Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores

La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.

Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/

Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.

En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.

En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.

Mercedes Huertas
Presidenta de DJRM
I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial

Encuentro Estatal del CATP: Madrid 27 de abril 2024

El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial, con compañeras y compañeros llegados de distintos puntos del Estado español: Catalunya, Andalucía, Euskadi, País Valencià, Castilla La Mancha, Castilla y León, Canarias…y también de Madrid.

Las intervenciones han analizado la catastrófica senda por la que el capitalismo arrastra a la sociedad: Genocidio contra el pueblo palestino, caos en la Sanidad Pública, saqueo de los sistema públicos de pensiones por parte de los gobiernos, precariedad en el empleo y pobreza de los trabajadores apalancada por las reformas laborales, represión de los movimientos sociales y de la resistencia de la clase trabajadora apoyándose en leyes como la “Ley Mordaza”, jibarización de la industria en España y en el conjunto de los países de Europa, guerra en Ucrania que está desangrando a la juventud ucraniana y rusa en una guerra de oligarcas e imperialistas por el reparto de los mercados de la energía, y un largo etcétera de situaciones que conforman un oscuro presente y futuro.

                Sin que fuese un punto previsto para el debate, la situación que se vive en estos momentos en el Estado español ha estado presente en las palabras de los y las intervinientes. El lavado de cara del franquismo y el disfraz de “demócratas” que supuso la transición se cae a trozos cada día más. Las instituciones del Estado apestan a fascismo. Lo que venimos viendo en otros países, como Brasil, con el encarcelamiento de Lula y el derrocamiento de Dilma Rousseff; lo visto en Peru, con el encarcelamiento de Pedro Castillo; lo recientemente visto en Portugal, con la operación mediático-judicial, para hacer dimitir a Antonio Costa…ahora lo estamos viendo en España con la acción de boicot legislativo y permanente “lawfare” desde el poder judicial y la judicatura prevaricadora, combinada con la pléyade de medios de comunicación que maneja la derecha política y económica.

                Los hechos señalados y constatables marcan la agenda del CATP, con el objetivo inequívoco de ser una herramienta útil para apoyar la resistencia de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras, pensionistas, agricultores y campesinos, autónomos, desempleados y desempleadas, y la juventud que son hijas e hijos de las familias trabajadoras.

                La manera de salir del pozo en el que el capital financiero nos está metiendo es luchar por la República. Por eso se ha adoptado en el Encuentro el firme compromiso de trabajar en favor de la marcha republicana a Madrid que se prepara pare el día 16 de junio, 10º aniversario de la abdicación del huido a Abu Dabi.

                El Encuentro ha puesto en el frontispicio de los compromisos la lucha con el Genocidio que se está cometiendo en Gaza desde hace más de 7 meses, que se ha cobrado la vida de más de 34.000 palestinos y palestinos, la mayoría de ellas mujeres y niños. En manos de los pueblos que componen el Estado español está la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con el Estado sionista israelí. No se puede decir que se va a reconocer el Estado palestino y que se están vulnerando los derechos humanos y a la par continuar con la compra-venta de armas entre España e Israel.

                Como ya se ha dicho, muchos han sido los asuntos tratados en este Encuentro. Resaltar la campaña que el CATP tiene iniciada para dirigirnos a la Ministra de Sanidad, Mónica García. Campaña que ha tomado la forma de una carta colectiva, que a la celebración del encuentro ya cuenta con más de 600 adhesiones.

Roberto Tornamira
Miembro de Tribuna Socialista

Reproducimos la carta y la aportación escrita que se presentó al Encuentro explicativa de por qué es necesario derogar la Ley 15/97, así como los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86, entre otras normativas.

Carta a Mónica García, ministra de sanidad

                Sra. Ministra:

                En todo el Estado, y bajo formas diversas en las distintas autonomías, la Sanidad Pública vive una situación muy difícil. Los servicios de salud no se han recuperado de los durísimos recortes que sufrieron en el periodo 2010-2018. El deterioro de las condiciones de trabajo ha llevado a una fuga de profesionales. Las listas de espera se hacen insoportables, y han aparecido importantes demoras en los centros de Atención Primaria, lo que origina la saturación de las urgencias hospitalarias. En todas partes, los procesos de privatización avanzan, amparándose en un marco legal que lo permite.

                Aunque las competencias de gestión están en manos de las comunidades autónomas, eso no significa que el ministerio que usted dirige no tenga posibilidades de actuar para cambiar la situación, pues hablamos de legislación de ámbito estatal.

                Le pedimos que actúe de inmediato en tres terrenos:

  • Derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de los artículos 66,67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y de todas las disposiciones que permiten la privatización de la sanidad.
  • Derogación de las normas que permiten la intromisión de las mutuas en el control de las bajas laborales por contingencias comunes.
  • Aprobación de un presupuesto de urgencia finalista para la sanidad, que permita a los distintos servicios de salud recuperarse de los recortes sufridos y mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo para frenar y revertir la fuga de profesionales.

                Nos parece que son propuestas en sintonía con su posición, manifestada en distintos momentos. Le solicitamos que, desde su Ministerio, ponga en marcha las medidas necesarias para aplicarlas.

                Quedando a su entera disposición para poder abundar sobre estos asuntos, en una reunión con usted o con quien usted determine.

Aportación al Encuentro del CATP 27-Abr

Defendamos la Sanidad Pública

“Derogación de las leyes que hacen posible la privatización sanitaria”

                En muchos territorios del Estado se han desarrollado movimientos sociales en defensa de los servicios públicos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia. Movimientos encabezados y configurados por las y los militantes que se resisten al saqueo de lo público por parte del libre mercado.

