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Ante la jauría de la derecha, más apoyo que nunca a este Gobierno

La jauría franquista lleva intentando derribar al gobierno desde el minuto uno de la legislatura. No es novedoso, la derecha española nunca ha soportado que gobierne un partido ajeno a su minoría privilegiada; les ocurrió en 1874 y en 1936. Al pensar que son los dueños de España no respeta a quienes no piensen como ellos.

La derecha española difiere de otras derechas europeas, pues estos no perdieron la guerra, sino que Franco murió en la cama y los pactos para la transición garantizaron el continuismo de las estructuras franquistas, aunque algunas cambiaran el nombre. Incluso el jefe del Estado continúa siendo el jefe de los tres ejércitos, gracias a las leyes de sucesión de 1947 y 1969.

Mientras que la izquierda parece haber olvidado el internacionalismo y que es incapaz de hacer la unidad sin menoscabo de las discrepancias, la derecha lleva años revitalizando y fomentando ámbitos de coordinación internacionales de los que emanan criterios, consignas y dinero; de ahí que la derecha extrema esté en pleno ascenso.

Los garantes de la “España, Una Grande y Libre”, enviaron a los conservadores aperturistas un mensaje de advertencia al inicio de la década de los 80; misiva que fue directa para Adolfo Suárez e indirecta a Felipe González, que estaba en perspectiva de gobernar -quizás algún día sepamos quienes fueron todos los golpistas y los actores intelectuales del 23F-.

Contra José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron límites propios de una distopía, todo para intentar tapar que los atentados de Atocha fueron consecuencia de la intervención de España en la Guerra de Irak, y, por supuesto, para deslegitimar al gobierno elegido en las urnas. Aun hoy continúan con la cantinela conspiranoica. Recientemente he sabido que la instrumental obsesión por ETA ya la usaba el franquismo: en 1960, tras el atentado en la estación de tren de Amara (San Sebastián) en el que murió la niña Begoña Urroz, con 20 meses de edad, el franquismo lo atribuyó a ETA, cuando en realidad fue obra del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).

Como decía al inicio, no es nueva la acción de la derecha, cuando está en la oposición, en no hacer oposición y sí acoso y derribo del gobierno: “el que pueda hacer que haga”. Lo que ha cambiado es la virulencia y la pluralidad de escuadrones que se han incorporado a la actividad.

Es cierto que el “Caso Koldo” y el último giro con la presunta jefatura de Santos Cerdán al frente de la trama, al Gobierno y al PSOE se le complican las cosas. Pero como señala la editorial de Tribuna Socialista nº 167: la corrupción está cronificada en España y si las instituciones del Estado estuviesen limpias, de arriba hacia abajo, la corrupción tendría mucha menos cabida. Esto es una constatación y no pretender ser una justificación de lo injustificable.

Que la derecha extrema y el fascismo están en alza en todo el mundo es tan cierto como que en cada país toma sus formas concretas, por lo que debemos preguntarnos qué hace el Gobierno actual para que la derecha esté tan alterada.

Perciben que con la ley de Amnistía se tambalea el sacrosanto criterio de la “España, Una, Grande y Libre”. Pues como nacionalistas hegemónicos que son, no soportan que en lugar de “Una” pueda ser “Plural”, idea que atenta contra una realidad que configura el Estado español desde aun antes de ser el Estado español. En mi opinión, por encima de la historia y la tradición, debe prevalecer la convivencia entre los pueblos.

Contra la “Ley de Amnistía” entró en liza el “escuadrón judicial de la derecha”, liderado por el juez Llarena en el Tribunal Supremo; alto Tribunal cooptado mayoritariamente por la derecha, gracias a los nombramientos que durante 9 años ha estado haciendo un CGPJ militante y a que la extracción social de quienes pueden opositar a la carrera judicial, fiscal, notario… es mayoritariamente de clase pudiente. No aceptan ni la sentencia del TC que dice que la Ley de Amnistía es constitucional.

La judicatura heredera del TOP, no solo ataca, también ejerce de parapeto de las corruptelas de la derecha, como es el grosero caso del delincuente fiscal y presunto testaferro de Díaz Ayuso, para lo que no han dudado en abrir una confrontación brutal contra la Fiscalía General del Estado. O como cuando el juez Hurtado ejerció desde la presidencia de la Sala de abogado defensor de M. Rajoy. No merece la pena hablar de la aberración judicial del Juez Peinado.

Que el gobierno, en su legítima competencia, quiera democratizar el acceso a las carreras de servicio público está suponiendo otra afrenta para la derecha, hasta el punto de que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga política para los días 1,2 y 3 de julio. Huelga que mantienen a pesar de que el CGPJ haya lanzado un comunicado invalidando la huelga. Para dejar claro que ellos son privilegiados, y que luchan por mantener sus privilegios de clase, las asociaciones de jueces y fiscales dicen que a ellos no se les puede detraer el dinero del salario por los días de huelga, como se le aplica a cualquier trabajador de nuestro país, y que a su huelga no se le pueden aplicar servicios mínimos, como ellos mismo validan desde sus salas judiciales contra las huelgas obreras.

El Gobierno tiene otros frente abiertos que no gustan a la derecha: cobra impuestos sobre beneficios a la banca y las empresas de la energía; pone condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, condiciones justificadas por la alta concentración bancaria; señala a las empresas de la energía, y a Red Eléctrica, por sus incumplimientos que provocaron el apagón del 28 de abril…

Que a nadie dude de cuál hubiese sido la actitud de Feijóo en la cumbre de la OTAN: tan servil y rastrera como la de Rutte. Recordemos el vasallaje baboso del ministro de Economía de Rajoy, el Sr. De Guindos, cuando informó al presidente de la Comisión Europea en 2012, Olli Rehn, diciéndole que la reforma laboral del Gobierno del PP iba a ser “extremadamente agresiva”.

A la derecha le dan igual los motivos, aunque unos les jodan más que otros. Por esto, el Gobierno debiera gobernar sin titubeos en función de la necesidades de la mayoría social: derogando los preceptos que aun están en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012; encargando la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que mandata la Ley 21/2021, para saber cuánto dinero le debe el Estado a la Caja de las Pensiones Públicas desde 1967; continuar con su posición de rechazo al incremento del gasto militar impuesto por Trump y aceptado servilmente por el resto de países de la OTAN; rompiendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel, a la vista de la complicidad programada de la Comisión Europea, etc.

A pesar todo, hay que apoyar al Gobierno, sin que eso signifique no discrepar. En ningún caso hay que adelantar elecciones, que solo llevarían a que la derecha gobernase, muy probablemente con el apoyo de un PSOE en manos de Felipe, Page y Cía.

Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-Madrid en la Agrupación de Arganzuela

Libertad par el Dr Abu Safiya

El pleno del Ayuntamiento del Vendrell aprobó el pasado 26 de mayo una moción exigiendo la liberación del Dr Abu Safiya, con los votos a favor de PSC, ERC, Comuns, Primer el Vendrell y Fem Vendrell, y los votos contrarios de PP y VOX.

La moción no solo se centró en la liberación del Dr Safiya, sino en la situción de hambruna y de falta de asistencia humanitaria así como la condena del genocidio del gobierno sionista de Israel, y la necesidad de que la comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado y actúe de forma contundente contra el gobierno Israelí, rompiendo relaciones con el mismo, embargando las armas y exigiendo un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC el Vendrell

Democratizar, por fin, la carrera judicial

¡Ellos se lo han buscado! De tanto ir el cántaro a la fuente al final se ha roto. Estos asertos populares definen a la perfección el efecto de ponerse al descubierto, a ojos de todo el mundo y con descaro, actuaciones judiciales que confirman la existencia de un grupo de jueces, no menor en la judicatura española, que utiliza la justicia como herramienta acorde a su ideología para asediar al oponente político conforme a una estrategia planificada. Es lo que se viene denominando como el brazo judicial del PP, que lleva meses aflorando. Comando que no es nuevo ni sorprendente, sino conocido por quienes seguimos la actualidad desde la época de la transición democrática que no se produjo en el ámbito del poder judicial.

La llegada en 2020 del primer Gobierno de Coalición de PSOE y Unidas Podemos, merced a la abstención de ERC y Bildu, y el apoyo parlamentario del BNG, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PNV, puso en alerta a todos los sectores de la derecha y ultraderecha, incluido los más conservadores de la judicatura, que pusieron en marcha una estrategia de acoso y derribo que abrió una época —en la que seguimos— donde el discurso político comenzó a tejerse con mentiras y tergiversaciones falaces e hiperbólicas verbalizadas con agresividad y beligerancia impropias, y un lenguaje faltón y barriobajero plagado de epítetos que trajeron del pasado sustantivos lanzados contra el gobierno como invectivas oprobiosas de claro poso fascista: ¡Gobierno de comunistas bolivarianos y liberticidas!

Ahí comenzó la actuación del brazo judicial de la derecha y ultraderecha, cebándose con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Casos que quedaron en nada como el Neurona archivado en 2023 tras tres años de instrucción judicial, o la persecución a la jueza Victoria Rosell por ser diputada de Podemos y haber sido Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Como se archivó también el caso PISA, (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fraguado fraudulentamente por la Policía Nacional para desacreditar al líder de Podemos por haber recibido financiación para su partido procedente de Venezuela, archivado por la Audiencia Nacional que lo calificó como un conjunto desordenado de recortes de prensa sin sustento documental.

Desaparecido Iglesias de la escena pública, las fuerzas de la reacción fijaron el foco en Pedro Sánchez y su entorno, del que quieren hacer el eje axial de todos los males, al que tienen una inquina especial por tener que aguantar otra legislatura de gobierno progre, comunista y bolivariano que pacta con los terroristas (Bildu) y los independentistas (ERC y JUNTS) para seguir en el Gobierno. Convertido en el demonio que rompe España, el arma judicial ha convertido en diana a su entorno familiar. Jueces que admiten querellas presentadas por asociaciones de ultraderecha —Manos Limpias y Hazte Oír— secundadas por Vox, y abren sumarios con retales de titulares de prensa que estiran como chicles para conseguir mantener la condena mediática de los investigados el mayor tiempo posible, contraviniendo la resolución del Tribunal Supremo de 2014, en la que señalaba que no se pueden abrir causas con titulares de prensa como elemento probatorio.

Los casos contra la esposa del Presidente y su hermano —que ha dimitido como director de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, por no soportar la persecución mediática— demuestran que hay jueces que, aunque sepan que esos casos quedarán en nada por no haber ilícito penal que los justifique, siguen adelante con el castigo mediático acrecentando la sensación de que no buscan hacer justicia, sino justificar la decisión que tienen tomada de antemano. Charco donde chapotea el juez Peinado, como su conmilitón, el juez Hurtado se inunda de barro en el caso del Fiscal General cuando no da valor a las declaraciones de cuatro periodistas que confirmaron que tenían y publicaron los correos de la discordia muchas horas antes de que los tuviera la Fiscalía General, porque desmontan la instrucción del sumario. Ni quiere entrar en el meollo del caso: que la nota de prensa de la fiscalía desmentía el bulo, la mentira del inefable MAR, y no filtraba ninguna información que no fuera ya conocida. Así la pelota mediática contra el Fiscal General sigue engordando.

No son los únicos miembros de la judicatura a los que les interesa más hacer política que justicia en sus juzgados. En la mente de todos están nombres como los de García Castellón, Carretero, Marchena… o los que por una razón política se manifestaron en la calle delante de Audiencias y Tribunales Superiores, incluidos insignes fiscales —hecho insólito en cualquier democracia de nuestro entorno—, para expresar su oposición radical a la Ley de Amnistía. Acciones que ejemplifican la perversión del papel que deben desempeñar los jueces y magistrados como garantes del cumplimiento de la Ley. Papel que degradan cuando privilegian sus posiciones políticas o morales a la hora de impartir justicia.

Hechos que justifican la necesidad de una reforma de la carrera judicial que acabe con el poder omnímodo del que gozan los jueces, que les convierte en intocables, hagan lo que hagan. Reforma que debe servir para hacer efectiva la democratización del poder judicial —siempre pendiente por la oposición espuria de las asociaciones judiciales— como la planteada por el Ejecutivo, que abre el melón para el debate y la negociación parlamentaria de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la última que data de 1985. La medida sustancial para poner coto a la casta judicial propone cambiar el sistema de oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal, para facilitar el acceso de estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, mediante la creación de una Escuela Pública de Opositores y un sistema estable de becas que nunca podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional, que no dependerán del Gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Todo con el objetivo de acabar con el sistema de preparadores, de jueces, que cobran en negro a quienes quieren opositar y que es una fuente de clientelismo.

Con el mismo objetivo, se suprime la decimonónica prueba memorística por una escrita sobre un caso práctico y anónima para que el tribunal valore la capacidad del aspirante sin atender a su linaje. Y para ampliar el número de jueces, la reforma propone consolidar la situación de 913 jueces, el 70% mujeres, que llevan más de dos décadas ejerciendo de jueces interinos. Y para acabar con el poder omnímodo de los jueces la reforma propone reglamentar la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa, la recusación de un juez o magistrado que se haya manifestado públicamente en relación al caso que instruye, y limitar la acusación popular a la formulación inicial de la querella y a la fase del juicio oral, para evitar filtraciones interesadas.

