A cerca de la Unión Militar Democrática (UMD).Segunda parte: Memorias de una disidencia

La primera parte de este artículo fue publicada en TS-152 (pág. 23)

Lafundaciónde la UMD, así como su posterior desarrollo, adquierensu sentido pleno si se tienen en cuentalos cambios sociales anteriormente acontecidos en España, en particular desde el comienzo de los años 60 del siglo pasado.

                Nose entiende, sin embargo,suapresurada disolución en junio de 1977, tras las primeras elecciones democráticas, en un momento en que la agitación militar ultraderechista era especialmente grave.

                Es ineludible, por tanto, considerar también el periodo de activismo desplegado por antiguos miembros de la UMD, tras su autodisolución,oponiéndose activamente algolpismo militar-franquista, hasta su presunta extinción en 1985.

                Esta segunda parte, memorias de una disidencia, está escrita con la intención de aportar algunos recuerdos concretos, muy personales, que puedan ser de utilidad para la comprensión de aquel convulso periodo histórico. Pues, a fin de cuentas, la vida militar toma su sentido verdadero cuando se está dispuesto a arriesgarse y dar la vida por el pueblo.

Activismo en la UMD

                Desde el otoño de 1975 llevé a cabo tareasinformativas y de captación,misión casi imposible dado el enorme temor que inspiraba la represión militarfranquista.

                La detención y encarcelamiento del comandante Luis Otero, junto a los capitanes Fernando Reinlein, Xosé Fortes y seis compañeros más,frenaron en seco las afiliaciones.

                El comandante Julio Busquets, sociólogo y fundador de la UMD, diputado del PSC-PSOE en las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977, me dedicó un ejemplar de su libro “El militar de carrera en España”, con una dedicatoriaque lo resume todo: “Al capitán Manuel Ruiz Robles, compañero de armas e ideas, que demostró su actitud democrática, en los años difíciles. Con todo afecto de Julio Busquets”.

                En septiembre de 1976 fui enviado por la Armada a cursar estudios de doctorado en física de la energía en la Universidad de París, durante el curso 1976/1977, efectuando frecuentes a viajes a Madrid, que me mantuvieron en contacto con la organización.

                Los compañeros que habían sido detenidos en julio de 1975, juzgados en consejo de guerra, condenados, encarcelados y expulsados del ejercito por su pertenencia a la UMD, fueron excarcelados tras la primera Ley de Amnistía de julio de 1976,junto a la mayoría de presos políticos, decretada por el rey Juan Carlos. No fue una concesión desinteresada, sino forzada por la potente movilización social. Pese a todo,siguió manteniendo expulsados del Ejército a los compañeros de la UMD.

                Celebradas las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, la UMD se autodisolvió dos semanas después.

                La Ley de Amnistía de 1977, aprobada por el Parlamento, volvió a dejar expulsados del ejército a nuestros compañeros. Por si fuera poco, el capitán de aviación José Ignacio Domínguez, piloto de reactores y portavoz de la UMD en el exilio, fue procesado tras su regreso a España, y condenado en consejo de guerra celebrado en diciembre de 1977,aplicándosele torticeramente la “Ley de Amnistía”,que confirmó su expulsión.

                Diez años después, en 1986, se enmendó en parte esa grave injusticia, con el claro propósito de blanquear un régimen impuesto por el rey Juan Carlos, pues tampoco se les dejó incorporarse al servicio activo.

La disidencia

                Inmediatamente después de la autodisolución, algunos miembros de la UMD continuamos activos durante varios años, en oposición a los movimientos militares franquistas, que se habían intensificado tras la legalización del PCE y las primeras elecciones democráticas.

                El valeroso capitánde la UMD,Fernando Reinlein, tras su excarcelación, consiguió un empleo de periodista en Diario16 y nos facilitó, a los pocos que nos decidimos a escribir, el acceso a su famosa columna sobre temas militares,publicando rápidamente los textos que escribíamos.

