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Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid para la defensa de la Sanidad Pública

NOTA INFORMATIVA


La noticia de la gestión de los cribados para la detección del cáncer de mama en Andalucía evidencia, una vez más, las consecuencias de la privatización y el deterioro presupuestario de la Sanidad Pública. Unos hechos que han creado alarma social en todo el Estado, y gran desconfianza en Madrid; dada la experiencia respecto a los métodos y decisiones políticas en esta Comunidad.

Las asociaciones vecinales y los colectivos que componen nuestro espacio (VVByP) enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres andaluzas que han sido puestas en riesgo por la desastrosa gestión sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Andalucía.

Lo que ocurre en Andalucía es muy probable que sea la punta del iceberg de lo que puede estar pasando en el conjunto de las comunidades autónomas; por lo que la negativa de los gobiernos autonómicos a poner en común los datos de cribados es un claro indicio de ocultación de un problema generalizado. Hay que recordar que los datos no son de las administraciones ¡Son propiedad de las pacientes!


Los cribados son un método necesario en la detección temprana de la enfermedad: mejoran el pronóstico, posibilitan tratamientos menos agresivos, aumentan la tasa de supervivencia; a condición de que haya una buena coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Sin embargo, el tiempo de espera medio en Madrid para Atención Primaria multiplica por tres el tiempo que todos los expertos establecen: 72 horas. A esto hay que añadir que las listas de espera en Madrid están desbocadas: 744.000 pacientes esperan 77 días a ser atendidos por un especialista, 185.000 esperan 72 día a que les realicen una prueba diagnóstica y 81.000 esperan 60 días a una intervención quirúrgica. Más de 1 millón de madrileños y madrileñas esperan más de dos meses a ser atendidas.

Datos de la Comunidad de Madrid dicen que las mamografías para la detección del cáncer realizadas se han reducido en un 15% en los 2 últimos años, al pasar de las 232.789 pruebas diagnósticas para cáncer de mama en 2022 a 198.672 en 2024. Las mujeres de la Comunidad de Madrid tienen una espera media de dos meses para que les realicen estas pruebas.

Estas son las estadísticas. Luego está la realidad, como es el caso de una vecina del Este de Madrid, asignada al Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares: acude de urgencia a su médico de Familia quien la prescribe una mamografía urgente. Su hospital de referencia le ha dado cita para marzo de 2026.

Nos alarma saber que la Comunidad de Madrid ha otorgado un contrato a una empresa estadounidense, para la compra de test de detección de cáncer de cuello uterino, siendo el producto más barato y con peor calidad de los licitados por las empresas que se presentaron al concurso. Nos recuerda la gestión de compra de mascarillas en Madrid, muchas de ellas inservibles. Las autoridades sanitarias que dependen del gobierno que preside la señora Ayuso, y su gobierno mismo, tienen para nosotras un plus de desconfianza. La preocupación se convierte en estupefacción viendo la agresividad del Ayuntamiento de Madrid y de la propia presidenta de la Comunidad con la agresividad con la que atacan el derecho de las mujeres a abortar.

Exigimos:

  • Que se ponga en marcha una campaña de cribado de cáncer de mama extraordinaria e inmediata para la horquilla de edad de 40 a 75 años.
  • Que la comunidad de Madrid comparta los datos de cribados con el Ministerio de Sanidad.
  • Que la fiscalía abra un expediente de investigación para esclarecer si en Madrid también se están dando fallos en el programa de cribado del cáncer de mama.
  • Que se hagan públicos los contratos con las empresas que realizan los cribados en Madrid.
  • Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos reciba para explicar la situación de los cribados de cáncer de mama en Madrid, entre otros asuntos relacionados con los problemas que presenta la gestión de la Sanidad Pública madrileña. Petición que le hicimos por carta a la consejera, hace ya meses, de la que no hemos obtenido respuesta.
  • Que el Ministerio haga actuar a la Alta Inspección Sanitaria.

Adjuntamos tabla con el déficit de radiólogos y los tiempos de espera para mamografías, resonancias y tomografías computarizadas.

Defendiendo la Sanidad Pública

4ª macro manifestación en Madrid

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han salido a las calles para defender la Sanidad Pública. Es el cuarto año consecutivo que lo hacen. Una vez más, la manifestación ha sido secundada por decenas de miles de madrileños y madrileñas que le han dicho a Ayuso que rechazan la privatización y que invierta más en la Sanidad Pública madrileña, en lugar de regar con dinero público a las empresas privadas como Quirón.

Madrid dedicó 1.423 € por habitante, en 2024, a la sanidad madrileña; la Comunidad que menos dinero dedica a proteger la salud de sus ciudadanos de entre todas las comunidades.

El Gobierno de Ayuso destinó en 2024 un 12% del Presupuesto sanitario. Es decir, entregó más de 1.200 millones de euros a las empresas privadas que se acogen a los conciertos que legaliza la Ley 14/1986, en su artículo 90.

La lucha de las empresas privadas por hacerse con esos cientos de millones explica la corrupción que se mueve en torno a la colaboración público-privada, de la que se nutre el entorno más cercano de la presidenta.

La manifestación del 25 de mayo, ha sido una vez más muy numerosa en participación. En ella han participado las asociaciones vecinales, plataformas y colectivos convocantes, así como partidos y sindicatos con una buena afluencia en sus cortejos, lo cual es de celebrar, pues la defensa de un servicio público esencial, como lo es la Sanidad Pública, su defensa, no puede recaer exclusivamente en la responsabilidad de las estructuras sociales de base. Políticamente, más allá de la cuestión cuantitativa, es muy importante la unidad de las organizaciones de todo tipo en la defensa de un derecho fundamental como la Sanidad Pública.

Hay algo que se pone de manifiesto en el caso que el gobierno de Madrid hace de esta expresión popular y mayoritaria, es decir ningún caso. Cuatro años consecutivos, cuatro manifestaciones multitudinarias y lo único que queda claro es la insensibilidad de las instituciones autonómicas, pero también estatales, pues el ministerio de Sanidad y el Gobierno, no han hecho en esta etapa nada nuevo, más allá de aplaudir estas manifestaciones, como si las leyes que permiten y alientan la privatización no fuesen leyes ordinarias de rango estatal.