                Sabiendo que en comunidades como Andalucía, Cantabria o Cataluña, entre otras, hay una importante respuesta ciudadana contra la destrucción de la Sanidad Pública, en Madrid ha fraguado un movimiento consolidado en torno al espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, en el que se agrupan decenas de asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la Sanidad Pública, coordinados en plataformas de distrito y organizados por una asamblea representativa del conjunto de organizaciones. Es el espacio que lideró las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023.

                La lucha en defensa de la Sanidad Pública no se da solo en los fogonazos de macro manifestaciones; son las concentraciones semanales, los encierros, las campañas de sensibilización que se llevan a cabo lo que hace posible las grandes manifestaciones. Pero toda esta lucha será baldía si no tiene un reflejo político.

                Incomprensiblemente, las grandes organizaciones políticas y sindicales asisten como espectadoras de esta confrontación, entre quienes se apropian de los sistemas públicos para incrementar su negocio y quienes resisten en defensa de lo que tantas generaciones se han esforzado por construir.

                El tremendo esfuerzo de tantas y tantos militantes, esfuerzo sostenido en el tiempo, tiene que tener un resultado, como lo ha tenido la perseverancia del movimiento de Pensionistas forzando la Ley 21/2021, a pesar de que, sorprendentemente, el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

                La determinación de la ciudadanía, a lo largo de todo el Estado español, por defender la Sanidad Pública tiene que verse reflejado en la coherente derogación de las leyes que hacen posible la privatización de la Sanidad Pública:

  • Los artículos 66 y 67 de la Ley 14/1986 Ley General de Sanidad, establecieron los “convenios singulares”, para abrir la puerta a la colaboración con hospitales privados.
  • El artículo 90 de la misma Ley, establece los “conciertos para la prestación de servicios sanitarios” con medios ajenos a los públicos.
  • La Ley 15/1997 amplió los convenios y conciertos a “cualesquiera entidades admitidas en derecho, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones…pudiéndose, además, establecer acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas”.

                Han pasado 23 años desde el traspaso de las competencias del INSALUD a las últimas comunidades autónomas que recibieron esta competencia, pero los artículos de la Ley 14/86 y la Ley 15/97 en su totalidad continúan siendo el cimiento sobre el que se asienta el trasvase de dinero y servicios públicos hacia las empresas privadas de la salud. Siendo la corrupción entorno al negocio de la Sanidad una de las consecuencias más nefastas.

                Siendo, la actual ministra de Sanidad, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), decía en 2013: “La rentabilidad en sanidad es un concepto peligroso. Solo puedes aumentar en rentabilidad si disminuyes en dar salud, no hay otra fórmula”. Y tenía razón.

                Congruentemente con lo expuesto, animamos a continuar con la campaña de adhesiones a una carta a la Ministra de Sanidad, Mónica García, para que se abra en el Consejo de Ministros y en el Poder Legislativo el debate necesario para la derogación de la Ley 15/97 y los preceptos señalados de la Ley 14/86.

Apoyan esta resolución:

Roberto Tornamira, miembro del CATP y de la Asociación Vecinal “Nudo Sur” (Madrid).- Carol Ruiz White, miembro del Espacio Vecinal Fuencarral-El Pardo por la Sanidad Pública.- José Manuel Martín, activista de la Plataforma de Rivas con la Sanidad Pública.- Luis Páramo, miembro de la Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (U.C.M.R.) y Ana Pérez Fernández, portavoz de Coespe-Madrid.

8M. Solidaridad con las mujeres palestinas

En la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del «Día de la Mujer Trabajadora», que se comenzó a celebrar al año siguiente. Desde entonces, esta fecha, hoy llamada “día de la mujer” sirve para reivindicar la igualdad en todas las esferas de la vida, el fin de patriarcado y para denunciar la violencia y discriminación que todavía hoy sufrimos las mujeres.

Pero hoy, 8 de marzo de 2024 nuestra reivindicación se dirige al mundo para exigir el fin del genocidio en Palestina. Desde su inicio, el estado israelí ha asesinado a más 12.000 niños y niñas y 8.190 mujeres. De las 7000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres, niños y niñas.

Nuestra solidaridad con las mujeres palestinas:

  • Mujeres que están siendo detenidas, vejadas o asesinadas.
  • Mujeres a las que han tenido que practicar cesáreas sin anestesia, curar heridas con vinagre doméstico, realizar operaciones sin luz al amparo de teléfonos móviles, mujeres que contraen infecciones y mueren por complicaciones. 60.000 embarazadas darán a luz en estas condiciones en los próximos meses.
  • Mujeres que trabajaban en un sistema educativo que está siendo bombardeado y que ha causado ya centenares de víctimas entre las mujeres docentes de universidades, escuelas e institutos.

Exigimos el alto el fuego inmediato y fin del genocidio.

Exigimos que cese la destrucción de cualquier recurso vital para el pueblo palestino: ambulancias, escuelas, hospitales, centros de salud, panaderías, tanques de agua, paneles de energía.

Las mujeres socialistas del Vendrell y el Baix Penedès mostramos nuestra solidaridad con la resistencia activa de las mujeres palestinas.

Su sufrimiento no debe seguir siendo ni ignorado ni silenciado.

Exigimos el alto el fuego inmediato y permanente y la ruptura de todas las relaciones con Israel.

Hoy no hay 8 de marzo sin apoyar a las mujeres palestinas.

