Autor: Inhaki Merino

Especial Elecciones Castilla y León

Como en todos los procesos electorales, todos o casi todos dicen haber ganado. Veamos que dicen los números: con datos de la Junta de Castilla y León al 99,3% escrutado.

Datos cuantitativos

Comenzamos señalando que la participación ha crecido en 2,26%, al pasar del 63,44% de las elecciones del 13 de febrero de 2022 al 65,7% en las del domingo día 15 de marzo. La abstención se sitúa en estás elecciones en el 34,3%, lo que implica que, sobre un censo electoral de 2.097.792 -Censo electoral de Residentes (CER) + Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)- 719.543 electores se han abstenido de votar.

Tenemos que destacar que Castilla y León ha celebrado estas elecciones con un CER que ha bajado un 0,87%, mientras que el CERA ha crecido un 12,52%. Es decir, que es una Comunidad en la que la población migra. Un efecto lógico en un territorio tipo de la España vaciada.

Los que crecen

El PP ha ganado las elecciones porque es el partido más votado, porque crece un 14,64% en votos y porque es el que más procuradores en Cortes ha obtenido, 33, creciendo en 2 respecto a 2022.

El PSOE crece un 3,90% en número de votos y crece también en 2 procuradores en Cortes respecto a los anteriores comicios autonómicos, alcanzando 30 escaños.

VOX crece el 8,89% en votos y pasa a tener un procurador más que hace cuatro años, situándose en 14.

Unión del Pueblo Leonés obtiene los mismos procuradores que hace cuatro años, 3 y sube un 3,38% en votos.

Los que decrecen

Soria Ya baja de 3 a 1 procurador en Cortes y tiene una caida del 44,02% en votos.

Por Ávila se queda con el único procurador que tenía, a pesar de que cae un 18,51% en votos.

Podemos-IU se presentaron en coalición en 2022, obteniendo un diputado con 62.138 votos. En las elecciones del pasado domingo se presentaron por separado, obteniendo 9.225 votos Podemos y 27.605 IU, experimentando una pérdida conjunta de votos del 40,73% en la comparativa con 2022. La consecuencia es que ambos se han quedo fuera de las Cortes de Castilla y León.

Ciudadanos también desaparece al perder el único procurador que tenía, producto de un derrumbe en votos, al perder el 92,03% de los votos que obtuvieron hace cuatro años.

Análisis cualitativo

La mayoría absoluta en las Cortes castellano leonesas se hace con 42 escaños, sobre un total de 82. Por ende, el PP se ha quedado a 9 procuradores de su objetivo y todo indica que tendrá que recurrir, como en otras comunidades, al pacto con la extrema derecha.

Se puede decir que Feijóo ha fracasado en su estrategia de distanciarse de VOX y de quebrar al PSOE. En el primero de los objetivos, hoy depende más que nunca del partido fascista de Abascal. En el segundo, a pesar de los varapalos del PSOE en Extremadura y Aragón, el Partido socialista parece resurgir. Teniendo en cuenta la campaña de acoso político que el PP puso en marcha acto seguido de las elecciones generales de 2023: denuncias y juicios prefabricados -siendo el juicio y la sentencia al ex Fiscal General del Estado el que mayor coste ha tenido para la fracción judicial del PP- o el esperpento del proceso que el juez Peinado lleva contra Begoña Gómez, por el mero hecho de ser la mujer del Pedro Sánchez, etcétera, el PSOE resiste.

Por el contrario, la izquierda alternativa al PSOE se desmorona, lo que impide alcanzar el fin último de las elecciones: el gobierno para resolver los problemas sociales.

En la misma medida que el PSOE obtiene un rebrote en estas elecciones, VOX rompe su tendencia al alza, muy lejos de las tasas de crecimiento que ha tenido en Extremadura y Aragón.

Hay prensa que traslada desanimo con mensajes del tipo “a pesar de que en 2025 ardieran 140.000 hectáreas en CyL los votantes dan su voto a la derecha”. Esto no es más que un falseamiento de la realidad. Por poner tres ejemplos de municipios en los que los incendios se cebaron el verano pasado: en Porto, Lubián y Puebla de Sanabria, tres de los municipios de Zamora próximos al Parque Natural del Lago de Sanabria, ha ganado el PSOE. Lo mismo ha ocurrido en Carucedo, pueblo leonés al que pertenecen Las Médulas.

