Por Miguel Sagües
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel se firmó en 1995 y entró en vigor en el año 2000, en el marco de la Política Europea de Vecindad y del Proceso de Barcelona. Este acuerdo se diseñó para reforzar las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambas partes, consolidando a Israel como socio estratégico en la región mediterránea.
Gracias a dicho acuerdo, UE es el principal socio comercial de Israel, representando aproximadamente el 30% de sus exportaciones y el 40% de sus importaciones. El comercio bilateral supera los 30.000 millones de euros anuales, con predominio de productos tecnológicos, farmacéuticos y agrícolas, pero también material militar y armamento, según hemos visto.
Para Israel, este acuerdo no solo supone acceso preferencial al mayor mercado del mundo, sino también legitimidad política y cooperación en sectores clave como innovación y seguridad. En términos estratégicos, refuerza su posición económica y diplomática frente a otros actores regionales.
Básicamente dicho acuerdo establecía:
- Libre comercio para productos industriales y reducción progresiva de aranceles en productos agrícolas.
- Cooperación científica y tecnológica, permitiendo la participación de Israel en programas europeos de investigación.
- Diálogo político regular, con compromisos explícitos sobre respeto a los derechos humanos y al derecho internacional como principios fundamentales.
Pero la Unión Europea ha permitido y permite la exportación de material militar y armamento a Israel, que, desde luego, desde 1967, no respeta ni el derecho internacional, ni los derechos humanos, con la venia y el apoyo militar, diplomático y político de los EEUU.
Cada Estado miembro decide sobre licencias de exportación conforme a la Posición Común 2008/944/PESC, que establece criterios como respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el país de destino, no contribuir a conflictos armados ni a la represión interna y evaluación del riesgo de desvío o uso indebido del material.
Pura ficción y apariencias, según veremos.
Porque, en efecto, nada de esto se ha respetado, pese al genocidio impune de Israel y su estrategia de limpieza étnica y exterminio del pueblo palestino,
Durante la destrucción de Gaza y el genocidio indiscriminado (me niego a llamarle guerra de Gaza y hablar de fallecidos, sino de asesinatos), varios países europeos han venido autorizando las ventas de componentes, tecnología y equipos militares a Israel, especialmente en el ámbito de defensa aérea, sistemas electrónicos y piezas para aeronaves.
(*) Desde el 07/10/2023, hasta diciembre de 2025, Israel ha asesinado aproximadamente a 72.000 personas, de los que 20.179 son niños, 10.000 mujeres, 1.600 trabajadores sanitarios, 310 trabajadores de la UNRWA, 120 académicos, 259 periodistas, y hay aproximadamente, 171.079 heridos, de los que 40.500 son niños, y 19.000 mujeres y se tiene la firma creencia de que hay miles de asesinados más, bajo las montañas de escombros de los edificios destruidos. Por su parte, en Cisjordania, los colonos han asesinado a 1.001 palestinos, de los que 213 son niños y hay 16.104 heridos, entre los que se encuentran2.503 niños. (*) Fuente: WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE.
Ante esta atroz situación, que incluye la prohibición de paso a la ayuda humanitaria y cientos de asesinatos durante los supuestos “alto el fuego”, violaciones permanentes y sistemáticas del derecho internacional y derechos humanos,algunos Estados miembros de la UE, como España, Bélgica, Irlanda, han anunciado moratorias o suspensión de licencias para evitar que el material se utilice en violaciones del derecho internacional, y además, varios Estados miembros han solicitado la suspensión del acuerdo en su última revisión.
Los Estados que apoyan la suspensión son Irlanda, España, Bélgica, Eslovenia y Malta, argumentando que Israel actúa con impunidad, bloquea la entrada de ayuda humanitaria y perpetúa ataques contra población civil y colonos palestinos.
Los Estados que se oponen a la suspensión son Alemania, Hungría, República Checa y Austria, alegando que la suspensión podría debilitar la influencia europea en la región y afectar la cooperación en seguridad.
En paralelo, en línea con la lucha de los pueblos y trabajadores europeos, en apoyo de la lucha del pueblo palestino por su supervivencia y su libertad, se ha registrado una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)* que solicita la suspensión del acuerdo. https://eci.ec.europa.eu/055/public/#/sceen/home
La ICE que se está remitiendo para recogida de firmas, establece como Objetivos, el siguiente texto:
“Según la Comisión Europea, el Estado de Israel es responsable de un nivel sin precedentes de asesinatos y lesiones de civiles, de los desplazamientos a gran escala de la población y de la destrucción sistemática de hospitales e instalaciones médicas en Gaza [1]. Israel también impuso un bloqueo de la ayuda humanitaria que podría equivaler a utilizar la inanición como método de guerra. Israel incumple múltiples normas y obligaciones en virtud del Derecho internacional y no adopta las medidas de prevención del delito de genocidio ordenadas por la Corte Internacional de Justicia [2]. Sin embargo, la Unión Europea no ha suspendido aún su acuerdo de asociación con Israel, que es la piedra angular de la cooperación bilateral comercial, económica y política entre la UE e Israel Los ciudadanos de la UE no pueden tolerar que la UE mantenga un acuerdo que contribuye a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Por consiguiente, pedimos a la Comisión que presente al Consejo la propuesta de suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel.”
[1] Servicio Europeo de Acción Exterior, nota de la oficina del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, 20 de junio de 2025, https://euobserver.com/eu-and-the-world/ar0246a0da.
[2] Corte Internacional de Justicia, providencia de 26 de enero de 2024,https://www.icj-cij.org/node/203447.
La Comisión Europea ha reconocido la validez de esta iniciativa y ha instado a que el Consejo de la UE la examine formalmente y se debata. Esta acción refleja una creciente presión social para que la política comercial europea esté alineada con los principios de derechos humanos y derecho internacional.
Tribuna Socialista 