El martes 31 de octubre se representará en las Cortes una nueva escena de Luces de bohemia: el juramento solemne de la cadete Borbón ante los representantes del pueblo español. Su jura civil simboliza -unos días después de su jura militar- el carácter militarista y reaccionario del sistema político emanado de la dictadura, pues no hubo a su término un auténtico proceso constituyente en libertad. De llegar a reinar, será jefe del Estado español como consecuencia de las leyes de sucesión decretadas por el dictador genocida Franco, aún vigentes.
Se trata de un paripé superfluo, pues sería inviolable según el art. 56.3 de la constitución, por tanto, impune, aunque delinca, ya que no le sería reconocida responsabilidad alguna por actos contrarios a las leyes, y no podría ser detenida o juzgada. Por ende, en caso de perjurio no podría ser investigada, procesada y menos aún condenada; por ejemplo, si llegase a emular a su tatarabuelo Alfonso XIII. Y, por si no bastase, tendría además el mando supremo de las fuerzas armadas. Mando supremo que su padre Felipe VI ejerció de forma amenazante con su abominable discurso del 3 octubre de 2017, emitido en directo ante todo el país por los medios de comunicación, tras el brutal apaleamiento del pacífico pueblo catalán por las “fuerzas del orden”.
Lo anterior, prueba que la función efectiva del rey -contrariamente a lo que opinan algunos juristas militares, quizá ingenuamente- no es en absoluto simbólica, sino último eslabón de la cadena de mando militar y, por tanto, garante del ordenamiento constitucional según el art. 8 de la constitución. Algo totalmente insólito en los países de nuestro entorno. La monarquía es un grave obstáculo para la salida pacífica de los conflictos derivados del carácter plurinacional del Estado, pues esa es su verdadera función constitucional. Farsa constitucional que el próximo martes 31 de octubre escenificará la cadete Borbón como protagonista estelar, encarnando la continuidad de un régimen monárquico-parlamentario heredero de Franco.
Será, una vez más, la esperpéntica confirmación del carácter militarista del régimen, en donde el rey representa la última ratio de la oligarquía financiera frente a un posible cambio en la correlación de fuerzas sociales. Una mayor unidad y empuje en la acción de los movimientos sociales, favorables a la autodeterminación de los pueblos del Estado, limitará la hegemonía de la oligarquía española, abriéndose paso la República de una vez por todas. Pues, como he expresado en más de una ocasión, tengo la convicción de que solo es posible democratizar el Estado aceptando su carácter plurinacional y el derecho de autodeterminación. Mientras tanto, continúa el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel sin que su padre, el rey Felipe VI, condene los evidentes crímenes de lesa humanidad del gobierno israelí. Por el contrario, se ha dado prisa en condenar hipócritamente el derecho del pueblo palestino a la resistencia contra el ocupante, calificándolo de terrorismo.
Manuel Ruiz Robles, antiguo militante de la UMD, portavoz de la iniciativa “militares españoles por la paz”.
Las imágenes hacen innecesarias demasiadas palabras, fueron decenas de miles las personas que se manifestaron el domingo 29 de octubre en Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, bastión de la derecha, ajenos al sentir mayoritario de la ciudadanía, el mismo lunes 30 y sin ningún pudor, con los votos de PP y VOX, concede la “Medalla de Honor” a Israel. Cabe preguntarse ¿cuál es el “honor” para los herederos del franquismo? Quizás el dudoso honor de que el Gobierno de Netanyahu haya sido capaz de emular los bombardeos fascistas en Guernica, solo que el número de horas de bombardeo sobre gaza es 200 veces superior al que emplearon la “Legión Condor” alemana y la “Aviación Legionaria”.
Los manifestantes, entre los que había muchos jóvenes, coreaban “No es una guerra, es un genocidio”. Es una buena matización, pues en la Franja de Gaza no hay dos ejércitos combatiendo, lo que hay es un ejército demoliendo edificios, escuelas y hospitales, con sus ciudadanos dentro. Están machacando literalmente ese territorio, ejecutando una invasión. Los medios de comunicación internacionales ya hablan de que, en Gaza, han muerto en estos 23 días de bombardeos más niños y niñas que en todos los conflictos bélicos del mundo, en lo que va de 2023. Pero aún se escucha decir a los gobiernos, en ese lenguaje cínico que utiliza la diplomacia, que “Israel tiene derecho a defenderse” y haciendo timoratos llamados a respetar los derechos humanos.
La indignación en los países occidentales está llevando a masas de ciudadanos y ciudadanas a salir a la calle para exigir el alto el fuego y señalar la acción criminal del Gobierno sionista de Netanyahu: Berlín, Bruselas, Londres, Viena, Roma, Sídney, Madrid y Barcelona, entre otras muchas. También en los países del mundo árabe e islámico, como en Jordania, Egipto, Turkía, Bosnia y Herzegovina, Malasia… Pero en estos países el carácter no es solamente solidario con el pueblo palestino, es también de rabia contra sus gobernantes por no hacer nada, en su supeditación a los Estados Unidos, en muchos de los casos. Quizás esta situación derive en una nueva ola de alzamientos de los pueblos. En todo caso, dejar que Israel continúe con su política criminal de ocupación y muerte solo puede llevar a generar más odio y conflictos. Alcemos nuestra voz contra las guerras, levantemos un movimiento contra la guerra en cada barrio, en cada pueblo, en cada país y continente, para pararle los pies a los intrigantes que se esconden tras los conflictos, con el único objetivo de la acumulación de capital.