                En el artículo titulado “Señores diputados”, critiqué duramente la Ley de Amnistía de 1977. Denuncié la exclusión de los compañeros condenados en consejo de guerra por pertenecer a la UMD, afirmando que habían sido olvidados. Afirmé, además, que la Ley de Amnistía establecía desequilibrios fundamentales en los cimientos de esta democracia.

                Por ello fui arrestado en 1979, interrogado con malos modos en un juzgado militar y estampada una nota desfavorable en mi hoja de hechos. El capitánJosé Altozano, excelente abogado, que fue defensor del capitán Xosé Fortes en el Consejo de Guerra contra la UMD, redactó varios recursos contra mi sanción, pero todos fueron desestimados. Sin el apoyo moral de Rosa, mi compañera,probablementeme hubiesendestruido; éramos muy jóvenes yya habían nacido nuestros seis hijos.

                Fue una ley de “punto final”que sigue, aún hoy en día, obstruyendo la acción de la justicia internacional contra los crímenes del franquismo.

                En aquellos convulsos días de 1980, con el fin de analizar la grave situación militar en España, me reuní clandestinamente en Lisboa con el antiguo jefe del Comando Operacional del Continente (COPCON), el estratega de la Revolución de los Claveles, Otelo Saraiva de Carvalho.

                Poco después, en el otoño de 1980,ocurrió un extraño incidente presuntamente urdido por las “cloacas militares”. El Comandante-Director de mi destino (CIDA)me ordenó realizar un ensayo en polígono de tiro de un artefacto temporizado que, posteriormente, ya en laboratorio,descubrí que había sido manipulado malintencionadamente. Un comandante de Infantería de Marina, perteneciente a los servicios especiales, vino a mi despacho para darme instrucciones al respecto. Mis sospechas, dada la grave situación militar, hizo que tomaseciertas precauciones.

                Durante las pruebas se produjo ladetonación prematura del cebo eléctrico. De no haber tenido la precaución de retirar la carga explosiva, nos hubiese matado a mí y al capitán de Infantería de Marina Alfonso Hidalgo Landaburu, amigo y vecino mío en las viviendas de la Armada en Madrid, que había sido delegado por el Estado Mayor para inspeccionar las pruebas. Mis superiores se negaron a abrir una investigación, con el pretexto de que era un asunto clasificado como secreto.

                Semanas después, el jefe de unabanda terrorista con tricornio, al mando de un tropel de guardias civiles, asaltaba el Parlamento. Era el detonante del autogolpe del 23-F de 1981, un episodio franquista que, si los documentos clasificados y aún secretos se desclasifican, algún día sobremos si fue instigado, como mínimo consentido, por el rey Juan Carlos Borbón, sucesor del dictador por las leyes de sucesión de 27 de julio de 1947 y de 23 de julio de 1969, huido a Abu Dabi por ladrón desde 2020.

                Al día siguiente del golpe, por la tarde-noche, el comandante Luis Otero, fundador de la UMD junto a Julio Busquets, nos reunió a algunos compañeros en su domicilio en Madrid, a fin de analizar la situación militar e informar a los partidos políticos democráticos. Se concluyó que poco o nada se podía hacer.

                Muchos años después, el citado comandante de Infantería de Marina, antiguo miembro del SECED, relacionado con el turbio asunto del artefacto temporizado, fue reconocido y denunciado por un argentino, antiguo detenido en la ESMA, un centro de tortura y exterminio de la Armada argentina. Ante el escándalo internacional, fue llamado a declarar por el Juez Garzón de la Audiencia Nacional en 1997, pero sorprendentemente tampoco se investigó, y todo quedó en el más absoluto olvido.

Manuel Ruiz Robles, es capitán de navío de la Armada (retirado), antiguo miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).

Llamarlo como queráis, pero es “Lawfare”

Uno de los poderes del Estado se muestra contemplativo ante un caso de “law fare”, de esos que se dicen “de libro”. Un juez más, y ya son muchos, demasiados, irrumpe en la escena política para incidir en los resultados de unas elecciones. Es tan burda la maniobra que parece mentira, pero es tristemente cierto.

