El desprestigio de uno de los tres poderes del Estado, la Justicia, ha alcanzado cotas desconocidas en los últimos 46 años.
El hecho de que el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya estado sin renovarse casi cinco años cuantifica este problema democrático. Y el hecho de renovarlo no resuelve el descrédito de la Justicia.
Es impensable que el poder ejecutivo estuviese vigente durante nueve años, sin renovarse desde su constitución. O sería un escándalo mayúsculo que un delegado o delegada del gobierno en una región interpretase sus funciones como le diese la gana o se extralimitase en la aplicación de sus atribuciones. Lo normal sería que el Gobierno le destituyese ipso facto.
Bien, pues desde hace ya muchos años venimos asistiendo a una especie de vale todo en la interpretación y aplicación de las leyes para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, que es la función principal de los jueces, fiscales y tribunales. Si estas opiniones las dejase aquí no serían más que opiniones de un ciudadano ajeno al Derecho y a lo Judicial. Sin embargo, es el Tribunal Constitucional (TC) el que acaba de decir cosas como: “…se ha invadido la separación de poderes al criminalizar actos legislativos de un gobierno regional”, o “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida” o “se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal”… Son algunas consideraciones, posiblemente no las más gruesas, que ha emitido el TC respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia provincial de Sevilla en el caso de los EREs de Andalucía.
Es a todas luces evidente que este caso se utilizó para azuzar, en marzo de 2011, contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (las generales las ganó el PP en noviembre del mismo año): ojo, no por esto solamente. Un PP que estaba inmerso en una avalancha de casos de corrupción por toda España. Allí destacó la jueza Alaya cometiendo, a juicio del TC, toda clase de excesos y graves quiebras de la justicia.
Ahora tenemos al juez Peinado, que ha decidido mantener abierta una causa general contra el presidente del Gobierno, acompañando así el acoso y derribo que el PP puso en marcha tras la fracasada investidura de Feijóo. No es la primera vez que la derecha: PP, VOX y C´s todos o en parte, según las etapas, aplica la táctica de no reconocer la legitimidad del gobierno salido de las urnas.
El juez Peinado busca motivos para imputar a, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que dichos motivos no son punibles. Da lo mismo, el objetivo es mantener abierta un acusa que alimente el circo mediático en los canales de la derecha. Forman un tridente de ataque contra el presidente: judicial, mediático y político, para derribar al gobierno. No es un golpe de estado militar, pero busca el mismo fin.
Estas prácticas, conocidas con el anglicismo de “lawfare”, son parte de las consignas y formas de actuar de la extrema derecha y la derecha extrema, aunque vistan de “demócratas”.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, pasó 580 días en la cárcel y lo más importante para Bolsonaro; que no pudiese participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy es nuevamente el presidente del Brasil, tras haber revocado la justicia brasileña las condenas orquestadas en la operación “Lava Jato”.
El presidente portugués Antonio Costa dimitió en noviembre de 2023, tras relacionarse su nombre en una investigación judicial. Después, tras las elecciones que le dieron el triunfo a la derecha, resultó que era otro Antonio Costa el investigado.
La instrumentación de la justicia para incidir en la política no afecta solo a presidentes de gobierno. Aquí se ha aplicado a políticos para desestabilizar grupos parlamentarios o gobiernos regionales. Es el caso de Alberto Rodríguez, quien perdió su acta de diputado en octubre de 2021, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo, esa misma Sala sobre la que el portavoz del PP en 2018, Ignacio Cosidó, dijo “Controlaremos la Sala segunda desde atrás”. El TC ha revocado la sentencia y considera que fueron vulnerados los derechos fundamentales de Alberto Rodríguez. Y ocurrió en el País Valenciano, cuando Mónica Oltra tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidenta del Gobierno autonómico al ser imputada en una causa que, dos años después, el juez dice que no hay ni “indicios de la comisión de delito alguno”.
Son muchos los casos que podría citar y no es la primera vez que desde los tribunales europeos y altas instancias judiciales e instituciones internacionales afean la arbitrariedad de la justicia española. Quizá, el caso que deja más nítida la tendencia política de estos jueces y juezas que practican el “lawfare” sea el del juez Baltasar Garzón, quien fue apartado de la carrera judicial por querer investigar los crímenes del franquismo y cuando ordenó escuchas para investigar el caso de corrupción “Gurtel”; caso que atravesaba y atraviesa al PP de abajo arriba y de un lado a otro.
El Comité de Derechos Humano de la ONU estimó que el Tribunal Supremo español vulneró el derecho del ex juez a la presunción de inocencia y el de revisión de condena, llegando a considerar que no había tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial.
Queda mucho por hacer. La transición del franquismo a la democracia no será completa en tanto haya un poder del Estado que tiene tufo franquista. La llamada a la regeneración democrática no debería quedarse en medidas estéticas ni de traslación de directivas comunitarias; necesitamos medidas de calado, estructurales.
Los jueces deben ser independientes, claro que sí, pero no solo han de serlo, también deben parecerlo y en el caso abierto contra Begoña Gómez es evidente que no lo están siendo ¿Hasta cuándo el Gobierno de los jueces va a permitir esta tropelía?
Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE
Tribuna Socialista 