DESPUES DEL 28M, NO PODEMOS PARAR

Cuatro décadas preparando la privatización de nuestro Sistema Público Sanitarios

Con la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya de 1990, que permitía el uso de hospitales privados con financiación pública, y el informe Abril Martorell de 1991, que pretendía reducir el nivel de aportación de cotizaciones a la Seguridad Social al Sistema Nacional de Salud, y con copagos de los usuarios por los servicios reducidos, se inicia el proceso de privatización de nuestro Sistema Sanitario Público. Estos procesos se paralizaron parcialmente por la ciudadanía en la calle. Sin embargo, leyes de calado privatizador como la 15/97 es un apoyo más a las políticas privatizadores, al permitir que en la gestión de los servicios sanitario puedan intervenir entidades públicas y privadas.

En 1999 se crea en la Comunidad Valenciana el primer modelo público de gestión privada en España, el llamado modelo Alzira. La senda privatizadora continúa con Esperanza Aguirre con la construcción en la Comunidad de Madrid, en el periodo entre 2005 y 2008, de seis hospitales nuevos con gestión privada.

En octubre de 2012, el entonces Consejero de Sanidad Fernández Lasketty, intentó privatizar seis hospitales y 27 Centros de Salud. Las condiciones que constaban en los pliegos hechos públicos en el BOCM dejaban bien a las claras que estas medidas suponían asegurar el beneficio de las empresas que participarían en la gestión hospitalaria, más que proteger el Sistema Sanitario Público y la propia asistencia médica a la población.

El proceso de privatización de Lasketty suponía el despido de más de 5.000 profesionales sanitarios. La respuesta no se dejó esperar. Una histórica Marea Blanca se hizo visible en las calles. Los ataques contra nuestro sistema sanitario público que comenzaron en los años 90 llenan las calles dos años después del nacimiento del 15 M.

El 15 M devolvió la ilusión a la ciudadanía. Los sindicatos volvieron a estar beligerantes en defensa de lo público. Las medidas privatizadoras que habían pasado desapercibidas toman cuerpo en el mismo momento que Ignacio González y el Consejero de Sanidad Lasketty sacan a la luz el plan que intenta transformar el sistema.

Un espacio en defensa de la salud y la vida basado en la autoorganización

En 2022 el dúo Ayuso-Lasketty, retoma la senda privatizadora. Aprovechan la pandemia para desmantelar otro poco más la Atención Primaria, primer escalón fundamental de nuestro sistema sanitario público. La cartera de servicios se ve mermada. Cientos de miles de usuarios se ven privados de asignación de médicos. Más de seiscientos mil niños se encuentran sin pediatras. Se cierran los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUAP). El consejero Ruíz Escudero, presenta un nuevo modelo de Atención Primaria basado en la enfermería y video consultas.

La respuesta no se deja esperar. Esta vez corre a cargo de los usuarios de la Sanidad Pública. Con los cierres de los SUAP la ciudadanía de barrios de clase trabajadora se laza a las calles. Carabanchel, Latina y Villaverde se movilizan semanalmente. Concentraciones, manifestaciones semanales recorren las calles de los barrios de estos distritos. Durante dos años las movilizaciones no cesan. La idea de autoorganización va calando en las vecinas y vecinos de estos barrios. Las Asambleas semanales que dan paso a las manifestaciones o concentraciones son cada vez más numerosas y la implicación ciudadana también. Tareas como pegada de carteles y mesas informativas va creando un espacio de compromiso ciudadano por la apertura de las urgencias, por la demanda de más personal médico y por la defensa de una Atención Primaria que está siendo programada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia su destrucción.

En julio de 2022, los barrios de Carabanchel, Latina y Villaverde hacen un llamamiento a organizar una gran movilización. A este llamamiento se unen barrios y municipios de la Comunidad de Madrid que llevaban un proceso movilizador idéntico. Rivas Vaciamadrid, Arganzuela, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Getafe, Guadarrama. En julio de 2022 una Asamblea en la que participan representantes de Asambleas de barrios, municipios, colectivos sociales, asociaciones vecinales constituyen el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid.

El 13 de noviembre se produce la primera convocatoria de este espacio. Las calles de Madrid se convierten en una riada ciudadana que accede a la Plaza de Cibeles en cuatro columnas, convirtiéndose en la manifestación más multitudinaria que haya existido en nuestro país hasta esa fecha, por la defensa de la Sanidad Pública.

Los planes de Ayuso siguen adelante y, en febrero, de nuevo la ciudadanía toma la calle con una manifestación más numerosa que la celebrada en el mes de noviembre.

En el mes de abril Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, ante la continuación de los planes del Gobierno Ayuso organiza una Consulta Ciudadana por la Sanidad. Más de 324.000 ciudadanos y ciudadanas participan en la misma exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid como tarea prioritaria la financiación necesaria que permita la dotación de personal y medios necesarios para la Atención Primaria, Servicios de Urgencias Rurales, Summa 112 y Hospitales de la Comunidad de Madrid.