Hay dos elementos que explican, al menos en parte, por qué a pesar de una mala gestión del PP en la prevención y extinción de incendios, consiga ganar las elecciones autonómicas:

Un elemento es que muchos electores que no se ven afectados directamente por una catástrofe, como es el caso de los incendios, no castigan a quién lo hizo mal, pues no perciben el problema como suyo. Es algo parecido al apoyo que reciben los partidos partidarios de la guerra desatada por EE.UU. e Israel en Oriente Medio, pues el conflicto se ve como una catástrofe a miles de kilómetros, sin ser conscientes de los efectos derivados en el incremento de los precios, además del altísimo coste en vidas. Esto se repite una y otra vez: el PP de Madrid ganó con mayoría absoluta, a pesar de la criminal gestión de la pandemia en las residencias, pero la percepción general es que eso es un problema de las 7291 familias que lo sufrieron. La misma lectura hacemos de la respuesta del electorado en Extremadura, Aragón y CyL respecto a la negligente y criminal gestión de la DANA, Valencia, al parecer, eso es cosa de las y los valencianos. En todos los casos, quienes tienen esa errónea percepción, son inconscientes de que nadie estamos exentos de sufrir una calamidad y que esta sea gestionada por negligentes, sobre todo cuando el negligente es el mismo una y otra vez.

El otro factor, que se cruza con el de las percepciones, es la red familiar, cuando no clientelar, en las pequeñas poblaciones, donde se vota a la persona indistintamente de lo que piense o haga.

La izquierda debería tomar conciencia de que la unidad no es un eslogan; es una necesidad, siempre que se haga en base a objetivos prioritarios comunes, sin renunciar a posicionamientos concretos de unos y otros. La defensa de la Sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones, junto con la exigencia de una acción en favor del derecho a la vivienda y el rechazo a la guerra, son criterios con el suficiente calado como para dejar a un lado los egos y las cuestiones de forma.

Los partidos de la izquierda tienen que darse cuenta de que su fuerza está en la organización de la mayoría social, que es la que sufre en última instancia las consecuencias de las políticas que solo tienen el beneficio y el individualismo en su óptica política. Organización a través de la cercanía y la pedagogía social; pretender competir con la derecha en los medios de comunicación es como pretender competir en bicicleta en una carrera de fórmula 1.

Redacción de Tribuna Socialista (17/03/2026)


tribunasocialista1@gmail.com

8 Marzo: la igualdad como horizonte y como tarea colectiva


Por María Iglesias Domínguez. Redacción Tribuna Socialista

Manifestacion 8M, Madrid 2026. (Foto de Agustín Millán)

Especial 8 de marzo 2026

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres nos recuerda una verdad fundamental: la igualdad no es solo una aspiración moral, sino una exigencia democrática. La historia de los derechos de las mujeres es también la historia de la ampliación de la democracia. Allí donde las mujeres han conquistado derechos, la sociedad en su conjunto ha avanzado hacia mayores cotas de libertad, justicia social y dignidad.

El feminismo, entendido como la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres, forma parte inseparable de los valores del socialismo democrático. No se trata únicamente de reivindicar derechos formales, sino de transformar las condiciones materiales que perpetúan la desigualdad. La igualdad efectiva exige intervenir en la realidad cotidiana de las personas: en el trabajo, en la educación, en la política, en la cultura y en la vida familiar.

Durante décadas, las mujeres han protagonizado una profunda transformación social. Han conquistado derechos laborales, acceso a la educación, representación política y autonomía personal. Sin embargo, esa conquista no ha sido sencilla ni lineal. Cada avance ha sido fruto de la organización colectiva, del compromiso político y de la convicción de que la igualdad no se concede: se conquista.

Hoy, en pleno siglo XXI, los logros alcanzados conviven con desafíos persistentes. La brecha salarial, la precariedad laboral, la desigual distribución de los cuidados o la violencia machista siguen siendo realidades que afectan a millones de mujeres. Estas desigualdades no son simples accidentes sociales, sino el resultado de estructuras históricas que todavía condicionan las oportunidades y la vida de las mujeres.

Por eso el 8 de marzo no es solo una jornada de celebración. Es también un día de memoria, de reflexión y de reivindicación. Memoria de todas las mujeres que lucharon antes que nosotras para abrir caminos cuando parecía imposible hacerlo. Reflexión sobre los retos que aún quedan por afrontar. Y reivindicación de un futuro en el que la igualdad sea una realidad tangible y no solo un principio proclamado.