Montse Salvatierra
Militante PSC el Vendrell
Mujeres socialistas del Penedés

Reportaje: Jornada de lucha 14 de febrero de 2024

“Atención Primaria desmantelada, urgencias colapsadas«

El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha llevado a cabo una nueva jornada de lucha en defensa de la Sanidad Pública. Esta vez, en forma de concentraciones en cinco de los principales centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid: La Paz, el Clínico, el Sureste (Arganda), el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón.

La pandemia de los años 2020 y 2021 puso en evidencia el deterioro de la Sanidad Público, deterioro provocado por la combinación de dos ejes de actuación de los distintos gobiernos: la privatización y la descapitalización.

La privatización no sería posible sin tres puntos de apoyo legislativos:

  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los artículos 66 y 67 (convenios de colaboración y 90 (conciertos), sentó las bases de la colaboración público-privada.
  • Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley, basada en el “informe de Abril Martorell, de 1991, abría las puertas a la privatización de la Sanidad Pública, dejándole a las empresas las manos libres para lucrarse, pues desaparecía la capacidad de supervisión del servicio prestado, entre otras cosas.
  • Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud.

Dos años después de esta secuencia legislativa, en 2003, se producía el “Tamayazo”, un hecho de corrupción nunca aclarado, y la privatización en bloque de 7 hospitales en Madrid. El trabajo de los lobbies es “lento, pero seguro”.

La descapitalización se viene aplicando cada año, con la no reposición del personal facultativo y sanitario que causa baja por jubilación: en 2016 había en Madrid un 9,43% menos de médicos de familia y un 22,16% menos de personal de enfermería que en 2007.

La descapitalización, también se aplica en el dinero presupuestado; Madrid lleva años siendo la comunidad autónoma que menor renta por habitante dedica a la Sanidad: en 2022, Madrid destinó 1.280 euros por habitante, frente a los 1.996 de Asturias (la que más), siendo el presupuesto medio por habitante en las comunidades de 1.662 euros, Madrid se sitúa un 30% por debajo de media.

El recorte de personal y la reducción de medios es una decisión que, gobierno tras gobierno autonómico, han llevado a cabo mientras la población de Madrid se ha pasado de los 5,33 millones de habitantes en el años 2000, a los 6,91 millones a junio de 2023, es decir, que ante un incremento de la población del 30%, se destinan menos medios.

Este deterioro ha entrado en bucle, provocando el desprestigio del sistema de salud pública de Madrid, al que los nuevos médicos no quieren venir cuando terminan sus estudios y su MIR, y donde el personal sanitario migra en cuanto puede, a territorios y/o países en los que se les trate con dignidad, salarial y profesionalmente.

A lo anterior, hay que añadir el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, los SUAP y los servicios de Atención Rural en los pueblos, los SAR, dando el criminal esperpento de centros sin médico.

Esta dinámica de legislación y política económica ha desprotegido a la población, lo sufrimos en pandemia y lo acabamos de vivir con la saturación de la Atención Primaria, que ha llevado al colapso de las urgencias hospitalarias en la anual epidemia de gripe.

Las asociaciones vecinales y las plataformas que las agrupan, organizados y coordinados en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han dado una nueva respuesta contundente en Defensa de la Sanidad Pública, con la convocatoria de estas cinco concentraciones, a las que se han sumado no menos de 2000 personas, en el conjunto de la movilización.

Roberto Tornamira
Es miembro de Tribuna Socialista y participa del movimiento en defensa de la Sanidad Pública en Madrid

Tribuna Socialista da la voz a quienes hacen realidad esta lucha por un bien común, la Sanidad Pública:

Hospital Universitario del Sureste (Arganda)

Javier Tavares

Plataforma de Rivas por la Sanidad Pública

El pasado 14 febrero, a las 11:30 y convocados por el espacio Vecinas y Vecinos de los pueblos y barrios de Madrid, nos concentramos más de 300 personas (según los medios de comunicación que cubrieron la noticia) a favor de la Sanidad Pública, ante el desmantelamiento de la Atención Primaria y el colapso de las urgencias hospitalarias.

Se incidió en la idea de que la sanidad pública no es de derechas o de izquierdas sino un derecho para todos y todas.

Nuestros mensajes fueron:

  • Sin contratación de personal sanitario es imposible dar un servicio con un mínimo de calidad
  • Hay que reclamar, reclamar y reclamar.
  • Se está dejando caer a la Atención Primaria,no hay equipos completos de personal sanitario en las urgencias y los servicios rurales están desmantelados.
  • Es un plan perfectamente calculado para hundir la Sanidad Pública y así poder seguir alimentando a la Privada con dinero público.

El Hospital Universitario del Sureste, atiende a 190.833 pacientes, procedentes de 21 poblaciones del sureste de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 75.562 a 123.370 pacientes, un 63%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 7,40% al 5,36%.

Hospital La Paz

Montse Toll

Plataforma en defensa de la Sanidad Pública “Sierra de Guadarrama”

El manifiesto lo leyeron Raquel, de Manzanares el Real, Vicente, de Soto del Real y una chica joven y comprometida que había acudido a la concentración y se ofreció voluntaria para hacerlo.

Cuando llegaron lxs compañerxs de las urgencias extrahospitalarias desmanteladas, se nos abrió el corazón por el empuje que tienen en su lucha imparable. María cogió el megáfono y no paramos de gritar consignas y cantar con ella en defensa de la Sanidad Pública: qué queremos, universal y de calidad, con las urgencias extrahospitalarias con equipos completos y la Atención Primaria con todas las plazas cubiertas.

En la concentración de La Paz estuvimos unas 200 personas, aunque es difícil precisar porque muchas se unían un rato, cuando salían de sus consultas, y el personal sanitario aprovechó su descanso o bajó a propósito para unirse a la concentración.Como un bonito ejemplo de una bella mujer que nos dijo que tenía 90 años y gritó como la que más.