Medidas cuyo objetivo es acometer la reforma del Poder Judicial, eternamente aplazada desde la instauración de la democracia, que ponga fin a su utilización como herramienta del juego político judicializando la política, para favorecer determinados intereses y estrategias que desvirtúan, a ojos de la ciudadanía, el sentido y valor de la justicia manchado por quienes ejercen el cargo para ejecutar vendettas políticas o morales de poso religioso. La justicia española debe recuperar la imagen perdida de imparcialidad.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

Los abogados de Atocha

Por Miguel Sagüés

Los asesinatos de los Abogados de Atocha, fueron uno de los mas atroces atentados terroristas cometidos por la extrema derecha fascista, en el marco de la Transición Española hacia la democracia, iniciada tras la muerte del dictador, Franco, en noviembre de 1975.

Asesinados:

  • Enrique Valdevira Ibañez
  • Luis Javier Benavides Orgaz
  • Francisco Javier Sauquillo
  • Serafín Holgado
  • Angel rodriguez leal

Heridos de Gravedad:

  • Miguel Sarabia
  • Alejandro Ruiz Huertas
  • Luis Ramos
  • Dolores González Ruiz

De todos los heridos, solo vive Alejandro Ruiz Huertas, el último superviviente, habiendo fallecido los demás, por enfermedades directamente relacionadas con el atentado sufrido en enero de 1977, siendo la última en morir, Dolores González Ruiz, Lola, que lo hizo el 27 de febrero de 2015, de cáncer, aunque en realidad, Lola, que había muerto espiritualmente con su marido el día de los atentados, Francisco Javier Sauquillo. Llevó una vida de sufrimiento, habiendo padecido en enero de 1969 el asesinato por la Policía Social, del que fuera su novio, Enrique Ruano. Ambos hechos marcaron su vida para siempre y no pudo nunca reincorporarse a la normalidad de la vida.

Los Abogados de Atocha, maestros e inspiradores de todas las generaciones de abogados laboralistas, defensores de trabajadores, que hemos seguido sus pasos, no sólo son mártires de la Transición, sino auténticos valores de la Memoria Histórica de España, que murieron asesinados por ser luchadores por los derechos de los trabajadores y ciudadanos en general, pero, sobre todo, de las asociaciones de vecinos de barrio, y fueron luchadores por la libertad y la democracia.

A los abogados de Atocha los mataron porque eran del Partido Comunista de España, PCE y de CCOO, eran jóvenes y luchadores, comprometidos y convencidos que tenía que llegar la libertad y la democracia y creían firmemente en lo que hacían, porque defender a los trabajadores de los abusos del Sindicato Vertical y de la explotación de la Patronal, luchar contra los abusos de todo tipo, también los urbanísticos, que se hacían en los barrios y en las asociaciones de vecinales, era luchar por la libertad y la democracia.

Los asesinos iban buscando a Joaquín Navarro, sindicalista de CCOO de Madrid y secretario general del Transporte, que había organizado una huelga del transporte para la mejora de las condiciones del sector y acabar con la mafia del transporte del Sindicato Vertical. Al no encontrar a Navarro, que se había marchado muy poco antes, dispararon a muerte contra los que allí se encontraban, los abogados, un estudiante de derecho y un administrativo del despacho.

Tres fueron los asesinos, dos que dispararon a matar y otro que se dedicó a cortar los teléfonos y a registrar el despacho. Pero detrás de los asesinos materiales, había toda una trama civil, proveniente de la mafia del transporte, que cómo después veremos, el Juez Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar, pese a la petición de la acusación particular.

El Colegio de Abogados de Madrid, con su decano, Sr. Pedrol, al frente, se puso a disposición de los abogados supervivientes y de los abogados del PCE y de CCOO, para organizar un entierro que saliera del Colegio de Abogados.

El asesinato de los Abogados de Atocha ha sido uno de los eventos que más me ha influido e impresionado en mi vida, y lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Yo, ya era abogado, pero aún no ejercía porque estaba cumpliendo el servicio militar, y en esas fechas, me encontraba en Madrid de permiso.

El entierro fue una de las manifestaciones más poderosas organizadas por la izquierda, los militantes del PCE y todos los abogados de izquierda y demócratas, a cuyo evento asistieron más de cien mil personas, en un absoluto silencio y dando una lección de responsabilidad y civilidad.

Cien mil personas en sepulcral silencio y todos con el puño levantado, fue algo que llegaba al corazón de todos los asistentes y, probablemente, esta demostración de responsabilidad por parte del PCE, fue el detonante para que unos meses después, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, legalizara el PCE, el 9 de abril de 1977, con la colaboración y apoyo de su jefa de gabinete, Carmen Diez de Rivera, que fue la verdadera artífice de la legalización del Partido Comunista de España.

También pude asistir al juicio oral, gracias a José Bono Martínez, que en esa fecha aún militaba en el Partido Socialista Popular, PSP, de Tierno Galván.

El juicio oral me impresionó muchísimo y jamás se me podrán olvidar las caras de los asesinos, y la forma arrogante y chulesca en que respondían tanto a las preguntas de fiscal como de las acusaciones particulares.

Los asesinos materiales que dispararon fueron José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, Fernando Lerdo de Tejada se quedó en la puerta vigilando tras registrar el despacho.

Además, estaban procesados Francisco Albadalejo Corredera, vinculado con la mafia del transporte del Sindicato Vertical, Leocadio Jiménez Caravaca y Ramón Francisco Fernández Palacios, ex miembros de la División Azul, quienes proporcionaron las armas. También se procesó a Gloria Herguedas, que era la novia de Cerrá.

Sin embargo, todos los abogados de la acusación particular, estaban convencidos que había una trama mucho más amplia de personas vinculadas a la Falange y a Fuerza Nueva, y algunas pesquisas apuntaban a los Servicios Secretos. Como llegó a decir el abogado Sartorius, faltaban en el procesamiento “las cabezas pensantes”. Pero el juez Gómez Chaparro, se negó sistemáticamente a iniciar cualquier investigación y posibilitó, a sabiendas, la fuga de Lerdo de Tejada, con un permiso de Semana Santa, que huyó a Chile, hasta que en 2015, prescribió la orden de busca y captura, quedando libre. Más tarde se fugó Carlos García Juliá en 1991, con una libertad condicional, cuando le faltaban casi diez años de condena por cumplir.

Desde aquel luctuoso suceso, todos los 24 de enero se rinde merecido homenaje a los Abogados de Atocha, organizado por la Fundación que lleva su nombre, con asistencia de CCOO, PCE, Colegio de Abogados de Madrid y numerosos sindicalistas y abogados que los conocimos, homenaje que se realiza en Antón Martín, en la estatua del Abrazo, obra de Juan Genovés, y cuyo lugar ha sido declarado, en enero de este año, como “lugar de memoria histórica”.

Mantengamos siempre vivo el recuerdo del sacrificio de los Abogados de Atocha, que su muerte no sea en vano, porque “SI EL ECO DE SU VOZ SE DEBILITA, PERECEREMOS.”

Concentración homenaje a los “Abogados de Atocha”, 24 de enero de 2024
Plaza de Antón Martín (Madrid)

Cuando les interesa…la derecha se junta

PP, VOX, PNV y JUNTS se unen para impedir el aumento de las pensiones y el escudo social para las familias más vulnerables

UGT y CCOO convocan movilizaciones el próximo 2 de febrero

El pasado miércoles 22 de enero tuvo lugar la derrota del gobierno en la votación para la aprobación de la Ley Ómnibus gracias a la alianza de PP, VOX, PNV y Junts, es decir, la derecha franquista y la derecha nacionalista y carlista.

Más allá de las estrategias de gobierno y oposición, y más allá de la posibilidad de aprobar a golpe de decreto ley gran parte de las medidas derogadas con la no aprobación de la Ley Omnibus, lo que queda claro es una cosa: a las derechas patrióticas (cada una con su bandera) le interesan bien poco los ciudadanos y ciudadanas, y les interesa muy mucho echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Unos, la derecha franquista, porque nunca reconocieron la voluntad mayoritaria del pueblo de conformar un gobierno de progreso. Los otros, la derecha nacionalista, con sus diferencias, porque siempre antepusieron el interés del mercado a los derechos sociales.

La alianza de la derecha franquista y la derecha nacionalista ha impedido la aprobación del paquete de medidas recogidas en la Ley Omnibus, demostrando que cuando les interesa se unen

Sea como sea, los efectos del No de Junts, PNV, PP y VOX a la Ley Omnibus no se han hecho esperar. Entre otros:

  • A la mañana siguiente de la no aprobación de la ley, RENFE comenzaba anunciar en la megafonía de todas las estaciones, el final de la validez de los abonos gratuitos de transporte que sobre todo utilizan estudiantes y trabajadores.
  • 9,26 millones de pensionistas en toda España verán esfumarse el aumento del 2’8% de las pensiones contributivas (de hasta el 6% en muchos casos) y del 9% de las no contributivas
  • Desaparecen también los incrementos del Ingreso Mínimo Vital dirigidos a la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social y que en noviembre de 2024 afectaba a más de 2 millones de personas que conviven en 665000 hogares.
  • Desaparece momentáneamente el SMI hasta una previsible nueva regulación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que en España hay entre 2,2 y 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional según los sindicatos.
  • Desaparece la prohibición de cortar la luz, el gas o el agua a los consumidores en situación de vulnerabilidad econòmica.
  • Desaparece la prohibición de deshaucios a familias en situación de vulnerabilidad y sin solución habitacional.
  • Desaparece la norma que permite agilizar la construcción de vivienda social.

Es necesaria una gran movilización social, política y sindical para defender las pensiones y derechos sociales negados por la derecha franquista y nacionalista

En definitiva, las derechas (las nacionalistas periféricas y centralista) unen sus fuerzas para negar a la mayoría social de nuestro país algunas de las medidas sociales que más impacto tienen sobre los ciudadanos. Como ha anunciado el secretario general de la UGT el Parlamento no puede secuestrar los derechos de la clase trabajadora, y por ello, han convocado movilizaciones el 2 de febrero para reclamar al Gobierno la aprobación de un nuevo paquete de medidas mediante un real decreto ley.

Se impone un nuevo escenario para revertir las consecuencias del NO de las derechas a la ley Omnibus que pasa por la aprobación por Decreto Ley del aumento de las pensiones y de aquellas medidas que pueden conseguir un consenso más amplio, pero también para iniciar una gran movilización social, política y sindical para parar los pies a la derecha.

Baltasar Santos
1r Secretario del PSC el Vendrell

Más allá de efemérides

A partir del primero de enero se abre un año que a buen seguro se verá atravesado por cientos de actos al cumplirse el 20 de noviembre próximo el cincuenta aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Con el título “España en libertad” –la libertad de vivir, la libertad de ser libres, la recuperación de ese término tan manoseado y adulterado por la derecha– así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de valorar la transformación de nuestro país en este medio siglo, a la vez que para homenajear a las personas y colectivos que lo han hecho posible. Conociendo el percal de la derecha patria, embebida sin remedio en esa “España Una, Grande y Libre” –que nunca fue una, ni grande y mucho menos libre durante los otros casi cinco decenios de muerte, exilio, represiones y miedos impuestos por el régimen fascista– emblema del criminal dictador, podemos imaginar la escandalera permanente de tanto vocero intransigente y falaz que inundará el día a día de los trescientos sesenta y cinco del 2025. Más si las actividades culturales y otros eventos se desarrollarán en universidades y escuelas, destinos necesarios y en gran medida tan alejados quizás por desidia política –inexplicable en determinados mandatos de gobiernos socialistas– de la enseñanza de nuestra historia reciente a adolescentes y jóvenes a lo largo del tiempo democrático abierto a la muerte del dictador.

Uno de los primeros disparates, si no el primero, que ya se ha lanzado advirtiendo al respetable de las barbaridades que aguardan es el aplicado por Isabel Díaz Ayuso –en realidad no se debe el desbarro a su menguado saber sino a la mano que la mece–, que aquí queda como reseña: “Para que no haya dudas: Pedro Sánchez ha enloquecido. Como su gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal. La Comunidad de Madrid, garante de la Transición, la libertad y la Constitución, no se sumará a un solo de estos eventos e iniciativas promovidas por Sánchez. Madrid, con la democracia y contra el guerracivilismo.” Tal cual.

Tomando lo dicho por la presidenta de la Comunidad de Madrid, materia hecha carne de lo que ideológicamente representa el Partido Popular en todo lo ancho de España, ahora surge la segunda parte de lo que se puede abrir a primeros de año, que no concluye con el final de los protocolos de la efeméride citada y que de forma directa sí afectará a las voces provenientes del Partido Socialista de Madrid o PSM-PSOE, obligados a dar respuestas adecuadas a la insolencia e infamias de la derecha ultra madrileña en el presente y con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2027. Acontecimientos ya suficientemente conocidos han devuelto al Partido Socialista de Madrid a donde solía, es decir, a la larga marcha por el desierto desde hace ya la friolera de casi treinta y seis años. Hechos siempre surgidos desde oscuros rincones de la política sitúan a los socialistas madrileños peor que en el último punto de partida, aquel en el que a través de unas elecciones primarias hoy quiméricas Juan Lobato fuera elegido para que pudiera acceder con derecho a la obtención de la confianza de los ciudadanos al cabo del tiempo que hubiera sido necesario en la oposición –llevaba tres años, una eternidad para algunos y un chiste para tantos que ven al PSOE en los gobiernos de Madrid como un apunte en una enciclopedia–. No fue posible, y él, Juan Lobato, tuvo su parte de responsabilidad al acelerar con una decisión torpe e irrespetuosa con los debidos procedimientos lo que ya era un canto general: la llegada de otra estrella que hiciera olvidar sus buenas maneras en la Cámara y fuera de ella. Ahora se ignora quién responderá con el reclamado ardor a Díaz Ayuso. Lo cierto es que la nueva estrella tiene luz, pero carece de voz donde debe expresarse en la defensa de los intereses madrileños: la Asamblea de Madrid. Por tanto, los truenos que hayan de sonar se oirán lejos de Vallecas.