Pascual Sánchez Militantes socialista de Madrid (No afiliado al PSOE)
Otro año más, el movimiento de Pensionistas se ha movilizado por el centro de Madrid, para exigir que el Gobierno encargue, de una vez por todas, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como exige la Ley 21/2021 en su Disposición Adicional Sexta, para que se garantice por Ley, y no por decreto año a año, que el incremento de las pensiones sea igual o superior al IPC, y para que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional. Recodemos que el movimiento de pensionistas viene defendiendo el mantenimiento del poder de compra de las pensiones desde que el gobierno de Rajoy (PP), aplicase una ripia subida del 0,25% entre los años 2013 y 2018, ambos inclusive, como puede verse en la siguiente tabla:
acumulado del índice general de precios al consumo (IPC), ha sido en estos 16 años de crisis concatenadas, del 26,9% mientras que las pensiones se han revalorizado 24,1%, por lo que la pérdida acumulada es del -2,8%.
Por otra parte, parece razonable que la pensión mínima se equipare con el SMI, establecido en 1.080 euros por 14 pagas A día de hoy, la pensión mínima para un o una pensionista, sin cónyuge a cargo, es de 783,10€ por 14 pagas, mientras que, si la pensión está destinada a una persona con cónyuge a cargo, la cuantía asciende a 966,20€ por 14 pagas. En cualquiera de los casos es insuficiente para vivir, si lo comparamos con los 1.584€ del precio medio en España para una vivienda en alquiler o con los incrementos de precio de los alimentos en los últimos 12 meses: +75% el aceite de oliva, el 44,9% del azúcar, el 21,9% del arroz o el incremento general del precio de los alimentos, que en los primeros meses del año alcanzó un +16,7%. Para Tribuna Socialista, la reivindicación con mayor contenido es la necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social. Esta es una reivindicación que el movimiento de pensionistas sumó a su lucha a partir de los informes del Tribuna de Cuentas del Estado, en particular el de 2020, cuando se hizo público que todos los gobiernos han venido utilizando indebidamente decenas de miles de millones de euros de las pensiones para el pago de otras partidas, más de 103.000 millones de euros exactamente. Esta cifra corresponde tan solo al periodo 1989 a 2018. En la Ley 21/2021 el gobierno se comprometió a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, algo que tendría que haber hecho en febrero de 2022. De la misma manera, esa misma Ley exige que el Gobierno presentase el informe de la Auditoría en el plazo de seis meses, es decir, que tenía hasta mediados de 2022 para presentar dicho informe. A fecha de hoy no hay noticias del encargo de esta Auditoría que debía abarcar el periodo 1967 a 2019. La realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por un organismo oficial no dependiente del Gobierno, con los datos de los que ya se disponen, dejaría claro de una vez por todas que el Sistema Público de Pensiones, que se dota con el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, es perfectamente sostenible y que no precisa de reformas que lo ponen a los pies de bancos y aseguradoras con fórmulas variopintas, cuyo único objetivo es la privatización del Sistema Público. En el Acuerdo para formar gobierno, PSOE y Sumar nada han dicho a este respecto, como nada han dicho de otras reivindicaciones sociales que piden la desprivatización de la Sanidad Pública o que se deje de financiar a la Iglesia, la católica y cualquiera otra. Como dicen los pensionistas en sus movilizaciones, “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.
Roberto Tornamira Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Los pueblos de la tierra asistimos indignados y perplejos a otro capítulo de barbarie, esta vez es uno más contra el pueblo palestino, puede que el más brutal, cruel y despiadado, la historia dirá. El aparato propagandístico internacional israelí, en su intento por acallar las voces discrepantes contra su acción criminal, ha llegado a acusar de antisemita al Secretario General de Naciones Unidas, han pretendido iniciar una campaña de persecución de futbolistas por el simple hecho de ser de origen árabe y llaman a controlar a los colectivos de jóvenes universitarios norteamericanos; muchos de ellos y ellas judíos también, para que no critiquen el genocidio que se está perpetrando, no en su nombre. Pero las voces de rechazo e indignación ya se escuchan hasta en Jerusalén. Tenía razón Guterres cuando dijo que “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Desde que Naciones Unidas propusiese en 1947 la creación de dos Estados, se han producido cuatro guerras: 1948, 1956, 1967 y 1973 y numerosos levantamientos palestinos (intifadas), como respuesta a las provocaciones sionistas y a la constante vulneración de las resoluciones de la ONU. La consecuencia son miles de muertos y 5 millones de desplazados a campos de refugiados en los países limítrofes, además de los que, con más suerte, hayan podido emigrar a otros países. Habrá quién considere utópica la solución de un solo Estado en Palestina, laico y democrático, sin integristas islámicos ni ortodoxos judíos, no, al menos, en las instituciones del Estado, pero la aplicación de la solución de dos Estados separados ha llevado a la catástrofe humanitaria histórica que desde 1948 se está perpetrando en contra el pueblo palestino. Hoy, 2 millones de personas se encuentra “enjauladas” en la franja de Gaza, con la única salida cerrada, el paso de Rafah. El pueblo gazatí está siendo masacrado: ya son más de 8.000 los muertos, la mitad de ellos niños y niñas. Ante tamaña barbaridad, de las instituciones europeas solo escuchamos tímidas llamadas al respeto del Derecho Internacional y de los derechos humanos, cuando estos se están vulnerando de forma salvaje y flagrante. Los gobiernos de la UE, están de acuerdo en apoyar a Israel, solo discrepan en si balbucear o no las timoratas llamadas a un alto el fuego humanitario, dicen. Proponen una Conferencia de Paz para dentro de seis meses ¿quedará vivo algún