Veníamos de los pueblos y barrios del norte de Madrid.El ambiente fue magnífico. La gente se identificaba cuando los colectivos empezamos a poner las pancartas.

Nuestra compañera Ana Encinas, médica de Atención Primaria y nuestro compañero Guilléndel Barrio, enfermero de urgencias de La Paz, atendieron a los medios.

Pusimos una mesa para recoger reclamaciones y fue emocionante la cola que se formó. No tuvieron un momento de descanso hasta que acabó la concentración sobre las 13:30, cuando recogimos todo y nos fuimos más que satisfechxs.

El Hospital General La Paz, atiende a 536.448 pacientes, procedentes de las poblaciones del norte de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 180.412 a 249.483 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,86% al 10,99%.

Hospital Universitario Clínico

José Luis Yugero

Asamblea Vecinal por la Sanidad Pública Puerta del Ángel-RSP Latina-Carabanchel

Desde el 2012 no se había hecho ninguna concentración en el Clínico, la duda de si iba ha ser secundada por las vecinas y vecinos del área de integración del Clínico era grande, pero nos sorprendió la gente acudiendo de manera importante; unas 250 personas según los medios que acudieron allí.

Al margen de la afluencia, lo más significativo fue con la combatividad y alegría que la gente demostró la hora que estuvimos allí y las trabajadoras y trabajadores del Hospital que se unieron a la concentración.

Cuando confías en la gente y realmente es la protagonista de sus acciones, todo fluye y crece.

Seguiremos hasta conseguirlo. Sanidad 100X 100 pública y de calidad.

El Hospital Universitario Clínico, atiende a 375.451 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Chamberí o Latina.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 105.763 a 145.819 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 19,07% al 13,09%.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Julio Fernández

“Moratalaz por lo Público”

Respondiendo a la convocatoria de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, los diferentes colectivos que defendemos la Sanidad Pública de los distritos del ámbito del Gregorio Marañón, organizamos en su entrada una concentración en la que se dieron cita más de 300 personas, a las que se fueron añadiendo, con salidas esporádicas, l@strabajador@s del centro hospitalario, que nos apoyaron y compartieron nuestras reivindicaciones.

Los concentrados se colocaron en la larga escalinata que está en la entrada del hospital, y como cada colectivo llevó sus propias pancartas junto a una de las más emblemáticas de Vecinas y Vecinos que tiene la leyenda “LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE”, que se puso al pie de la escalera, se consiguió un marco escénico espléndido.

Durante más de una hora, estuvimos coreando los lemas en defensa de la Sanidad Pública, de Calidad y Universal y donde el eslogan más destacado fue el reflejado en el cartel de la convocatoria: “PRIMARIA DESMANTELADA, URGENCIAS COLAPSADAS”.

Finalizamosleyendo el manifiesto común a los cinco hospitales donde se celebró este acto, recibiendo el comentario satisfactorio de los asistentes y animándonos a seguir haciendo movilizaciones como esta.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón atiende a 321.591 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Moratalaz, Vicálvaro o Retiro.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 183.663 a 270.319 pacientes, un 47%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,91% al 10,04%.

Hospital Universitario 12 de Octubre

Luis López

Villaverde MATS

La concentración del 12 de octubre, al igual que las que tuvieron lugar en los otros cuatro hospitales fue un éxito, con una asistencia no menor a 400 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a aportar su esfuerzo para defender la Sanidad que es de todos, la Pública. Hay que tener en cuenta que las concentraciones se convocaron por la mañana, en día de diario, momento en el que mucha gente que hubiese acudido estaba trabajando. Aún así, contamos con la presencia y participación de bastantes trabajadores y trabajadoras del Hospital 12 de Octubre.

Desde el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid se está siguiendo la misma pauta que la llevada a cabo para organizar las grandes manifestaciones de años anteriores. Es una respuesta a la política privatizadora del partido que gobierna desde hace décadas en Madrid, el PP, empeñado en cerrar centros de salud, en precarizar el trabajo de los y las profesionales de la Sanidad Pública, con el consiguiente deterioro de la Atención Primaria, lo que a su vez satura las urgencias hospitalarias. Están privatizando incluso servicios como el mantenimiento, la esterilización, todo, para que finalmente, el deterioro de lo público empuje a los ciudadanos a suscribir pólizas en la Sanidad privada, aunque terminen dándose cuenta de que las pólizas que su poder adquisitivo les permite realizar, prácticamente no les sirve para nada, porque tienen que abonar copagos por casi todo.

Vamos a seguir trabajando y movilizando a los vecinos y vecinas desde los barrios. No dudo que en estos próximos meses continuaremos con las movilizaciones hasta volver masivamente a la calle.

El Hospital Universitario 12 de Octubre atiende a 451.200 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Villaverde, Carabanchel o Usera.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 206.741 a 305.650 pacientes, un 48%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 13,50% al 8,32%.

Fuente de datos para los cinco hospitales: Memoria del Servicio Madrileño de Salud de 2020.

Segundo año de guerra en Ucrania ¡Alto el fuego, incondicional!

El 24 de febrero se ha cumplido el segundo año de guerra en Ucrania, desde que Putin invadió territorio ucraniano. Y el 6 de abril se cumplirán diez años desde que el Estado ucraniano iniciase una guerra civil contra la población ruso parlante del Dombás, en la región del Donestk.

                Los antecedentes de este conflicto tienen largo recorrido en el tiempo pasado. Como he leído otros artículos publicados en Tribuna Socialista y también en las editoriales de esta revista, intentaré ni repetir argumentos que están escritos.

