Nuevo curso, sí, pero con asignaturas pendientes.

En estos últimos meses hemos visto como otra de las justas, legítimas y necesarias aspiraciones de la clase trabajadora, una vez más ha sido truncada, en lo que respecta a la posibilidad de reducir la jornada de trabajo para aquellas personas que -en torno a 13 millones- aún tienen las 40 horas de trabajo semanales.

La propuesta de ley que ha sido llevada a Cortes y rechazada tras las enmiendas a la totalidad por la derecha catalana y, con los apoyos de PP y Vox, dejan por el momento esta mejora de las condiciones de trabajo fuera del alcance de la mayoría, ya que unos 4 millones de trabajadores trabajan jornadas inferiores a la norma de 1983, bien por acuerdos o tras la negociación en los convenios colectivos.

La derecha política y empresarial, junto con sus patronales, no ven con buenos ojos que un trabajador pueda reducir su jornada media hora al día. Algo que indigna y cabrea a muchos, pero a otros tampoco nos sorprende:

¿Cuántos derechos y conquistas de los trabajadores se han conseguido con acuerdos en Cortes, con el apoyo de la derecha y la extrema derecha?

No cabe duda que abrir el debate político sobre la necesidad de reducir la jornada laboral como mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en sectores más explotados, por la falta de control horario, y el abuso con las horas extras no retribuidas, es muy importante, pero tal vez se ha llevado por la vía menos favorable para que prospere, más ahora, con un tablero político tan fragmentado.

Hemos visto a los secretarios generales de los Sindicatos de CCOO y de la UGT bastante activos junto con la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, para la elaboración de la norma. También han estado en diferentes actos como el del pasado 22 de julio en el Auditorio Marcelino Camacho (totalmente abarrotado), coincidiendo con el último día de trabajo en Cortes, previo a las vacaciones, en el que no estaba en el orden del día para el debate parlamentario la reducción de la jornada a las 37,5 horas, debido a que Junts mantenía su postura contra la aprobación de la ley. Tras la vuelta de vacaciones, y como ya estaba anunciado, el miércoles 10 de septiembre CCOO Y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores para acudir a la protesta frente al Congreso de los diputados en Madrid a las 16.00 horas; también se hicieron concentraciones y movilizaciones en diferentes comunidades autonómicas, el día que se votaría la ley para la reducción de la jornada laboral, que como todas sabéis, no salió adelante.

Según han expresado en diferentes actos los dirigentes de UGT y CCOO, la reducción de la jornada de trabajo en 37.5 horas es solo el principio, ya que el objetivo es llegar a 32 semanales, un objetivo muy ambicioso que va a necesitar del empuje de la clase trabajadora organizada. La duda que se nos plantea ahora es cómo se va a retomar la posibilidad de conseguir este derecho: ¿se volverá a llevar la ley a Cortes cuando se considere que el “terreno” político es el idóneo? Tal vez, para estas cuestiones, propias de los intereses la mayoría trabajadora, el único terreno propicio para sacar adelante esta, como cualquier otra reivindicación, pasa porque las dos grandes Organizaciones Sindicales (UGT Y CCOO) informen, debatan, organicen y movilicen a los trabajadores en sus centros de trabajo y empresas, que llamen a la unidad en manifestación en las calles, donde verdaderamente el terreno nos es más favorable, con la unión y la fuerza que se necita para arrebatar derechos al Capital. Un Capital feroz que no cesa en destruir derechos y conquistas conseguidos hace años tras las luchas de las trabajadoras y los trabajadores.

“Mantener lo conquistado para avanzar”, este ha sido el lema de los sindicatos recientemente. Reconociendo de algún modo la situación por la que estamos pasando y el peligro que corren nuestros derechos. Pensiones, sanidad, educación, dependencia todos los servicios públicos están sufriendo un nuevo ataque con políticas que, bajo el amparo de leyes que permiten la privatización, buscan desmantelar los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, como es el claro ejemplo de la Sanidad o la Educación.