Decir que se defiende la Sanidad Pública pero no se derogan las leyes que las están entregando de pies y manos a las empresas privadas. Que menos, someter a debate la derogación de leyes como la Ley 15/97. No hacerlo, es poco menos que jalear la movilización que denuncia el problema, pero no querer hacer nada por resolverlo.

La insensibilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid es equiparable a la decisión de este mismo gobierno, cuando 2020 dictó los protocolos de la vergüenza, privando a 7291 ancianos y ancianas de su derecho a la asistencia médica hospitalaria, provocando la muerte de no menos de 4.000 de aquellos 7291. Es la misma insensibilidad que ha demostrado el gobierno de la Comunidad valenciana en octubre del pasado año, cuando esperó a que el presidente del gobierno autónomo terminase sus actividades, aún no aclaradas, mientras decenas de vecinos y vecinas se ahogaban arrastrados por el agua.

Lo que todo esto deja claro es que las instituciones del Estado tienen unas prioridades que no coinciden con las necesidades y las prioridades de los pueblos.

En la manifestación había una colorida variedad de banderas y estandartes, destacando la bandera Palestina. Tanto la manifestación como los organizadores desde la tribuna, han tenido palabras de apoyo al pueblo de Gaza y de rechazo contundente al criminal Genocidio que Israel lleva 20 meses perpetrando, y que muchos pensamos que los gobiernos europeos llegan 53.000 muertos tarde para romper relaciones diplomáticas y de todo tipo con el gobierno sionista, o lo que es lo mismo: fascista, de Israel.

La clase trabajadora, pues por muy “transversal” que se quiera presentar este movimiento de masas no deja de ser la clase trabajadora movilizada en defensa de sus derechos, ha cumplido con su responsabilidad saliendo a la calle, una vez más. La contundencia de estas manifestaciones debería calar en todos los movimientos sociales, partidos, sindicatos… En defensa de lo público: Educación, Pensiones, Dependencia, Sanidad. Esas organizaciones fueron fundadas para la defensa de los intereses de quienes dependen de un salario y cada día son más quienes con su salario no pueden emanciparse, en el caso de la juventud, ni llegar a fin de mes dignamente; es lo que le ocurre a 23 millones de españoles y españolas: https://fundacionsistema.com/mas-de-23-millones-de-espanoles-tiene-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes/

Movilizarse en defensa de los servicios públicos, manifestarse contra la barbarie sionista, salir a las calles a exigir la paz y decir basta de guerra, es una necesidad imperiosa, por salud pública. Las masas demuestran una y otra vez que están por la labor de resistir y dar la batalla. Ahora depende de las grandes organizaciones políticas y sindicales organizar esa resistencia. Cada día que no se hace es un día más de envalentonamiento de la derecha extrema y la extrema derecha.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Manifestación en Madrid, en defensa de la Sanidad Pública

Una vez más, y van cuatro, el 25 de mayo tendrá lugar en Madrid una gran Manifestación en defensa de la Sanidad Pública madrileña; así lo ha decidido la Asamblea de representantes de asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la Sanidad Pública.


Las Vecinas y Vecinos de Madrid, organizados en las asociaciones de sus barrios y pueblos, así como en plataformas y colectivos comprometidos con la defensa de la Sanidad Pública, exigen:

  • Que los centros de Atención Primaria y los hospitales tengan personal suficiente para atender a las y los pacientes en tiempos de espera razonables y con medios suficientes. Equipos de profesionales que no dependan de empresas privadas que anteponen el beneficio económico a la salud.
  • Que todos los servicios de urgencias extrahospitalarias cuenten con personal facultativo, para no poner en riesgo la vida de los pacientes que acuden a estos servicios, como ya ha ocurrido en ocasiones.
  • Que todos los centros de salud tengan pediatras en cantidad suficiente para atender a la población asignada a esos centros.
  • Que los y las profesionales de la Sanidad Pública cuenten con unas condiciones laborales dignas, para que no se vean obligadas y obligados a migrar a otras comunidades autónomas y/o a otros países.
  • Que las listas de espera sean erradicadas: en todo el Estado hay 4,6 millones de pacientes en listas de espera, de los que más de un 22% (más de 1 millón de pacientes) corresponden a la Comunidad de Madrid.
  • Que se incrementen sustancialmente los presupuestos autonómicos para la Sanidad Pública y sólo para la Pública: el 12% del gasto sanitario de Madrid va a parar a los conciertos con entidades privadas.
  • Que se revierta la privatización, para lo que habría que comenzar por la derogación de las leyes que la hacen posible, como la Ley 15/97.

La defensa de la Sanidad Pública, como la defensa de todos los servicios públicos, es algo que incumbe o debería a todas las organizaciones sociales: políticas, sindicales y asociativas de la izquierda, pues está bajo su responsabilidad, para ser coherentes con su historia y con aquellos principios bajo los que fueron creadas y dicen defender.

Los medios de comunicación también tienen su parte de responsabilidad en el problema del deterioro de la Sanidad y los servicios públicos en su conjunto, cuando ningunean una movilización social.

El 75% de la población utiliza la Sanidad Pública y su salud y la de sus hijos e hijas depende de ella. Incluso quienes suscriben pólizas de salud privadas, terminan acudiendo a la Sanidad Pública cuando sus seguros privados les cobran copagos o directamente no les atienden cuando su enfermedad es grave y tiene un alto coste.

Las Sanidad Pública y todos los servicios públicos están hoy más amenazados que nunca; tan solo hay que leer lo que dicta el FMI a los gobiernos (1):

“Los aumentos permanentes de los gastos de defensa deben ir acompañados de planes de financiación creíbles que indiquen cómo se financiarán gradualmente estos aumentos, junto con la combinación de subidas de impuestos y recortes de gasto en función de los recursos presupuestarios disponibles del país”.