El problema sería anecdótico si la evidencia de la existencia de una fracción de la derechona añorante del franquismo dentro de las instituciones del Estado no fue tan patente y con tantos antecedentes. El problema de la indecencia filofascista que no ha salido des las instituciones es que sus actos tienen consecuencias irreparables.

Los casos de Mónica Oltra en País Valenciano, el de Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados, el de los acusados de terrorismo por una pelea de bar en Alsasua, la policía patriótica actuando al servicio del PP, el juez García Castellón acusando de terrorismo a políticos catalanes…El listado de casos y hechos sería largo de relatar.

En su desesperación, la derecha política, mediática y judicial acude a lo que ya se ha visto en otros países, siempre con la misma pauta: denuncia falsa que es admitida por un juez y secundada por la correspondiente campaña política. El último caso que hemos visto de cerca fue en Portugal, contra Antonio Costa en otoño del año pasado.

Ahora el objetivo es el presidente del Gobierno, pues lo que no son capaces de conseguir en las urnas están dispuestos a alcanzarlo con el método que la extrema derecha viene implementando por el mundo.

Es la prueba de que la derecha heredera del franquismo: PP, VOX y los rescoldos de C´s, no están dispuestos a que este país pueda vivir en paz y libertad, por eso se empeñan en la confrontación y la exclusión, de ahí que hiperventilen ante la Ley de Amnistía o la Ley de Memoria Democrática.

Esta situación pone en evidencia que la transición no resolvió el problema de la dictadura. Ahora que se cumple el 80 aniversario del desembarco de Normandía, conviene recordar que los aliados aplicaron en Alemania una desnazificación, pero en España no se aplicó una depuración franquista. Por el contrario, se alentó que las estructuras institucionales de la dictadura continuasen vivas, con simples cambios de nombres, es el caso del TOP, cuyos muchos de sus magistrados pasaron a formar parte de la Audiencia nacional y del Tribunal Supremo, y claro, eso deja escuela, y de aquellos polvos estas ciénagas. De la misma manera que ministros franquistas se pusieron un traje de demócrata y constitucional y se dedicaron a constituir partidos que hoy acosan al gobierno.

Esta maniobra torticera, que irrumpe en plena campaña electoral, es un ataque frontal a la democracia y a las libertades. Una afrenta que debería ser contestada con una gran movilización ciudadana organizada y promovida por las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Movilización que debería ir acompañada con decisiones políticas claras, como la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la Ley 15/97 que permite y anima a la privatización de la Sanidad Pública, la puesta en marcha de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social tal como está recogido en la Ley 21/2021, la puesta en marcha de políticas contundentes para intervenir en el mercado de la vivienda, y toda una serie de necesidades de la mayoría social que debería abordar con valentía el gobierno de colación progresista actual.

El mensaje más eficaz contra la extra derecha y sus distintas versiones es la movilización y la toma de decisiones políticas en favor de la mayoría.

El Comité de Redacción
9 de junio de 2024

Hemos enviado una carta a la ministra de Sanidad

Hace unas pocas semanas, el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) puso en marcha una iniciativa consistente en dirigir una carta colectiva a la Ministra de Sanidad, Mónica García, pidiéndola que actúe con inmediatez en tres líneas:

  • Derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de los artículos 66,67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y de todas las disposiciones que permiten la privatización de la sanidad.
  • Derogación de las normas que permiten la intromisión de las mutuas en el control de las bajas laborales por contingencias comunes.
  • Aprobación de un presupuesto de urgencia finalista para la sanidad, que permita a los distintos servicios de salud recuperarse de los recortes sufridos y mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo para frenar y revertir la fuga de profesionales.

