra el lastre que supone el derecho de veto que ejercen los países fundadores en el Consejo de Seguridad—EEUU, Reino Unido, Francia, Unión Soviética, y República de China— que impusieron al resto de naciones, para evitar que la ONU adoptara decisiones que fueran en contra de sus intereses.

Derecho al que se opusieron numerosos países lo que provocó la respuesta airada y contundente del representante de EEUU, Tom Connally, quién amenazó a los opositores con que no habría Carta de Naciones Unidas —de hecho, se levantó y rompió en público un primer borrador de la misma— si no se aceptaba el derecho de veto de los países fundadores. Es así como la ONU nació de un trágala impuesto por los países vencedores de la II Guerra Mundial, que se auto concedieron un privilegio que les situaba por encima del resto de naciones. Privilegio que se intentó suavizar dando entrada en el Consejo de Seguridad—el único órgano de la ONU que puede tomar resoluciones vinculantes y obligar a su cumplimiento—, a los denominados miembros no permanentes que no tienen derecho de veto, diez en total, elegidos de cinco en cinco para un periodo de dos años por la Asamblea General.

La ONU arrastra desde su origen el derecho de veto que ejercen los países fundadores en el Consejo de Seguridad—EEUU, Reino Unido, Francia, Unión Soviética, y República de China— para evitar que la ONU adoptara decisiones que fueran en contra de sus intereses

Modelo de gobernanza mundial que sigue vigente setenta y nueve años después, que pudo tener sentido durante los años de la guerra fría, pero que se ha quedado obsoleto en un mundo multipolar donde las llamadas potencias emergentes y la agrupación de países en entes supranacionales, como la UE, reclaman un cambio en la gobernanza de los problemas globales. Cambio que es inapelable para evitar los centenares de miles de personas que mueren sin sentido por el veto que utilizan los que pueden hacerlo, de manera recurrente EEUU y Rusia, para evitar sanciones de obligado cumplimiento a los países que siguen siendo sus satélites en distintas partes del globo. Es el caso de Rusia y China metidas en una pugna para tener mayor influencia en África, dando apoyo a sátrapas que gobiernan en muchos de esos países.

El modelo de gobernanza mundial de la ONU se ha quedado obsoleto y no sirve para evitar los centenares de miles de personas que mueren por el veto que utilizan los que pueden hacerlo

O de EEUU, que desde siempre veta en el Consejo de Seguridad toda resolución de condena contra Israel, aunque sean crímenes de lesa humanidad como los que viene cometiendo sobre el pueblo palestino desde hace un año, con el afán, declarado por miembros del actual gobierno israelí, de exterminarlos y quedarse definitivamente con sus territorios. Todo porque la comunidad judía de EEUU tiene un poder económico inmenso con el que presiona al ejecutivo de Washington, al que le viene bien tener un país como Israel que ejerce de portaviones del ejército USA en una zona en permanente conflicto de raíz étnica y religiosa. Cuestión que dejo como apunte para profundizar en ella en otro momento.

EEUU siempre veta en el Consejo de Seguridad toda resolución de condena contra Israel, aunque sean crímenes de lesa humanidad como los que viene cometiendo sobre el pueblo palestino

El mundo es muy diferente al de hace casi ochenta años, para empezar porque se ha globalizado merced a la digitalización que expone todo lo que sucede en el planeta en la palestra pública global, en la que todo termina por saberse, y los movimientos de los países y sus gobiernos están sometidos al escrutinio constante de la comunidad global. Y por el resurgimiento de los llamados países emergentes—los más significados Brasil, India, México, Turquía, Suráfrica y Corea del Sur— que reclaman una mayor cuota de influencia y participación en la gobernanza mundial. Como la propia Unión Europea, lastrada también en su operatividad por la obligada unanimidad de todos sus miembros para tomar decisiones. Esta nueva sociedad global debe forjarse sin los privilegios de unos países sobre otros para que todas las naciones participen de las decisiones que afectan al planeta, y todas se sometan a los mismos parámetros de exigencia democrática en el gobierno de sus sociedades con el fin de evitar guerras y genocidios.