No podemos olvidar el problema de la vivienda, con alquileres abusivos, en función de los salarios. En un artículo El Mundo el 22 de julio 2025: “Los salarios reales sólo han subido un 2,76% en 30 años “, siendo España el cuarto país de la OCDE con menor subida salarial de las últimas décadas. Estos datos dejan claros signos del trasvase que está sufriendo la renta del trabajo a las rentas del capital, bien por los bajos salarios y pensiones o bien el aumento desmesurado del IPC en los últimos años. Esta situación implica a los Sindicatos en las negociaciones de los convenios colectivos la obligación de negociar salarios que permitan hacer frente con las necesidades de las familias, recuperando el poder adquisitivo perdido. Incrementar salarios por encima del IPC, ya que, de no ser así, no estaríamos hablando de una subida real de salario. En la Comunidad de Madrid el salario medio es de 33.000€ incluyendo los sueldos de los altos cargos, pero la gran mayoría de los sueldos están en los 23.000€. Salarios que están, en su mayoría, más cerca del SMI.

Todas estas reivindicaciones estarían vacías de sentido si no mencionamos la lucha por la libertad de Palestina, contra el Gobierno genocida y terrorista de Netanyahu, que mata con bombas y de hambre a la población civil.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo
Sindicalista de UGT, en Madrid.

Defendamos los Servicios Públicos

Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia

Son los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, pero no son los únicos.

El domingo 23 de marzo miles de personas nos hemos manifestado en las calles de Madrid, pasando por la puerta del Congreso de los Diputados, para reclamar la defensa efectiva de los servicios públicos, es decir, para pedir que se les dote de mayor presupuesto y para que se desprivatice lo privatizado.

Los servicios públicos están infradotados presupuestariamente, prueba de ello es la falta de profesionales y medios que se sufre en todos ellos: falta de pediatras en la atención primaria madrileña, falta de medios para el tratamiento del cáncer en Soria, déficit de personal de enfermería en Andalucía… son ejemplos concretos de la situación que se vive, aunque sería más correctos decir se sufre, en todas las comunidades autónomas, en unas con mayor intensidad que en otras, pero en la práctica totalidad hay un deterioro del sistema sanitario público.

Según datos de la OCDE, España gasta un 20% menos en Sanidad que la media de los países europeos. Pero el déficit no solo afecta a la Sanidad. En la Educación Pública de primaria y secundaria hay déficit se personal docente y de apoyo, de tal modo que cada día es mayor la carga de trabajo administrativo que los docentes se ven obligados a soportar. La infra dotación presupuestaria en las universidades es galopante.

El déficit de personal en las residencias de mayores es endémico y la escasez de plazas en función de las necesidades es brutal: a primeros de año se estimó que, en el conjunto del país, se necesitaban 35.000 plazas para atender la demanda de personas con Dependencia Severa. En Madrid son 270.000 las personas que, teniendo más de 65 años, viven solas.

Además del déficit presupuestario, que provoca la escasez de personal y medios, la Sanidad, la Educación y la Dependencia tienen en común la privatización por la vía de los conciertos y convenios con entidades privadas, lo que supone una sangría de dinero público que se despilfarra y va a parar al accionariado de fondos buitre y todo tipo de especuladores, caldo de cultivo para la corrupción.

Carrera de San Jerónimo (Madrid) 23 de marzo-25

Las pensiones tienen un elemento fundamental, como es que las pensiones por jubilación, orfandad y viudedad no se pagan con impuestos, sino que son parte del salario que los trabajadores y trabajadoras destinamos al pago de las pensiones.

Es la parte que pone el Estado, para los complementos a mínimos, la que se nutre con los impuestos. Y es la utilización indebida del dinero aportado por los trabajadores y trabajadoras lo que ha generado una deuda del Estado para con las pensiones valorada, en 2023, en más de 140.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, en Sr. Escrivá -hoy Gobernador del Banco de España-. Y es por este motivo que el movimiento de pensionistas consiguió que en la Ley 21/2021 se introdujese la Disposición Adicional Sexta, por la que tenía que encargarse un informe de Auditoría que abarcase el periodo 1967 a 2019. Pero este precepto legal no ha sido cumplido por el actual Gobierno. Hay que continuar exigiendo el cumplimiento de la ley, para saber cuánto dinero debe el Estado a las pensiones, es decir a los trabajadores y trabajadoras, de modo que se termine de una vez por todas con las dudas interesadas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Y, en todo caso, el Estado debe ingresar la cantidad de dinero reconocida por el Ministerio de Seguridad Social y por los informes del Tribunal de Cuentas.

Hay otros servicios que deberían ser un servicio público, pero que no lo son. Solo dos ejemplos: Vivienda y Banca.