Las dos primeras peticiones que son comunes a todas las comunidades autónomas, en tanto que se trata de legislación de ámbito estatal, y que suponen el punto de apoyo para todos los gobiernos autonómicos que tienen la privatización de la Sanidad Pública como una política de acción. La segunda, es urgente y necesaria para paliar los recortes económicos que se vienen aplicando en la Sanidad de todas y todos.

La carta fue registrada en el Ministerio de Sanidad el día 20 de mayo, tras haber superado los 1000 primeros firmantes, objetivo que los organizadores se marcaron. Esto no significa que se haya cerrado la posibilidad de adherirse a esta misiva la ministra. De hecho, a fecha de redactar esta nota, se han incorporado más compañeros y compañeras tras entrada en Registro de la carta. Sumarse a la carta es tan sencillo como enviar un mensaje de adhesión a: cartamonicagarcia@gmail.com con el nombre y apellidos, la organización a la que se pertenece y la provincia o localidad en la que se reside.

Una vez que la carta toma dimensión pública, algunos medios de comunicación están mostrando interés por este debate que le proponemos a la titular en el Gobierno de la cartera de Sanidad:

https://radiopopular.com/podcast/carta-a-la-ministra-de-sanidad-se-estan-cerrando-camas-en-hospitales-publicos-y-derivando-a-la-privada?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0iNOLfr8QuLB1Xz_dbnMg6fZEPulJFi_bNi1Cu6_OTqGGXyx5EmJ2GS4A_aem_AY33jf5JxQ4GV32cDyM2dthMp019pNnHVevwgT96XOQaBODrJf2Ow3lp3ivOXDL2Yn1Mge2p3gYhv_D5dRFhYtup

La gran Manifestación que tuvo lugar en Madrid el día 19, en defensa de la Sanidad Pública, convocada y organizada por el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, ratifica lo que la demoscopia viene diciendo a la clase política: ¡Qué la Sanidad Pública está entre las principales preocupaciones de la mayoría social! Cosa distinta es si a la clase política le interesa ponerse a trabajar por resolver este problema de primera magnitud.

El debate está plateado, cuantas más seamos más nos tendrán que escuchar.

Pascual Sánchez
Militante socialista de Madrid

Por la decencia democrática. No a la cultura del odio

El mundo de la cultura levanta la voz en favor de la legitimidad democrática en un acto en Madrid.

Los participantes en el encuentro han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez y han alertado de que «la cultura del odio, el impudor y la mentira ponen en peligro la convivencia democrática»

Apoyo a Sanchez

UGT ante el anuncio efectuado por el Presidente del Gobierno de la nación, en el que manifiesta abrir un periodo de reflexión sobre su continuidad al frente del ejecutivo sin apenas un año de legislatura quiere manifestar lo siguiente:

Entendemos el lado humano que recoge Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía, por lo que queremos trasladar nuestra solidaridad personal. Los ataques injustificados que desbordan el ámbito político y tratan de aniquilar al hombre y a su familia, llevan demasiado tiempo anclados en el panorama político. Es necesario erradicar este tipo de comportamientos que han convertido el debate entre diferentes en una ciénaga, con un aire absolutamente irrespirable que puede terminar dinamitando la propia democracia. Hay límites que no se deberían franquear. En beneficio de la propia sociedad española, debemos recuperar el lado humano de las relaciones personales en la política. Las campañas de acoso basadas en datos que ni la propia denunciante reconoce deben desaparecer de inmediato.

Mostramosnuestra preocupación porque maniobras fraudulentas e ilegitimas puedan subvertir el veredicto democrático de los ciudadanos y ciudadanas. Los Gobiernos democráticos son elegidos por la ciudadanía. Debemos impedir confabulaciones que son demasiado parecidas a la que consiguió hacer caer al primer ministro socialista portugués, y que ponen en juego la pervivencia de nuestra democracia.