Fernando Ruiz Cerrato
Militante Socialista PSOE
–Madrid-Fuencarral

Por España contra el Rey

Toma este breve artículo, de crítica y denuncia, el título de la obra “Por España contra el Rey”, del genial escritor valenciano Blasco Ibáñez (1867-1928), autor de “Cañas y barro” fundador del periódico “El pueblo”, que sobrevivió a su muerte, editado en Valencia con el subtítulo de “Diario republicano de la mañana”.

El diario “El pueblo”, desde su fundación por Blasco Ibáñez hasta su último número en 1939, incautado por la Falange, trató de aunar siempre, desde su primer número, a todas las fuerzas antimonárquicas, tratando fraternalmente a todo aquel que se identificara como republicano.

Autor de obras universales, tales como “La barraca”, “Una nación secuestrada” y “Los cuatro jinetes del apocalipsis”, publicada esta última en 1916, en pleno horror de la Gran Guerra, en donde la muerte y la desolación cabalgaron por primera vez, a una escala nunca vista, en una Europa devastada.

A juicio de no pocos analistas existe un riesgo cierto de que se repita por tercera vez una Gran Guerra. Son múltiples la señales que la anuncian: la guerra proxy de los USA contra la Federación de Rusia, utilizando a Ucrania como cebo; el genocidio que el gobierno sionista de Netanyahu está perpetrando en los territorios históricos del pueblo palestino, con imágenes diarias de un horror difícil de soportar sin sentir nauseas; además de otras numerosas regiones del planeta, incendiadas por Occidente y castigadas por los espantosos males que, irracionalmente, la especie humana se inflige a sí misma.

Rusia, gobernada por un régimen no menos oligárquico, alienante y criminal que el capitalismo global de Occidente, es una potencia nuclear de primera magnitud, con el consiguiente riesgo de una respuesta suicida al humillante cerco de la OTAN, que arrasaría países que, como España, tienen bases militares estratégicas de los USA instaladas en su territorio.

Siendo Rusia el país más extenso de la Tierra es obvio que no aceptará ver amenazada su supervivencia por la entrada de Ucrania en la OTAN, o la instalación junto a su frontera de misiles que porten armas nucleares, con tiempos de vuelo hacia Moscú de escasos minutos, que neutralizarían toda posibilidad de una respuesta efectiva.

Guerra de Ucrania apoyada irresponsablemente por Felipe VI. Un rey cuya persona es inviolable, aunque delinca. Un rey que mantiene secuestrada esta “democracia modélica” del Reino de España; en realidad un reino heredado de Franco, “atado y bien atado” mediante la falsa ley de Amnistía de 1977, una ley electoral preconstitucional y su candado constitucional. Lo que impone de hecho un nuevo bipartidismo en esta segunda restauración borbónica, análogo al turnismo de Cánovas y Sagasta a finales del siglo XIX, fundamentados en el poder de las oligarquías y el caciquismo.

La reciente tragedia en el levante español, causada por el cambio climático y la tradicional corrupción urbanística, agravada por evidentes negligencias, han provocado un aterrador balance de muertos y heridos, incluida una gigantesca devastación, nunca vistos.

Tras el desplome de agua, cañas, y barro por el barranco del Poyo, con su rastro de muerte y desolación, se ha escenificado, con seis días de retraso, una indignante comitiva real a la zona cero de la tragedia.

Un postureo real, o quizás algo más, que ha entorpecido, en un escenario dantesco, las tareas de rescate de cadáveres y de limpieza, acabando la farsa como el rosario de la aurora.

Farsa promovida por una iniciativa del rey Felipe VI, ansioso por limpiar la imagen de su corona, en otro intento oportunista de proyectar un perfil de “rey salvador”, análogo a su discurso a la Nación televisado en directo por TVE, retransmito en directo por todas las cadenas el 3 de octubre de 2017, de funesta memoria en los Països Catalans.

Esta segunda debacle de Felipe VI ha sido un burdo intento de limpiar y de afianzar su corona, análoga a la actuación de Juan Carlos I durante el autogolpe del 23-F de 1981; un Borbón “rey salvador” que, además de defraudar a la Hacienda pública, ha trasladado su domicilio fiscal a Abu Dabi, poniendo a buen recaudo su oculta fortuna familiar.

Alguien debería aclarar el porqué de tan burda comedia, además de identificar quién o quiénes han movido los hilos de una tramoya tan inquietante.

¿Fue una decisión del Rey Felipe VI? ¿Entonces, por qué tardó seis días en aparecer en Paiporta, la zona cero de la tragedia? ¿Fue casual la agresión al Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, que acompañaba al Rey? ¿Por qué el Rey se quedó allí tras la evacuación del Presidente Sánchez, y no abandonó inmediatamente el lugar? ¿Por qué Felipe VI no prestó tampoco la menor atención a la Reina Leticia, embarrada y desamparada? ¿Acaso sabían ciertos servicios del Estado que la violencia iba a ir dirigida exclusivamente contra el Presidente del Gobierno de España y la Reina Leticia, y no contra el Rey? ¿Fue casual? ¿Fue planeado? ¿Con qué finalidad? ¿Fue una actitud “valerosa” la del Rey y “cobarde” la del Presidente? ¿Hubo una conspiración para agredir al Presidente del Gobierno de España forzando su evacuación? ¿Se buscó dar una falsa apariencia de “huida precipitada” del Presidente Sánchez? ¿Por qué medios afines a la monarquía apoyan la imagen de un “Rey salvador”, que nadie ha votado, protagonista de una comedia tan burda, y, en cambio, enfangan la del legítimo Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, votado en las urnas?

La cruda realidad es que la juventud trabajadora está siendo enviada a despedazarse y morir en las trincheras, a ambos lados de los frentes de batalla entre Oriente y Occidente, mientras los oligarcas promotores de guerras, siguen acrecentando sus beneficios a costa de los muertos de la clase trabajadora: nuestros muertos.

No nos callarán.

