Durante las semanas previas a la investidura, la derecha y la ultraderecha han intentado evitar por tierra, mar y aire, que los partidos antifranquistas llegaran a acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un gobierno de coalición y de progreso.
Se han pronunciado y movilizado la totalidad de los medios de comunicación de la derecha, la patronal CEOE, los guardia civiles, el CGPJ, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional, el PP, VOX y los grupos de extrema derecha satélites de estos partidos.
Los ataques a la sede del PSOE, con la excusa de las protestas contra la ley de amnistía han sido lugar común para el encuentro de los grupúsculos de la ultraderecha («hazte oír», «Desokupa», «los Ultrasur» y grupos abiertamente franquistas, como la falange y VOX) y de la derecha más rancia con Aznar, Ayuso y Esperanza Aguirre como cabezas más visibles. En las movilizaciones de estos herederos del franquismo se coreaba el cara al sol, además de proclamas homófobas, racistas y ultracatólicas).
Si comparamos estas manifestaciones con las que normalmente convocan los trabajadores para defender sus derechos observaremos que en las manifestaciones obreras existe la obligación de comunicar el recorrido de las mismas a la delegación de gobierno, mientras que en estas convocadas por la ultraderecha no ha sido así. Ni que decir tiene que la dureza con la que la policía reprime las manifestaciones obreras no tiene nada que ver con la tibieza de la actuación policial de estos días, que incluso han llegado a escoltar a los grupos neonazis.
Sin embargo, pese a que el protagonismo se lo ha llevado las protestas en la calle, especialmente frente a la sede de Ferraz, estas han ido acompañadas, de forma «casualmente» sincronizada, por algunas resoluciones judiciales como la del caduco Consejo General del Poder Judicial.
La des-facha-tez no tiene límites: el CGPJ cuya función prinicipal es el gobierno de los jueces y garantizar su independencia sin emitir declaraciones institucionales de parte, y manteniendo, por tanto, una necesaria neutralidad política, emitió una declaración «preventiva» antes de que la ley de
amnistía fuera siquiera presentada, cuando menos promulgada. Los que tanto defienden la separación de poderes, se la pasan por el forro cuando lo que está en juego es garantizar un gobierno de progreso. A todo esto, el CGPJ hace 5 años que debería haberse renovado, y tiene en su composición una mayoría conservadora gracias al bloqueo del PP, incumpliendo el mandato constitucional.
Por otro lado, tampoco es casual que cuando se estaban a punto de cerrar los acuerdos entre el PSOE y Junts, el juez de la Audiencia Nacional, Garcías Castellón, anunciara el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, y otras diez personas relacionadas con el procès, por terrorismo. ¿otra casualidad?
Recordemos que la Audiencia Nacional es una instancia judicial heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Cuando este Tribunal fue reemplazado por la Audiencia Nacional, en él se integraron 10 de los 16 jueces del extinto Tribunal.
Recordemos también que la Audiencia Nacional, ha protagonizado en los últimos años algunos de los escándalos más notables de nuestra democracia: no han sido capaces de determinar quién es el «M.Rajoy» de los papeles de Bárcenas; han lanzado 20 causas judiciales contra podemos, que han tenido que cerrarse al no encontrar delito alguno
Ojo con la guardia civil: la asociación de guardias civiles APROGC ha lanzado, casualmente, un comunicado en que se declaran dispuestos a “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Otras cinco asociaciones, incluyendo la mayoritaria Jucil, se han pronunciado contra la amnistía y contra los acuerdos PSOE-Junts. ¿Organizaciones militares pronunciándose en cuestiones políticas?
Todo este cúmulo de coincidencias no es una casualidad, sino más bien obedecen a una causalidad. La causa a la que obedecen es la del movimiento nacional católico, la del franquismo, aún presente en nuestras instituciones, y que son un serio obstáculo para consolidar los derechos conquistados en los últimos años, avanzar en la convivencia y fraternidad de un estado plurinacional como España, y para conseguir nuevos derechos y conquistas sociales como aspira la mayoría social de nuestro país.
Mucho me temo, que este trumpismo franquista no va a parar de torpedear las aspiraciones de progreso que necesita la clase trabajadora de nuestro país.
Baltasar Santos
TS Cataluña.
Tribuna Socialista 