palestino?, ¿quedará alguien en la Franja de Gaza? Por su parte, los Estados Unidos han pactado que la ayuda humanitaria pase con cuenta gotas por el paso de Rafah, pero más bien parece una excusa, un camuflaje propagandístico, para justificar que Israel continúe con los bombardeos y la invasión terrestre iniciada en estos últimos días. Israel no podría llevar a cabo su política de exterminio sin el apoyo político y militar de los EE.UU., por ende, esta es una de las formas que toma la política de guerra de los USA en el mundo, al que, directa o indirectamente, tiene empantanado en 34 conflictos armados: Ucrania, Nagorno-Karabaj, Siria, Yemen, Etiopía, Myanmar…En 2022 murieron 238.000 personas en estos conflictos, un 96% más que en el año anterior, dato publicado en la 17ª edición del Índice de Paz Global. Hasta hace poco fue Irak y Afganistán. El resultado de esta política de guerra es un reguero de Estados fallidos, como Libia o Irak. Como si la situación no fuese ya suficientemente terrorífica, pareciera que se quieran resolver las desavenencias comerciales con China abriendo otro conflicto más en el Mar de China. Se amenaza a Irán constantemente, que es sin duda un Estado teocrático que ejecuta a sus mujeres por no llevar velo y ahorca a los jóvenes que las defienden. Un Estado que apoya al fundamentalismo islámico de Hamás y Hezbolá. Pero la solución no puede ser destruir ese país como hicieron con Irak o con Libia. Decía hace unos días Josep Borrell, el Comisario de Exteriores de la Unión Europea, que: “La UE no puede remplazar a los Estados Unidos en la guerra en Ucrania”. Lo decía el 5 de octubre en el periódico “El Comercio”, dos días antes de la incursión de Hamás en territorio israelí. Es como si la opción de la guerra fuese inevitable. Es evidente que Europa no puede sustituir a los Estados Unidos en el campo militar, el hecho de formar parte de la OTAN, una estructura militar liderada por EE.UU., está poniendo a los pueblos de Europa en una difícil situación social, por las consecuencias económicas derivadas de la guerra. Los pueblos, en las manifestaciones masivas que están teniendo lugar en las grandes ciudades, tienen otra lógica distinta a la guerra. Una lógica contraría a los intereses de las multinacionales del armamento, la energía y las finanzas, que, entre otros sectores, se están lucrando como nunca. Los pueblos rechazan la acción de estos intereses económicos que influyen sobre las instituciones y los gobiernos a través de lobbies, cabildeos y comisionistas de todo pelaje; recodemos el escándalo “Qatargate” en referencia a cómo se actúa. El lobismo es una actividad que lesiona la democracia, cuyo caldo de cultivo es la corrupción, al dejar a un lado la intención del voto soberano emitido en las urnas. Lo urgente es un ¡Alto el Fuego! Inmediato, sin condiciones, en Palestina, en Ucrania y en cualquiera de los conflictos armados que están abiertos a fecha de hoy. La solución pasa por el respeto a la democracia, pero la de verdad, no a los intereses económicos disfrazados de democracia. El pueblo judío y el pueblo palestino merecen tener la oportunidad de convivir en democracia, sin sufrir las consecuencias del fanatismo religioso ni de los intereses geoestratégicos de terceros países en Oriente Medio.
Han pasado tres semanas desde las criminales incursiones de Hamás en territorio de Israel; asesinatos y secuestros contra población civil que no tienen justificación. La hipótesis que más lógica adquiere, de por qué Hamás llevó a cabo esta planificada acción, es la de que necesitasen que su causa tomase la relevancia que había perdido ante la pandemia, la guerra en Ucrania o los escarceos comerciales y militares de Estados Unidos y China, entre otros acontecimientos. Es posible. En todo caso, el precio en vidas humanas no justifica nada. Como el legítimo derecho a defenderse no legitima un genocidio.
El mundo se ha escandalizado con lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, veremos cuánto duran estos deleznables hechos en las portadas de los periódicos.
Solo si nos desentendemos de un problema nos sorprendemos con las derivadas que dicho problema pueda tomar. Aceptar que Israel lleve, como mínimo, 75 años invadiendo territorio palestino, a pesar de las condenas y resoluciones de la ONU, tiene consecuencias terribles para el pueblo judío y palestino, fomentando una espiral de odio como la que se continúa fraguando en estos momentos, de manera acelerada, a un lado y otro de la valla que separa Gaza de Israel.
Son llamativos los apoyos y abrazos que está recibiendo el presidente de israelí, el Sr. Netanyahu, uno de los pirómanos de este incendio, sionista donde los haya. Apoyos de Joe Biden y Rishi Sunak, presidentes de USA y Gran Bretaña respectivamente, aunque no solo de ellos. Apoyos y comprensión incomprensible para con la masacre de víctimas inocentes en Gaza: 8000 muertos en Gaza (a 29 de octubre), de los que más de la mitad son niños y niñas.
Solo releyendo la historia y actualizando los hechos podemos encontrar alguna explicación, que no comprensión, a lo que está ocurriendo:
En 1922, la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, encargó a Reino Unido que administrase los territorios del Levante Mediterráneo: el Reino de Jordania, los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y lo hoy abarca Israel; a este encargó se le llamó “el mandato británico”; territorios que Gran Bretaña ya había ocupado en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. En esta década de los años 20 se comenzó a fomentar y financiar (por la Agencia Judía, entre otros) la migración de judíos a Palestina.
En noviembre de 1947, la ONU proponía dividir la parte occidental del Mandato en dos Estados, uno judío, (el 55% del territorio, antes, la población judía contaban con el 7% del territorio) y otro árabe-palestino, excepto Jerusalén y Belén que quedarían bajo control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del Mandato de Palestina que estalló al día siguiente de la votación del Plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948.
En 1956 la Guerra del Sinaí, en 1967 la Guerra de los Seis Días y en 1973 la Guerra del Yom Kippur.
No profundizamos en los hechos y conflictos que han tenido lugar a lo largo de décadas, pues hay información sobrada para saber más sobre estos acontecimientos, pero nos parecía oportuno mencionarlos para establecer un hilo que ayude a entender el porqué de lo que hoy ocurre. Para ello, es necesario mencionar también las consecuencias de los mencionados hitos históricos:
Es difícil saber, en estos momentos, cuál es el porcentaje de territorio que Israel ha ocupado, muy por encima del 55% que se les concedió en 1947, saltándose las múltiples resoluciones de la ONU: 194, 242, 337, 3379, 446, 672, 3236, entre otras muchas, todas ellas son de interesante lectura.
Más de 5 millones de palestinos y palestinas sobreviven en campos de refugiados: 2,2 millones en Jordania, 500.000 en Líbano, más de 400.000 en Siria y más de 2 millones en distintos campamentos en su propia tierra, Cisjordania y Gaza.
Antes del 7 de octubre, el desempleo juvenil superaba el 50% y el desempleo medio se situaba en el 41%.
Son solo tres impunts de los muchos y desgarradores que se podrían dar, que se están viendo agravados hasta rebasar el límite de lo admisible con el asedio, bombardeos y ahora incursión terrestre en la franja de Gaza, por parte del Estado de Israel.
Con los antecedentes que hemos expuesto no esperamos de Reino Unido otra cosa que apoyo a Netanyahu. Tampoco esperamos que Estados Unidos abogue por la paz, tanto por la incidencia que el lobby israelí tiene en Washington, como por la nula fuerza moral de los USA; por cómo esa nación se fraguó, usurpando el territorio a las tribus nativas.
Entendemos como positiva la propuesta de una Conferencia de paz, para dentro de seis meses, que ha hecho nuestro presidente del Gobierno. Sin embargo, lo que urge es que los gobiernos de la UE y las instituciones internacionales se dejen de medias tintas y exijan a Israel un alto el fuego inmediato.
Tras siete décadas de abuso y muerte, es poco creíble que la solución pase por el establecimiento de dos estados, eso ya se propuso en 1947. La solución es muy difícil, pero desde luego no es solución continuar dando largas al conflicto. Lo deseable sería que se establecieses las condiciones para que palestinos y judíos puedan vivir en un solo Estado, laico y democrático, en el que no tenga cabida ni el supremacismo sionista ni el integrismo islámico.
El sentir manifestado en este comunicado, por la Junta Directiva de ASTRADE, sirve para cualquiera de los conflictos armados que hay hoy en el mundo, aunque no podamos precisar los hechos y circunstancias de cada uno de ellos.
Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1-O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.
Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos!
¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?
Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP.
Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal.
Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.
El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1-O fue la población trabajadora catalana, y, en especial, la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino. Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”.
Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.
La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc.
Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español.
Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.
Ante los procesos de investidura para el gobierno de España
EL CONTEXTO ELECTORAL ESPAÑOL
Tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, 13 autonomías de 19 son gobernadas por el PP (seis en coalición con VOX), 3 por el PSOE, el País Vasco por el PNV (en coalición con el PSOE), Cataluña por ERC y Canarias por Coalición Canaria (en coalición con el PP). El PP gobierna en 30 capi- tales de provincia (de un total de 50), en 5 de ellas en coalición con VOX. El PSOE gobierna en 10.
En las elecciones legislativas del 23 de julio el Partido Popular creció de 89 a 137 diputados. VOX pasó de 52 diputados a 33, con lo que la suma de ambos no logra la mayoría absoluta en el Congreso.
El PSOE, a pesar de haber obtenido 7.760.000 votos, un millón de votos más que en las anteriores elecciones (unos 300.000 menos que el PP) solo pasa de 120 a 121 diputados. La disminución en diputados de las otras izquierdas agrupadas en SUMAR (obtiene 31 escaños), produce que la suma de ambas fuerzas no obtenga la mayoría suficiente para formar Gobierno.
En Euskadi el PSOE obtiene 5 diputados, los mismos que obtienen BILDU y el PNV. El PP obtiene dos y SUMAR obtiene uno.
En Catalunya el PSC sube y gana las elecciones con 19 diputados, le siguen SUMAR, ERC y JUNTS con 7 escaños cada uno, el PP alcanza 6 y VOX se mantiene con 2.
Estos resultados obligan al PSOE y a SUMAR a buscar alianzas con otros grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría suficiente y poder formar un nuevo Gobierno de progreso en España.
El Rey ha encomendado al presidente del PP la tarea, que parece imposible, de alcanzar en la sesión de investidura del 27 de septiembre una mayoría su- ficiente para formar Gobierno
EL PROXIMO GOBIERNO DE ESPAÑA
Este plural escenario post electoral, reflejo de la diversidad sociológica e ideológica española, configura, sucintamente, tres bloques políticos: uno con fuerzas de derechas (PP y VOX), otro con fuerzas de izquierdas (PSOE y SUMAR) y otro con fuerzas nacionalistas heterogéneas (ERC. JUNTS, PNV, BILDU). Han sido las variadas alianzas entre las fuerzas políticas de estos tres bloques las que han ido configurando, en el tiempo, las distintas modalidades del Gobierno en España. Ahora son las fuerzas de izquierdas españolas con las fuerzas nacionalista, las que pueden alcanzar las mayorías parlamentarias suficientes para formar un nuevo gobierno progresista en el Estado.
