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Una ola está recorriendo nuestro país clamando por el derecho efectivo a la vivienda. El 13 de octubre la ola rompió en Madrid, el sábado 19 lo hizo en Valencia y el 20 en Canarias. Son decenas de miles de personas las que han salido a las calles, muchas de ellas jóvenes.

Según un informe de CCOO, entre 1980 y 2023, de los 11,8 millones de viviendas construidas, un escaso 23% era vivienda protegida. Aquel parque de vivienda pública reventó tras la ley del suelo de 1998, la del gobierno Aznar, que liberalizó el suelo público y recalificó suelo hasta la saciedad; tanto se sació el mercado que termino por explotar la burbuja inmobiliaria en 2008.

En comunidades autónomas como la de Madrid, los gobiernos de la derecha han vendido 5.000 viviendas públicas: entre el Ayuntamiento de Madrid, 1860, y el resto la propia Comunidad. Estos mismos gobiernos son los que están fomentando los pisos turísticos, al negarse a aplicar la Ley 12/2023, que declara “zonas de mercado residencial tensionado” y pone límites al incremento de los precios del alquiler.

Esta concatenación de hechos políticos en materia de vivienda: liberalización del suelo, venta de vivienda pública a fondos buitre y fomento de los pisos turísticos, junto a la no aplicación de la ley, ha desembocado en una situación insostenible; particularmente para los y las jóvenes, que ven como se aleja en el tiempo su derecho a emanciparse.

Si tenemos en cuenta que el salario más frecuente en España se situó en 2022 en 14.586 €/año- el SMI de 2022 era de 14.000 €/año- el salario que más frecuentemente se cobrado quedó muy cerca del SMI. Hay que saber también, que este salario, el más frecuente, descendió en 2022 en un 21,17% desde el dato de 2021 que lo situó en 18.503 €/año. (Fuente de datos: INE). Frente a esto y en el mismo ejercicio de 2022, la variación anual del precio de la vivienda nueva en el conjunto del Estado fue del más del 30%. En el presente año 2024, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 10,2% en promedio en todo el Estado, pero en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, los incrementos han sido del 15,7%, 15,4% y del 12,1% respectivamente, a cierre del tercer trimestre.

Estos datos muestran como la capacidad adquisitiva de los salarios de la mayoría de los asalariados por cuenta ajena mengua, frente al incremento desproporcionado del precio de la vivienda, sea en propiedad sea en alquiler.

La capacidad adquisitiva de los salarios mengua mientras que la vivienda se encarece de forma desproporcionada

La encrucijada para millones de jóvenes es que no puede acceder a una vivienda nueva o de segunda mano, por la que pagarían proporcionalmente menos de amortización de hipoteca que lo que se les pide por un alquiler compartiendo piso, pero, por su bajo nivel de ingreso, la banca privada les cierra las puertas.

El Estado, concretamente el Gobierno y el poder legislativo -los partidos con presencia en el Congreso y el Senado- podrían romper esta dinámica:

• Sacando al mercado las casi 50.000 viviendas que tiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancario (SAREB) que nos costaron a todas y todos los contribuyentes 35.000 millones de euros -alguien tendría que explicar qué inmuebles y quiénes los han adquirido, pues no es verosímil pensar que 50.000 viviendas han tenido un coste medio de 700.000 euros-.
• Exigiendo a la banca la devolución de los 65.000 millones de euros públicos que se les prestó para su reestructuración; dinero que podría invertirse en la construcción de casi medio millón de viviendas públicas.
• Poniendo en marcha un plan urgente de construcción de vivienda pública: en alquiler y en propiedad; compartiendo con el Gobierno que la vivienda pública debe serlo a perpetuidad, para que no se pueda especular con ella -uno de los artículos que fue anulado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 79/2024, de 21 de mayo pasado-
• Lanzando líneas de préstamos hipotecarios directamente desde el ICO, no a través de las entidades financieras privadas, que no discrimine por renta.
• Revertiendo la venta de vivienda pública mal vendida a fondos de inversión y a grandes tenedores, expropiando estas viviendas, ante la dramática situación que soporta la mayoría de la sociedad.

Seguro que hay más medidas que se podrían aplicar, pero sería un crimen social que pasara el tiempo y que no hubiese una solución inmediata para el 85% de los y las jóvenes entre 25 y 29 años no pueden emanciparse, y para el 30% de los que teniendo más de 30 años tampoco pueden hacer realidad su proyecto de vida.

No se trata de políticas para captar el voto de los jóvenes, se trata de un drama social que afecta a temas tan sensibles como la natalidad o la capacidad para aportar al sistema que garantice el Sistema Público de Pensiones en el futuro, entre otras cuestiones que dependen de tener o no un salario digno, o que sea lo justo para no morir de hambre. De la respuesta al problema de los partidos políticos que compiten en las elecciones debería depender el voto del electorado.