Reivindicamos la agenda social de los gobiernos de coalición, que están mejorando la vida de la gente, especialmente de las clases trabajadoras, de nuestro país. Las importantes conquistas alcanzadas durante la gestión de Pedro Sánchez nos obligan a defender su conservación y mejora, manteniendo el gobierno sustentado por la mayoría parlamentaria que lo posibilitó. Pensamos que estas conquistas sociales han sido el germen de este ataque a la arquitectura básica del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por último, consideramosque se ha tornado imprescindible la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado durante más de 5 años, y cuyo actual sistema de elección fue promulgado en tiempos de mayoría absoluta de los que ahora, con la excusa de su cambio, impiden el cumplimiento de nuestro texto Constitucional.

Conscientes de que muchos cuadros y afiliados y afiliadas a nuestra organización, han traslado su deseo de trasladar al presidente su apoyo y solidaridad habilitamos el correo electrónico animopedrosanchez@colabora.ugt.org

Unión General de Trabajadoras y Trabajadores

Avda. de América, 25 – 28002 Madrid – Tel.: +34 915 897 100

www.ugt.es

Franco murió en 1975, pero el franquismo está vivo

Ha sido a partir de la propuesta de Ley de Amnistía para los encausados por el “procès” cuando hemos comenzado a manejar en nuestra sociedad el sajonismo “law fare”, que hay quien lo define como: «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente«.

Esta realidad ha tomado una nueva dimensión en España en el momento en que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha admitido a trámite una denuncia de “Manos Limpias” (organización de extrema derecha), contra la mujer del presidente del Gobierno; denuncia basada en especulaciones de algunos medios de comunicación del universo de la derecha, reconociendo los denunciantes que algunas de las informaciones contenidas en la denuncia pudieran ser falsas. Y es en estas condiciones en las que se admite a trámite una denuncia. Es evidente que se el juez, si no ha cometido prevaricación, se le parece mucho.

Esta práctica de utilizar la ley y el poder judicial, por parte de jueces, a partir de publicaciones mediáticas o sobredimensionando de hechos por un marcado sesgo ideológico, no es nueva en nuestro país:

-En 2016 tuvo lugar un altercado en un bar de Alsasua, entre un grupo de jóvenes y otros clientes no tan jóvenes. Hasta ahí nada que no pase cuando el alcohol está por medio. La diferencia estriba en que en ese pueblo de Navarra hay un profundo sentir independentista vasco y que los clientes no tan jóvenes era guardias civiles. Lo que normalmente se hubiese resuelto con una multa por agresiones en un juicio de faltas, se convirtió en una petición de entre 12 y 62 años de prisión, sumando un total de 375 años para los ocho jóvenes, por acto terrorista. Hasta la Audiencia Nacional tuvo que reconocer que no procedía el delito de terrorismo. Pero algunos de los encausados sufrieron privación de libertad durante dos o tres años.

-Alberto Rodríguez, diputado de Podemos en el Congreso, perdió su escaño en octubre de 2021, porque el Tribunal Supremo dio más valor al testimonio de un policía que al testimonio de un diputado electo. Lo que fue un forcejeo en una manifestación se convirtió en una agresión. En enero del presente año, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la condena fue desproporcionada y que Rodríguez no debió perder su escaño.

-Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, tuvo que dimitir en junio de 2022 ante las denuncias de la derecha valenciana, admitidas a trámite en los juzgados. El caso abrió las puertas al PP a volver al poder en esa Comunidad. Este mes de abril, el juzgado nº 15 de Valencia ha archivado la causa contra la ex vicepresidenta valenciana.

Podría relatar otros casos, como la campaña de acoso y derribo que el PP lanzó contra el juez Baltasar Garzón, por atreverse a abrir causa contra los crímenes del franquismo tras la guerra civil. En 2009, el Tribunal Supremo archivó la querella admitida contra el magistrado por la Audiencia Nacional. Incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que “los juicios contra Garzón fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad”. El hecho es que Baltasar Garzón perdió su profesión de juez. Si esto se le puede hacer a un juez qué no se nos hace a lo demás.