Las derechas españolas, ante la dificultad de desplazar del Gobierno de España a las fuerzas de izquierda y de progreso, han radicalizado sus posiciones y tratan de evitar, sin saber muy bien cómo, la formación de un nuevo Gobierno que, con un actualizado programa y correspondientes políticas, avance en respuestas democráticas, desde la libertad y la igualdad, a los graves conflictos presentes.
Las derechas tienen pavor a estos acuerdos y alianzas que, fracasada la investidura de Feijoo, pueden alumbrar un nuevo Gobierno de progreso en España, capaz de orientar al Estado español hacia una potente estructura federal en la que las nacionalidades que lo componen compartan su arquitectura. Un Gobierno capaz de consolidar y desarrollar políticas económicas y sociales que avancen decididamente por la senda de la igualdad, la memoria democrática, la justicia social y climática, el desarrollo sostenible y el feminismo. Un Gobierno que fortalezca la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos. Con un horizonte que deseamos republicano.
POSICIÓN DE LA CORRIENTE DE OPINIÓN IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE ANTE LA POSIBLE INVESTIDURA DE PEDRO SANCHEZ
En la actual coyuntura política, la corriente de opinión Izquierda Socialista-PSOE propugna la configuración de un gobierno de España, presidido por el compañero Pedro Sánchez, con un programa de izquierdas y de progreso, apoyado por una mayoría parlamentaria articulada con fuerzas políticas de ámbito estatal y autonómico.
Hay que abrir la vía a una sesión de investidura, cuanto antes mejor, de la que salga un presidente socialista, un programa y un gobierno que trabaje por la convivencia y que, de respuesta a las esperanzas y anhelos de millones de trabajadores, a las personas mayores, a los jóvenes en busca de porvenir, a las mujeres en busca de igualdad y, en particular un gobierno que luche decididamente contra la violencia machista y de género.
La cuestión catalana, que viene de lejos, requiere hoy de nuevos enfoques para seguir conviviendo pacífica y establemente. Nuevas políticas que no pasen por la represión, sino por el diálogo, la negociación, y el acuerdo entre las partes. El necesario reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, la reforma federal de la constitución y la del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, pueden permitir una votación del pueblo catalán para profundizar en su autogobierno. Ahora, se impone trabajar en soluciones políticas y legislativas, incluida alguna forma de amnistía, que logren avanzar en la solución de un conflicto que sigue vivo, así como restablecer la fraternidad y la colaboración entre los distintos pueblos de la “nación de naciones” que es España.
Tanto las alianzas a establecer para formar un Gobierno de Progreso y las posibles soluciones políticas/legislativas para los hechos acontecidos en
Cataluña, deberían ser consultadas por la dirección del PSOE, rápida e informadamente, a la militancia socialista.
La corriente de opinión Izquierda Socialista, ya con una larga historia de más de cuarenta años, muestra su leal compromiso para conseguir los objetivos planteados.
El pueblo español, con toda su diversidad plurinacional y pluricultural, necesita urgentemente un Gobierno que trabaje con ética, por la paz, la justicia social, la laicidad, la igualdad y la libertad, contra las desigualdades económicas y sociales, por la defensa del estado de Bienestar, y contra la involución de derechos preconizada por las derechas. Un gobierno capaz de encontrar y dar respuestas políticas a los múltiples problemas políticos existentes en el país.
Apelamos a la conciencia y a la inteligencia de los partidos de izquierda y progresistas, empezando por el nuestro, para transformar las ideas y deseos en realidad política de gobierno. Sectarismos, dogmatismos o personalismos diversos no deben empañar las justas reivindicaciones de la ciudadanía.
De nuevo nuestra dignidad socialista pierde nivel, nos sometemos no a una negociación tras un dialogo, sino a una claudicación en la que se nos imponen unas condiciones, que en ocasiones no solo rozan la ilegalidad, sino que a veces son totalmente ilegales teniendo que modificar las leyes, para dar encaje a exigencias inverosímiles y bastardas, que serían claramente despreciadas, si nuestro partido no hubiera perdido tanta confianza del electorado.
No es que hayamos perdido la dignidad mas que el resto de formaciones políticas, son muchas las ocasiones en que he afirmado, que desgraciadamente la política y los órganos de representación en las instituciones, se han convertido en un lodazal, del cual escapan cada día más nuestros políticos de vocación, esos que creen que la política es el arte de mejorar la vida de los ciudadanos.
Al parecer los representantes de los socialistas, que desde hace tiempo se avergüenzan de confesarse socialistas y se parapetan tras el subterfugio de socialdemócratas, desde los tiempos en que nuestro “insigne Isidoro”, se convirtió en ese triste personaje que nos engañó miserablemente, no solo a los socialistas que creímos y confiábamos en él, sino a una inmensa mayoría de la ciudadanía, que lo vio como una solución capaz de apartarnos, de un atroz capitalismo al que desgraciadamente el mismo sin un ápice de disimulo nos llevó al final. Entrando de cabeza en la dinámica, de utilizar cualquier argucia, con tal de gobernar para el capitalismo, da igual con quien, no importa el precio político que haya que pagar, aunque con ello cada vez este mas descompuesta nuestra ideología.
Hasta ahora, los que aún nos consideramos socialistas, nos tapábamos la nariz y pensábamos ingenuamente aun en la regeneración de nuestro histórico partido, pues parecía que con quien veníamos pactando, sometiéndonos a sus caprichos, concediéndoles sus particulares prebendas, era con partidos en teoría progresistas o al menos disfrazados de ello. Pero es que ahora, resulta que vamos a claudicar, precisamente con lo mas retrogrado del conservadurismo catalán, porque nos hace falta un voto, y encima lo haremos con unas condiciones previas impuestas, antes incluso de sentarse a la mesa de negociación, que no dudo que acabaremos aceptando, aun a costa de modificar perversamente las leyes al capricho de personajes realmente impresentables, no para mejorar la vida de nuestros conciudadanos sino para contentar precisamente a los que no quieren serlo .