Manuel Ruiz Robles
Capitán de Navío de la Armada (retirado).
Portavoz del colectivo ANEMOI
Fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD)

Especial congreso del PSOE. Democracia interna en las organizaciones sí, pero efectiva.

En los congresos de las organizaciones de la izquierda se pone en marcha una especie de ceremonia, más de forma que efectiva. El resultado es el desistimiento de un importante número de afiliadas y afiliados que a lo largo del tiempo han afianzado la percepción de que el resultado del congreso es como la comida de catering, que está precocinada. Ante lo que dejan de participar o directamente abandonan la organización.

                En mi reflexión no estoy pensando en las organizaciones de la derecha: partidos y asociaciones patronales, las cuales son presidencialistas por naturaleza, con unos parámetros empresariales, aunque hayan adquirido el formalismo democrático para salvar las apariencias y cumplir la ley.

                Sin embargo, tanto en las organizaciones de izquierda como de derechas, en los procesos congresuales en los que se produce la confrontación por la dirección, si que se incrementa notablemente el desarrollo democrático del proceso, pues todos se exigen mutuamente el cumplimiento escrupuloso de los estatutos, aunque el grupo que ostenta la dirección, lo que se conoce como “el aparato”, tiene la capacidad de interpretar dichos estatutos. Esto ocurre cuando se desata la lucha por el control de la organización, normalmente en detrimento del debate de las ideas.

                Importantes partidos y sindicatos de nuestro país tienen ya fechados sus congresos en un espacio temporal de ocho o nueve meses:

  • UGT celebra su 44º Congreso Confederal, en Barcelona, del 25 al 27 de noviembre de 2024
  • PSOE celebra su 41º Congreso Federal, en Sevilla, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024
  • ERC celebra un Congreso de carácter extraordinario el 30 de noviembre de 2024.
  • CCOO celebrará su XIII Congreso Confederal, en Madrid, del 19 al 21 de junio de 2025.
  • Podemos tiene previsto celebrar su V Asamblea Ciudadana en junio de 2025.

                Cada organización tiene sus normas estatutarias, incluso sus usos y costumbres, a la hora de desarrollar el proceso congresual. También varía el procedimiento, y esto es lógico, en función del tamaño de la organización, es decir, el proceso se hace más complejo y laborioso cuanto mayor es el número afiliados y afiliadas que componen la organización.

                Un hecho diferencial entre Podemos y las demás organizaciones es que funcionan con el modelo de “democracia participativa”, de carácter asambleario y las demás adoptan la “democracia representativa”, vía congresos, de abajo arriba o de arriba abajo, para el desarrollo de sus procesos.

                Hechas las consideraciones objetivas, paso a la crítica positiva; a modo de sugerencia para el debate entre militantes.

                La democracia deja de ser efectiva desde el momento en el que se establecen porcentajes y dificultades para que cualquier militante pueda participar en el congreso de su organización. Esto ocurre porque no todos y todas las militantes tienen acceso a los documentos que establecen las bases de la convocatoria o no con el tiempo de antelación suficiente.

La democracia deja de ser efectiva desde el momento en el que se establecen porcentajes y dificultades para que cualquier militante pueda participar en el congreso de su organización

                Se establecen plazos cortos para presentar avales, en el caso de querer optar a la secretaría general. O se condiciona un número de avales que puede parecer poco en términos relativos, pero que en números absolutos es superior a la población de más del 60% de los municipios del Estado español. Por ejemplo, si para presentar candidatura a la secretaría general, en una organización de unos 200.000 afiliadas y afiliados censados, se exige el 3% de avales, estamos hablando de 6.000 avales ¿disponen todos y todas las afiliadas del censo del Partido para poder dirigirse a todas y todos los afiliados para proponerles el acto del aval? No ¿Desde una agrupación de un barrio o un pueblo, un militante tiene capacidad para, efectivamente, alcanzar ese número mínimo de avales? No. Sin embargo, desde la Dirección del Partido se dispone dele-mail, teléfono, dirección, etc., de todas y todos los afiliados y afiliadas y se cuenta con la inestimable colaboración de las federaciones y/o agrupaciones territoriales y locales.

                Lo mismo ocurre para la elección de las delegaciones a los congresos extraordinarios en los que serán elegidos y elegidas las delegadas al congreso superior, proceso en el que se establecen plazos de 6 o 7 días para presentar candidaturas y para presentar avales, etc. En este caso, en las candidaturas, como en las elecciones generales, autonómicas o municipales, se abre la cuestión de si las candidaturas son abiertas o cerradas; un debate que va más allá de las fronteras de una organización.

¿disponen todos y todas las afiliadas del censo del Partido para poder dirigirse a todas y todos los afiliados para proponerles el acto del aval?

                La democracia no es efectiva no solo cuantitativamente, también ocurre en lo cualitativo. Por ejemplo, en lugar de que todas y todos los militantes pudiesen enviar sus propuestas de acción política o sindical -dependiendo de qué tipo de organización- y que esas propuestas fuesen refundidas en un documento Base en el que estuviesen contenidas todas las reivindicaciones y necesidades desde abajo, lo que habitualmente se hace es que la Dirección encarga a un grupo, normalmente de afines o como mínimo mayoritariamente de afines, para que redacte un documente Base. Documento que, bastante voluminoso, llegará a las bases un mes antes del congreso, se les dará unos días, pocos, para que lo lean y hagan enmiendas que tendrán que obtener un porcentaje, por ejemplo: del 30% de sus asambleas de agrupación, con el único compromiso de ser debatidas y estudiadas en el ámbito territorial superior, donde, con un nuevo porcentaje, serán aprobadas las que obtengan otro 30% de todo el ámbito territorial.

                Todo este farragoso proceso, que a mi modo de ver vicia la democracia, pone a salvo las posiciones políticas de la Dirección, pues “la cadena de mando”, en los hechos y a lo largo del complejo procedimiento, ya se ocupa de que no lleguen al congreso federal o confederal propuestas con las que unos pocos (la dirección) no están de acuerdo.

                En ocasiones ha ocurrido que se ha escapado una propuesta que a la dirección le resulta incómoda: república, defensa de lo público… ese tipo de cosas que se suelen caracterizar por los hombres y mujeres de Estado como posiciones “antisistema”. En estos casos entran en funcionamiento todo tipo de argucias, que suelen llevar a cabo los famosos “fontaneros”, con un alto grado de presión contra los proponentes para que desistan de llevar al plenario tal o cual enmienda que ha superado todos los filtros.

El farragoso proceso (redacción de ponencias y presentación de enmiendas), que a mi modo de ver vicia la democracia, pone a salvo las posiciones políticas de la Dirección

                Este proceder lleva a que cada día sean más los y las militantes que se abstienen de participar en el proceso congresual, tanto de acudir como de escribir, quedan así las manos libres a quien ostenta el poder dentro de las organizaciones; grupos que se enquistan durante años y terminan apropiándose de una organización que por naturaleza es de los militantes y no de uno o varios.