Uno de los ámbitos donde la igualdad sigue siendo una tarea pendiente es el mundo del trabajo. Las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral de forma extraordinaria en las últimas décadas, pero todavía encuentran obstáculos que limitan su desarrollo profesional. La parcialidad involuntaria, la menor presencia en puestos de responsabilidad o las dificultades para conciliar vida laboral y familiar son ejemplos claros de esas barreras.

La igualdad laboral no es solo una cuestión de justicia para las mujeres. Es también una condición necesaria para una economía más justa y más eficiente. Las sociedades que aprovechan plenamente el talento de las mujeres son sociedades más prósperas, más innovadoras y más democráticas.

Pero la igualdad no se limita al ámbito económico. También implica transformar las relaciones sociales y culturales que han perpetuado la desigualdad durante siglos. Significa cuestionar estereotipos, redistribuir los cuidados y construir modelos de convivencia basados en el respeto, la corresponsabilidad y la libertad.

El feminismo socialista ha defendido históricamente que la emancipación de las mujeres está vinculada a la construcción de una sociedad más igualitaria para todos. No hay justicia social sin igualdad de género, del mismo modo que no puede existir una democracia plena si la mitad de la población sigue enfrentándose a obstáculos estructurales para desarrollar su proyecto de vida.

En este sentido, el 8 de marzo también es un momento para reafirmar los valores que han guiado la lucha feminista durante generaciones: la solidaridad, la sororidad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Las mujeres no reclaman privilegios; reclaman igualdad. Reclaman poder vivir libres de violencia, acceder a empleos dignos, participar plenamente en la vida pública y construir su futuro sin barreras ni discriminaciones.

Las aspiraciones de las mujeres son, en realidad, aspiraciones profundamente democráticas. Son el deseo de vivir en una sociedad donde el origen, el género o la condición social no determinen las oportunidades de cada persona. Son la voluntad de construir un mundo donde la igualdad no sea una promesa aplazada, sino una experiencia cotidiana.

El 8 de marzo nos recuerda que ese horizonte todavía exige compromiso y acción. La igualdad se construye día a día, en las políticas públicas, en el trabajo colectivo, en la educación y en la conciencia social.

Porque cada paso que damos hacia la igualdad entre mujeres y hombres es también un paso hacia una sociedad más libre, más justa y más humana. Y ese es, precisamente, el horizonte al que aspira el socialismo democrático: una sociedad donde la dignidad, la igualdad y la libertad sean derechos reales para todas las personas.

Foto Agustín Millán

La igualdad no se mendiga: se conquista

Por María Iglesias Domínguez. Redacción Tribuna Socialista

Foto Agustin Millán

Especial 8 de marzo 2026

El 8 de marzo recuerda que los derechos de las mujeres son la base de una democracia real y que la lucha por la igualdad sigue siendo una tarea urgente frente a las desigualdades, la precariedad y los discursos reaccionarios.

Cada 8 de marzo el mundo se detiene un momento para recordar una verdad que la historia ha demostrado una y otra vez: la igualdad entre mujeres y hombres no es una concesión ni un gesto simbólico, es una conquista colectiva. El Día Internacional de las Mujeres no es solo una fecha en el calendario. Es la memoria viva de generaciones de mujeres que desafiaron la desigualdad, lucharon por sus derechos y cambiaron para siempre la historia de nuestras sociedades.

La historia del progreso democrático está profundamente ligada a la lucha de las mujeres. Cada derecho conquistado —el derecho al voto, a la educación, al trabajo digno, a la autonomía personal— ha ampliado los límites de la libertad y ha hecho nuestras sociedades más justas. Allí donde las mujeres han avanzado, ha avanzado también la democracia.

Sin embargo, la igualdad no es un destino alcanzado. Es una tarea permanente. Las conquistas logradas en el último siglo conviven hoy con desigualdades persistentes que siguen condicionando la vida de millones de mujeres.

En el ámbito laboral, las mujeres han protagonizado una transformación histórica. Su incorporación masiva al mercado de trabajo ha cambiado la estructura económica y social de nuestras sociedades. Pero esa presencia creciente no siempre se traduce en igualdad real. Las mujeres siguen enfrentando una brecha salarial, mayores niveles de parcialidad involuntaria, más precariedad laboral y mayores dificultades para acceder a puestos de responsabilidad.

