La vivienda es un derecho constitucional minusvalorado

El capítulo tercero de la Constitución de 1978 contiene una serie derechos que, si se preguntase a la población en una encuesta, muy probablemente la inmensa mayoría consideraría fundamentales. Sin embargo, no solo no están entre los derechos fundamentales recogidos en el capítulo segundo, sino que están minusvalorados, e incluso me atrevería a decir abandonados en la selva del mercado libre.

No me voy a remontar a la historia de la vivienda pública y/o vivienda social en nuestro país, pero sí, al menos, a las tres últimas décadas. Debo comenzar mencionando la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones; aquella ley del Gobierno de Aznar y Rato fue la mecha de la bomba que estallaría diez años después, en forma de burbuja inmobiliaria. Como si se edificase sobre un terreno pantanoso, aquella ley, ha generado un perjuicio estructural.

Para agravar el problema, el mismo partido que impulsó aquella legislación, hoy fomenta el auge de la vivienda turística incumpliendo y no acatando las leyes que intentan paliar el problema, además de la nula inspección para la detección de incumplimientos, lo que está ocurriendo, al menos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.

En materia de vivienda habría que hablar de suelo y de vivienda. Es por esto que la ley de 1998 antes aludida, liberalizó el suelo de manera integral, -como la ley 15/1997 liberalizó la privatización de la sanidad pública, otro servicio fundamental minusvalorado y en deterioro-. El asunto es que el gobierno central legisla y pone los recursos, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las competencias.

A PP y VOX siempre se los verá, estén en la Administración que estén, al lado del libre mercado, de esa falsa libertad de un mercado que no tiene en cuenta que el hecho de que haya demanda satisfecha no significa que todos los demandantes de vivienda puedan acceder a una vivienda. Al mercado no le preocupa la discriminación por capacidad económica para compra o alquiler, pero, a las instituciones del Estado debería preocuparle y ocuparle.

La economía no es una ciencia exacta ni neutral, y el caso de la vivienda es un buen ejemplo, en tanto que se está utilizando como valor refugio ante la desconfianza en los mercados de inversión y a años de tipos de interés muy bajos. No hay que subir los tipos, al menos no tanto como Trump presiona a su Reversa Federal -quizá tenga que ver, entre otras cosas, porque la familia Trump es una familia que tiene por tradición la especulación en el mercado inmobiliario-.

La escasez de vivienda asequible se ha convertido en un gravísimo drama social que no solo afecta a los y las jóvenes, también lo es para otras generaciones, si bien, los jóvenes sufren un problema añadido, como lo es que el problema deriva en la negación a su derecho a la emancipación.

La gravedad del problema llega a que se está normalizando que muchas personas se vean obligadas a alquilar habitaciones y compartir piso, siendo el precio medio en Madrid de 500 €/habitación, que supone el 42,23% del SMI. El 40% de la población destina más de un tercio de sus ingresos (Julio Rodríguez “La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda” TS-156 julio de 2024”).

El Estado, los gobiernos no conservadores, deberían haberse anticipado o, al menos haber ido atajando el problema que se ha creado en estas tres últimas décadas, que ha derivado en drama social para millones de personas; los más vulnerables. Los datos así lo demuestran:

Cada cual saque sus conclusiones respecto a los distintos periodos de los diferentes gobiernos, en función del ritmo de caída del número de Vivienda de Protección Oficial puestas a disposición de la población más desfavorecida.

También se deben poner estos datos en función de la evolución de la población en nuestro país, que ha pasado de los 39,9 millones de habitantes censados a 1 de enero de 1997, a los 49,1 censados a 1 de enero de 2025: datos del INE.

Otro factor que es preciso contextualizar es la evolución de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y el de los salarios.

La Editorial de Tribuna Socialista nº. 165, de abril de 2025, establecía una serie de ítem de los motivos que generan este grave problema social, algunos de los cuales he retomado:

• La alta demanda en áreas urbanas
• La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
• La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
• Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
• La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler y para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
• El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

Las estimaciones hablan de la necesidad de construir en torno a 1,5 millones de viviendas de VPO en los próximos 5 años, es decir, a un ritmo de construcción de 300.000 viviendas asequibles.

Es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos presupuestarios del Estado, y no a la maquinaria bélica. Es en esa dirección por la que hay que caminar para cerrarle el paso a la extrema derecha y a todos lo demagogos que, en realidad, no son más que agentes comerciales del supuestamente libre mercado.