En esta consulta en la que no participan, UGT, CC.OO., FRAVM, SOCIEDADES MÉDICAS adquiere un gran valor de auto organización. Miles de voluntarios, convierten la consulta en una acción que ha servido para aumentar el compromiso por la defensa de la Sanidad Pública, estableciendo una conexión directa con la ciudadanía y sus preocupaciones por el deterioro de nuestro sistema sanitario público.

Gobierne quien gobierne la Sanidad Pública se defiende

Este lema es repetido hasta la saciedad en las múltiples movilizaciones en defesan de la Sanidad Pública. Sea el que sea el resultado de las próximas elecciones Autonómicas, la movilización no va a parar hasta frenar los procesos de destrucción de nuestro sistema sanitario público. El próximo 29 de mayo, la lucha se retoma. No hemos ganado nada todavía, en lo que se refiere a frenar los planes de destrucción de los servicios públicos. Sin embargo, ahora mismo hemos acumulado un capital inmenso. Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid hemos conseguido un espacio de lucha y auto organización. Un espacio que nace de la movilización. Un espacio que está siendo capaz de organizar grandes movilizaciones. Un espacio que tenemos que expandir a todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid. Un espacio en el que tienen cabida todos los barrios y municipios que se movilizan por la defensa del derecho a la salud y la vida que es lo que nos une.

Damián Caballero Martínez
Presidente de la PLAFHC
Miembro del Grupo Técnico de VHC del Ministerio de Sanidad.

La lucha en defensa de las Pensiones Públicas continua

El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.

Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.

La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.

Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?

Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?

¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?

Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
  • Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
  • Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
  • Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.

Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.

Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Derechos sociales. Servicios Públicos y de calidad

Bajo este lema tuvo lugar el pasado día 20 de mayo otra gran manifestación en Madrid, a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. Una Manifestación convocada por distintos colectivos vecinales, pensionistas… a la que nos sumamos como Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

Una vez más, miles de personas recorrieron las calles de Madrid para pedir respeto a los servicios públicos y exigir:

  • que se deje de privatizar la Sanidad Pública, dotándola de recursos económicos que eviten la precariedad y la infra remuneración del personal sanitario.

Que se termine con la colaboración público-privada, vía por la que se trasvasa dinero público al negocio de la salud y se deteriora lo público.

Que se dé marcha atrás a todas las políticas privatizadoras hospitalarias y que se reabran todos los centros de Atención Primaria, con personal suficiente.

El desastre de la gestión sanitaria del Gobierno del PP en Madrid ha llevado a que los nuevos médicos que terminan su periodo de formación (MIR) no quieran trabajar en Madrid en la Atención Primaria, concretamente en las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría. Ya son dos años consecutivos en los que la Comunidad, que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), no consigue cubrir el 16% de las plazas ofertadas.

  • una Educación Pública de calidad a la que se destinen todos los recursos económicos que hoy se desvían a la educación concertada (en un 80% en manos de la Iglesia, en muchos casos para segregar a niños y niñas). Que se acabe con la Educación concertada, un negocio en el que predomina el beneficio sobre la enseñanza.

La Educación Pública está siendo “descapitalizada”: los fondos públicos para la educación concertada crecieron diez veces más que los destinados a la educación pública en el decenio 2010 a 2020. Esta descapitalización provoca que no haya profesorado suficiente para cubrir bajas, con la consecuente pérdida de horas lectivas para el alumnado en los centros públicos.

  • la desprivatización de las Residencias, para que el dinero público vaya a una alimentación digna para nuestros mayores y la dotación de personal profesional suficiente, en lugar de a la cuenta de beneficios de las empresas y fondos buitre que las gestionan.

Los manifestantes no olvidaron a los 7.291 fallecidos en las Residencias de Madrid, como consecuencia del protocolo criminal del Gobierno de Ayuso; por el que se les negó la asistencia hospitalaria en la pandemia.

  • la realización de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para el periodo 1967 a 2021, cumpliendo de una vez con la Ley 21/2021 que hasta hoy está incumpliendo el Gobierno.

Hay que terminar con la utilización indebida del dinero de las Pensiones Públicas. Las Pensiones son sostenibles, lo insostenible es su saqueo. El Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en 2020 en el que asentaba que el Estado ha estado haciendo un uso indebido del dinero de las pensiones públicas, por lo que la deuda del Estado con la caja de las Pensiones ascendía a más de 103.000 millones de euros (para el periodo 1989 a 2013). Recientemente, el ministro Escrivá elevaba esa deuda a los 140.000 millones de euros. Por tanto, las pensiones sí son sostenibles, lo insostenible es el saqueo al que el Sistema Público de Pensiones viene siendo sometido, por todos los gobiernos, desde los franquistas años 60 de siglo XX.

Basta de incrementar los presupuestos para alimentar la Guerra; dinero para matar, mientras se escatima en los presupuestos para curar, para educar y para vivir con dignidad.

Tras las elecciones del 28 de mayo continuará la lucha por la defensa de la Sanidad, la Educación, las Residencias, las Pensiones y de todos los servicios públicos.

Gobierne quien gobierne los servicios públicos se defienden
Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista