El acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crucial en España, en un problema de primera magnitud; particularmente para los y las jóvenes de nuestro tiempo. Los precios de alquiler y compra han aumentado tanto que es materialmente imposible para un joven, para una persona que vive sola o para familias trabajadoras en situación de vulnerabilidad económica acceder a un hogar, en contra de la palabrería del artículo 47 de la Constitución.
Este fenómeno se debe a varios factores, entre otros:
•La alta demanda en áreas urbanas
•La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
•La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
•Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
•La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler.para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
•El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.
La situación se ve agravada por el estancamiento de los salarios y la precariedad laboral, lo que hace que la vivienda sea un derecho en riesgo para muchas personas.
«El acceso a una vivienda digna es hoy dia un derecho imposible para la mayoría social»
La Ley de Vivienda y sus consecuencias
Uno de los principales objetivos de la ley era frenar el aumento desmedido de los precios de alquiler. Sin embargo, se ha observado que, en algunas áreas, los alquileres continúan incrementándose, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Esto plantea dudas sobre la capacidad de la ley para regular los precios de manera efectiva.
A pesar de los esfuerzos, la regulación presenta numerosas deficiencias. Algunos propietarios evaden la ley mediante prácticas poco claras, como incrementos ocultos en los costos, contratos en negro, el alquiler por habitaciones o derivar la vivienda a uso turístico. ¡Hecha la ley, hecha la trampa!
Los sectores más vulnerables enfrentan las peores consecuencias. A menudo, son los inquilinos con menos recursos quienes sufren el impacto del aumento de precios o la falta de disponibilidad de viviendas asequibles. Además, muchas familias se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a la presión económica, lo que agrava la crisis de la vivienda en el país. Las propuestas de vivienda social y ayudas gubernamentales todavía son insuficientes para satisfacer la demanda existente.
Las generaciones más jóvenes en España enfrentan serias dificultades para acceder a la vivienda, exacerbadas por la precariedad económica. Muchos jóvenes se ven obligados a vivir en casa de sus padres o a compartir piso debido a salarios bajos y contratos temporales que limitan su capacidad de ahorro.
El informe del Consejo de la Juventud de España »Un problema como una casa» revela algunos datos demoledores:
-Un 27,4% de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social.
-Los jóvenes nacidos desde el año 2000 tienen una situación económica un 40% inferior a los jóvenes que nacieron en los años 60.
-La edad media de emancipación es de 30,4 años frente a los 26,3 de la media europea,
-El sueldo medio de un joven de 30 años es de 1.005 euros, por lo que solo para poder tener una vivienda ha de destinar más del 100% del salario.
-Como consecuencia de los precios y los salarios, un 87% de los jóvenes comparte vivienda. Cerca del 42% la comparten con 3 o 4 personas.
Las cifras son claras: las condiciones de vida de la juventud son inadmisibles. Es necesario actuar: Acabar con la especulación, incrementar la oferta de vivienda pública, bajar los alquileres y subir los salarios constituyen un paquete de medidas de primera necesidad para la clase trabajadora.
El problema para acceder a una vivienda va más allá de un problema económico, deriva en un problema social muy grave como es la frustración de la necesaria emancipación de los las jóvenes. Una meta que en las generaciones pasadas era sinónimo de libertad.
«Las condiciones de vida
de la juventud son inadmisibles»
Manifestaciones del 5 de abril.
Más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid y el sindicat de llogateres de Catalunya, convocaron movilizaciones que tuvieron lugar el 5 de abril para gritar que la “vivienda no es un negocio” y reclamar medidas urgentes al gobierno. Las manifestaciones tuvieron el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y fueron secundadas por decenas de miles de personas en las principales capitales de España.
En una declaración conjunta de los sindicatos mayoritarios se sitúa la vivienda como una prioridad absoluta para nuestra sociedad.
«La gravedad del problema nos obliga a situar el derecho a la vivienda como una absoluta prioridad»
Falta una política estatal de vivienda ambiciosa.
Algunos de los comentarios en las manifestaciones eran “el gobierno ni está ni se le espera”. Mientras tanto, el Plan de vivienda en alquiler asequible del gobierno de progreso prevé la construcción de 184.000 nuevas viviendas de alquiler, claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, según las cifras del Banco de España, serían necesarias más de 800.000 nuevas viviendas públicas.
«El Plan de vivienda del gobierno prevé 184.000 nuevas viviendas. El Banco de España sitúa en 800.000 las viviendas que serían necesarias en la actualidad»
Los ayuntamientos no tienen herramientas para hacer frente a la especulación de la vivienda, y algunos de ellos, como el de Madrid, mira descaradamente hacia otro lado ante las viviendas turísticas ilegales. Al recargo en el IBI de los grandes tenedores de supuestos pisos vacíos, le ha seguido un “desmembramiento” de fondos buitre en pequeños fondos buitre para eludir el calificativo de “grandes tenedores”.
En algunas ciudades se empiezan a escuchar alternativas más ambiciosas: expropiar las viviendas en poder de los fondos buitre y cuadruplicar la oferta pública de vivienda prevista por el gobierno. Claro que para ello hace falta cuadruplicar el presupuesto social en vivienda e iría en detrimento del aumento presupuestario en “rearme” y, por tanto, en detrimento de los compromisos adquiridos con la UE, la OTAN y Estados Unidos.
«Los fondos buitre se han dividido en pequeños fondos para eludir el calificativo de «grandes tenedores» y, por tanto, el recargo del IBI que los ayuntamientos pueden aplicar sobre los pisos vacíos»
La falta de vivienda asequible se ha convertido en el mayor problema de la juventud y la sociedad en general. El gobierno de progreso debe general. El gobierno de progreso debe ofrecer alternativas, y las actuales son claramente insuficientes. Aumentar exponencialmente la oferta pública de vivienda, eliminar la posibilidad de especulación de la vivienda, el aumento de los salarios y la disminución del coste de la vida son políticas de primera y urgente necesidad para la mayoría social de nuestro país.
«Expropiar los fondos buitre y cuadruplicar la oferta de vivienda son algunas de las alternativas que se reivindican en la calle»
El presupuesto comprometido en vivienda en el año 2024 fue de 1.738 millones (el 60% de lo presupuestado). Cuadruplicarlo significaría una inversión de 6.952 millones de euros.
«El aumento del presupuesto que sería necesario para vivienda es de 6.952 millones de euros. El aumento del gasto comprometido en seguridad y defensa nacional es de 10.471 millones en 2025»
El aumento del presupuesto en seguridad y defensa nacional, anunciado hace pocos días por Pedro Sánchez, es de 10.471 millones de euros que nos llevará a alcanzar el objetivo del 2% del PIB dedicado a defensa, comprometido con la UE.
Parece claro que aunque el gasto en seguridad y defensa no conllevará subidas impositivas, mayor endeudamiento o recortes para las actuales partidas de gasto social o medioambiental, sí que entra en colisión con el presupuesto necesario para dotar las partidas sociales de suplementos de presupuesto necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría social.
Comité de redacción de TS
Tribuna Socialista 