                El hecho constatable de estos dos años de guerra es que el comercio del gas y el petróleo ha cambiado de manos. Eso, dicho así, no es bueno ni malo, pero si miramos el precio de ese cambio de manos del jugoso mercado de la energía, veremos que esta guerra es una aberración que está costando mucha sangre:

  • Entre abril de 2014 y enero de 2022, en el este de Ucrania se produjeron 14.000 muertos, 30.000 heridos, 1,4 millones de desplazados y 3,4 millones de población necesitada de ayuda humanitaria (datos de swissinfo.ch a 26 de enero de 2022). Todas las víctimas ucranianas.
  • Desde el 24 de febrero de 2022, en la guerra entre la Rusia de Putin y la OTAN de Biden se han producido, al menos, 70.000 muertos y 120.00 heridos, de los que 9.200 son civiles (datos publicados por la BBC el 30 de agosto del pasado año 2023, citando fuentes estadounidenses y de la ONU).
  • Desde el inicio de esta guerra, 4.274.440 ucranianos y ucranianas permanecen bajo protección de la UE, en distintos países de la Unión, pero son más de 8,2 millones los ucranianos que han tenido que huir de su país, por la Guerra. (datos del Consejo Europeo, actualizados a noviembre de 2023). A los que hay que sumar los más de 5 millones de ucranianos que se han visto desplazados de sus viviendas, dentro del propio territorio de Ucrania.
  • 20.000 hombres han huido de Ucrania para evitar la guerra (datos publicados por la BBC a 17 de noviembre de 2023).

                Sirva este bloque de datos para tener una dimensión de la barbarie en la que el imperialismo del s.XXI nos ha metido. Como se ve por la fecha de la información recopilada para este artículo, no son datos actualizados; es más bien difícil acceder a datos actualizados y fiables sobre el desastre de la guerra en Ucrania. Hay cifras que hablan de 500.000 muertos en los frentes de batalla, entre las bajas ucranianas y rusas. En todo caso, cientos de miles de vidas de jóvenes malgastadas por las luchas de interés entre oligarcas, multinacionales, oligopolios, etc., de un lado y de otro.

                El resultado económico también es cuantificable:

  • Desde la llegada del primer buque de Gas Natural Licuado (GNL) estadounidense al puerto portugués de Sines en abril de 2016, las importaciones en la UE de gas natural licuado de los EE. UU., han pasado de cero a 2.800 millones de pies cúbicos diarios. (Comunicado de prensa de la Comisión Europea del 9 de agosto de 2018).
  • El 25 de julio de 2018, reunidos en Washington, el presidente de la Comisión Europea, Juncker y el presidente de los USA, Trump, acordaron reforzar la cooperación estratégica UE-EE UU en materia de energía (contenido en el mismo comunicado de prensa anterior 9ago18).
  • La exportación de Gas Licuado (GNL) desde los EE.UU.,a Europa ha tenido la siguiente evolución:
  • Entre 2016 y 2017, Europa comienza a recibir 2.800 millones de pies cúbicos diarios de GNL estadounidense
  • En 2021 la cantidad de millones de pies cúbicos diarios creció hasta 6.956
  • En 2022 la cifra alcanzó los 11.200 millones de pies cúbicos diarios
  • Y 2023ha cerrado con 11.600 millones de pies cúbicos diarios
  • En 2021, en la antesala de la invasión del ejército de Putin, el precio del gas se incrementó un 361% respecto a 2020, al pasar de 10,25 €/MWh a 47,31 €/MWh en promedio, sin ninguna explicación razonable para los consumidores.
  • El 25 de marzo de 2022, la UE y los EE.UU., crearon un Grupo de Trabajo sobre Seguridad Energética, que garantizó «volúmenes adicionales de gas natural licuado para el mercado de la UE de al menos 15.000 millones de metros cúbicos en 2022, con aumentos previstos en el futuro«. (publicado por InvestigateEurope, el 8 de enero de 2023).

              Es decir, que, en escasamente 7 años, los Estados Unidos de América han pasado de vender a la UE un 314% más de Gas Natural Licuado (GNL). ¿Aún alguien se pregunta quién tenía un móvil o motivación para hacer saltar por los aires los gaseoductos Nord Stream?

              Se trata de un negocio de miles de millones de euros/dólares anuales que se está consiguiendo a sangre, fuego, destrucción y pobreza, cuyo alto coste estamos pagando los pueblos de Europa, todos los pueblos del continente.

              La mayoría de la sociedad debería exigir el ¡Alto el Fuego, incondicional!, a Putin y a la OTAN, tal como exigía el Manifiesto Internacional contra la Guerra que se desarrolló el paso año. Sería de esperar que las organizaciones mayoritarias, políticas y sindicales, en los distintos países europeos, organizasen esas protestas, como lo hicieron en 2003, contra la guerra de invasión de Irak.

Pascual Sánchez
Militante socialista en Madrid

17 de Febrero. Alto a la masacre en Palestina

En unos días se cumplirán los 5 meses de la masacre sistemática que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza, donde la cifra de muertos se acerca a los 30.000; de los cuales, el 70% son mujeres y niños.

                He escuchado bastante polémica en relación a que en los manifiestos y pancartas principales de la manifestación celebrada el sábado día 17 de febrero, no figuraba el término Genocidio. Solo cabe pensar que el hecho de no utilizar esta expresión, por parte de los convocantes, era para no molestar, ofender… al gobierno de Netanyahu, pues en castellano, según la RAE, Genocidio se define como: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.”