Desde 1981 se vienen haciendo planes plurianuales para la promoción de viviendas protegidas. Hay que aseverar que el Estado ha fracasado estrepitosamente en esta materia. El error es de enfoque, y es que, en lugar de pensar en el número de hogares que el Estado debía proveer, se ha pensado siempre en utilizar la promoción de vivienda de protección oficial para fomentar la actividad económica. El mercado, no conforme con eso, se ha dedicado a corromper a los políticos que se han prestado a ello para hacerse, a bajo coste, con la propiedad de las viviendas construidas con dinero público; es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo de la alcaldía de la señora de Aznar.

La banca por su parte es un negocio cautivo en manos de una oligarquía bancaria. Un negocio que cuanto más sufre la mayoría de la sociedad mayores beneficios consiguen, a costa de comisiones abusivas, altos intereses en los productos financieros y prácticamente nula remuneración a los depósitos, incluso en etapas en las que el precio del dinero ha subido. Este paraíso del beneficio especulativo se ha creado en dos etapas: una primera con la privatización de la red de banca pública que tenía el Estado, Argentaria; y una segunda con la dilapidación de las cajas de ahorro, de las que se han apropiado los bancos, con la jugosa aportación del Estado, por valor de más de 100.000 millones de dinero público -35.000 de coste de la SAREB + 65.000 dinero para el saneamiento de las entidades-. Tras estas acciones del Estado a favor de los intereses del capital financiero, ha venido la conformación de un oligopolio de 5 grandes entidades que no han colmado sus ansias de concentración.

Los servicios públicos no son un lujo, ni un capricho, son una necesidad que se paga principalmente con las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, a través de los impuestos y las cotizaciones. Es la minoría, pudiente, la que, insolidariamente, no quiere pagar impuestos y en los servicios públicos no ve una necesidad, porque ellos no los necesitan.

De modo que es de celebrar que haya movilizaciones en defensa de los servicios públicos, la pena es que no haya más y que no las convoquen en unidad todas las organizaciones de los trabajadores, políticas y sindicales.

La mejor vacuna contra el fascismo son los derechos sociales y una buena red de servicios públicos.

Inicio de la manifestación en la Puerta del Sol (Madrid) 23mar25
Roberto Tornamira
Socialista afiliado al PSOE en Madrid

Manifestación en defensa de la Educación Pública

La verdadera izquierda está en las calles

Una nueva gran manifestación ha recorrido las calles de Madrid el día 24, esta vez en defensa de la Educación pública. El día 9 de este mes de febrero las calles se llenaron para reivindicar que se cumpla el derecho a vivienda establecido en la Constitución. En los últimos años hemos visto macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública. Y periódicamente miles de personas se movilizan en defensa de las Pensiones Públicas.

El asociacionismo en colectivos, plataformas y espacios, apoyados en las luchas vecinales se han hecho cargo de la defensa de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, son la verdadera izquierda, en ausencia de los partidos tradicionales y los sindicatos de clase.

El ánimo para salir a las calles a reivindicar y defender derechos va más allá de los servicios públicos, sobre los que se está nucleando un movimiento sin dirección política, por el momento. En los últimos 17 meses han sido muchas las manifestaciones para rechazar el Genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Así mismo, las asociaciones de familiares de víctimas se movilizan para exigir responsabilidades a gobiernos autónomos como el de Madrid o Valencia, por las 7291 muertes en las residencias en los años de pandemia o por las habidas en la DANA en octubre del pasado año.

El hecho de que algunas de estas competencias, en todo o en parte, estén transferidas a las comunidades autónomas hace que la movilización no tome carácter estatal. Sin embargo, no es descartable que se tienda a la estatalización de estos movimientos, pues no es entendible que el problema del deterioro, incluso el desmantelamiento, de los servicios públicos esté troceado cuando en mayor o menor medida el problema existe en todas las comunidades autónomas.

No solo es que la privatización y la insuficiente financiación de la Sanidad o la Educación se den en toto el Estado, es que son leyes estatales, como la Ley 15/97, las que permiten y facilitan la privatización; en este caso de la Sanidad Pública.

El papel de las instituciones autonómicas ante los desastres naturales ha sido desastroso, incluso criminal, pues pudiendo haber evitado muertes las han provocado con sus decisiones, en el caso de Madrid, y sus indecisiones, en el caso de Valencia. Son hechos a los que no están ajenos los demás pueblos del Estado español.