Estas desigualdades no son casuales ni inevitables. Son el resultado de estructuras sociales que durante siglos han relegado a las mujeres a una posición secundaria. Por eso la igualdad efectiva no puede limitarse a declaraciones de principios: requiere políticas públicas, compromiso social y voluntad colectiva para transformar la realidad.

Uno de los mayores desafíos sigue siendo la organización social de los cuidados. Durante demasiado tiempo, el trabajo de cuidar —esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad— ha recaído de forma desproporcionada sobre las mujeres. Esta desigual distribución condiciona las trayectorias profesionales, limita oportunidades y reproduce desigualdades económicas.

Hablar de igualdad significa también hablar de corresponsabilidad. Significa construir un modelo social donde el cuidado deje de ser una carga invisible y se convierta en una responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y las instituciones públicas.

Pero la lucha por la igualdad no se libra solo en el terreno económico o laboral. También se libra en el terreno cultural, político y social. Significa cuestionar estereotipos, combatir la violencia machista, garantizar la libertad y la seguridad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y asegurar su plena participación en la toma de decisiones.

El feminismo ha demostrado ser una de las fuerzas más transformadoras de la historia contemporánea. No busca privilegios ni ventajas particulares. Busca algo mucho más profundo: que todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir con dignidad, libertad y oportunidades reales.

Desde una perspectiva socialista, esta lucha está profundamente conectada con la defensa de la justicia social. La igualdad entre mujeres y hombres no puede separarse de la lucha contra la precariedad, la desigualdad económica y la exclusión social. Una sociedad que aspira a ser justa no puede tolerar que la mitad de su población siga enfrentándose a barreras estructurales para desarrollar plenamente su vida.

El 8 de marzo es también un día de memoria. Memoria de las mujeres que lucharon cuando hacerlo era mucho más difícil. Mujeres que se organizaron en fábricas, en sindicatos, en movimientos sociales y en la política para reclamar derechos que hoy parecen evidentes, pero que en su momento fueron profundamente revolucionarios.

Gracias a ellas, hoy vivimos en sociedades más libres. Pero la historia también nos recuerda que los derechos nunca están garantizados para siempre. Cada generación tiene la responsabilidad de defenderlos y ampliarlos.

Por eso el 8 de marzo no es solo una celebración. Es un compromiso. Un compromiso con las mujeres que abrieron camino antes que nosotras y con las generaciones que vendrán después.

Las aspiraciones de las mujeres son, en el fondo, las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: vivir sin miedo, acceder a un trabajo digno, participar en igualdad en la vida pública y construir un futuro donde el género no determine el destino de nadie.

La igualdad no es una utopía lejana. Es un horizonte que se construye con cada avance, con cada derecho conquistado, con cada paso que damos hacia una sociedad más justa.

Y la historia demuestra algo con claridad: cuando las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad.

Salvar la sanidad pública madrileña

El domingo 8 de febrero ha tenido lugar en Madrid una buena manifestación en defensa de la sanidad pública, convocada entre otras organizaciones por los dos grandes sindicatos de clase, bajo el lema “Salvar la Sanidad Pública madrileña”.

La manifestación ha sido multitudinaria, lo cual celebramos. Sin embargo, el deterioro de la sanidad pública en Madrid y el descaro con el que el PP de Ayuso la está entregando a los intereses de las empresas privadas, es motivo para que hubiese sido una manifestación monumental, como las grandes manifestaciones que se han venido haciendo anualmente desde 2022, convocadas por el movimiento vecinal en defensa de la Sanidad Pública.

Cabecera de la manifestación del 8 de febrero de 2026, en la Carrera de San Jerónimo. Foto: Agustín Millán.

Desde ASTRADE, editora de Tribuna Socialista, llamamos días antes a participar y nos sumamos a la lista de adhesiones de la convocatoria. No obstante, cuando se convoca una movilización, del tipo que sea, por una cuestión tan estructural, como lo es la defensa del Sistema Público de Salud, no basta con convocar, lanzar un cartel y animar a los tuyos a través de mensajes en redes, webs, etc. Es necesario organizar, contar y dar participación a todos los actores sociales que, desde el barrio o el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad, están luchando permanentemente en las puertas de sus centros de salud y en sus hospitales de referencia, de la mano de sus asociaciones vecinales, reivindicando que haya pediatras, médicos de familia y denunciando las listas de espera -en 2025, la lista de espera en Madrid superaba un millón de pacientes-.

Dicho lo anterior, se echaba de menos que los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda se pusiesen al frente de la movilización de una cuestión tan fundamental como esta.

Dice la Constitución en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida…sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y que “Queda abolida la pena de muerte…”. Esto, salvo para los 7.291 ancianos y ancianas que habitaban en las residencias de mayores de Madrid, a los que en 2020 se los negó su derecho a la vida; al negárseles su derecho a la asistencia médica hospitalaria, por orden del Gobierno de la señora Ayuso, a través de los “protocolos de la vergüenza”, muriendo en muchos casos de forma inhumana y degradante. Del mismo modo, hay mujeres en Andalucía a las que se las ha condenado a muerte, por la negligente gestión del señor Bonilla. Ya sé que la técnica jurídica interpreta otra cosa, pero la dolorosa realidad se da de bruces con este precepto constitucional.

También dice la Constitución de 1978, en su artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, y que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…”. Lejos de organizar y tutelar la salud pública, una ola de privatización y destrucción por la vía de los recortes presupuestarios, están desorganizando el Sistema Público de Salud y entregándoselo descaradamente a entidades como Quirón o Rivera ¿Reutilizar catéteres de un solo uso -catéteres de electrofisiología- en el Hospital de Torrejón puede considerarse proteger la salud? ¿Es eso tutelar la salud pública?

Es tan grave la situación como groseras son las cínicas respuestas del Gobierno autonómico, quien se dedica a tutelar los intereses de las empresas privadas de la salud. Esto hace comprender como es posible que la señora Fátima Matute, consejera de Sanidad en el Gobierno de Ayuso, antes de entrar al Gobierno en las últimas elecciones de 2023, viniese de trabajar 17 años para Quirón Salud. Y explica que el novio/testaferro de la presidenta esté en nómina del Grupo Quirón, si bien es un “trabajador” muy raro, pues, debe ser el único en el mundo que hace negocios en Panamá con él presidente de Quirón. Quizá, todo se entienda mejor si se señala que estas empresas reciben miles de millones de la Comunidad de Madrid.

La privatización de los servicios públicos no es algo único de Madrid ni afecta solamente a la sanidad, lo que ocurre es que en Madrid es brutal el ritmo al que se está desmontando la sanidad pública y es una sangría insultante la cantidad de dinero público; que pagamos todas y todos los contribuyentes que no defraudamos. Es lógico que, en la manifestación, muchos cortejos coreasen la exigencia de derogación de la Ley 15/1997, una ley con un solo artículo que abrió las puertas de par en par a las empresas privadas, a nombre de la colaboración público-privada; concepto este de “colaboración” muy semejante al que Trump aplica a los países en los que hay petróleo. ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros esta propuesta la Ministra de Sanidad? ¿Cuándo va el Gobierno de coalición a llevar este asunto al Congreso de los Diputados?

La manifestación a su paso por la Plaza de Canalejas 8 de febrero de 2026. Foto: Roberto Tornamira.

Los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia (incluidas residencias de mayores) y pensiones, son servicios elementales para la inmensa mayoría de la sociedad -solo el 25% de la ciudadanía tiene seguro médico privado-2. Quienes viven de su sueldo, de su pensión, o tienen la desgracia de no tener un puesto de trabajo, no pueden pagar una póliza privada de seguro médico. Como tampoco puede pagar la matrícula de un centro de estudios privado.

Defender los servicios públicos es defender los sistemas de protección que son propiedad de la pluralidad de pueblos del Estado español, pues ha sido y es principalmente la clase trabajadora la que aporta con sus impuestos para que estos sistemas sean posibles. Por tanto, movilizaciones como la del domingo son necesarias para exigir que paren de robarnos lo que es de todos.

Finalización de la manifestación en la Puerta del Sol. Foto: Agustín Millán
La Junta Directiva de ASTRADE
10 de febrero de 2026

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(2) https://www.cnmc.es/prensa/panel-seguros-medicos-20250516

La vivienda es un derecho constitucional minusvalorado

El capítulo tercero de la Constitución de 1978 contiene una serie derechos que, si se preguntase a la población en una encuesta, muy probablemente la inmensa mayoría consideraría fundamentales. Sin embargo, no solo no están entre los derechos fundamentales recogidos en el capítulo segundo, sino que están minusvalorados, e incluso me atrevería a decir abandonados en la selva del mercado libre.