                Lo cierto es que más que discutir sobre si la palabra genocidio aparece o no escrita, no puede caber duda de que lo que se está cometiendo en Gaza desde el 7 de octubre es un Genocidio.Considero que tiene más lógica polemizar sobre si es importante que Israel se moleste o no, cuando lo que las manifestaciones masivas que está habiendo en muchas ciudades del mundo están pidiendo a sus gobiernos es que rompan relaciones diplomáticas con el Estado sionista israelí; ojo, con el Estado sionista y con el Gobierno de Netanyahu, no así con el pueblo de Israel.

                No puedo dejar de pensar en por qué nuestro Gobierno de coalición de izquierdas no da el paso de romper relaciones con Israel, ni se ha sumado a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional, y me hago hipótesis en la cabeza a este respecto. La que más solidez toma es la de que más que preocuparles, a nuestro Gobierno de coalición de izquierdas, que se pueda molestar el Gobierno de Netanyahu, les preocupa que se moleste la Administración de Biben, pues desde que estalló oficialmente la guerra en Ucrania, tras la entrada de las tropas de Putin en territorio ucraniano, somos percibidos como el alumno aventajado de la OTAN; título por el que pugnan Sunak, Sochlz, Macrón y Sánchez, junto a los demás presidentes y presidentas de los países miembros de esa estructura militar.

                Cuando se critica a los sindicatos, por lo que hacen y también por lo que no hacen, se suele decir que si no existiesen habría que inventarlos. Pues bien, no existe un movimiento contra la guerra, ¡habrá que inventarlo!, ya que la única manera de que los gobiernos cambien de rumbo es con las masas en la calle exigiendo y reivindicando, y esto vale contra la guerra y contra las políticas contrarias a los intereses de la mayoría de la sociedad.

                Las críticas a las formas verbales de los convocantes eran legítimas, incluso las comparto, pero de ahí a no acudir a la manifestación y boicotearla, me parece que hay una gran diferencia. Supongo que a los y las gazatíes que están rodeados de muerte les parecerá bienvenida toda ayuda, incluso el apoyo abstracto de un manifiesto y/o una movilización, la convoque quien la convoque. En este sentido, valoro muy positivamente que las confederaciones sindicales UGT y CCOO hayan convocado la manifestación del día 17, así como que el PSOE haya convocado a sus bases y que haya desfilado con una pancarta propia en esta manifestación.

                Lo cierto es que hubo pancartas, como la del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que sí denunciaban el Genocidio que Israel está cometiendo, y a nadie le molestó, ni desde la organización de la manifestación se instó a que se retirasen estas pancartas.

                La manifestación que tuvo lugar el 27 de enero si que fue muy masiva, pero a aquella no se sumaron las grandes organizaciones sindicales y partidos. Es una pena que la izquierda ande como en la película “La vida de Brian”. Es tan grotesco como triste que ante un crimen de masas como el que se está cometiendo, un crimen que dura ya más de 77 años, que las organizaciones que dicen defender los intereses de la mayoría social, las grandes, las medianas y las minúsculas, no sean capaces de buscar la unidad para rechazar semejante atrocidad.

                Rompamos relaciones con los países genocidas y con las satrapías. No podemos criticarles y acto seguido venderles armamento.

                Reconsideremos con quienes nos aliamos y a qué aventuras militares imperialistas nos llevan esos supuestos aliados, quienes en realidad buscan apoderarse de mercados y materias primas.

                Digamos no a la guerra, como lo dijimos en 2003 contra la guerra en la que nos metieron los criminales de las Azores.

                Unidad para parar el Genocidio, el Exterminio, la Matanza, el Crimen de lesa humanidad… Basta ya.

Rogelio Obrador
Socialista de Madrid no afiliado

¡La amnistía es necesaria para la mayoria social!

El proyecto de ley de amnistía fue rechazado el martes 30 de enero en el Congreso de los Diputados con el voto en contra a última hora de los 7 diputados de Junts. La Comisión de Justicia del Congreso decidirá cuando se volverá a presentar el Proyecto.

El riesgo de que no haya amnistía pondría en serio riesgo la legislatura, al romperse la mayoría que votó la investidura de Pedro Sánchez. Flaco favor se hacen a si mismos los diputados de Junts al votar lo mismo que PP y VOX y dar alas al franquismo político y judicial.

Por su parte, el juez García -Castellón – incapaz de averiguar quién era un tal M. Rajoy en el caso Gurtel, incapaz de no ver nada de lo que sucede en Marbella, y que ha organizado más de 20 procesos e investigaciones contra Podemos (todos archivados), se ha dedicado las últimas semanas a intentar acusar de terrorismo a Carles Puigdemont y otros dirigentes.

Otro juez, Joaquín Aguirre acusó en la TV pública alemana, las presuntas conexiones rusas del Procés (operación Voloh) saltándose a la torera el secreto del sumario, dando argumentos y opiniones esperpénticas, y dictando el mismo día un auto acusando a Puigdemont de alta traición.

No son unos pocos jueces politizados. Es la cúpula judicial, el CGPJ que lleva 5 años caducado quien encabezan la ofensiva. No quieren que se hable de Lawfare, pero, la confabulación del aparato judicial más rancio y la política de PP y VOX no parece una casualidad. No es casual que en la manifestación del 28E, el PP ensalzara a estos jueces como héroes nacionales. No es casual tampoco que el PP exija que la elección del CGPJ corresponda a los propios jueces y no al parlamento votado por el pueblo. De esta forma, podrían bloquear todas las decisiones del Parlamento y del gobierno contrarias al ideario político de estos jueces.