No puedo dejar de citar lo grotesco de las actuaciones del juez de la Audiencia nacional, Manuel García Castellón, al imputar por terrorismo a Puigdemont y otros dirigentes independentistas, por el hecho de que una persona murió de un infarto mientras había una movilización en el Aeropuerto del Prat.

La desesperación del nacionalismo español, ese nacionalismo que no admite otros nacionalismos en la piel de toro, la que considera un cortijo de su propiedad privada, se ha elevado desde hace algunos años, con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyos miembros, mayoritariamente “conservadores”, llevan 9 años en el cargo desde que fueron elegidos. Y ahora, la mayoría absoluta del PP en el Senado le permite utilizar esa cámara de las Cortes como arma arrojadiza con el Congreso de los Diputados.

En paralelo, y, de paso, para defender lo indefendible como es la corrupción en la que está sumido el Gobierno de Díaz Ayuso en Madrid, han utilizado la misma táctica que la extrema derecha portuguesa para hacer dimitir a Antonio Costa, en noviembre de 2023. Han utilizado el nombre “Begoña Gómez” denunciando que había ocultado una subvención pública. Manos Limpias, quienes fueron condenados por extorsión y estafa, aunque oh Casualidad, fueron absueltos por el Tribunal Supremo, no explicaron en su denuncia ante el juzgado del juez Peinado que se trata de otra Begoña Gómez, una señora de Cantabria.

La forma, la persona de la esposa del presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno mismo, no son más que los instrumentos para desestabilizar al Gobierno, con el objetivo espurio de que el que navegaba con un narco en aguas gallegas, pueda hacerse con el poder por una vía antidemocrática, pisoteando la voluntad del pueblo soberano, ese al que se refiere el Artículo 1.2 del la Constitución de 1978.

Así de grave es la situación, ni más ni menos que un golpe de Estado, sin tanques por las calles. Basta la connivencia de un juez y unos mafiosos para desestabilizar un país.

El sábado día 27 estuve en Ferraz, para apoyar a mi partido y a la figura del Secretario General y presidente del Gobierno, y lo haré tantas veces como sea preciso. Pero pienso que la situación es tan grave y viene desde tan lejos, que no puede zanjarse con unos días de reflexión y una gran concentración de socialistas en apoyo a la persona. Los partidos antifascistas y los sindicatos de clase tienen que organizar una gran movilización de toda la sociedad contra los franquistas que llevan casi 50 años incrustados en las instituciones del Estado.

Roberto Tornamira
Militante Socialista de Madrid

¡Quedate!: hay que acabar el trabajo

Estimado Pedro: Hay que combatir la política de la derecha rancia, trumpista y fascista de este país.

No hay derecho que los franquistas conviertan la política en un estercolero, en un lodazal en el que los argumentos, la razón y el debate sean imposibles, y en la que embarran no solo a los políticos si no también a nuestras famílias.

Pero, acuérdate, de cuándo sólo por ir en una lista socialista nos arriesgábamos a que explotara nuestro coche y nos mataran a nosotros y nuestras famílias, nos pegaran un tiro en la nuca, o si echamos un poco más hacia atrás en la historia colectiva, nos daban un paseillo y nos enterraban en una fosa común o nos dejaban tirados en una cuneta. Es el ADN de los franquistas, Pedro, y aunque todos entendemos tu reflexión, y te mostramos nuestra solidaridad, sabes mejor que nadie que «resistir es vencer», y si además de resistir, legislamos para acabar con la injusticia, evitaremos este golpe de estado de la derecha franquista, política, mediática y judicial.

Has de seguir, Pedro. Has de liderar el País hasta que echemos de la justicia a todo el aparato podrido heredero del franquismo, como este Juez de 70 años que encausa a Begoña y que fue alto cargo del gobierno de Rajoy y cuya hija es política en Pozuelo de Alarcón por la candidatura del PP.