Si esto se lleva a cabo como todo indica que va a ser, nuestro querido partido socialista estará definitivamente hundido sin remedio, aunque quizás eso sea lo que realmente desde hace unos años necesita el socialismo con mayúsculas; que se muera del todo este engendro en el que nos hemos convertido y de nuestras cenizas, se refunde un nuevo Socialismo puro y limpio que realmente luche por una sociedad justa.
Quizás a la sociedad en general, nos convenga un gobierno de la derecha mas cerril, junto con la extrema derecha más retrograda, que sea lo mas perecido a la dictadura que muchos de nosotros hemos sufrido, pero que una buena parte de los votantes de hoy en día, han tenido demasiada suerte y no han pasado por ella desconociendo sus efectos. Quizás los que si los conocemos, no hemos sido suficientemente didácticos, para dárselos a conocer a esa sociedad que cuando llega a tener un empleo aunque sea miserable, o alcanza a vivir en un piso de 90 metros cuadrados, o se compra un utilitario, pierde su carácter solidario convirtiéndose en un conservador, que le asusta la idea de un estado solidario que comparta la riqueza del país, pues ese ciudadano, ya esta por encima del que vive debajo del puente, creyendo por ello que debe conservar esa miseria conseguida.
Lo siento por mis nietos, les pido perdón a ellos y a su generación, porque no he sabido conseguir aquello por lo que durante toda mi vida he luchado y por lo tanto, les queda una sociedad considerablemente más vacía de valores éticos y morales que la que tuvieron sus padres. Quizás todos necesitamos recordar las persecuciones racistas, homófobas y clasistas, de no hace tanto tiempo, que nuestra frágil memoria olvida con facilidad.
Me gusta decir lo que realmente siento, sin el miedo a que por ello sea expulsado de mi partido, como lo están siendo otros con quienes discrepo, pero si dicen lo que realmente piensan, los respeto, aunque desgraciadamente, hayan entrado en la deriva derechista, son ellos los que deben colocarse en un lugar mas adecuado a su pensamiento y no por una purga.
Lo siento, yo prefiero que los ciudadanos vayamos de nuevo a las urnas, a que tengamos que pasar por el aro, de unos depredadores que no solo destruyen su sociedad independentista, sino que destruyen la dignidad de todos. Luego ganemos o perdamos recuperemos la cordura, refundemos nuestro partido, hagámoslo de nuevo progresista, solidario, recuperemos nuestros valores perdidos, hagámoslo de nuevo socialista.
Los días 15 y 16 de septiembre asistí a las jornadas que se han celebrado en Madrid, bajo el título: “Jornadas de Comparecencias”, organizadas por la Plataforma Verdad y Justicia y Marea Residencias. Han testificado familiares de víctimas de los “Protocolos de la vergüenza”, por los que el Gobierno de Díaz Ayuso (PP), en Madrid, excluyó y negó la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, residentes en centros públicos y privados, en los meses de marzo y abril de 2020. La consecuencia fue la muerte de, al menos, 7.291 personas mayores.
Ante la Comisión Ciudadana que se ha constituido comparecieron trabajadores y trabajadoras de las residencias, expertos en medicina geriátrica y acreditados científicos en distintas disciplinas, así como políticos, además de las familias de las víctimas y algunas residentes que salvaron la vida.
La experiencia ha sido muy esclarecedora, tanto por los testimonios como por los datos que se dieron desde los distintos enfoques de la experiencia vivida y el conocimiento de los comparecientes. Aunque no se denominase así, lo percibí un verdadero “Tribunal Popular”, un foro de democracia, justicia y libertad, en la que cada compareciente pudo expresar sus vivencias y exponer sus datos, sin ningún tipo de restricción.
La Comisión está presidida por José Antonio Martín Pallín, quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. En la Comisión también participan: Ana Freixas Farré, fue catedrática de Psicología Evolutiva y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Córdoba, e investigadora sobre el envejecimiento, en particular de las mujeres; Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Eduardo Ranz Alonso, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid; el doctor en medicina Fernando Mata, que ha trabajado en Gestión de políticas sanitarias en el ámbito Regional y Nacional; y Mª Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, experta en epidemiología del envejecimiento.
Trabajadoras de distintas residencias, como: Mari Ángeles Maquedano, de la Residencia Parque Coimbra; Nandi Gutiérrez y Elvira García, de la Gran Residencia de Carabanchel; Pilar Torres, de la Residencia Parque de los Frailes de Leganés; o Antonio Torres de la Residencia DomusVi de Leganés, todas ellas coincidieron en la escasez de plantilla, como común denominador de todos sus centros de trabajo. Una falta de trabajadores y trabajadoras de la que ya se venía alertando antes del estallido de la pandemia y que contribuyó a que la mala atención a los residentes se acentuase con el COVID-19. La escasez de personal es algo que también las familias de los y las residentes percibían en las visitas a sus seres queridos. Esto, que puede parecer cotidiano y común en todas la empresas y sectores, fue un factor determinante en la terrible muerte en solitario, “sin nadie que les cogiese la mano” declararon algunas; a lo que habría que añadir que la no medicalización de las residencias y la ausencia de medios paliativos, hizo de la muerte de muchos y muchas de las víctimas algo inhumano, impropio de una sociedad que se dice avanzada. En palabras de Miriam Alia, Coordinadora Médica de Emergencias en Madrid durante la pandemia, por Médicos sin Fronteras: “No se aplicaron cuidados paliativos, ni clínicos ni sicosociales, ni a enfermos, ni a los trabajadores que les atendían, ni a las familias de las víctimas. Algo no visto en países en guerra o afectados por catástrofes naturales”, dijo, antes de que las lágrimas la desbordasen.
