La angustia de las familias empezó un 9 de marzo de 2020 con el cierre de puertas en las residencias, 6 años después aún no se ha terminado porque no hemos obtenido justicia.
El 11 de marzo se creó el mando único de hospitales públicos y privados. A esa reunión asisten Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y dos consejeros: el de Sanidad y Hacienda.
Antonio Burgueño, asesor Sanitario de la Comunidad de Madrid, se reúne con Ayuso, Lasquetti y Ruiz Escudero para medicalizar las residencias, lo que nunca se hizo. Ayuso ha mentido a toda la población a este respecto, en varios comunicados.
El 18 de marzo de 2020 se firmó el primero de los 4 protocolos de discriminación sanitaria a usuarios de residencias en situación de dependencia; emitidos por parte de la Comunidad de Madrid. Esos protocolos les condenaron a miles de residentes una muerte segura y cruel.
Los protocolos fueron redactados por Peromingo y 22 Geriatras de enlace creados por Ruiz Escudero. Mur los coordina, revisa, firma y los remite a Ana Dávila.
Una decisión política que no tenía sentido, puesto que había medios materiales y humanos para poder atender a esas personas vulnerables.
Quiero recordar esos medios, más de 1500 sanitarios que se podían haber enviado a las residencias y así medicalizar, el IFEMA -al que solo se derivaron a 23 residentes leves-, hospitales privados que solo fueron derivados si tenías seguro médico privado y a los hoteles medicalizados. Ninguno de estos recursos se utilizaron mientras nuestros familiares morían ahogados en sus flemas, agarrados a los barrotes de la cama, compartiendo habitación vivos y muertos…miles de historias a cual más cruel y dolorosa para las familias.
Cuando llegaron a las residencias la UME, Bomberos y Policía Municipal, el panorama que allí se encontraron fue dantesco.
En las declaraciones que se hicieron en la Comisión Ciudadana, José Antonio Martín Pallín, Presidente de esa Comisión, en una entrevista, dijo que en los años que había asistido a Juicios nunca se encontró con tanto dolor.
Las familias interpusieron más de 700 querellas, algunas se han archivado, otras siguen a la espera de juicio y otras están en el Tribunal Constitucional con un Recurso de Amparo. Ha declarado Carlos Mur, el firmante de esos protocolos que avisó que podían ser ilegales, lo mismo que hizo Alberto Reyero. También ha declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y en la actualidad se está a la espera de que declare Pablo Busca, Gerente del SUMMA 112 en Madrid.
Las familias no pedimos nada raro, solo JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.
Hay muchas parejas de esos fallecidos que por edad han ido quedando en el camino y las que sobreviven no tienen esperanza de ver que se haya hecho JUSTICIA.
Es una pena que en pleno siglo XXI se esté dilatando en el tiempo la investigación del mayor HOMICIDIO de la Democracia, todo el mundo se quedó con la cifra de 7291, pero fueron más, incluidos los fallecidos en domicilio que eran dependientes, los cuales se les aplicaron los mismos protocolos discriminatorios.
En cada una de esas cifras hay una vida, una familia y unos derechos vulnerados. El duelo sigue abierto y el dolor, la rabia y la impotencia crece día a día ante el abandono de las instituciones. Nadie se ha preocupado de las familias ni de los daños colaterales que tanto dolor ha provocado.
Mercedes Huertas Aguilera
Hija de una víctima.
Tribuna Socialista 