“Canciones” que ya conocemos de otras crisis y en particular del austericidio que el FMI recetó a los gobiernos en la crisis de 2008.

Como se ha visto con la cuestión del contrato de compra de balas a Israel, los gobiernos responden ante el rechazo social y la movilización. El 25 de mayo hay que inundar las calles de Madrid para que el Gobierno de Ayuso sienta la movilización de los y las madrileñas.

Salvemos Nuestra Sanidad Pública

Roberto Tornamira
Miembro del CATP
  1. https://www.pressreader.com/spain/el-mundo-primera-edicioneajx/20250424/282149297169548?srsltid=AfmBOopJ-paaVgW7PjLu8DgNXQH5no8Rtejq7KMfc0W0P2nvm70nFm4i

Defendamos los Servicios Públicos

Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia

Son los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, pero no son los únicos.

El domingo 23 de marzo miles de personas nos hemos manifestado en las calles de Madrid, pasando por la puerta del Congreso de los Diputados, para reclamar la defensa efectiva de los servicios públicos, es decir, para pedir que se les dote de mayor presupuesto y para que se desprivatice lo privatizado.

Los servicios públicos están infradotados presupuestariamente, prueba de ello es la falta de profesionales y medios que se sufre en todos ellos: falta de pediatras en la atención primaria madrileña, falta de medios para el tratamiento del cáncer en Soria, déficit de personal de enfermería en Andalucía… son ejemplos concretos de la situación que se vive, aunque sería más correctos decir se sufre, en todas las comunidades autónomas, en unas con mayor intensidad que en otras, pero en la práctica totalidad hay un deterioro del sistema sanitario público.

Según datos de la OCDE, España gasta un 20% menos en Sanidad que la media de los países europeos. Pero el déficit no solo afecta a la Sanidad. En la Educación Pública de primaria y secundaria hay déficit se personal docente y de apoyo, de tal modo que cada día es mayor la carga de trabajo administrativo que los docentes se ven obligados a soportar. La infra dotación presupuestaria en las universidades es galopante.

El déficit de personal en las residencias de mayores es endémico y la escasez de plazas en función de las necesidades es brutal: a primeros de año se estimó que, en el conjunto del país, se necesitaban 35.000 plazas para atender la demanda de personas con Dependencia Severa. En Madrid son 270.000 las personas que, teniendo más de 65 años, viven solas.

Además del déficit presupuestario, que provoca la escasez de personal y medios, la Sanidad, la Educación y la Dependencia tienen en común la privatización por la vía de los conciertos y convenios con entidades privadas, lo que supone una sangría de dinero público que se despilfarra y va a parar al accionariado de fondos buitre y todo tipo de especuladores, caldo de cultivo para la corrupción.

Carrera de San Jerónimo (Madrid) 23 de marzo-25

Las pensiones tienen un elemento fundamental, como es que las pensiones por jubilación, orfandad y viudedad no se pagan con impuestos, sino que son parte del salario que los trabajadores y trabajadoras destinamos al pago de las pensiones.

Es la parte que pone el Estado, para los complementos a mínimos, la que se nutre con los impuestos. Y es la utilización indebida del dinero aportado por los trabajadores y trabajadoras lo que ha generado una deuda del Estado para con las pensiones valorada, en 2023, en más de 140.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, en Sr. Escrivá -hoy Gobernador del Banco de España-. Y es por este motivo que el movimiento de pensionistas consiguió que en la Ley 21/2021 se introdujese la Disposición Adicional Sexta, por la que tenía que encargarse un informe de Auditoría que abarcase el periodo 1967 a 2019. Pero este precepto legal no ha sido cumplido por el actual Gobierno. Hay que continuar exigiendo el cumplimiento de la ley, para saber cuánto dinero debe el Estado a las pensiones, es decir a los trabajadores y trabajadoras, de modo que se termine de una vez por todas con las dudas interesadas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Y, en todo caso, el Estado debe ingresar la cantidad de dinero reconocida por el Ministerio de Seguridad Social y por los informes del Tribunal de Cuentas.

Hay otros servicios que deberían ser un servicio público, pero que no lo son. Solo dos ejemplos: Vivienda y Banca.

Desde 1981 se vienen haciendo planes plurianuales para la promoción de viviendas protegidas. Hay que aseverar que el Estado ha fracasado estrepitosamente en esta materia. El error es de enfoque, y es que, en lugar de pensar en el número de hogares que el Estado debía proveer, se ha pensado siempre en utilizar la promoción de vivienda de protección oficial para fomentar la actividad económica. El mercado, no conforme con eso, se ha dedicado a corromper a los políticos que se han prestado a ello para hacerse, a bajo coste, con la propiedad de las viviendas construidas con dinero público; es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo de la alcaldía de la señora de Aznar.

La banca por su parte es un negocio cautivo en manos de una oligarquía bancaria. Un negocio que cuanto más sufre la mayoría de la sociedad mayores beneficios consiguen, a costa de comisiones abusivas, altos intereses en los productos financieros y prácticamente nula remuneración a los depósitos, incluso en etapas en las que el precio del dinero ha subido. Este paraíso del beneficio especulativo se ha creado en dos etapas: una primera con la privatización de la red de banca pública que tenía el Estado, Argentaria; y una segunda con la dilapidación de las cajas de ahorro, de las que se han apropiado los bancos, con la jugosa aportación del Estado, por valor de más de 100.000 millones de dinero público -35.000 de coste de la SAREB + 65.000 dinero para el saneamiento de las entidades-. Tras estas acciones del Estado a favor de los intereses del capital financiero, ha venido la conformación de un oligopolio de 5 grandes entidades que no han colmado sus ansias de concentración.

Los servicios públicos no son un lujo, ni un capricho, son una necesidad que se paga principalmente con las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, a través de los impuestos y las cotizaciones. Es la minoría, pudiente, la que, insolidariamente, no quiere pagar impuestos y en los servicios públicos no ve una necesidad, porque ellos no los necesitan.