La situación de la Comunidad de Madrid es especialmente grave, dada la acción de Gobierno ideológica ultraliberal del PP en esta Comunidad, pero que más allá de las formas aplican en todas las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan.

  • El estrangulamiento económico de las universidades públicas es evidente y grosero.
  • El Gobierno de Madrid ataca permanentemente a la enseñanza pública en un descarado apoyo institucional a la educación privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia segregacionista.
  • Las tasas de matriculación son cada día más altas y los presupuestos para becas cada vez menores. Dando como resultado que las familias trabajadoras comienzan a verse excluidas de la enseñanza superior.
  • Los estudiantes de la FP pública se ven en desventaja frente a los alumnos de la privada a la hora de realizar las obligatorias prácticas.
  • Las malas condiciones de trabajo están expulsando a los profesionales sanitarios de esta comunidad. Del mismo modo que la carga burocrática está asfixiando al profesorado.
  • Las listas de espera y el déficit de pediatras están deteriorando la red de Atención Primaria.

Estas reivindicaciones no pueden ser olas que llegan a los partidos al calor de las manifestaciones multitudinarias. En los hechos, las instituciones están negando derechos que están establecidos en la Constitución que nos dicen que hay que respetar, pero que las instituciones mismas incumplen.

Es inexplicable que los sindicatos de clase no estén volcados en convocar y organizar estas movilizaciones, pues ser una organización de clase es luchar por el derecho del trabajador a una sanidad, a una vivienda digna, a la educación…además de por los derechos laborales y salariales. No estar en estas luchas les reduce a meros sindicatos que prestan servicios de asesoría y negociación.

¡Cuidado! Con la exigencia de la OTAN, a las órdenes de Trump, de elevar sustancialmente los presupuestos en Defensa, pues lo que se aumente en gasto militar será detraído del en servicios públicos; otra excusa para el fomento de la privatización.

Por mucho que se autodenominen de izquierdas, el movimiento se demuestra andado y hoy, el movimiento está en la calle.

Cada día estamos más huérfanos de partidos y sindicatos que defiendan los derechos de la mayoría social.

Pascual Sánchez Pérez
Militante socialista de Madrid

“Solo con Educación ya no es suficiente”

Movilización frente a la Asamblea de Madrid, en defensa de la Educación Pública universitaria (19dic24)

El pasado 22 de enero de 2025 tuvo lugar el primer acto después de la fusión entre ASTRADE y Tribuna Socialista, marcando el comienzo de una nueva agenda de iniciativas y eventos sobre temas de carácter sociopolítico. El primer acto titulado “Solo con Educación ya no es suficiente” contó con dos ponentes: Eduardo Sabina (Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid) y Miguel Albalá (Profesor universitario, miembro de ASTRADE y autor del presente artículo), siendo moderada por Roberto Tornamira (presidente de ASTRADE).

El evento tuvo como principal objetivo contextualizar la situación que actualmente vive la educación pública en nuestro país, así como plantear las dificultades y nuevos horizontes para la transformación del sistema educativo.

Eduardo Sabina y Miguel Albalá analizaron la situación actual y plantearon las dificultades y retos para la transformación del sistema educativo

En primer lugar, Eduardo Sabina expuso, en base a su dilatada experiencia sindical y profesional, la evolución de la educación pública en las etapas de educación primaria, secundaria y bachillerato, y de una forma más detallada en la formación profesional (FP). Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público, según Sabina, se encuentran: la segregación del alumnado por clase social, origen y etnia, la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada, así como los intereses privados que entran en juego en la educación privada.

Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público se encuentra la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada

Entre las propuestas para revertir esta situación el Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid planteaba la necesidad de voluntad política por parte de todos los agentes y partidos políticos, incluyendo a aquellos progresistas. Con ello se podrían ofrecer medidas políticas dirigidas a fortalecer el sistema educativo público, garantizando unas condiciones laborales adecuadas de los profesionales, así como plantilla suficiente para afrontar las demandas que en la actualidad están dejando excluidos a miles de potenciales estudiantes (con insuficiente oferta de plazas por curso, imposibilidad de realización de prácticas, entre otras).

En segundo lugar, tuve la oportunidad de continuar con el análisis sobre la situación de la educación pública, particularmente en relación con la Universidad pública. El análisis de las últimas décadas permite evidenciar un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el ámbito público, en el cual desde 1998 no se ha creado ningún campus nuevo.

En las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el nulo crecimiento del ámbito público

Los datos permiten también comprobar la desfinanciación producida por parte de las comunidades autónomas españolas, con presupuestos congelados y en retroceso desde el año 2008. Todo ello hace que en la actualidad las instalaciones, plantillas de trabajadores (docentes e investigadores, así como el personal técnico, de gestión y de administración y servicios) y el alumnado estén padeciendo una grave situación para poder cumplir con los parámetros de “excelencia universitaria” que se presuponen.

La falta de suficiente financiación pública provoca que tanto las instalaciones, como el personal docente y no docente así como el alumnado estén padeciendo una grave situación que impide cumplir con los mínimos estándares deseables de excelencia universitaria

Particularmente, se destacó la situación vivida en la Comunidad de Madrid los pasados meses de noviembre y diciembre de 2024 (con varias concentraciones de las comunidades universitarias y agentes sociales a las puertas de la Asamblea de Madrid), en la que el presupuesto aprobado por la CAM pese a tener una subida del 4,2% (47,3 millones) con respecto al año pasado, este continúa siendo a todas luces insuficiente (la CRUMA conformada por los/a rectores/a de los seis campus públicos reclamaban un incremento mínimo de 200 millones para poder subsistir sin recortes). Prueba de ello ha sido la prórroga de presupuestos aprobada por la Universidad Complutense, que además ha impuesto el recorte de hasta el 35% de los gastos de sus facultades y vicerrectorados, con medidas similares en el resto de campus públicos.

Ambos ponentes concluyen que ante la situación descrita “solo con educación ya no es suficiente”. Intentar cambiar el enfoque educativo desde adentro es muy loable e incluso puede tener un impacto en el alumnado y en la futura ciudadanía. Pero solo limitándonos al desarrollo de cambios en el ámbito educativo ya no es suficiente.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Es necesaria la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Una educación pública en la que las aulas no estén masificadas, en la que haya un acceso gratuito para todo el alumnado, en la que no llegue el mes de diciembre con una asignatura sin docente porque no se cubren las bajas laborales y en la que las instalaciones no tengan goteras y frio en invierno y un calor asfixiante en verano. Existen propuestas por parte de intelectuales y diferentes organizaciones que van en la línea reivindicar la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública. Por lo tanto, los profesionales educativos, las organizaciones sociopolíticas, sindicales, así como la mayor parte de la sociedad civil debe sentirse interpelada por esta situación, ha de despertar para implicarse de forma activa en cualquiera de las esferas útiles (política, sindical, organización social (a través de colectivos como “¡La uni en la calle!”, “UAM por la pública”, así como otras asambleas, AMPAS, etc.)

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista.

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista. Sin embargo, la estrategia debe ser diferente a la mera defensa de la educación pública. Es imprescindible que apelemos a una reconstrucción y refundación profunda de la educación pública. Solo de esta manera podremos dar respuesta a los desafíos presentes y futuros que tenemos por delante: el debilitamiento creciente de las democracias, auge de lideres autócratas, la desinformación a través de las fakenews y un ámbito digital cada vez con más influencia en el pensamiento y comportamiento cotidiano de los más jóvenes.

Miguel Ángel Albalá Genol

Doctor en educación y profesor de universidad

Cuando solo con educación ya no es suficiente: la importancia de la acción sociopolítica para romper con la «Deseducación» (Segunda Parte).

En la primera entrega de “Cuando solo con educación ya no es suficiente: la importancia de la acción sociopolítica para romper con la «Deseducación», publicado en Tribuna Socialista nº 157 el 30 de agosto pasado, relacionada con el libro “La (des) educación” (Noam Chomsky), fueron analizados dos de los factores necesarios para frenar el deterioro del sistema educativo público: en primer lugar, desenmascarar la “educación para la libertad” que falsamente reivindican diversos gobiernos por todo el mundo, y en segundo lugar, vincular más estrechamente “la democracia y la educación”. En esta segunda y última entrega, trataremos tres factores más a los que, según Chomsky, debemos prestar atención para comprender el deterioro actual de la Educación: “el arte de la maquinación histórica”, “la democracia en el sistema neoliberal” y “la pedagogía de la mentira”.