No me voy a remontar a la historia de la vivienda pública y/o vivienda social en nuestro país, pero sí, al menos, a las tres últimas décadas. Debo comenzar mencionando la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones; aquella ley del Gobierno de Aznar y Rato fue la mecha de la bomba que estallaría diez años después, en forma de burbuja inmobiliaria. Como si se edificase sobre un terreno pantanoso, aquella ley, ha generado un perjuicio estructural.

Para agravar el problema, el mismo partido que impulsó aquella legislación, hoy fomenta el auge de la vivienda turística incumpliendo y no acatando las leyes que intentan paliar el problema, además de la nula inspección para la detección de incumplimientos, lo que está ocurriendo, al menos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.

En materia de vivienda habría que hablar de suelo y de vivienda. Es por esto que la ley de 1998 antes aludida, liberalizó el suelo de manera integral, -como la ley 15/1997 liberalizó la privatización de la sanidad pública, otro servicio fundamental minusvalorado y en deterioro-. El asunto es que el gobierno central legisla y pone los recursos, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las competencias.

A PP y VOX siempre se los verá, estén en la Administración que estén, al lado del libre mercado, de esa falsa libertad de un mercado que no tiene en cuenta que el hecho de que haya demanda satisfecha no significa que todos los demandantes de vivienda puedan acceder a una vivienda. Al mercado no le preocupa la discriminación por capacidad económica para compra o alquiler, pero, a las instituciones del Estado debería preocuparle y ocuparle.

La economía no es una ciencia exacta ni neutral, y el caso de la vivienda es un buen ejemplo, en tanto que se está utilizando como valor refugio ante la desconfianza en los mercados de inversión y a años de tipos de interés muy bajos. No hay que subir los tipos, al menos no tanto como Trump presiona a su Reversa Federal -quizá tenga que ver, entre otras cosas, porque la familia Trump es una familia que tiene por tradición la especulación en el mercado inmobiliario-.

La escasez de vivienda asequible se ha convertido en un gravísimo drama social que no solo afecta a los y las jóvenes, también lo es para otras generaciones, si bien, los jóvenes sufren un problema añadido, como lo es que el problema deriva en la negación a su derecho a la emancipación.

La gravedad del problema llega a que se está normalizando que muchas personas se vean obligadas a alquilar habitaciones y compartir piso, siendo el precio medio en Madrid de 500 €/habitación, que supone el 42,23% del SMI. El 40% de la población destina más de un tercio de sus ingresos (Julio Rodríguez “La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda” TS-156 julio de 2024”).

El Estado, los gobiernos no conservadores, deberían haberse anticipado o, al menos haber ido atajando el problema que se ha creado en estas tres últimas décadas, que ha derivado en drama social para millones de personas; los más vulnerables. Los datos así lo demuestran:

*Enero a Junio.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Elaborada por Tribuna Socialista

Cada cual saque sus conclusiones respecto a los distintos periodos de los diferentes gobiernos, en función del ritmo de caída del número de Vivienda de Protección Oficial puestas a disposición de la población más desfavorecida.

También se deben poner estos datos en función de la evolución de la población en nuestro país, que ha pasado de los 39,9 millones de habitantes censados a 1 de enero de 1997, a los 49,1 censados a 1 de enero de 2025: datos del INE.

Otro factor que es preciso contextualizar es la evolución de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y el de los salarios.

La Editorial de Tribuna Socialista nº. 165, de abril de 2025, establecía una serie de ítem de los motivos que generan este grave problema social, algunos de los cuales he retomado:

  • La alta demanda en áreas urbanas
  • La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
  • La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
  • Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
  • La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler y para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
  • El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

Las estimaciones hablan de la necesidad de construir en torno a 1,5 millones de viviendas de VPO en los próximos 5 años, es decir, a un ritmo de construcción de 300.000 viviendas asequibles.

Es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos presupuestarios del Estado, y no a la maquinaria bélica. Es en esa dirección por la que hay que caminar para cerrarle el paso a la extrema derecha y a todos lo demagogos que, en realidad, no son más que agentes comerciales del supuestamente libre mercado.