De modo que es de celebrar que haya movilizaciones en defensa de los servicios públicos, la pena es que no haya más y que no las convoquen en unidad todas las organizaciones de los trabajadores, políticas y sindicales.

La mejor vacuna contra el fascismo son los derechos sociales y una buena red de servicios públicos.

Inicio de la manifestación en la Puerta del Sol (Madrid) 23mar25
Roberto Tornamira
Socialista afiliado al PSOE en Madrid

Charla-debate en defensa de la Sanidad Pública

Este 17 de marzo tuve la oportunidad de asistir a una charla-debate por video-conferencia, organizada por ASTRADE titulada “Luchando por la Sanidad Pública”. Resultó una charla muy interesante al contrastar las posturas de los dos ponentes con perfiles diferentes, un gestor de la Sanidad con una trayectoria en la Administración, y un sindicalista participante en la reciente entrevista con la ministra de Sanidad, Mónica García, en el marco de las reivindicaciones del movimiento vecinal de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

Se abrió la charla con las intervenciones de los dos ponentes: José Manuel Freire Campo es médico especialista en Neumología, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y ha sido consejero de Sanidad del Gobierno Vasco entre los años 1987/91. Por otro lado, Roberto Tornamira Sánchez es presidente de ASTRADE, miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública y ha sido secretario general de FeS-UGT-Madrid entre los años 2009/16.

Resumo brevemente cada una de las intervenciones:

José Manuel señala que la sanidad y las pensiones son los mejores servicios que tiene España. Ambos facilitan la cohesión social y la redistribución de la renta, y esto último es especialmente reseñable en los países que gozan de mejores servicios públicos. Sin embargo, apunta que un 40% de las familias tienen un seguro privado sanitario y lo achaca a que las clases medias perciben un progresivo deterioro de la sanidad pública debido a las listas de espera y a la mala gestión de camas, quirófanos, material y maltrato al personal sanitario con falta de estabilidad en el empleo, mal pagados o asignación errónea de los cargos directivos más políticos que profesionales. Para él la solución está en reparar la gobernanza sanitaria y meter más recursos, y concluye que España no tiene autoridad política en la sanidad.

Por su parte Roberto explica que el estado de bienestar es una conquista obtenida en pugna con el Estado, y que los servicios públicos son derechos pertenecientes a la clase trabajadora como parte de su salario. Sin embargo, los datos apuntan a que en España no se le da la misma importancia a los servicios públicos que a otras manifestaciones, y esto lo pone de manifiesto la OCDE en su informe del 2022: España gasta un 20% menos en sanidad que la media europea, incluso en la pandemia el crecimiento del presupuesto en sanidad ha sido menor. Para él luchar por la sanidad no puede quedarse en un eslogan. Hay dos problemas que aquejan a la Sanidad Pública, el recorte presupuestario y la privatización. Mientras que en Europa las pólizas sanitarias alcanzan a un 19%, en España estamos en el 26% de promedio, y que las inyecciones públicas por vía de conciertos ascendieron en 2021 a 7.265 millones de euros. De ahí la lucha que representa la campaña por la derogación de la ley 15/97 que abrió la posibilidad de contratar a “cualquier entidad jurídica reconocida en derecho”. Presentó un cuadro que recogía las listas de espera en España a 31 de diciembre de 2023: 4.619.168 personas (espera quirúrgica más consultas en el Sistema Nacional de Salud). Para Roberto la solución pasa por seguir defendiendo la Sanidad Pública en cada centro de salud, hospital, barrio o pueblo, organizar un movimiento que la defienda con partidos, sindicatos, asociaciones y colectivos con el objetivo de derogar las leyes estatales que abren el camino a las privatizaciones, y por supuesto incrementar el porcentaje de PIB en gasto sanitario.

Tras estas dos intervenciones se abrió un animado debate. José Manuel insistió en que el problema es de gestión y los partidos de izquierda estaban desinformados al pedir la derogación de la 15/97 pues el “modelo Alcira” es anterior a la misma.

Desde Euskadi un asistente señaló que la sanidad sí es una prioridad política, lo que sucede es que se destina al beneficio de la privada. No se puede decir que lo desconocen cuando 40.000 sanitarios públicos trabajan para la privada o cuando se subcontrata el servicio de ambulancias o cuando se recortan horarios en los centros de salud. Es cierto que la sanidad pública funciona mal pero no es desconocimiento, es complicidad.

Otro compañero señaló que lo privado está destinado a ganar dinero mientras la pública son funcionarios y el beneficio es social. En esta línea, otro indicó que la ley 15/97 es un instrumento político, igual que la ley del suelo que se aprobó con el mismo gobierno del segundo lustro de los 90, y que las consecuencias están ahí.

En resumen, ninguna intervención cuestionó los datos y quedó de manifiesto que la diferencia en el debate era que mientras José Manuel achacaba el deterioro de la Sanidad Pública a que hay una incompetencia general en la gestión y que cada uno hace la guerra por su cuenta, debido a que los políticos responden a presiones y que el verdadero problema son los seguros privados. Para Roberto el problema no está solo en horarios o en no contratar personal, la cuestión es el mercado, pues no es justificable que se deriven casi 8.000 millones a la privada y que haya 4,5 millones de pacientes en listas de espera.

Personalmente ya he dicho que me pareció una reunión muy interesante y clarificadora. La única inocente pregunta que tengo es si nos podemos permitir que el Sistema Nacional de Salud se siga deteriorando esperando que vengan mejores gestores o que podamos frenar los desvíos presupuestarios de las comunidades autónomas sin que se legisle para impedirlo o que si no luchamos nos harán caso.

Enrique Dargallo
(18 de marzo de 2025)

ASTRADE organiza: Acto/Debate

“Luchando por la Sanidad Pública»

17 de MARZO
19:00

Solicitar enlace de conexión en este email:

astrayde@gmail.com

Ponentes:

José Manuel Freire Campo

Médico especialista en Neumología.
Profesor Emerito de la Escuela Nacional de Sanidad.
Consejero de Sanidad en el Gobierno vasco (1987-1991).

