La ineludible regeneración democrática

La democracia es el sistema de organización social y política que distribuye el poder que emana de los ciudadanos, sujeta a los vaivenes que se producen en la sociedad, que requiere de una defensa continua de los principios que la inspiran. Más cuando son atacados, cual martillo pilón, por la derecha extrema y la ultra derecha favorecidas por un sistema comunicativo que propicia la circulación masiva de desinformación, con el objetivo espurio de deslegitimar las instituciones democráticas, cuando el Gobierno elegido democráticamente, por los ciudadanos, cae en manos del oponente político. Modelo comunicativo que articula en cada momento histórico la manera en que las personas comunican entre sí, y reciben información de los poderes públicos y de los encargados de gestionar el derecho a la información: los medios de comunicación.

Modelo que evoluciona conforme al avance técnico y tecnológico que ha producido la sustitución del sistema analógico, vertical, en el que la distribución de la información a la sociedad era potestad de unas pocas personas o grupos empresariales y el receptor un sujeto pasivo (uno para todos); por lahorizontalidad del sistema digital (entre todos) que trasforma al destinatario en un nodo de comunicación con capacidad para recibir información de múltiples fuentes, con las que crea su propio mensaje que difundea cualquier hora, desde y para cualquier lugar del planeta, a través de los canales que él mismo establece en la red planetaria que es internet, en la que nadie controla lo que se difunde y su veracidad.

Cambio tecnológico que ha supuesto un giro radical en la manera de comunicar cuyo aspecto positivo es expandir y compartir conocimiento de manera global, y el negativo de generar la circulación de información masiva donde el control de la veracidad de los mensajes que circulan se difumina, con el efecto de degradar el sentido del periodismo como garante del derecho a una información veraz, debido al uso interesado y mendaz de algunos medios digitales y redes sociales por los propagadores del populismo disruptivo difundiendo bulos, noticias falsas, tergiversaciones y mentiras, que ponen en duda la credibilidad de las instituciones democráticas, y la honorabilidad de determinadas personas públicas. O, peor aún, expandiendo el miedo al futuro para retrotraer las mentes al pasado de ordeno y mando: del atado y bien atado.

Panorama de descontrol desarrollado al amparo de una interpretación tergiversada de los derechos a la información y de libertad de expresión, que da por bueno que ambos carecen de límites, en la idea de que cualquier límite que se quiera establecer supone imponer la censura. Planteamiento maniqueo porque el derecho a la información viene referido a garantizar el acceso y la veracidad de los contenidos que se difunden; mientras que la libertad de expresión no es el libertinaje de acusar sin pruebas de delitos o faltas administrativas a personas, instituciones públicas o empresas privadas. Descontrol que degrada la democracia y al que la UE ha puesto coto, que no censura, con el recientemente aprobado —con el apoyo del grupo popular europeo donde se encuadra el PP—,Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación que recoge una serie de medidas que deben ser adoptadas por los países de la unión. Medidas que fueron expuestas por el Presidente del Gobierno en el Congreso, como parte del anunciado Proyecto de Regeneración Democrática. Propuesta abierta que no establece ninguna censura a los medios, que acaba de comenzar su andadura con un proceso de negociación con los grupos parlamentarios –menos Vox— encabezado por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el de cultura, Ernest Urtasum.

Medidas centradas en los medios de comunicación de las que el Presidente dejó fuera, no sabemos si deliberadamente o para abrir la negociación a las propuestas de los grupos políticos, la reforma del CGPJ y de la potestad de los jueces que acabe con la politización de la justicia (lawfare o guerra legal);de la ley de secretos oficiales vigente desde el franquismo; y la ley mordaza que limita la libertad de expresión y protesta de los ciudadanos. Reformas imprescindibles para una verdadera regeneración democrática. Veremos si el Gobierno está dispuesto a abordarlas.

De momento, la negociación propuesta por el Ejecutivo se centra en una traslación del Reglamento aprobado en el Parlamento Europeo, relativas a la transparencia para obligar a los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios, sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras de audiencia. Todo con el objetivo de evitar fraudes como aumentar el número de visitas al medio digital mediante el uso de bots (algoritmos que aumentan electrónicamente el número de visitas) para captar más inversión publicitaria pública que lectores; o evitar que los partidos políticos compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes, mediante la reforma de la ley de publicidad institucional para que todos los gobiernos, el nacional, y los autonómicos y locales, publiquen con detalle cómo y cuánto dinero público gastan en publicidad institucional en los medios digitales y convencionales.

Propuestas para garantizar la independencia y pluralismo mediático, que sancionen las presiones políticas y empresariales sobre los periodistas, como las amenazas lanzadas contra el Diario.es por el asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, por informar sobre las negociaciones del novio de la Presidenta con Hacienda, para evitar la condena por fraude fiscal. Y para reforzar la defensa de los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos, si se vierten calumnias contra ellos. Y, si atendemos a lo dicho por su socio de Gobierno, Sumar, para reformar la ley mordaza eliminando los delitos de opinión contra la Corona y los sentimientos religiosos; además de cambios en la ley electoral para hacer obligatorios los debates políticos, y en la ley de administración pública y gobierno abierto para aumentar y mejorar la calidad de la información que el Ejecutivo suministra a los ciudadanos.

Reformas que no solo se deben negociar con los partidos políticos, sino con otros agentes sociales implicados como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que agrupa a la parte sustancial de profesionales en ejercicio, que debe jugar un papel fundamental en el control del cumplimiento de las medidas que se aprueben, como le sugirió su Junta Directiva al Presidente del Gobierno, en una reunión reciente mantenida en Moncloa. Encuentro en el que le presentaron varias propuestas como crear una Comisión de Monitorización y Seguimiento para denunciar la vulneración de los principios deontológicos de profesionales y medios, en línea con lo que viene haciendo la Comisión Deontológica de la FAPE con sumo acierto. Comisión de Monitorización, en la que propusieron que se incluya a los propietarios de los medios —como sucede en Bélgica—, si quieren tener financiación pública. 

En paralelo, treinta y cinco organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Fundación Alternativas o Greenpeace— registraron en la Cámara diversas propuestas para la regeneración democrática durante el debate en el Congreso relativas, por ejemplo, a la regulación de los grupos de presión o lobbies para que su agenda y reuniones con cargos públicos se publiciten, o facilitar la consulta pública de las iniciativas legislativas que lleguen al Congreso.

Video del debate en el parlamento sobre las medidas de regeneración democrática