Cada día son más los militantes que se abstienen de participar en el proceso congresual, tanto de acudir como de escribir, quedando así las manos libres para los que ostentan el poder dentro de las organizaciones

                Si tal o cual dirección de una organización influyente en la vida democrática de una sociedad es cooptada por intereses espurios a la organización, pues terminamos entendiendo la brecha, cada vez mayor, que se ha abierto entre bases militantes y dirección y que el sentir de la mayoría social sea de rechazo a la política. Pero esto de la cooptación lo dejo para en próximo número, junto con lo de las listas abiertas o cerradas.

Roberto Tornamira Sánchez
Afiliado de la Agrupación de PSM-PSOE-Arganzuela   

No es censura, es defender la democracia.

El modelo comunicativo digital convierte a los usuarios de las plataformas y redes sociales en nodos de comunicación que reciben, elaboran y difunden contenidos a voluntad, desde y a cualquier lugar del planeta. Hecho qué combinado con la facilidad para crear a bajo coste páginas web y plataformas en internet, y unido a las redes sociales que favorecen la expresión de opiniones sin ningún control en la práctica; generan un volumen diario de información ingente, incontrolable y constante, de bulos y mentiras: de desinformación.

El modelo comunicativo digital genera un ingente volumen diario de desinformación, bulos y mentiras incontrolable

Basura informativa cuya autoría muchas veces se desconoce por enmascararse con un sobre nombre, un nik, para poder lanzar, libres de responsabilidad, todo tipo de mensajes vejatorios y falaces, o se mantiene en nebulosa quienes son los propietarios y cómo se financian los medios que los difunden, por la falta de transparencia sobre su estructura y financiación. Se configura así un conglomerado explosivo cuya acción conjunta es ya una seria amenaza para la democracia.

La falta de transparencia sobre la autoría de las noticias y la propiedad, la estructura y la financiación de los medios supone una seria amenaza para la democracia

Defender la democracia de la desinformación que degrada el sistema democrático y sus instituciones, es el eje axial que justificó la aprobación por el Parlamento Europeo de la Ley de Libertad de Medios cuyo objetivo no es censurar, sino proteger a los medios de comunicación de la Unión Europea de la influencia del poder político y empresarial indebida, con el objetivo de fomentar el pluralismo informativo y la información veraz, mediante la aplicación obligatoria de medidas de trasparencia que permitan a los destinatarios saber quién está detrás de esos medios, quién los dirige, cómo se financian y en qué proporción entre empresas privadas y públicas, quienes o qué empresas tienen el mayor número de acciones, los números verificados de lectores, oyentes, televidentes o usuarios únicos en los medios digitales, y una política clara en el nombramientos de los principales responsables del medio y su equipo directivo.

El objetivo de la Ley Europea de Medios de comunicación no es censurar, sino proteger a los medios de la influencia del poder político y empresarial

Norma que entró en vigor el pasado mes de mayo y que ahora los distintos países de la Unión deben trasponer a sus legislaciones actualizando o creando, si no las hubiere, nuevas normas de obligado cumplimiento, acordes con el marco europeo aprobado por la UE. Medidas que los 27 países de la Unión deberán tener en vigor en agosto de 2025, para lo que se creará un nuevo organismo de control y vigilancia, el Consejo Asesor Europeo o Comité Europeo de Servicios de Comunicación Independiente, formado por representantes de las autoridades y organismos de medios de comunicación, que se encargará de elaborar un reglamento y un sistema de control de la propiedad de los medios de comunicación, mediante la creación de una base de datos por países. Norma que complementa la Ley de Servicios Digitales, en vigor desde noviembre de 2022, donde se establece una relación de normas para los servicios de intermediación en línea: las redes sociales —en especial para las grandes plataformas con más de 45 millones de usuarios— relativas al modo de diseñar sus servicios y procedimientos y establece nuevas responsabilidades para los operadores, al objeto de limitar la difusión de contenidos ilícitos y aumentar la protección de los menores mediante el establecimiento de mecanismos de alerta.

Normativa legal europea que España debe incorporar a su legislación en la que se incardina el Plan de Regeneración Democrática, presentado por el Ejecutivo, con el mismo objetivo: acabar con la desinformación, los bulos, las mentiras, con medidas que básicamente consisten en aplicar la ya existente Ley de Transparencia, para desmontar la trama de pseudomedios creados con el único objetivo de difundir un discurso disruptivo, de los que no se sabe quién está detrás y cómo se financian.

El Plan de Regeneración Democrática tiene el objetivo de acabar con la desinformación, los bulos y las mentiras

Plan que no impone ningún tipo de censura, contrariamente a lo que afirma la derecha, pues ninguna de sus propuestas limita la libertad de expresión ni de critica; sino que van orientadas a poner en conocimiento de quienes reciben la información, los destinatarios, quién o quiénes son los dueños de ese medio, cómo se reparte la cuota accionarial entre empresas y particulares, que parte de su financiación viene de instituciones públicas y cuanta del sector privado, su estructura jerárquica y qué personas la conforman en sus diferentes grados de responsabilidad. Básicamente la aplicación de Ley de Trasparencia en vigor, que la mayoría de medios incumple, para que los destinatarios sepan de dónde procede la información que le llega y puedan valorar, libremente, el grado de intencionalidad de la misma.

Contrariamente a lo que dice la Derecha, el Plan no impone censura, ni limita la libertad de expresión o crítica, sino que obliga a informar a los ciudadanos de dónde procede la información que les llega y puedan valorar libremente el grado de intencionalidad de la misma

Medidas de un Plan que no entra en definir qué es y que no es un medio de comunicación, sino que deslinda a los medios que cumplen con la ética periodística y la defensa del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, verificada, y diferenciada de la opinión de los que abdican de estos principios básicos. Pseudomedios, que incumplen la Ley de Trasparencia por haber sido creados, y financiados muchos de ellos solo con dinero público, expresamente para generar bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con el objetivo de difamar y degradar las instituciones democráticas y a sus legítimos representantes, o para hacer propaganda de determinadas ideas y posiciones políticas.

Muchos pseudomedios han sido creados expresamente para crear bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con una clara intencionalidad política

De ahí el sentido de las medidas de saneamiento democrático del sistema de medios de comunicación que incluye el Plan, que no es establecer censura alguna a la libertad de expresión, pues su objetivo es acabar con los pseudomedios que difunden desinformación que responde a intereses espurios que degradan el propio periodismo y la democracia. Para cumplir con este objetivo el Plan incluye una reforma de la Ley de Contratación de Publicidad por las Administraciones Públicas para que no se pueda adjudicar a dedo, y para favorecer el reparto de ese dinero de manera equilibrada entre los medios del ámbito territorial del que se trate.