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE
Secretario General de FeS-UGT-Mafrid (2009-2016
Miembro del espacio Vecinas y Vecinos de Barrios
y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

Presenta, modera y dirige el acto:

Gloria Mora Ridruejo

Vicepresidenta de ASTRADE

Organiza

Defender la Sanidad Pública es combatir la privatización


13 de enero, reunión con la ministra de Sanidad

Tras varios meses de gestiones y una reunión suspendida el 25 de octubre, por fin, el 13 de enero una delegación del espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid (VV ByP) se ha reunido con la ministra de Sanidad, Mónica García y con el director del Gabinete de la ministra, José Manuel López.

La finalidad que los vecinos y vecinas tenían era la de hacer entrega en mano de un documento elaborado por el espacio vecinal a lo largo del tiempo en su lucha por la Defensa de la Sanidad Pública, y concretado en unas Jornadas de Trabajo que se celebraron el 5 de octubre.

[Documento entregado]

La reunión tuvo una duración de más de hora y media y en ella se explicó con bastante detalle el contenido del documento “Posiciones, propuestas y aportaciones debatidas y aprobadas en la Jornada del 5 de octubre de 2024”.

La delegación vecinal desgranó el contenido de sus propuestas en varios bloques:

  • Cuestiones legislativas en caminadas a blindar verdaderamente la Sanidad Pública.

-Que el contenido del artículo 43 de la Constitución pase a formar parte de la sección correspondiente en el Título I “de los derechos fundamentales”.

-Que en la Constitución se establezca la figura del “Defensor del Paciente”, en el mismo rango legal que la del “Defensor del Pueblo”.

-Derogar la Ley 15/97 y los artículos de la Ley 14/86 que abren la puerta a los convenios y conciertos con las empresas privadas de la Salud.

  • Aportaciones a los proyectos de ley previstos por el Gobierno.

-Implantar un sistema de control que garantice que los recursos económicos destinados los diferentes territorios del Estado sean invertidos para los fines que han sido creados, realizando auditorías anuales.

-Implantación de los Consejos de Salud en todas las áreas sanitarias del Estado, haciendo revisión y ampliación de las normas que los regulan.

  • Cuestiones a la Administración.

-Exigencia de actuación de la Alta Inspección del Sistema Nacional de Sanidad en los denominados centros caídos/abandonados de difícil cobertura y en todos los elementos más flagrantes de abandono de su responsabilidad por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

-Establecer, desde el Ministerio, las condiciones de funcionamiento de los “centros de llamadas”, que deben ser de titularidad pública y evitar la derivación injustificada de pacientes a centros privados PFI o PPP que, amparada en la libre elección, incrementa la financiación de esos hospitales, en detrimento de la financiación de hospitales o centros sanitarios públicos.

-Auditoría del gasto en medicamentos, cuyos informes sean públicos, transparentes y accesibles.

  • Cuestiones a denunciar.

-Denuncia de la cesión de infraestructuras hospitalarias dependientes de la AGE a empresas privadas; los denominados servicios no hospitalarios, pero que son fundamentales.

-Desarrollar la especialidad en Cuidados Paliativos en la educación pública universitaria en materia sanitaria.

-Dotar con equipos completos los Servicios de Urgencias Extra hospitalarias Urbanos y Rurales y que esto se una acción irrenunciable en cualquier negociación a nivel, ministerial o autonómico.

  • Preguntas y sugerencias.

-¿Qué medidas está implementando el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad para reforzar las acciones encaminadas a la mejora de la salud mental de la población e impulsar un Pacto de Estado de Salud Mental? (art. 11 R.D. 718/2024).

-Es preciso conseguir formar y retener en el SNS un número ingente de sanitarios.

Estos no son más que una docena de ejemplos de las 76 cuestiones y planteamientos que componen el documento entregado.

En las intervenciones que realizó la ministra recibió con términos muy positivos el contenido del documento y lo valoró como muy riguroso. Manifestó estar de acuerdo con la necesidad de blindar constitucionalmente la Sanidad Pública como derecho fundamental, e hizo referencia a nuestra posición sobre la derogación de la Ley 15/97, argumentando que en los proyectos de ley que están pendientes de iniciar su trámite parlamentario -Proyectos de Ley 121/000021 y 121/000029- ya se aborda la derogación práctica de dicha ley. Ante esta afirmación, pregunte personalmente que dónde de los decretos se establecía esa “derogación práctica”; la respuesta tuvo forma de rectificación “bueno, exactamente se bloquea la privatización”. He de decir a este respecto que, por más que leo y releo los proyectos de ley, no hay ningún bloqueo no nada que se le parezca a una ley, la 15/97, que establece en su artículo único que: “…la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”.

Otra de las respuestas de la ministra que a la delegación más nos impactó fue la referida a la Alta Inspección del SNS, pues, estando la ministra de acuerdo con la necesidad que planteamos, argumentó que existe una gran escasez de inspectores.

Las Jornadas organizadas por VV ByP el 5 de octubre, también fueron aprobadas dos cuestiones dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la ministra de Seguridad Social. Al presidente se le trasladó la necesidad de derogar el artículo 135.3 de la Constitución, el que se introdujo en 2011 y por el que se subordina el gasto social al pago de la deuda y sus intereses. Una necesidad que se hace si cabe aun más imperiosa cuando escuchamos a instituciones internacionales como la OTAN, por boca de su Secretario General, respecto a la necesidad de incremento de los gastos militares. A la ministra de Seguridad Social la hemos trasladado nuestro rechazo al acuerdo alcanzado en el mes de septiembre, con patronal y sindicatos, por el que se da mayor capacidad a las mutuas patronales, para incidir en las bajas médicas de los y las trabajadoras -de momento en relación con bajas traumatológicas-. Estas dos cuestiones han sido planteadas por carta enviada a sus destinatarios.

[Carta al Presidente del Gobierno]

[Carta a la Ministra Elma Saiz Delgado]

El contenido de estas dos cartas no fue trasladado a la ministra de Sanidad, pero si comentado con ella en la reunión.

La reunión finalizó con la propuesta por parte de la delegación vecinal de mantener un canal abierto para recibir información, respuestas, aclaraciones, etc., a los contenidos del documento, así como para poder evaluar y hacer seguimiento de los temas que sea menester.

En un primer balance que la asamblea vecinal ha hecho de esta reunión y de todo lo que ha dado de sí este trabajo, se ha considerado un paso positivo conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y de que la defensa de un derecho como es la Sanidad Pública no es una tarea ingente que incumbe a toda la mayoría social de todas la comunidades autónomas, por lo que también hay que trabajar en la necesaria unidad del movimiento en defensa de la Sanidad Pública.

Roberto Tornamira
Miembro se la Asociación vecinal Nudo Sur,
participa del espacio VV ByP.

No son muertes, son asesinatos

7291 ancianos y ancianas de las residencias de Madrid fueron abandonados a una muerte agónica, sin darles la más mínima oportunidad de vivir. Enfermaron de COVID-19, como muchos otros millones de personas en el mundo, pero a ellos les aplicaron los protocolos de la vergüenza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid jugó a decidir quién vive y quién muere, ella y su Gobierno aprobaron los protocolos que mandataban a las y los directores de las residencias a prohibir que los ancianos enfermados fuesen derivados a los hospitales públicos ¿con qué derecho?

El artículo 43.1 de la Constitución dice literalmente que “Se reconoce el derecho a la protección de la Salud”. Negar la atención hospitalaria es justamente lo contrario a proteger la Salud.

El 43. 2 establece que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. El Gobierno de Ayuso no solo no previno, sino que negó la prestación de los servicios necesarios.

Hay causas abiertas en juzgados de primera instancia, otras en tribunales superiores y un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, desde hace dos años. Algunos juzgados y fiscales de Madrid han protegido a la señora Ayuso, archivando las denuncias en lugar de abrir causa sobre una aberración tan evidente, debe ser que los demandantes son familiares de las víctimas y no organizaciones fascistas.

Por si la vulneración de la Constitución en su Artº 43 fuese insuficiente, a las 7291 víctimas de las Residencias se les empujó a una muerte atroz: muchos y muchas murieron en los sótanos y salas apartadas de los centros en los que residían, donde los bomberos, la UME y/o la policía municipal les encontrón con rictus de terror agarrados a los barrotes de sus camas, habían muerto por asfixia y sin ninguna medida paliativa. Léanse las actas de la policía municipal, las que quiso secuestrar el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ninguna institución del Estado ha salido en defensa de estas 7291 familias. Tampoco los grandes medios de comunicación les han brindado demasiada audiencia.

Como muy bien señalaban los cánticos los más de 10.000 manifestantes que en la mañana del sábado día 23 salieron a las calles de Madrid, entre la plaza de la Cibeles y la Puerta de Sol, “No son muertes, son asesinatos”. Es un crimen negar el auxilio, en este caso la atención médica hospitalaria. Pero tenemos a la “zorra guardando las gallinas”. La señora Ayuso se siente tan impune, gracias al burladero que le ofrece la fracción de la derecha en la ¿Justicia? y por el coro mediático conservador, que se permite insultar a las familias de las víctimas propinándoles expresiones tan execrables como cuando dijo “Se iban a morir igual”.

Las instituciones se protegen entre sí, y ya son muchas las víctimas que se han producido en nuestro país como para que no digamos basta ya. En estos días lo estamos viendo en Valencia, donde ya son 221 muertos y cabe preguntarse ¿cuántas personas habrían salvado la vida sin el gobierno de la Generalitat hubiese dado la alarma a la 3 de la tarde y no a las 8, por estar esperando a que apareciese el presidente de ese Gobierno, el Sr. Mazón. En el caso de la Residencia de Madrid si se ha establecido cuantas personas podrían haber salvado la vida: más de 4.000, es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Comisión de la Verdad en las Residencias de Madrid, compuesta por juristas, médicos y epidemiólogos, entre otras disciplinas, todos ellos y ellas de reconocido prestigio.

Es llamativo, muy llamativo, que la Universidad Complutense de Madrid le concediese el título de “alumna ilustre”. Solo me cabe pensar que fue un acto reflejo de la cúpula universitaria para agradecer a la presidenta pepera que les mantenga el chollo de viviendas de hasta 250 m2 en una zona de lujo en Madrid, en Moncloa, con rentas que no superan los 215 €; una verdadera vergüenza, máxime en una situación en la que millones de jóvenes en nuestro país no pueden salir de la casa de sus padres y que la única alternativa que les queda es compartir piso, vivir en una habitación minúscula y pagar el doble que un catedrático de los afortunados por la “alumna ilustre”.

Este país hizo una transición para dejar atrás la dictadura, pero, aunque Franco murió las prebendas y la impunidad, características del franquismo, continúan vivas.

Hay delitos por negligencia que cuando los comete un político quedan impunes. No tienen el aforamiento del Rey, pero en los hechos opera como si lo tuviesen. Ya Basta.

Justicia y reparación.
Dimisión de los responsables.
Ni olvido ni perdón.

Pascual Sánchez
Militante socialista de Madrid

Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores

La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.

Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/

Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.

En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.

En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.

Mercedes Huertas
Presidenta de DJRM
I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial

¡Madrid sigue en pie en defensa de la sanidad pública!

Una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos

Convocada y organizada por el espacio “Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid” el pasado día 19 tuvo lugar una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos, se movilizaron decenas de miles de personas bajo el lema ¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

Ocurrió lo mismo en noviembre de 2022 y en febrero de 2023, y ha vuelto a suceder el 19 de mayo de este año, que miles de personas salieron a las calles para defender su Sistema Público de Sanidad en Madrid. Dijese lo que dijese Delegación de Gobierno, estas movilizaciones, las mayores vistas en Madrid desde 2003, cuando los partidos de izquierda y las dos grandes confederaciones sindicales organizaron la movilización para rechazar la brutal Guerra de invasión de Irak, urdida por los USA con la complicidad de Gran Bretaña, en la que Aznar nos implicó. Y en los tiempos más cercanos solo son comparables a la movilización del 8M.

Son varios los factores que otorgan mayor valor a la tremenda riada de personas que se echaron a la calle a defender un derecho básico, el derecho a la Salud: por un lado, las anteriores manifestaciones fueron convocadas en fechas previas a periodos electorales locales o autonómicos, lo que siempre activa a la opinión pública y anima la movilización; otro elemento es que en esta ocasión los sindicatos médicos no estaban reivindicando mejoras laborales, cosa que si ha coincidido en anteriores convocatorias; y la coincidencia de manifestaciones y movilizaciones en el mismo momento temporal, como han sido las huelgas laborales en Educación, las manifestaciones de rechazo al Genocidio en Gaza o, el mismo día 19, la concentración antifascista que se celebró cerca de la Plaza de Cibeles el mismo día y a la misma hora que tenía lugar la manifestación por la Sanidad Pública. Por tanto, objetivamente, a pesar de estos factores que normalmente no ayudan al éxito de una movilización de masas, se ha superado la adversidad con un éxito más que notable.

Esta capacidad de movilización pone en evidencia a quienes argumentan frívolamente que “la gente no quiere luchar”. Pone en evidencia la dimisión de la izquierda en su forma de hacer y relacionarse con la mayoría social, fomentando una distancia cada vez mayor entre quienes dirigen las organizaciones de la clase y esa mayoría social: trabajadores, pensionistas, desempleados, autónomos y estudiantes.

El éxito no tiene fórmulas mágicas, solo mucho trabajo y la firme determinación de personas convencidas de que defender lo público es cosa de todas y todos. Sin financiación ajena a los propios vecinos, sin aparatos, sin nada más que tiempo y dedicación militante. El asociacionismo vecinal independiente está fuerte y ha demostrado nuevamente que la política sana también existe; la de quienes viven de su trabajo, los que pagan sus impuestos, las y los ajenos a corrupciones e intrigas.

La carcoma de la privatización y los recortes presupuestarios están destruyendo la Sanidad Pública. No son políticas nuevas, llevamos muchos años asistiendo a ajustes en presupuestos con la excusa de las crisis: 2008 inmobiliaria y financiera; 2020 pandemia COVID; 2022 Guerra en Ucrania, todo vale para justificar que hay que cumplir con el artículo 135.3 de la Constitución, el que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Y cuando dice absoluta, es por encima de cualquier otra necesidad de gasto social. Las deudas hay que pagarlas, excepto si eres la Banca y el Estado te da más de 100.000 millones de euros y no te los reclama.

Ante nuestras narices, detraen dinero público de la Sanidad, la Educación, las Pensiones o la Dependencia y no se cortan en incrementar los gastos militares. Recortan dinero para curar y educar, para destinarlo a matar.

La privatización en la Sanidad está legalizada desde 1986, cuando en la Ley 14/86 Ley General de Sanidad, en sus artículos 66, 67 y 90, estableció los convenios singulares y conciertos con hospitales privados. Fue la Ley 15/97 la que abrió de par en par puertas y ventanas a la entrada de las empresas privadas en la gestión de la Sanidad Pública, sin ninguna restricción, tal como establece el artículo único de esta Ley del primer Gobierno del PP de Aznar: “a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho” ¿Acaso lo coherente no es exigir la derogación de esta legislación? Además, no es casualidad que en torno a la gestión privada de los servicios públicos florezca con frecuencia la pestilente corrupción.

La Manifestación del 19 de mayo ha puesto el foco en los problemas de la Sanidad en Madrid, que no son muy diferentes de los que ocurren en otras comunidades autónomas, pues la legislación antes citada habilita la privatización en todo el Estado.

Sigamos luchando, continuemos organizando a la mayoría que quiere resistir.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid


Reproducimos el Manifiesto que fue leído al final de la Manifestación del 19 Mayo

¡Vecinas y vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid volvemos a salir a la calle para defender la Sanidad Pública! Lo hicimos el 13 de noviembre de 2022, el 12 de febrero de 2023 y aquí estamos, porque

¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni escucha ni oye la reivindicación de la ciudadanía en defensa de la Sanidad Pública; pero sí cede ante las exigencias de las empresas privadas de la salud, a las que engorda con dinero público. Recordar que más de 350.000 madrileñas y madrileños avalaron la Defensa de la Sanidad Pública, en la Consulta Ciudadana de abril de 2023.

La política privatizadora del Partido Popular está destruyendo la Sanidad Pública.

¡Se ha superado el millón de pacientes en lista de espera!

Esta insoportable situación es consecuencia de las irresponsables políticas del Gobierno de la Comunidad, que se resumen en una mezcla de privatización y racanería en la inversión en recursos humanos y materiales. Somos la Comunidad que menos dinero destina por habitante a la Sanidad Pública, un 30% menos que la media de las comunidades autónomas. Madrid no puede estar a la cola en la inversión. Exigimos un sustancial aumento en el presupuesto de Sanidad, acorde a las necesidades actuales, y que ese presupuesto sea destinado íntegramente a la Sanidad Pública.

Las condiciones de trabajo de las y los profesionales de la sanidad pública madrileña son malas: alta responsabilidad y jornadas de trabajo extenuantes, provocan un déficit de profesionales en Pediatría y en Medicina Familiar y Comunitaria, así como en Enfermería. No se cubren las bajas cuando caen enfermos, ni cuando toman sus vacaciones, ni ante cualquiera otra circunstancia habitual en otros sectores de actividad. La política de no cubrir las vacantes por jubilación está destrozando los cuadrantes y las jornadas de trabajo. Por eso:

  • Para que cuando pidamos cita no tengamos que esperar meses.
  • Para que cuando acudimos al Centro de Salud, la médica o médico que nos atienda no sea diferente en cada visita.
  • Para que haya pediatras que atiendan a nuestras niñas y niños.
  • Para que en las urgencias extrahospitalarias de barrios y pueblos haya médicos y médicas, y que los equipos estén completos.
  • Para que cuando acudamos a las urgencias de un hospital no tengamos que esperar horas en los pasillos.

Si queremos una Sanidad de calidad, el personal sanitario no puede trabajar en precario. Por coherencia, apoyamos la exigencia de las asociaciones profesionales y sindicatos en la Sanidad Pública de equiparar las condiciones laborales con las mejores condiciones que se aplican en otras comunidades autónomas. Madrid es la comunidad más rica y la que peor trata a sus profesionales.

Los nulos esfuerzos de la Consejería de Sanidad por fidelizar a las y los MIR, junto con la alta tasa de jubilaciones, provoca un déficit de profesionales en Medicina Familiar y Comunitaria. Según datos de las asociaciones de profesionales, al finalizar el periodo 2021-2025, se habrá producido una reducción del 27%, pues se jubilarán 12.600 doctoras y doctores de Medicina Familiar y Comunitaria, pero solo accederán a una plaza 9.900 Médicos Internos Residentes.

Es inaceptable la falta de apoyo que tienen las decenas de miles de personas afectadas por COVID persistente en esta Comunidad.

El escándalo del cobro de 500 euros a las y los estudiantes de Formación Profesional Sanitaria, priorizando a los centros de estudios privados, delata y retrata las nocivas políticas de quien nos gobierna en Madrid.

La situación en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria es terrible y ofrece una de las versiones más dramáticas de la política del Gobierno autonómico. Que el 40% de los SUAP no tenga médico o médica, supone un riesgo para la población.

Los Servicios de Atención Rural, con frecuencia, carecen de personal médico en el 35% de los casos, quedando bajo la responsabilidad del personal de enfermería y celadores. Son muchos los pueblos de la Comunidad de Madrid en esta lamentable y peligrosa situación. Recordemos que el 27 de enero, un vecino de Majadahonda fallecía tras acudir al Centro “Cerro del Aire”, donde no había médica ni médico que pudiese administrarle la medicación necesaria.

El 86% de las madrileñas y madrileños piensan que faltan enfermeras y enfermeros en el Sistema Sanitario de Madrid, lo dice el estudio realizado por el Colegio de Enfermería. La política del Gobierno de la Comunidad está haciendo que los profesionales de enfermería tengan que migrar a otras comunidades u otros países, donde las condiciones laborales sean dignas.

En los tres últimos años el número de pediatras ha caído en un 30%, por eso es habitual encontrar Centros de Salud sin pediatra o saturados de pacientes cuando acudimos con nuestras hijas e hijos.

El caos en la Atención Primaria colapsa las urgencias en los hospitales. Urgencias hospitalarias que sufren la reducción del número de camas. Hoy, en Madrid, estamos un 33% por debajo de la media de la UE en camas por cada 1.000 habitantes.

Estamos muy lejos de cumplir con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud, quien señala que el presupuesto destinado para la Atención Primaria tiene que ser el 25% del total del presupuesto sanitario; en Madrid estamos en el 10%. Exigimos que se alcance el 25% fijado por la OMS.

A la escasa financiación y la decisión de privatizar todo lo público, hay que añadir la falta de previsión. Lo hemos vuelto a vivir este pasado invierno, cuando muchos servicios de Salud, tanto extrahospitalarios como hospitalarios han colapsado ante la gripe estacional. De la misma manera, ¡el Gobierno de la señora Ayuso, hizo caso omiso del Artº 43 de la Constitución en 2020, al renunciar a organizar y tutelar la salud de miles de residentes en las Residencias de mayores de esta Comunidad, dejando morir y en absoluto abandono a 7.291 personas, fallecidas de forma indigna! al negárseles la asistencia sanitaria hospitalaria, siguiendo las directrices marcadas en los “protocolos de la vergüenza”.

El artículo 43.2 de la Constitución, dice:

“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…

La otra cara de la moneda son las empresas y aseguradoras de la salud privada. Por ejemplo, la empresa Quirón ha crecido en sus ingresos hasta los 4.770 millones de euros en 2023, un 8% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, las aseguradoras del sector sanitario han aumentado sus ingresos un 6,6% en 2023, alcanzando los 11.238 millones de euros.

La bicoca del negocio de la sanidad privada tiene su raíz en los convenios y conciertos con hospitales privados establecidos en la Ley 14/1986. Once años después, la Ley 15/97, amplió las “formas” de gestión del Sistema Nacional de Salud a “cualquier entidad admitida en derecho”.

Con la Ley 15/97, el negocio de la salud se puso a disposición incluso de empresas ajenas a la sanidad: consorcios, fundaciones, constructoras, etc. Con esas leyes se pusieron las pistas de aterrizaje para la privatización de la Sanidad Pública en Madrid. El entramado de la colaboración “público-privada” que ha posibilitado estas leyes ha llevado a su vez a la insoportable corrupción que se viene produciendo desde hace décadas. No es por casualidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya disparado un 1.900% el montante de los pagos realizados a la Empresa Quirón, pasando de 20 millones de euros en 2020 a 393 en diciembre de 2022. Tampoco es casualidad que en julio de ese mismo año fuese fulminada la Interventora General, la profesional pública encargada de fiscalizar estos pagos.

Las Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid decimos ¡Basta ya de destruir nuestra Sanidad Pública! Los servicios públicos no son propiedad de los gobiernos, son de los pueblos y su ciudadanía, de las generaciones de trabajadoras y trabajadores que han contribuido para que la red de servicios públicos sea posible y sea de calidad.

Decimos alto y claro que defender la Sanidad Pública es defender nuestra Salud, la de nuestras hijas e hijos y la de nuestros mayores. Es lo que vamos a seguir haciendo y os llamamos a todas y a todos a que os unáis a las asociaciones vecinales y plataformas de vuestros barrios y pueblos.

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

siempre con la Sanidad 100% Pública, de Calidad y Universal

con la Sanidad de todas y todos