El Rey, Felipe VI tampoco es neutral en este tema. Lejos de cumplir con su obligación de arbitrar y moderar “el funcionamiento regular de las instituciones”, el día 14F, en Barcelona, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha apelado al «respeto» a las resoluciones del Poder Judicial porque tiene atribuida, en exclusiva, la función de juzgar como poder «independiente y plenamente separado» de los demás. A pesar de que sus resoluciones excedan de las funciones democráticas que tienen atribuídas los jueces y a pesar de que la cúpula del CGPJ lleve más de cinco años usurpando el cargo. De hecho, en el mismo acto, el presidente del CGPJ elevó su voz para gritar a los políticos «dejennos en paz», ante la connivencia del monarca. Por tanto, el Rey, en nombre de quien se firman las sentencias, también forma parte del problema.

Es necesario restablecer la fraternidad entre los pueblos y su unidad ante un enemigo común, la herencia del franquismo que atenta contra la igualdad, contra el medio ambiente, contra la libertad y contra los derechos de los trabajadores y los pueblos. Por eso es necesaria la amnistía.

Espero que la amnistía sea aprobada. Espero que la apuesta por la convivencia, la política y los derechos de trabajadores y pueblos se abra camino. Que la política se normalice, y que podamos tener una legislatura de avances sociales, económicos y democráticos avalada por la mayoría parlamentaria que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Carles Arroyo
Militante PSC

Redoblar la lucha por la Amnistía

Getafe 8 de febrero

El debate sobre la Amnistía se ha instalado en la sociedad, sin que eso signifique que este sea un tema de máxima preocupación del conjunto de la ciudadanía. Según el barómetro del 17 de enero, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo al 2,3% de los encuestados sitúan la amnistía como uno de los tres principales problemas del país.

                En el acto que tuvo lugar en Getafe el pasado día 8, en el que tuve el honor de compartir mesa de debate con Gloria Elizo, Ana González y Jesús Béjar, pudimos debatir sobre a quién y por qué le preocupa la amnistía, y qué beneficios puede tener para el conjunto de la sociedad.

                Una cuestión previa que se planteó fueron los antecedentes del conflicto en Cataluña. Se señaló que no se puede olvidar que en septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó democráticamente la reforma del Estatut. Este documento fue enviado a las Cortes para su aprobación, lo que ocurrió en marzo de 2006. Una vez aprobado, también democráticamente por el poder legislativo, se procedió a convocar un referéndum en Cataluña en junio de 2006, siendo aprobado por los y las votantes. Hasta aquí todo normal.

                Este proceso legítimo fue rechazado por la derecha españolista, el PP principalmente, y por los “hombres de Estado del PSOE”, esos que acompañan a la derecha siempre que tienen ocasión. El PP, judicializó el Estatut llevándolo al Tribunal Constitucional, alto tribunal que, en 2010, cercenó 14 y modificó 23 de los artículos de la ley aprobada por el legislativo autonómico y estatal.

                Este proceder, con prácticamente los mismos protagonistas: PP, Ciudadanos, VOX y la corte de Felipe González, la hemos visto en 2006 y 2007, cuando Zapatero aceleró el proceso de paz en el País Vasco, que devino en fin de la violencia, o cuando en 2021 Pedro Sánchez procedió a indultar a los presos políticos catalanes del “procés”.

                Tanto los protagonistas de la refracción como los contenidos refractados delatan a un nacionalismo hegemónico que lleva muchas décadas camuflado detrás de la rojigualda, a nombre de “salvar España”.

                Solo el 2,3% de la ciudadanía ve en este asunto una preocupación prioritaria. Porcentaje este que debe ser coincidente con quienes en 1978 se consignaron para dar continuidad al franquismo. Los que, en enero de 1977, por el real Decreto Ley 1/1977 le cambiaron el nombre al Tribunal de Orden Público y lo rebautizaron con el de Audiencia Nacional.

                Están preocupados muchos del estamento armado, quienes se consideran un Estado dentro del Estado, cuyo jefe en la cadena de mando es el jefe del Estado, como el dictador. Siempre han dicho que la institución monárquica es “decorativa”, pero se pongan como se pongan ostenta la jefatura del Estado, y así lo han demostrado los dos borbones de la democracia, la última en el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que echó gasolina al fuego.

                A mi modo de ver, los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que componen el Estado español, en su inmensa mayoría, no se consideran nacionalistas: ni vascos, ni catalanes ni gallegos, menos aún quienes hemos nacido en cualquiera de los demás territorios del Estado. Asistimos a la confrontación de intereses de las minorías privilegiadas que pugnan por controlar el dinero de los impuestos y los resortes del poder en los distintos territorios. De entre esos grupos destaca el nacionalismo español, heredero del nacionalcatolicismo franquista, que fue el nacionalismo imperante durante los cuarenta años de dictadura y que ahora continua siendo excluyente hacía los demás nacionalismos. En su pugna, estos grupos de interés, no dudan en utilizar los símbolos, como la bandera, o la lengua, como elementos de confrontación.

                Los ciudadanos y ciudadanas que componemos la pluralidad de pueblos del Estado español, necesitamos una convivencia pacífica y no de confrontación permanente, para avanzar en los retos comunes a todos los pueblos del Estado.

                Según el aludido último barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la sociedad son la Economía, la Sanidad y el Empleo.

                Efectivamente, necesitamos que el Gobierno gobierne para que la especulación inflacionaria deje de esquilmar sueldos y pensiones. Especulación que toma su forma concreta en el conflicto de los agricultores, con los diferenciales entre los precios en origen y los precios de venta a los consumidores.