Según los testimonios de las familias de las víctimas, el exceso de celo de muchos de los directores y directoras de las residencias, y los protocolos, impidieron que a partir del 8 de marzo de 2020, se pudiese visitar a los residentes o que sus familiares pudiesen llevárselos a su casa o a un hospital. Tampoco permitieron que acudiesen ambulancias para al traslado a hospitales, aunque fuese costeada por los propios familiares. Restricción que no sufrieron los residentes que tenían pólizas con aseguradoras privadas de salud. En su testimonio, Concepción Quirós, familiar de una residente fallecida en la Residencia pública para mayores de Manoteras, tuvo que recurrir a un Notario y a una ambulancia privada para poder trasladar a su madre al Hospital Ramón y Cajal, una de las pocas familias que consiguió sacar a su familiar, pese a las directrices en contra dictadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Una de las declaraciones más emotivas fue la de Mercedes Huertas Aguilera, cuando relató como en las llamadas telefónicas en las que conseguían contactar con la Residencia, que no con su padre, les decían que estaba bien. El 4 de abril pudieron verle a través de una videollamada, “se le veía adormecido”, el día 6 de abril falleció, no le habían realizado el test hasta el 2 de abril; el resultado de la prueba llegó dos días después del fallecimiento.
El celo excesivo de algunos y algunas directoras llegó incluso a la represión de sus trabajadores, es el caso de la Técnico Sanitario del centro público Gran Residencia de Carabanchel, Nandi Gutiérrez, quien fue sancionada laboralmente con suspensión de empleo y sueldo, y un traslado forzoso, por haber contado lo que ocurría en el interior de la residencia, la dijeron. Una sentencia judicial obligó a la devolución del salario y a la recuperación de su puesto de trabajo en el mismo centro.
A la falta de personal y de medios médicos, carencias previas a la pandemia, se añadió en los testimonios la ausencia de Equipos de Protección Individuales (EPIs), teniendo las trabajadoras y trabajadores que improvisar protecciones con bolsas de basura. Llegando a darse situaciones temerarias como la que relataron varias trabajadoras, cuando, en los primeros días de pandemia, les prohibían el uso de mascarillas, “para no alarmar”. O, en palabras de Antonio Torres, trabajador de la Residencia de Leganés DomusVI, “…los trabajadores utilizaban por turnos una mascarilla que tenían en el área de mantenimiento”.
Se dieron situaciones de enmascaramiento de la realidad, algo que parecer ser habitual en tiempo normales, cuando los familiares anuncian la visita a un residente. En la Residencia antes citada, de Leganés, el 15 de marzo hubo un suicidio. En ese momento, la dirección del centro dio orden de proporcionar mascarillas, batas y gorros, todo desechable, pues llegaba el Juez de Guardia para el levantamiento del cadáver.
Una de las testificales más esperadas fue la de Alberto Reyero, el que fuera Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Díaz Ayuso, y que dimitió tras denunciar “los Protocolos de la vergüenza”.
El Sr. Reyero hizo una reconstrucción cronológica de los acontecido. Recordó que el 4 de marzo de 2020 se produjo el primer fallecimiento por COVID en Madrid, registrado en la Residencia pública La Paz. Y que los protocolos fueron varios y de distintas fechas: el 8 de marzo se lanzó el Protocolo de Limitación de Visitas; el 18 del mismo mes se lanzó un primer Protocolo de no Derivación (a hospitales); el 20 de marzo, se lanzó el segundo Protocolo para la exclusión de residentes con grados de dependencia medio y alto. “Una residencia es un lugar donde se cuida y un hospital es donde se cura”, dijo. Por tanto, resulta fundamental la derivación hospitalaria que se les negó a miles de residentes. En opinión de los juristas que componen la Comisión, se han podido vulnerar los artículos 15 y 43 de la Constitución.
Estos Protocolos fueron emitidos por la Dirección de Protección Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y, por ende, del Gobierno de Ayuso. Estas decisiones políticas se tomaron mientras había hospitales privados con camas libres.
Compareció el ex alcalde de Leganés por el PSOE, Santiago Llorente Gutiérrez, quien dejó claro en su declaración que las residencias no tenían los recursos sanitarios mínimos. Denunció que la Comunidad de Madrid nunca derivó personal sanitario a las residencias del pueblo de Leganés, ni las medicalizó mínimamente. Ante esto, bajo su mandato, el Ayuntamiento de Leganés se querelló contra el Gobierno de la señora Ayuso, proceso judicial que aún está en curso, pero al que el actual alcalde, del PP, no tiene intención de dar continuidad.
El ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, presidió la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de mayores en la Comunidad de Madrid, relató que, antes de la pandemia, había realizado visitas a las residencias públicas y concertadas de Madrid. La conclusión de estas visitas fue que las condiciones eran lamentables. Achacó el problema a la externalización de servicios y la privatización de los centros públicos, “…las empresas solo ven un nicho de negocio, muchas ni pertenecen al sector sociosanitario.”, “La inspección (desde la CAM) es mínima, por tanto, la relajación de los centros es total”, comentó.
En esta línea, estuvo un pasaje de la declaración que realizó María Jesús Valero, familiar de una residente que falleció en la Residencia de Usera: “La Dirección de la Residencia, (en el momento en que su familiar falleció), nos ofreció los servicios de Mémora (empresa de servicios funerarios) con la que DomusVi tenía un acuerdo de 700 € por finado”. Es el negocio con la muerte, incluso en los momentos más difíciles, en los que la empresa gestora de la residencia se lleva un 10% de cada fallecimiento (teniendo en cuenta el coste del negocio cautivo que son los enterramientos) aprovechando la desgracia ajena.
La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, constituida el 20 de julio de 2020, solo pudo trabajar durante 35 horas, pues unos meses después se disolvió la Asamblea y se convocaron las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021.
La Comisión Ciudadana sacará sus conclusiones del impresionante volumen de información que se puso sobre la mesa en las comparecencias. Pero, hay datos irrefutables:
El número de fallecidos en función del número de residentes hablan por sí solos (números aproximativos a falta de datos oficiales):
En Madrid hay 475 residencias públicas, públicas en gestión externalizada, privadas concertadas y privadas, de las tan solo el 10% son públicas de gestión directa. La media de residentes por centro es de unas 250 personas. Datos dados por los comparecientes periciales y profesionales.
“Mientras que en las 25 residencias totalmente públicas hubo una mortalidad del 7,4%, en las 18 de gestión externalizada la cifra escala hasta el 21,9% según un nuevo estudio publicado en la revista internacional Epidemiología.” (publicado en El País del 30 de junio de 22).
El doctor Francisco Pozas, ha estudiado los datos y ha resumido en 20 item sus conclusiones. Una de las más clarificadoras ha sido que: tomando 12 países de la OCDE en el periodo de pandemia, España ostenta el mayor número de muertes entre mayores de 65 años, quedando así en la peor situación en los índices de protección a los mayores de esa edad. Y Madrid está a la cabeza de los índices de mortalidad en mayores de 65.
Las declaraciones, las experiencias vividas y los datos dejan claro el cruel desastre que se vivió en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid en aquellos meses. Ahora solo falta que la Justicia haga su trabajo y que se preste a ser el burladero de la impunidad para los responsables de esta tragedia.
El 14 de abril de 1931 se proclamaba en España la II República que ponía fin a la monarquía borbónica, hasta que fue restaurada tras el golpe de estado militar, la guerra civil y 40 años de dictadura.
Uno de los aspectos más importantes de la Segunda República para las mujeres es que consiguieron entrar masivamente en la esfera pública, conquistando ciertos derechos como el sufragio, el divorcio y el acceso a la educación superior.
Una de las primeras leyes implementadas en la Segunda República tras la aprobación de una nueva constitución permitió a las mujeres votar y postularse para cargos políticos. Este quedó amparado por el artículo 36 del Capítulo III de la Constitución de la Segunda República, y entró en vigor el 1 de octubre de 1931. Las primeras mujeres en conseguir escaños en las Cortes fueron Clara Campoamor Rodríguez, Victoria Kent Siano y Margarita Nelken y Mansbergen. Obtuvieron estos escaños en junio de 1931, varios meses antes de que las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto. A ellas se unieron en febrero de 1936 Matilde de la Torre, Dolores Ibárruri y Federica Montseny.
No fue una conquista pacífica, puesto que entre las propias mujeres se cuestionaba el derecho al voto. Nelken y Kent se habían opuesto a otorgar el sufragio femenino, argumentando que la mayoría de las mujeres votarían por los conservadores debido a la influencia de sus maridos y del clero, lo que socavaría la República española. Clara Campoamor, por el contrario, fue una firme defensora del sufragio femenino. El duelo entre Campoamor y Kent por el sufragio femenino ha sido uno de los más importantes de la historia parlamentaria en España.
Las tesis de Campoamor prevalecieron, y el 1 de octubre de 1931 se introducía el artículo 36 en la constitución estableciendo: «Los ciudadanos de cualquier sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales que determinen las leyes». A pesar de la oposición de Nelken al sufragio femenino, los miembros del PSOE apoyaron abrumadoramente el derecho al voto cuando llegó la votación con 161 a favor y 131 en contra. 83 de los 115 diputados del PSOE compañeros de Nelken apoyaron la moción. Con su aprobación, España se convirtió en el primer país latino en aprobar el sufragio universal. La inclusión fue respaldada por el artículo II de la nueva constitución, que establecía la igualdad ante la ley para ambos sexos.
Años después, Frederica Montseny se convirtió en la primera mujer ministra de España, ejerciendo como Ministra de Sanidad y Asistencia Pública desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937.
Campoamor, al defender el sufragio femenino ante las Cortes el 1 de octubre de 1931, manifestó que a las mujeres no se les otorgaba el derecho al voto como premio, sino como recompensa por luchar por la República. Las mujeres habían protestado por la guerra en Marruecos, las de Zaragoza por la guerra en Cuba, y un número aún mayor por el cierre del Ateneo de Madrid por parte del gobierno de Primo de Rivera.
Campoamor también defendió que la inclusión de la mujer era fundamental para salvar la República al tener una población políticamente comprometida, para que no se repitieran los errores de la República Francesa. En su discurso en las Cortes dijo:
«¡Mujeres! ¿Cómo se puede decir que cuando las mujeres den señales de vida por parte de la República se les otorgará como premio el derecho al sufragio?
Clara Campoamor
¿No han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogios las mujeres trabajadoras y universitarias no cantan su capacidad?[…]¿Cómo se puede decir que las mujeres no han luchado y necesitan un período, largos años de República, para de mostrar su capacidad?«
Tribuna Socialista 
Debe estar conectado para enviar un comentario.