Vivimos tiempos en los que cada vez ejercen más influencia los medios de comunicación y las redes sociales sobre la forma de interpretar el mundo de los más jóvenes (y ya no tan jóvenes). No obstante, la opinión acerca de los hechos inmediatos que nos rodean ha sido manipulada de forma interesada desde que el mundo es mundo. Esto es lo que Chomsky define como “el arte de la manipulación histórica” entendido como: la vocación de maquinar planes que dirijan el curso de la historia de forma interesada. Uno de los planes encubiertos y conscientemente instaurados a través de las políticas neoliberales es la desinversión en la educación pública, favoreciendo con ello al sector privado. Esta desinversión va ligada a la idea de que la educación debe basarse simplemente en la transmisión de conocimientos y que debe centrarse exclusivamente en la formación académica del sujeto (y no en la formación integral del individuo y la sociedad).

Las políticas neoliberales promueven la desinversión en la educación pública para que no existen mecanismos de formación integral de los individuos y de la sociedad

Siguiendo este razonamiento no importaría quien desarrolle dicha acción educativa, pudiendo ser incluso privatizado el servicio. El caso madrileño es particularmente paradigmático, presentándose al mundo como “un modelo educativo caracterizado por la calidad y la libertad”. En este sentido, podemos encontrar diversas notas de prensa y comunicados en los que, según la Comunidad de Madrid: “se defiende la igualdad de oportunidades con la entrega de los cheques bachillerato”. De la misma forma, otras medidas similares son el mal llamado “cheque guardería” y la “libertad de elección de centro educativo”. De esta forma, la Comunidad de Madrid considera que su modelo educativo: “promueve una sociedad de personas libres e iguales construida desde la escuela, no con adoctrinamiento como hacen las izquierdas y los nacionalistas”. También el gobierno regional se muestra orgulloso su “récord histórico en becas” en las etapas anteriormente señaladas. Por último, en el ámbito de la educación superior la propia comunidad se mostraba orgullosa de su gestión en enero de 2024: “la Comunidad de Madrid invierte más de 73,5 millones para que las universidades públicas sigan mejorando su actividad educativa”.

De la situación anteriormente descrita por el gobierno regional, la ciudadanía podría interpretar (e interpreta en muchos casos) que el sistema educativo madrileño funciona de una forma idónea y que entre sus principales intereses está lograr la igualdad de oportunidades. Sin embargo, es preciso que incorporemos los dos últimos factores aportados por Chomsky para comprender las causas de los retrocesos de los sistemas educativos en las últimas décadas: “la democracia de mercado en el sistema neoliberal” y “la pedagogía de las mentiras”. Ambos factores operan de una forma entrelazada. En primer lugar, mediante la imposición de medidas neoliberales, caracterizadas por el favorecimiento del sistema educativo privado y concertado, disfrazadas como beneficiosas para la ciudadanía. En segundo lugar, transmitirlas a la población a través de mecanismos pedagógicos concretos cuyo eje central es la mentira o las “medias verdades”, pero comunicado a la ciudadanía de tal forma que pudiera parecer incluso democrático. Esta forma de operar lleva a una buena parte de la ciudadanía incluso a justificar estas decisiones políticas, percibiéndolas como legítimas.

Sin embargo, cuando confrontamos las medidas anteriormente citadas con los datos objetivos podemos encontrar evidencias que confrontan a esa “pedagogía de la mentira” de la que habla Chomsky. Según la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (Datos y Cifras de la Educación 2023-2024), casi la mitad de los centros educativos son de carácter no público (15.6% concertados y 29.4% privados) y solo el 55% tienen titularidad pública. Estas cifras son más graves aún si las analizamos por etapas, siendo las más afectadas la educación infantil y la educación superior (ambas no obligatorias, pero imprescindibles para la igualdad de oportunidades en la formación personal y profesional).

En la etapa de educación infantil, de los 1224 centros que ofrece la comunidad la titularidad solo es pública para 511 de sus centros, siendo de titularidad no pública el 58,25% restante (668 privados y 45 concertados). Solo en la ciudad de Madrid, el pasado curso quedaron fuera de las escuelas infantiles públicas el 78% de los solicitantes. La formación profesional (FP) es otra de las víctimas de la clara política de privatización, con una cantidad de profesorado y centros menor a la necesaria actualmente. Prueba de ello es que según denuncia CCOO, en el actual curso más de 48.000 estudiantes madrileños se han quedado sin plaza de FP, lo que supone un 52% de los solicitantes. El ámbito universitario no es ajeno tampoco a esta prioridad por privatizar la educación, contando con 6 universidades públicas cuya financiación es deficiente desde finales de la crisis de 2008 y con 13 de universidades privadas (acumulando los mismos campus privados que Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía juntas). Al analizar la situación de las universidades públicas madrileñas nos encontramos con la mayor brecha de inversión por estudiante entre los campus públicos y privados de toda España (Fundación Conocimiento y Desarrollo – Ministerio de Universidades, 2024): actualmente solo se invierten 6.005 € por alumno (siendo hasta el triple en las universidades privadas del entorno), cuando la media en las universidades públicas españolas está en los 8.091 €. Estos datos nos permiten concluir que se trata de una de las comunidades autónomas con una menor inversión por estudiante y paradigmáticamente con las tasas más altas de matriculación por estudiante).

La comunidad de Madrid es de las comunidades con menor inversión por estudiante

Se podrían aportar muchos más datos para “matar” el relato de la “pedagogía de la mentira”, pero estos son solo algunos de los hechos objetivos que nos ayudan a entender la situación actual del sistema educativo público en Madrid y España. Ante tales mecanismos políticos, usados frecuentemente para desmantelar la educación pública, es necesaria la búsqueda de una “pedagogía de la verdad” que ejerza la necesaria función de contrapoder. Esta pedagogía se ha de ejercer desde el ámbito educativo, pero sobre todo a través de la implicación sociopolítica de la ciudadanía y sus representantes políticos.

La pedagogía de la verdad se ha de ejercer desde el ámbito educativo a través de la implicación sociopolítica de la ciudadanía y sus representantes políticos

La “democracia de mercado del sistema neoliberal” de la que hablaba Chomsky está siendo aplicada con cada vez más frecuencia al sistema educativo: la privatización educativa a través de los centros concertados (muchos de ellos religiosos) y privados, el reparto de cheques para compensar las carencias de inversión en un sistema público que a todas luces no da respuesta a las necesidades actuales del alumnado y sus familias, la aprobación desde las comunidades autónomas de nuevos campus universitarios privados con informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria, entre otros. Todo ello atenta contra el derecho fundamental de acceso al sistema educativo público (en todas sus etapas), principal mecanismo democratizador y promotor del caído en desuso “ascensor social”.

Hace pocos días nos encontrábamos con una nueva decisión política sobre el ámbito educativo, esta vez por parte del gobierno central: “El Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educación concertada”. Se trata de una medida negativa que nuevamente va en la línea que hemos tratado en estos artículos y a la que debemos prestar mucha atención. Nuestro sistema educativo público cada vez se debilita más, siendo más frágil e incapaz de afrontar los desafíos actuales y futuros. La ciudadanía se construye a través de la educación, desarrollándose así las sociedades del futuro que darán respuesta a los problemas y retos que tenemos por delante.

La ampliación de fondos para la edcación concertada anunciada por el Gobierno es una medida negativa en tanto que debilita aún más la educación pública

La educación privada y/o concertada (con afiliación católica en muchos casos) parte de intereses económicos, políticos y socio-culturales diferentes a los que ha de perseguir una educación pública de calidad, esto es: laica, fundamentada en la búsqueda de la justicia social, la inclusión y la atención a la diversidad. Ello solo se puede conseguir a través de centros educativos públicos y no con la derivación constante y deliberada a centros concertados o privados a través de cheques y subvenciones que no hacen más que aumentar la brecha y segregación entre el alumnado.

La educación privada y concertada parte de intereres económicos, políticos y socio-culturales diferentes a los que ha de perseguir la educación pública

Las competencias educativas cedidas a las comunidades autónomas no deben impedir garantizar desde el Estado una educación pública de calidad en todo el país. Por tanto, urge garantizar el acceso, en igualdad de oportunidades, a la educación para que así sea posible contribuir desde el sistema público a todos los desafíos que las sociedades futuras afrontan. De lo contrario, en los próximos años podríamos retroceder en relación a los avances sociales y formativos conquistados en las últimas décadas.

Miguel Ángel Albalá Genol
Doctor en educación y profesor de universidad

Fuentes:

*Las citas del texto han sido extraídas a partir de la traducción del título original: Chomsky, N. (2001). Chomsky on miseducation. Rowman & Littlefiel. Libro traducido (Gonzalo, G. Djembe, 2001): Chomsky, N. (2016). La (des) educación). Editorial Planeta.