El proceso de cambio acelerado de modelo comunicativo al que asistimos de analógico —de uno para todos o comunicación de masas— a digital —de todos entre todos o comunicación masiva— rompe las barreras de tiempo y espacio, y ha quitado el patrimonio de la información circulante a los grupos de poder mediático que decidían qué noticias se trasladaban o no a un destinatario anónimo, sin práctica capacidad de réplica y elección. El efecto de este cambio es una ruptura de los convencionalismos metodológicos a la hora de recibir y gestionar información merced al uso bastardo de las redes sociales. Información, mensajes, que hoy fluyen y circulan prácticamente sin restricciones, porque cada ciudadano con sus meninges y un coste muy pequeño respecto al de un medio convencional, crea sus canales de recepción y distribución de contenidos sin límites espacio temporales.
Este hecho no debería despistarnos e inocularnos la creencia de que el uso espurio de las redes sociales es un mal endémico de internet, en la idea de que la tecnología es incontrolable y tiene vida propia fomentada con interés por quienes rechazan el avance social. La tecnología, la tecno ciencia, depende siempre del uso que hagamos de ella, porque cada avance es un catálogo de oportunidades para ampliar el conocimiento y hacer humano. Y esto es bueno recordarlo porque no se puede olvidar qué por la red global, por internet, circula de manera constante e ingente más información útil que inútil. Información que ha ampliado y extendido el conocimiento práctico y teórico en todas las ramas del saber y la cultura a sociedades que de otro modo no tendrían acceso a esos saberes.
De nuevo nos topamos con el certero proverbio de Confucio: cuando el sabio apunta a la Luna el necio mira el dedo. Hoy los necios son los que utilizan esta nueva libertad de acción para confundir a la ciudadanía al objeto de atacar y destruir el modelo de convivencia democrático con su uso disruptivo, que busca acabar con el sistema de libertades para implantar regímenes autoritarios, la denominada Democracia Iliberal: modelos de gobierno que no son democracias plenas ni dictaduras convencionales. Una democracia sin derechos en la que, como afirma el autor de El pueblo contra la democracia, Yascha Mounk, la voluntad popular es la ley suprema del país … (argumento tergiversado para justificar la) falta de respeto por las instituciones independientes y los derechos individuales. Mensaje que es la base del discurso populista que arde en las redes sociales y pseudomedios digitales que utilizan con una clara intencionalidad política.
Este uso espurio de las redes sociales arrancó desde la creación del primer referente del nuevo modelo en 2004: Facebook. Después vinieron YouTube (2005), Twitter —ahora X— (2006), WhatsApp (2009), Instagram (2010), o TikTok (2016), entre las de mayor uso e influencia social.
Es en la segunda década del nuevo siglo cuando estas plataformas muestran todo su potencial como herramientas de trasmisión de un nuevo tipo de mensaje comunicativo, caracterizado por su linealidad y simpleza. Hecho que volvió a revalidar lo que apuntó en 1964 el teórico de la comunicación Marshall McLuhan en su obra Comprender los medios: las extensiones del hombre (Understanding Media: The Extensions of Man), donde expuso que cada medio de comunicación determina un tipo de mensaje informativo que afecta a la percepción de la realidad del destinatario: el medio es el mensaje.
Por eso las redes sociales, por la limitación de espacio que imponen, favorecen la simplicidad para dar respuesta a problemas sociales complejos. De ahí que se hayan convertido en un filón para difundir todo tipo de teorías irreales, alocadas o acientíficas, merced a la renuencia de sus creadores y gestores a establecer controles que impidan, por ejemplo, que se pueda actuar en ellas con un nombre inventado, justificada en una falaz concepción de la libertad de expresión. Se llega así al desiderátum de que insultar, mentir, atacar agresivamente a las personas, invadir su privacidad o destruir su imagen pública se hayan convertido en moneda común, al amparo de una idea libérrima del derecho a la información y la libertad de expresión. Derechos básicos del sistema democrático que, por este descontrol, se han desdibujado haciendo necesaria su re significación, su actualización acorde al momento presente, con el objetivo de contener una deriva que socava la base conceptual e institucional en la que se asienta el sistema democrático.
Así, el derecho a la información se ha convertido en una carta blanca para que circulen sin barreras y se pueda acceder a ellas, informaciones cuyo sentido ya no se asienta en su veracidad, que pasa a un segundo plano, por la velocidad a la que fluyen que impide certificar su carácter veraz. De éste modo se da pábulo a informaciones falsas, a bulos, cuyo objetivo es confundir al destinatario—por un interés político— haciendo pasar por verdaderos hechos infundados o mentiras que debilitan, que resquebrajan, el sistema democrático de libertades. Lo mismo sucede con el derecho a la libertad de expresión convertido en un pimpampum ideológico, que ha difuminado su límite que se sitúa en el respeto a la libertad del otro, para decir, para afirmar una idea o una opinión, sin agredir, insultar o intimidar.
El acuerdo de la Mesa del Congreso —que deberá ser aprobado por el Pleno— de crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria es un paso imprescindible, para establecer una serie de controles y sanciones al uso perverso del derecho a la información y la libertad de expresión por parte de supuestos profesionales del periodismo que se amparan en ellos, para desarrollar una acción política disruptiva y acosadora de los periodistas, para entorpecer e impedir que la información veraz aflore y circule. Su aprobación definitiva es un primer paso necesario para resituar el sentido de ambos derechos, que no se pueden usar para dar cobertura a elementos que buscan derruir el sistema de libertades.
Derechos que son principios básicos en los que se fundamenta la democracia que, por este mismo motivo, son los primeros a los que recurren los propagadores de los discursos populistas y generadores de odio, conscientes de que es muy difícil de contrarrestar el mensaje de libertad irrestricta que espolean y no se les cae de la boca a sus más significados heraldos, del que IDA es uno de los mayores exponentes. Éste uso ilegítimo del derecho a la información y libertad de expresión, es la base ideológica de los defensores de la idemocracia, que la democracia, que los demócratas, deben combatir redefiniendo, recuperando, los valores conceptuales que les dieron origen.
El derecho a la información no ampara, ni debe amparar nunca, la difusión y el acceso a informaciones falsas que buscan estimular la vena emocional del receptor y anular su capacidad reflexiva, porque adocenan, desinforman y orientan la mente hacía visiones y percepciones interesadas de la realidad. Del mismo modo, la libertad de expresión no puede amparar jamás la censura de las opiniones críticas en base a criterios morales, religiosos, supuestos valores patrios o respeto a las instituciones que representan y simbolizan el Estado. Su límite debe ser la infamia, el insulto, el acoso a la intimidad, la propagación del odio y la violencia.
Tribuna Socialista 
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