Has de gobernar para que tanto quien crea los bulos (políticos del PP y VOX), como quien los difunde (medios de comunicación), quien los esgrime en forma de denuncia a sabiendas de que son falsos (manos limpias) como quién acepta a trámite la denuncia (jueces franquistas corruptos) acaben en la cárcel

Has de seguir gobernando, porque el trabajo no está acabado. Necesitamos continuar revirtiendo los recortes de la era Rajoy, en educación, en sanidad y en materia laboral.

Necesitamos asegurar las pensiones que vuelven a estar en peligro tras el varapalo de la comisión europea en el informe sobre envejecimiento y que nos acusa de tener un sistema de pensiones insostenible, porque en sus proyecciones interesadas, la población jubilada crece pero no la población activa, y que no tiene en cuenta el efecto positivo de la inmigración en cuanto al crecimiento demográfico.

Necesitamos, Pedro, que cumplas tu compromiso de auditoría pública a las cuentas de la seguridad social para evidenciar el expolio que cometieron estos que ahora quieren meter en la cárcel a tu mujer.

Te necesitamos, Pedro, para seguir abundando en la línea del diálogo para avanzar hacia el federalismo, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y la convivencia fraternal de los pueblos de España.

Te necesitamos, Pedro, para que lideres a los pueblos de Europa y del mundo hacia el fin del belicismo, el reconocimiento del Estado Palestino y el fin del genocidio y los crímenes de guerra en Ucrania y en Palestina.

Es mucho el trabajo que queda por hacer, Pedro, pero los socialistas, la gente de izquierdas, la clase trabajadora estará contigo, a tu lado para hacer frente estos retos y los que nos echen. Eso sí: para ello hay que gobernar y cambiar leyes.


Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del comité de redacción de TS

DECLARACIÓN EXTRAORDINARIA

Ante la campaña de acoso de los franquistas

Apoyamos al Gobierno y a su presidente

Es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país, donde la derecha nostálgica del franquismo: PP y VOX, lleva ejerciendo una acción de acoso y derribo al Gobierno desde el mismo día de las elecciones del 23 de julio, comenzando por quien designó a Feijóo como candidato a la investidura, sabiendo que no reunía los apoyos necesarios para ser investido presidente.

La acción “política” de estos partidos filofascistas se coordina de manera descarada con buena parte de la judicatura, muy particularmente con el antidemocrático Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quienes llevan 9 años en el cargo desde que fueron elegidos y elegidas.

A la fracción judicial de la derecha hay que añadir la pléyade de cabeceras mediáticas que alientan y alimentan las mentiras y bulos que emiten los “think tanks” como FAES, en manos de Aznar, corresponsable de una guerra de invasión justificada con mentiras.

Son ya muchos los casos a nivel nacional e internacional en los que la voluntad de las urnas ha sido pisoteada y quebrada por la acción coordinada de las distintas facciones de fascinerosos, insertados en las instituciones del Estado, desde la muerte del dictador al que tanto añoran y cuya memoria y criminal obra defienden. Mónica Oltra en el País Valenciano, Antonio Luis Santos da Costa en Portugal, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil… han sufrido incluso cárcel o han dimitido de sus cargos, por intoxicaciones mediáticas combinadas con decisiones judiciales prevaricadoras, demostrándose “a posteriori” la inconsistencia de las acusaciones.

Queremos lanzar un mensaje de apoyo y una llamada a la resistencia al presidente del Gobierno, frente a la campaña de acoso que está recibiendo él y su familia. A la vez que hacemos una llamada a la unidad y la movilización de la clase trabajadora y sus organizaciones frente a los ataques fascistas.

No se trata de salvaguardar a la persona, se trata de salvaguardar la democracia y de continuar adelante con las decisiones políticas en marcha, así como de iniciar o retomar algunas de las que no se han puesto en marcha por “no molestar” a la derecha, a quienes les da lo mismo lo que se haga. No soportan no gobernar “su” España Una Grande y Libre, lo que consideran su cortijo, en el que pueden hacer lo que les venga en gana con total impunidad.

Exigimos que se investigue con garantías judiciales y que se depuren responsabilidades, a todos los niveles, si quedase demostrado que estamos ante un nuevo caso de bulos, “fake news” e incluso “law fare”.

Queda probado que los herederos históricos del franquismo no quieren la convivencia ni su cacareada concordia entre la pluralidad de pueblos que componen la realidad del Estado español.

Asociación Trabajo y Democracia

La Junta Directiva

Tribuna Socialista

El Comité de Redacción

20º aniversario del 11-M

Se han cumplido veinte años de los atentados más terribles -por el número de víctimas- que se han sufrido en nuestro país, 192 muertos y 1.857 heridos.

190 muertos en los trenes de cercanías que todas las mañanas trasladan a los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo, así como estudiantes que se dirigían a sus centros de estudio. A los que hay que añadir a Nicolás Jiménez Morán, el bebé que nació dos meses después del atentado, pero que murió a las 48 horas por las heridas sufridas por su madre y a Francisco Javier Torrenteras Gadea, el tedax que falleció en la explosión del piso de Leganés, en el que se inmolaron los autores de los atentados.

Tenían una media de edad de 35 años y pertenecían a 17 nacionalidades: 140 españoles y españolas (73,7%); 16 rumanos y rumanas (8,4%): 6 ecuatorianos y ecuatorianas (3,2%); 4 búlgaros y búlgaras (2,1%); 4 peruanos y peruanas (2,1%); 4 polacos y polacas (2,1%); un colombiano y una colombiana (1,1%); 2 marroquíes (varones) (1,1%); un dominicano y una dominicana (1,1%); 2 ucranianos (1,1%); una hondureña y un hondureño(1,1%); un senegalés (0,5%); un filipino (0,5%); un cubano (0,5%); un brasileño (0,5%); y una francesa (0,5%).

Al margen de la edad o del lugar en el que nacieron, tenían en común ser miembros de la clase trabajadora. Mencionamos a todos y a todas porque no queremos olvidarles, porque no son un número icónico de una fecha señalada, eran madres, hijos e hijas, padres, hermanos y hermanos, miembros de nuestra clase.

Es muy recurrente la frase de António Guterres, secretario general de la ONU, cuando en octubre del pasado año dijo: “el ataque de Hamas el 7 de octubre no viene de la nada sino de 56 años de ocupación”. No hay duda de que Guterres no justifica ni comparte que Hamas matase a 1.200 personas en los territorios aledaños a la franja de Gaza, ocupados por Israel. De la misma manera, no hay ninguna justificación en los atentados en los trenes de las madrileñas estaciones de Atocha y de El Pozo, el 11 de marzo de 2004. Lo anterior no implica que olvidemos que, justo un año antes, en marzo de 2003, una coalición liderada por la Estados Unidos invadió Irak; invasión en la que el Gobierno de Aznar involucró a nuestro país. Los atentados no vinieron de la nada.

En marzo de 2004 se cometieron dos atentados: uno, el de los trenes; el otro contra la verdad, se cometió la mayor mentira de Estado que hayan tenido que soportar los pueblos que componen el Estado español. El PP de Aznar mintió y, aún hoy, los medios de comunicación voceros de su política, continúan insinuando y vertiendo falsedades para desligar los atentados terroristas de la invasión de Irak.

El PP es un Partido que tiene alergia a la memoria, por eso, casi medio siglo después de la muerte del criminal dictador, no han condenado el franquismo. Por eso en comunidades autónomas en las que cogobiernan con la extrema derecha han derogado la ley de la memoria histórica. No quieren que recordemos, quizá por eso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Gobierno del PP en Madrid, ha eliminado -quizá debiéramos decir profanado- el monumento al 11-M.

El mismo grado de adicción que tienen contra la memoria lo tienen por la mentira. Por eso desde Tribuna Socialista todos los días del año recordamos y no olvidamos.

Comité de Redacción