La comunidad judía de EEUU tiene un poder económico inmenso con el que presiona al ejecutivo de Washington, al que le viene bien tener un país como Israel que ejerce de portaviones del ejército USA

Nuevo orden mundial que pasa por una reforma de la Carta de Naciones Unidas que libere a la ONU de las ligaduras que supone el derecho de veto de los cinco países fundadores que ha generado una plutocracia en la gobernanza mundial. Reforma que afecta también a la representación de los países en la Asamblea General, que debería realizarse por grupos de naciones con problemas e intereses similares, como debería hacer la UE, para evitar que el poder de los países grandes anule su representación y capacidad de decisión en los temas globales que les afectan de manera directa; el mejor ejemplo, el cambio climático. Reforma que la ciudadanía debe exigir presionando a través de los canales de comunicación global. Nueva gobernanza global en la que deben participar todas las naciones.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario

y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

No es censura, es defender la democracia.

El modelo comunicativo digital convierte a los usuarios de las plataformas y redes sociales en nodos de comunicación que reciben, elaboran y difunden contenidos a voluntad, desde y a cualquier lugar del planeta. Hecho qué combinado con la facilidad para crear a bajo coste páginas web y plataformas en internet, y unido a las redes sociales que favorecen la expresión de opiniones sin ningún control en la práctica; generan un volumen diario de información ingente, incontrolable y constante, de bulos y mentiras: de desinformación.

El modelo comunicativo digital genera un ingente volumen diario de desinformación, bulos y mentiras incontrolable

Basura informativa cuya autoría muchas veces se desconoce por enmascararse con un sobre nombre, un nik, para poder lanzar, libres de responsabilidad, todo tipo de mensajes vejatorios y falaces, o se mantiene en nebulosa quienes son los propietarios y cómo se financian los medios que los difunden, por la falta de transparencia sobre su estructura y financiación. Se configura así un conglomerado explosivo cuya acción conjunta es ya una seria amenaza para la democracia.

La falta de transparencia sobre la autoría de las noticias y la propiedad, la estructura y la financiación de los medios supone una seria amenaza para la democracia

Defender la democracia de la desinformación que degrada el sistema democrático y sus instituciones, es el eje axial que justificó la aprobación por el Parlamento Europeo de la Ley de Libertad de Medios cuyo objetivo no es censurar, sino proteger a los medios de comunicación de la Unión Europea de la influencia del poder político y empresarial indebida, con el objetivo de fomentar el pluralismo informativo y la información veraz, mediante la aplicación obligatoria de medidas de trasparencia que permitan a los destinatarios saber quién está detrás de esos medios, quién los dirige, cómo se financian y en qué proporción entre empresas privadas y públicas, quienes o qué empresas tienen el mayor número de acciones, los números verificados de lectores, oyentes, televidentes o usuarios únicos en los medios digitales, y una política clara en el nombramientos de los principales responsables del medio y su equipo directivo.

El objetivo de la Ley Europea de Medios de comunicación no es censurar, sino proteger a los medios de la influencia del poder político y empresarial

Norma que entró en vigor el pasado mes de mayo y que ahora los distintos países de la Unión deben trasponer a sus legislaciones actualizando o creando, si no las hubiere, nuevas normas de obligado cumplimiento, acordes con el marco europeo aprobado por la UE. Medidas que los 27 países de la Unión deberán tener en vigor en agosto de 2025, para lo que se creará un nuevo organismo de control y vigilancia, el Consejo Asesor Europeo o Comité Europeo de Servicios de Comunicación Independiente, formado por representantes de las autoridades y organismos de medios de comunicación, que se encargará de elaborar un reglamento y un sistema de control de la propiedad de los medios de comunicación, mediante la creación de una base de datos por países. Norma que complementa la Ley de Servicios Digitales, en vigor desde noviembre de 2022, donde se establece una relación de normas para los servicios de intermediación en línea: las redes sociales —en especial para las grandes plataformas con más de 45 millones de usuarios— relativas al modo de diseñar sus servicios y procedimientos y establece nuevas responsabilidades para los operadores, al objeto de limitar la difusión de contenidos ilícitos y aumentar la protección de los menores mediante el establecimiento de mecanismos de alerta.

Normativa legal europea que España debe incorporar a su legislación en la que se incardina el Plan de Regeneración Democrática, presentado por el Ejecutivo, con el mismo objetivo: acabar con la desinformación, los bulos, las mentiras, con medidas que básicamente consisten en aplicar la ya existente Ley de Transparencia, para desmontar la trama de pseudomedios creados con el único objetivo de difundir un discurso disruptivo, de los que no se sabe quién está detrás y cómo se financian.

El Plan de Regeneración Democrática tiene el objetivo de acabar con la desinformación, los bulos y las mentiras

Plan que no impone ningún tipo de censura, contrariamente a lo que afirma la derecha, pues ninguna de sus propuestas limita la libertad de expresión ni de critica; sino que van orientadas a poner en conocimiento de quienes reciben la información, los destinatarios, quién o quiénes son los dueños de ese medio, cómo se reparte la cuota accionarial entre empresas y particulares, que parte de su financiación viene de instituciones públicas y cuanta del sector privado, su estructura jerárquica y qué personas la conforman en sus diferentes grados de responsabilidad. Básicamente la aplicación de Ley de Trasparencia en vigor, que la mayoría de medios incumple, para que los destinatarios sepan de dónde procede la información que le llega y puedan valorar, libremente, el grado de intencionalidad de la misma.

Contrariamente a lo que dice la Derecha, el Plan no impone censura, ni limita la libertad de expresión o crítica, sino que obliga a informar a los ciudadanos de dónde procede la información que les llega y puedan valorar libremente el grado de intencionalidad de la misma

Medidas de un Plan que no entra en definir qué es y que no es un medio de comunicación, sino que deslinda a los medios que cumplen con la ética periodística y la defensa del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, verificada, y diferenciada de la opinión de los que abdican de estos principios básicos. Pseudomedios, que incumplen la Ley de Trasparencia por haber sido creados, y financiados muchos de ellos solo con dinero público, expresamente para generar bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con el objetivo de difamar y degradar las instituciones democráticas y a sus legítimos representantes, o para hacer propaganda de determinadas ideas y posiciones políticas.

Muchos pseudomedios han sido creados expresamente para crear bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con una clara intencionalidad política

De ahí el sentido de las medidas de saneamiento democrático del sistema de medios de comunicación que incluye el Plan, que no es establecer censura alguna a la libertad de expresión, pues su objetivo es acabar con los pseudomedios que difunden desinformación que responde a intereses espurios que degradan el propio periodismo y la democracia. Para cumplir con este objetivo el Plan incluye una reforma de la Ley de Contratación de Publicidad por las Administraciones Públicas para que no se pueda adjudicar a dedo, y para favorecer el reparto de ese dinero de manera equilibrada entre los medios del ámbito territorial del que se trate.

Medidas con las que se pretende reducir la polución desinformativa circulante obligando a los medios a exponer públicamente una información básica que permita al destinatario juzgar si la información que recibe de ese medio responde al ejercicio responsable del derecho de los ciudadanos a recibir una información plural y veraz, del que los medios de información son garantes; o si esta sesgada, corrompida, por intereses ocultos para azuzar la pugna política. Nada se dice en el Plan de recorte alguno del derecho a la libertad de expresión de los medios y ciudadanos, sino que suponen una ampliación de esos derechos al proponer la despenalización de la crítica, explicita o teatralizada, contra las instituciones y símbolos que representan al Estado, en especial los que afectan a la Corona, que aún es objeto de debate entre los socios del Gobierno. O las referidas a la modificación de una parte de la Ley Mordaza, relativa al derecho de los ciudadanos a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva.

El Plan amplia el derecho a la libertad de expresión al despenalizar la crítica a las instituciones del Estado, incluída la Corona o el derecho a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva

Así pues, dar pábulo a las denuncias sobre el pretendido deseo del Ejecutivo de imponer la censura informativa a los medios, es otra más de las patrañas y falacias lanzadas diariamente a la palestra pública, sin datos que lo avalen, por una derecha que de manera infame e irresponsable acrecienta el fango. Claro ejemplo de desinformación intencionada que los políticos, en el ejercicio de su libertad de expresión pueden realizar, pero no los medios de comunicación que se tengan por tales.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Los efectos sociales y políticos del FOMO y el SELFIE

El impacto social de las redes digitales es ya un hecho innegable y verificable por cualquier observador atento a las tendencias sociales que en ellas se gestan, que los internautas extienden a la sociedad a través de sus acciones y comportamientos, condicionados por lo que éstas exigen para ser un agente, un nodo de comunicación, activo. Efecto que altera la psicología de los usuarios que trasladan a la población general, a la ciudadanía, a través de dos fenómenos surgidos en ellas que ya son cotidianos: el FOMO y el SELFIE. Fenómenos complementarios que expresan la ansiedad, la necesidad, de conocer, estar e, incluso, ser protagonista de todo lo que se cuece en la actualidad global que ofrecen de continuo las redes, por la velocidad de circulación de la información que imponen, definiendo así el perfil de ciudadano al que hay que ajustarse para estar en la onda de la era digital.

El FOMO (Fearof Missing Out), es el miedo a perderse algo, bien sea una experiencia de valor significativo que otras personas disfrutan, o cualquier evento de ocio, cultural, familiar o de la vida pública, verificados a través del SELFIE (auto retrato) que ejerce de notario de tu presencia en el lugar donde dices estar, para certificar que no te pierdes nada de la amplia oferta que la dinámica de las redes sociales ofrece de continuo. Para verificar que has estado allí. La acción conjunta de ambos fenómenos disloca la dinámica por la que se venían guiando las acciones y conductas de las personas en todo tipo de cuestiones de la vida en general, con claros efectos perniciosos que este verano han protagonizado la actualidad. El más notorio es el turismo masivo desbocado y, el otro, el político donde la necesidad de estar a todo lo que salta, lleva al desarrollo de discursos sin fondo ni proyecto, centrados solo en girar la actualidad al enfoque que interesa para atizar al enemigo, con y por lo que sea, olvidando la hemeroteca.

El miedo a perderse algo y el Selfie han irrumpido en la política creando discursos sin fondo ni proyecto

Las protestas ciudadanas de este verano en decenas de ciudades contra el modelo actual de turismo masivo —en especial en zonas muy tensionadas como las islas Baleares, Sevilla, Canarias…—, mostradas en los medios con multitud de imágenes y datos, reflejan su impacto negativo concretado en la pérdida de calidad de vida que sufren los ciudadanos que viven a diario su acoso: porque los recursos para mantener los servicios públicos de la población autóctona (sanidad, agua, limpieza urbana, seguridad…), son insuficientes para una población que los turistas duplican, triplican o cuadruplican en verano. Turismo que ha acabado con el concepto de viajero, de viajar, trasmutado en un simple peregrinaje por aquellos lugares de fama mundial por donde debes pasar y verificar que has estado allí.

En las ciudades turísticas el gran problema es la insuficiencia de los recursos necesarios para mantener los servicios públicos para una población que se duplica, triplica o cuadriplica en verano

Fenómeno favorecido por el descenso en los últimos años del precio de los paquetes turísticos que incluyen estancia y vuelo o la navegación en barcos convertidos en auténticas ciudades que, si bien entrañan una democratización del derecho a viajar, suponen una irrupción masiva en la vida de las personas y entornos culturales y naturales que se visitan. Fenómeno aderezado, incentivado, por el FOMO y el SELFIE, que convierten las ciudades y espacios naturales en parques temáticos masificados que los peregrinos digitales recorren, mayoritariamente, no para adquirir cultura sobre lo que visitan y patean —aunque sea de garrafón—, sino para certificar que han estado en el monumento que no se puede dejar de visitar, en la playa o espacio renombrado por sus valores naturales o en las áreas comerciales que convierten las ciudades, grandes y medianas, en sucursales clónicas de las mismas marcas y modelos de negocios. El efecto, la pérdida de valor de lo autóctono que desaparece al no haber hueco en el programa del peregrino turístico, que debe recorrer lo pre configurado sin tiempo para hablar con los pobladores del lugar: la vía para adquirir un conocimiento más amplio y enriquecedor sobre las costumbres del lugar que visita.

Hay una tercera pata que es la floración exponencial, sin control en la última década, de las habitaciones y pisos turísticos que han acabado, o están a punto de hacerlo, con el modelo de convivencia clásico entre los vecinos del barrio rico en monumentos y vida social, que ese turismo masivo convierte en un castigo destructor del costumbrismo que lo hace especial, y provoca la subida de precios de las viviendas que obliga a los autóctonos a abandonar su casa de toda la vida presionados por sus caseros que, como las hienas, huelen el dinero fácil y rápido de los turistas. Así, lo que distinguía al barrio, a la zona que se visita, se difumina y trastoca por la regla de la igualdad de modelo social y comercial que impone el turismo de masas. La única diferencia son los objetos que se expenden en las tiendas de recuerdos, de souvenier, también de garrafón.

Se genera así un conflicto de calado social, y claramente político, donde una vez más se pone en juego qué debe prevalecer, la vida de las personas o el negocio turístico: la niña bonita de la economía nacional.

El turismo de masas conlleva un incremento de habitaciones y pisos turísticos que provoca la subida de precios de las viviendas

Conjugar ambas cosas no es precisamente por dónde se encarrilla, hoy por hoy, la búsqueda de soluciones que contenten a todos, porque los gestores que pueden regular el problema y plantear el turismo desde otra óptica (Ayuntamientos, Comunidades y Gobierno central), actúan desde una perspectiva ideológica que vemos reflejada en ciudades y comunidades gobernadas por la derecha donde, a lo sumo, se impone un pequeño impuesto por viajero o la idea se rechaza sin ambages; como la de limitar el número de pisos turísticos a partir de un determinado número en la idea de propiciar el negocio y no limitarlo. Mientras otras administraciones imponen fuertes multas a los pisos turísticos ilegales o incluso deciden prohibirlos a partir de 2028, tras una progresiva supresión de licencias para este tipo de negocio, como ha decidido el Ayuntamiento de Barcelona. O aumentan el impuesto por turista, para contribuir a sufragar el coste social de su estancia como ha acordado el Ayuntamiento de Venecia al elevar, de manera sustancial, las tasas de pernoctación diaria que van de los 0,45 euros a los 5,según el tipo de alojamiento y el barrio donde está ubicado.

El turismo masivo que llega a España puede matarnos de éxito si los agentes sociales y políticos no lo encaran como una cuestión de estado que exige disposición al acuerdo, que siempre supone aceptar que cada parte y, aquí hay muchos sectores implicados, no debe imponer su planteamiento de máximos. El turismo es y puede seguir siendo nuestro petróleo, pero enfocado de otro modo que ponga en valor lo que nos diferencia: nuestro estilo de vida, y el uso del tiempo y nuestros recursos naturales que el turismo masivo destruye a pasos agigantados, que deben protegerse por encima del negocio de unos pocos.

Es necesario que el Ejecutivo promueva un pacto de Estado con el objetivo de elaborar una nueva estrategia nacional para un modelo de turismo agotado

Pacto de Estado que el Ejecutivo debe promover con la apertura de un proceso de diálogo con todas las partes implicadas, con el objetivo de elaborar una nueva estrategia nacional que renueve un modelo agotado. De nuevo salta el interrogante: ¿está la derecha dispuesta a ese pacto?¿Tiene alguna propuesta al respecto?