Medidas con las que se pretende reducir la polución desinformativa circulante obligando a los medios a exponer públicamente una información básica que permita al destinatario juzgar si la información que recibe de ese medio responde al ejercicio responsable del derecho de los ciudadanos a recibir una información plural y veraz, del que los medios de información son garantes; o si esta sesgada, corrompida, por intereses ocultos para azuzar la pugna política. Nada se dice en el Plan de recorte alguno del derecho a la libertad de expresión de los medios y ciudadanos, sino que suponen una ampliación de esos derechos al proponer la despenalización de la crítica, explicita o teatralizada, contra las instituciones y símbolos que representan al Estado, en especial los que afectan a la Corona, que aún es objeto de debate entre los socios del Gobierno. O las referidas a la modificación de una parte de la Ley Mordaza, relativa al derecho de los ciudadanos a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva.

El Plan amplia el derecho a la libertad de expresión al despenalizar la crítica a las instituciones del Estado, incluída la Corona o el derecho a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva

Así pues, dar pábulo a las denuncias sobre el pretendido deseo del Ejecutivo de imponer la censura informativa a los medios, es otra más de las patrañas y falacias lanzadas diariamente a la palestra pública, sin datos que lo avalen, por una derecha que de manera infame e irresponsable acrecienta el fango. Claro ejemplo de desinformación intencionada que los políticos, en el ejercicio de su libertad de expresión pueden realizar, pero no los medios de comunicación que se tengan por tales.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Democracia a la carta

El 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, a penas 72 horas después Washington declaró presidente a Edmundo González.

                Desconozco el escrutinio real, pues, efectivamente, las instituciones venezolanas no han publicado las actas electorales. Lo único que han dicho los observadores internacionales es que el gobierno de Maduro debería hacer públicas las actas; lo que no significa que desmientan los datos del gobierno venezolano, ni que los avalen.

                Sé que no es comparable, pero no me resisto a mencionar que, en Madrid, el Gobierno del PP presidido por la señora Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie ¿Es más grave el tejemaneje de un Estado, en este caso Venezuela, que miles de muertes en condiciones infrahumanas? Parece que la “democracia” se dicta a la carta, en función de los intereses ocultos en la trastienda política.

«Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie»

                Eso que llaman “la Comunidad Internacional”, para hablar por todos nosotros y nosotras, ha rechazado la orientación bolivariana desde el primer momento, incluso tras haber ganado Hugo Chávez las presidenciales de 1998 por abrumadora mayoría, pero esa democracia no tuvo el aval de Washington y a partir de ahí comenzaron las sanciones y el boicot a la economía venezolana. Pondré un ejemplo de esto como muestra del doble rasero “democrático”:

                En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio orden de congelar cualquier cuenta bancaria o bienes del exministro de Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva; cuentas que pudiesen estar bajo jurisdicción estadounidense, bajo la acusación de apoyo a las FARC en sus actividades de narcotráfico.

                Sin embargo, los USA no impusieron ninguna sanción a nadie de la Administración Reagan, ni disolvieron el Partido Republicano, por uno de los mayores escándalos que han protagonizado en su historia; en este caso me refiero a cuando tras las elecciones nicaragüenses de 1984 la CIA, con el conocimiento de la Casa Blanca, financió al grupo paramilitar y terrorista “Contra nicaragüense” con dinero de los cárteles de la droga.

                No me identifico con el “socialismo bolivariano” ni con el “socialismo del s. XXI” instaurado por Chávez y heredado por Maduro, lo que no me impide ver con claridad que lo que a la “comunidad internacional”, liderada por los Estados Unidos, le molesta es que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y de las materias primas. No es un problema de respeto o no de los derechos humanos; de hecho, en Venezuela hay mayor respeto a los derechos humanos que en Arabia Saudí, donde la compañía Aramco es propiedad del Gobierno saudí y el gobierno saudí es, a su vez, propiedad de la familia Saúd ¿Alguien cuestiona las relaciones económicas y diplomáticas con Arabia Saudí? ¿Algún organismo internacional está preocupado por los resultados electorales en Arabia Saudí?

«Lo que a la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos le molesta no son los derechos humanos sino que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y las materias primas»

                Con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a fecha de 2022, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, más que Arabia Saudí y que Irán; segundo y tercero en el ranking, respectivamente. Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo. La riqueza petrolera, de gas y carbón venezolanos la gestiona el Estado a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), de la que es propietario mayoritario desde 2007.

                Conoco Phillips es la tercera mayor empresa norteamericana de petróleo, con sede en Houston (Texas) y mantiene un contencioso multimillonario contra Venezuela, pues, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, la empresa tejana explotaba y exportaba enormes cantidades de crudo venezolano. Este no es el único conflicto que Venezuela mantiene en el mundo del petróleo, ya que desde la creación de PDVSA en los años 70 (s. XX) fueron muchos los intereses cruzados que se establecieron con compañías de diferentes países.

«Petróleos de Venezuela (PDVSA) es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita Comunidad Internacional»

                Hago alusión a PDVSA porque concentra la gran riqueza energética, aunque no sea la única riqueza venezolana, y porque es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita “comunidad internacional”. El bienestar del pueblo venezolano les importa más o menos lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, de las afganas o las de cualquiera de los emiratos árabes. Los derechos humanos en Venezuela les importan lo mismo que los derechos humanos en Palestina. En Venezuela lo que se disputa es si se liberaliza o no el petróleo o si es propiedad del Estado. Otra cosa es cómo lo gestiona el Estado venezolano, incluidas todas las trabas y boicots a los que su economía está sometida.

                El señor Edmundo González es un viejo diplomático que siempre ha estado al servicio del aparato del Estado venezolano, pero quién verdaderamente representa los intereses espurios que se dirimen en Venezuela es la señora María Corina Machado, un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale (2009). Esta señora se declara cristiana y liberal, y comparte con el Sr. Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales -aunque, de momento, Milei no podrá privatizar YPF-.

«La señora es un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale»

                Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019; se llegaron a inventar el título de “presidente interino”. Ahora utilizan a un septuagenario como pantalla para su verdadera apuesta. Todos y todas al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales, protegidas a su vez por el todo poderoso aparato de Estado estadounidense.

«el bienestar del pueblo venezolano les importa lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, las afganas o los derechos humanos en Palestina»

El septuagenario Edmundo González es la pantalla que utiliza María Corina Machado para poner Venezuela al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales

«Maria Corina Machado comparte con Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales»

«Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019 nombrándolo Presidente interino»

                Dejen que los pueblos decidan libremente su destino. Dejen de usurpar las riquezas de esos pueblos, así no tendrán que rechazar la inmigración que tanto les molesta.

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE