Constitución y sindicatos

“Me han dicho que nuestra Constitución nos dedica unas páginas maravillosas a los pobres”.

Exposición sobre La Constitución en viñetas. Chumy Chúmez, 1999. Diario 16.

 

Estamos culminando un año de relevantes conmemoraciones para el movimiento sindical. Los sindicatos se disponen a celebrar el 40º aniversario de la aprobación de la Constitución Española (CE), que consagró definitivamente la libertad sindical en nuestro país; en los próximos días se proponen celebrar también el 30º aniversario de la Huelga General del 14 de diciembre (14-D) del año 1988; y, por último, UGT va a cerrar el año habiendo celebrado el 130º aniversario de su nacimiento, el día 12 de agosto de 1888, en Barcelona.

A pesar de las críticas que se han efectuado en los últimos años, incluso desde sectores de izquierda, el consenso alcanzado en torno a la CE no fue nada fácil, dada la relación de fuerzas existente hace 40 años entre la derecha (con reminiscencias franquistas) y la oposición emergente de izquierdas. Los problemas relacionados con el texto constitucional- si se han producido- se deben más a omisiones o a la escasa y nula aplicación de alguno de sus artículos, que a la redacción de su contenido, al margen de la regresiva y bochornosa modificación del Artículo 135-CE. En relación con los interlocutores sociales, la CE (Título preliminar, artículo 7) pone de manifiesto “que los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Más en concreto, la CE apoya una política orientada al pleno empleo y defiende el derecho al trabajo, la igualdad entre sexos y la protección social de los trabajadores y familias. Por otra parte, los discapacitados, las personas mayores y los consumidores son citados con especial relieve, al margen de la mención destacada que se hace de los derechos básicos de los ciudadanos: la seguridad social (pensiones), la salud, la educación, la vivienda…

En el plano sindical, y una vez disuelto el sindicato vertical, la CE blinda la libertad sindical (derecho de los trabajadores a constituir sindicatos y a afiliarse o no a un sindicato) y garantiza el protagonismo debido de los sindicatos, a través de las secciones sindicales y de su participación en los órganos unitarios de representación en los centros de trabajo. La CE dota también de instrumentos suficientes para el ejercicio de la acción sindical (la negociación colectiva y su fuerza vinculante), consolida el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo y a ejercer el derecho de huelga a todos los niveles y, de manera destacada, apuesta por la participación de los sindicatos en las instituciones, empresas y economía social.

El desarrollo a fondo del texto constitucional se llevó a cabo con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (ET), en marzo del año 1980 y, posteriormente, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), en el año 1985. Este entramado legislativo nos situó a la altura de los países más avanzados de la UE y, como consecuencia, los sindicatos asumieron la responsabilidad que les correspondía en un contexto democrático: defender la centralidad del trabajo en una sociedad democrática; apostar por el pleno empleo; participar en la modernización de las estructuras económicas, sociales y laborales; incrementar moderadamente los salarios; garantizar la protección social de los pensionistas y desempleados; fortalecer los servicios públicos; exigir una fiscalidad suficiente, eficiente y justa; trabajar a fondo por la igualdad de género; y combatir el cambio climático, entre otras actuaciones relevantes.

Precisamente- en la década de los ochenta-, en defensa de los intereses de los trabajadores y de una política de solidaridad, los sindicatos se sintieron incomprendidos al reivindicar un reparto más justo y equitativo de los beneficios que se estaban generando por un mayor crecimiento de la economía (demanda del giro social para recuperar la deuda social contraída con los trabajadores) y no ser correspondida esta elemental exigencia social por el gobierno. Debemos recordar que el Informe Anual del Banco de España contemplaba un crecimiento del PIB del 5,8%, en el año 1988 (año de la Huelga General). El propio ministro Carlos Solchaga fue aún mucho más explícito ante la situación económica y llegó incluso a manifestar que “España es el país donde se gana más dinero  y de la manera más rápida del mundo”.

Eso justificó la contestación obrera encabezada por CCOO y UGT, que se concretó en la exitosa y mayúscula Huelga General del 14-D. Un año después, los sindicatos consiguieron una buena parte de sus reivindicaciones. Además de que el gobierno retirara el Plan de Empleo Juvenil (PEJ); se aprobó la Ley de pensiones no contributivas (asistenciales); el derecho a la negociación de los empleados públicos; la cláusula de revisión salarial de los funcionarios;  la cláusula de garantía para los pensionistas; el incremento de la ayuda familiar para las rentas más bajas; el salario social a través de las comunidades autónomas; además del derecho de información en materia de contratación laboral; y el mayor incremento de las pensiones de la década, entre otras medidas. Lo que resulta muy impresionante visto desde la actualidad…

No es extraño que los sindicatos pongan en valor esa fecha emblemática para el movimiento sindical. En todo caso, recordar lo ocurrido en la Huelga General del 14-D, tiene sentido si contribuye al fortalecimiento de las luchas obreras, consolida la experiencia del movimiento sindical y significa un acicate para seguir desarrollando la acción sindical en base al diálogo social y la negociación colectiva que, no lo olvidemos, requiere de una mínima relación de fuerzas anclada en la capacidad de movilización del movimiento obrero organizado.

Desde entonces, la situación en España ha mejorado mucho. Sin embargo, y a pesar de los avances que se han producido, los sindicatos siguen teniendo en la actualidad serios problemas y muchas dificultades para defender a los más desfavorecidos. Dificultades agudizadas, sobre todo, por la grave crisis económica que hemos sufrido en los últimos 10 años y por las políticas radicales de austeridad practicadas- al amparo de la crisis- en el conjunto de la UE. Por eso, en las actuales circunstancias, los sindicatos deben seguir respondiendo a nuevos retos y tienen que asumir nuevos compromisos en la lucha contra el alto desempleo; la fuerte precariedad; el aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social; el desmantelamiento y la privatización de algunos servicios básicos; la presencia creciente del capitalismo financiero en las empresas; el cambio climático; el fenómeno de las migraciones; el déficit en protección social; la pérdida de salarios en la renta nacional; el desarme fiscal; la baja participación de los jóvenes en los partidos y sindicatos; o, si se quiere, el fenómeno de la globalización- el nuevo orden mundial, el pensamiento único-, que se ha convertido en una pesadilla para todos, salvo para unos pocos.

A esta situación hay que añadir las exigencias de una competitividad sin límites, no suficientemente regulada, que se traduce en el deterioro de las condiciones de trabajo; la precariedad en la contratación; la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; la deslocalización de actividades; y en un lamentable aumento de los riesgos laborales. Y todo ello se está llevando a cabo sabiendo que esta competitividad sin límites es una carrera que no se gana. No hay una llegada en la carrera hacia el abismo porque no se puede competir en ningún caso con el trabajo de esclavos. A ello ha contribuido, de acuerdo con Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de los servicios públicos y la elevación del sector privado a nuestra iconografía, así como las crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la acrítica admiración de la desregulación de los mercados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Razones poderosas para manifestar que los principios que inspiraron la constitución de UGT, hace ahora 130 años, tienen plena actualidad. Sobre todo siguen vigentes después de la profunda crisis política, económica y social que hemos sufrido y, desde luego, demuestran que no es la primera vez, ni será la última, que los sindicatos y los trabajadores tengan problemas. Por eso hay que seguir apostando por un sindicalismo renovado y en permanente contacto con la realidad social: más democrático, más participativo, más abierto, más de combate y, por lo tanto, más creíble y capaz de ilusionar, sobre todo a los más jóvenes, a las mujeres, los precarios, los inmigrantes, los autónomos y los trabajadores en paro. También por un sindicalismo capaz de asimilar los cambios sociológicos y de conectar con los movimientos sociales emergentes en defensa de los más desfavorecidos. Y, desde luego, por un sindicalismo activo y militante, que responda, sobre todo, a dos grandes retos en la actualidad: la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y, en segundo lugar, el combate contra la brecha salarial y la igualdad de género, sin que ello signifique abandonar la igualdad de clases, que es la que ha marcado e impulsado las luchas obreras a través de la historia.

En todo caso, debemos recordar que nada será posible si los sindicatos no inspiran respeto y mejoran sustancialmente su relación de fuerzas (amenaza creíble), única manera de acrecentar su capacidad de negociación y de movilización social. Y eso requiere actuar sobre cinco grandes asuntos: aumentar la afiliación en colectivos específicos, que en estos momentos están al margen del movimiento sindical; incrementar la representatividad sindical; avanzar en la formación de cuadros, delegados y militantes; fortalecer la autonomía del sindicato; y, sobre todo, potenciar el desarrollo de la acción sindical a través del diálogo social y de la negociación colectiva a todos los niveles. No debemos olvidar que los gobiernos y los empresarios nunca regalan nada. Prueba de ello es que el movimiento sindical ha sufrido y sigue sufriendo una campaña antisindical sin precedentes conocidos en democracia. Por eso, una sobre actuación sindical de carácter burocrático, institucional y administrativo; o, si se quiere, una acción sindical acomodaticia, encaminada simplemente a limitar daños y a conseguir logros a corto plazo, está condenada al fracaso. Sobre estos hechos se discutió ampliamente en los últimos Congresos de UGT y CCOO- celebrados en Madrid- y, sin lugar a dudas, serán motivo de discusión en los próximos años; sobre todo cuando se está poniendo en entredicho el futuro del trabajo y, por lo tanto, el futuro de los propios sindicatos en un mundo muy condicionado por la robótica, la inteligencia artificial y la creciente digitalización.

Por último, es bueno recuperar nuestra historia como el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros fundadores, a nuestros mayores y a los miles y miles de héroes anónimos que han luchado desinteresadamente por la causa obrera y por las ideas socialistas. A todos ellos les debemos un sincero y profundo agradecimiento y, también, renovar el compromiso público y decidido de seguir luchando por la causa obrera y por la formación de militantes conscientes y comprometidos en defensa de una renovada utopía: nadie sin empleo; nadie sin casa; nadie sin abrigo y sin alimentos; nadie sin educación y asistencia sanitaria; y, por lo tanto, sin una renta mínima de inserción en una democracia real y comprometida con los más débiles.

05.12.2018. Antón Saracíbar.