                Necesitamos que los gobiernos: central, autonómicos y municipales, cumplan con lo establecido en el artº 43 de la Constitución:

                “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                La privatización de la Sanidad Pública ha llevado el sistema de salud a una situación que, lejos de “prevenir” asegura el caos cada vez que la situación se tensa. Esto fue brutal en la pandemia y acaba de ser nuevamente evidente en la epidemia anual de gripe invernal. Es por ello fundamental derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986 y la ley 15/97, que habilitan a las comunidades autónomas a poner la Sanidad Pública en manos de las empresas privadas, trasladando el objetivo de “la Salud de los ciudadanos” a “los Beneficios de los accionistas”.

                Necesitamos que las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras deje de precarizarse, por lo que es preciso que el Gobierno derogue de verdad las reformas laborales de 2010 y 2012, las que han destruido y precarizado el empleo en este país, facilitando el despido, desregulando las condiciones laborales y abaratando los salarios.

                Por estos motivos, la amnistía debe servir para cerrar la brecha de convivencia que la política represiva del Gobierno de Rajoy abrió con Cataluña. No es una cuestión formal, es una necesidad democrática.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

Declaración de blanquerna

Redoblar la lucha por la Amnistía

Reunidos en Madrid el 27 de noviembre en la Librería Blanquerna de Madrid a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), con el objetivo de redoblar el combate por obtener una verdadera ley de amnistía que afecte a «todos los perseguidos por el Proces» y para acabar con toda la legisla- ción represiva de herencia franquista, en particular la Ley Mordaza.

Hemos considerado que para conseguir esta ley es necesaria la implicación y movilización de todas las organizaciones obreras y democráticas, que no podemos confiar en los meros mecanismos parlamentarios e institucionales.

Que la consecución de estos objetivos, así como la defensa de las organizaciones, los militantes y elegidos del pueblo que luchan por ellas, exige que en todo el Estado, en todos los pueblos de este país, se desarrolle un amplia campaña al respecto con el objetivo de vencer a la reacción impulsada por los franquistas amparándose en la instituciones heredadas de la dictadura.

La lucha por la amnistía es inseparable de la lucha en defensa de todas las libertades y los derechos sociales.

8M: Apoyar la resistencia palestina es preservar el significado del Dia Internacional de la Mujer Trabajadora

El exterminio en Palestina tiene rostro de mujer. Con los datos de febrero de 2024 se han asesinado 12.000 niños y niñas y 8.190 mujeres. De las 7000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres, niños y niñas.

Mujeres que pierden a sus familiares, que son detenidas y víctimas de todo tipo de violencia. Muchas enviudan o pierden a sus hijos e hijas. Absolutamente todas enfrentan esta situación con actitud de resistencia activa. Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado. Son detenidas e interrogadas, sometidas a violencia, tortura y vejaciones, lo que ha provocado hasta la muerte de algunas de ellas, trabajadoras de todos los ámbitos y sectores: periodistas, poetas, escritoras, artistas, médicas, deportistas, docentes… Mujeres de cuatro generaciones han sido asesinadas junto a sus hijas e hijos.

Mujeres a las que han tenido que practicar cesáreas sin anestesia, curar heridas con vinagre doméstico, realizar operaciones sin luz al amparo de teléfonos móviles, criaturas que nacen prematuras y con bajo peso, y mujeres que contraen infecciones y mueren por complicaciones. 60.000 embarazadas darán a luz en estas condiciones en los próximos meses.

Ya sea como enfermeras, cuidadoras, madres, hijas, espías o combatientes activas, las mujeres han sido parte de los conflictos a lo largo de la historia. Además de tener que velar por la alimentación y la supervivencia de sus familias, encontrando el sustento y la atención médica necesarias en una situación de pobreza, pérdida de trabajo y destrucción del hogar. Hoy 14.000 unidades familiares dependen de las mujeres palestinas.

Después de haber bombardeado las ambulancias, las escuelas, las panaderías, los lugares de culto, los tanques de agua y los paneles de energía, y luego de haber aislado a Gaza del mundo exterior cortando Internet y los medios de comunicación, 30 hospitales y 53 centros de salud quedaron fuera de servicio, 150 instituciones de salud fueron parcialmente atacadas por Israel, hoy en día los vemos bombardeando cualquier recurso de vida en Gaza.

Por otra parte está siendo atacado el sistema educativo, otro sector feminizado, por pertenecer al rol de cuidado atribuidos culturalmente a las mujeres, en el que están siendo asesinadas trabajadoras y que ha sido especial objeto del genocidio mediante la destrucción de todas las universidades, bombardeo de las escuelas e institutos asesinando centenares de docentes.

Las que tomaron la decisión de reunirse en los centros sindicales cuando miles de trabajadores fueron detenidos y enviados a campos de trabajo o asesinados directamente, fueron detenidas, torturadas, vejadas y asesinadas.

El día 8 de marzo se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA porque en marzo de 1911 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas así lo decidió, para honrar a las mujeres que lucharon y luchan por la emancipación de los trabajadores y por tanto por su propia liberación de la doble opresión y explotación. Explotadas como cualquier trabajador y oprimidas por el hecho de ser mujeres.

Nos indignamos frente al silencio o al cinismo de la dirección de las organizaciones que dicen defender los derechos de las mujeres y participan en la política de genocidio.

HOY NO HAY 8 DE MARZO SIN APOYAR A LAS MUJERES PALESTINAS
EXIGIMOS EL FIN DE LA MASACRE Y EL EXTERMINIO

EXIGIMOS EL ALTO EL FUEGO INMEDIATO Y PERMANENTE
Y LA RUPTURA DE TODAS LAS RELACIONES CON ISRAEL