Roberto Tornamira

Militante del PSOE en Madrid,

adscrito a Izquierda Socialista

Embargo de armas integral y  Ruptura total de relaciones con Israel. El Genocidio continua

ATIFCYL. Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León

Comunicado

Nos sentimos impotentes cuando nuestros compañeros que están trabajando en la extinción de estos incendios nos reportan, una vez mas, las terribles deficiencias en los avituallamientos, los turnos interminables en primera línea de fuego y las carencias para buscarles un lugar digno donde dormir, porque suponemos que El Consejero Suárez-Quiñones, además de tener la sana costumbre de comer a mediodía, también tendrá el privilegio de dormir en una cama.

Nos sentimos impotentes ante el trato tercermundista que sufren la mayoría de nuestras cuadrillas de tierra que regresaran de estos terribles incendios sin tener un lugar al que llegar, con una taquilla y una ducha, pues no cuantas ni con lo más básico en su trabajo.

Nos sentimos impotentes ante el exceso abusivo y peligros de horas continuadas en incendio que tienen que realizar nuestros compañeros de camiones autobomba, maquinistas de buldócer, cuadrillas de tierra, y helitransportadas por falta de personal suficiente para cubrir todas esas horas.

Nos sentimos impotentes porque a pesar de nuestra vocación, seguimos con un alarmante déficit de formación por parte de la administración, la cual suplimos con la formación que buscamos y sufragamos de forma individual. Mientras tanto la Junta de Castilla y León lleva varios años en la mayoría de las provincias, contratando personal del paro, ya que las bolsas de empleo están agotadas y no se convocan nuevas. Personal del paro que recibe una formación mínima, en algunos casos ni siquiera presencial, con la que han de desempeñar su trabajo.

Y, aunque nos sentimos impotentes ante la desgracia de nuestros vecinos que lo han perdido todo, seguiremos luchando.

EL BAÑADOR

Relatos veraniegos por Vicente Mateos

El bañador es protagonista sin igual del veraneo e indicador de la evolución en la liberalidad social a la hora mostrar el cuerpo. Cuando solo veraneaban los aristócratas y burgueses ricos, finales del siglo XIX, bañarse suponía embozarse en bañadores de cuerpo entero por pudor, y porque la piel morena estaba mal vista por ser propia de trabajadores menestrales. Tener la epidermis sin mácula por el impacto del sol era un signo de clase social, por eso en las playas había cabinas unipersonales de madera o tela de rayas azules y blancas o rojas y blancas, para salir de la playa perfectamente vestidos tras un chapuzón. Así lo vi en la playa de la Victoria en Cádiz, desde la borda del barco que me traía a la península desde Canarias (1971).

Con el tiempo, veranear se popularizo y el bañador ajustado se convirtió en una necesidad insustituible durante la canícula lo que supuso un cambio radical: estar moreno paso a ser un signo belleza, por la evolución en la ampliación de las partes del cuerpo expuestas al sol y a las miradas, al compás de las modas que no han ido a la par en mujeres y en hombres. Si los femeninos se han ido reduciendo, los masculinos han evolucionado al revés desde los sesenta cuando estaban de moda los pequeños y ajustados, los famosos Speedo de los nadadores olímpicos, que con el tiempo han acrecentado su tamaño hasta el bañador bermuda, incluso, hasta la rodilla.

En cambio, los femeninos han ido reduciendo sus dimensiones desde el bañador de cuerpo entero, pasando por el bikini y el trikini, hasta los de una sola pieza que cubre el sexo y dejan al aire senos y nalgas, convirtiendo la playa en una pasarela de sensualidad, con un punto de inocencia juguetona. Esa es la fuerza telúrica del bañador la de ser árbitro en el juego eterno de los sexos al inducirnos la disyuntiva de enardecer el deseo de tocar, acariciar o amasar con delicadeza el poder sexual de las partes que están al descubierto; o estimular la imaginación sobre lo que, con un punto de picardía, no se ve, paro se intuye en turgencia y dimensión. Qué es más gustoso: ¿lo evidente o lo imaginativo? En la playa todos somos observadores y observados.

Que la piel luzca un cierto grado de coloración cutánea aumenta el sexapell, ya lo sabían las mujeres de los años sesenta y setenta del siglo pasado, que se aplicaban ungüentos auto preparados a base de aceite y yodo, para que los rayos solares las tostaran. Aunque hoy pica más y hay que protegerse de él, lo cierto, es el estímulo para los sentidos que es ver los cuerpos impregnados del aroma salino que aporta el baño y el moreno que imprime la brisa marina —regulado siempre por el bañador— tras pasear por la orilla con los pies mojados por el oleaje, que llega, muere y rehace, sin fin, al borde del mar.