Manifestación en Madrid, en defensa de la Sanidad Pública

Una vez más, y van cuatro, el 25 de mayo tendrá lugar en Madrid una gran Manifestación en defensa de la Sanidad Pública madrileña; así lo ha decidido la Asamblea de representantes de asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la Sanidad Pública.


Las Vecinas y Vecinos de Madrid, organizados en las asociaciones de sus barrios y pueblos, así como en plataformas y colectivos comprometidos con la defensa de la Sanidad Pública, exigen:

  • Que los centros de Atención Primaria y los hospitales tengan personal suficiente para atender a las y los pacientes en tiempos de espera razonables y con medios suficientes. Equipos de profesionales que no dependan de empresas privadas que anteponen el beneficio económico a la salud.
  • Que todos los servicios de urgencias extrahospitalarias cuenten con personal facultativo, para no poner en riesgo la vida de los pacientes que acuden a estos servicios, como ya ha ocurrido en ocasiones.
  • Que todos los centros de salud tengan pediatras en cantidad suficiente para atender a la población asignada a esos centros.
  • Que los y las profesionales de la Sanidad Pública cuenten con unas condiciones laborales dignas, para que no se vean obligadas y obligados a migrar a otras comunidades autónomas y/o a otros países.
  • Que las listas de espera sean erradicadas: en todo el Estado hay 4,6 millones de pacientes en listas de espera, de los que más de un 22% (más de 1 millón de pacientes) corresponden a la Comunidad de Madrid.
  • Que se incrementen sustancialmente los presupuestos autonómicos para la Sanidad Pública y sólo para la Pública: el 12% del gasto sanitario de Madrid va a parar a los conciertos con entidades privadas.
  • Que se revierta la privatización, para lo que habría que comenzar por la derogación de las leyes que la hacen posible, como la Ley 15/97.

La defensa de la Sanidad Pública, como la defensa de todos los servicios públicos, es algo que incumbe o debería a todas las organizaciones sociales: políticas, sindicales y asociativas de la izquierda, pues está bajo su responsabilidad, para ser coherentes con su historia y con aquellos principios bajo los que fueron creadas y dicen defender.

Los medios de comunicación también tienen su parte de responsabilidad en el problema del deterioro de la Sanidad y los servicios públicos en su conjunto, cuando ningunean una movilización social.

El 75% de la población utiliza la Sanidad Pública y su salud y la de sus hijos e hijas depende de ella. Incluso quienes suscriben pólizas de salud privadas, terminan acudiendo a la Sanidad Pública cuando sus seguros privados les cobran copagos o directamente no les atienden cuando su enfermedad es grave y tiene un alto coste.

Las Sanidad Pública y todos los servicios públicos están hoy más amenazados que nunca; tan solo hay que leer lo que dicta el FMI a los gobiernos (1):

“Los aumentos permanentes de los gastos de defensa deben ir acompañados de planes de financiación creíbles que indiquen cómo se financiarán gradualmente estos aumentos, junto con la combinación de subidas de impuestos y recortes de gasto en función de los recursos presupuestarios disponibles del país”.

“Canciones” que ya conocemos de otras crisis y en particular del austericidio que el FMI recetó a los gobiernos en la crisis de 2008.

Como se ha visto con la cuestión del contrato de compra de balas a Israel, los gobiernos responden ante el rechazo social y la movilización. El 25 de mayo hay que inundar las calles de Madrid para que el Gobierno de Ayuso sienta la movilización de los y las madrileñas.

Salvemos Nuestra Sanidad Pública

Roberto Tornamira
Miembro del CATP
  1. https://www.pressreader.com/spain/el-mundo-primera-edicioneajx/20250424/282149297169548?srsltid=AfmBOopJ-paaVgW7PjLu8DgNXQH5no8Rtejq7KMfc0W0P2nvm70nFm4i

La lucha en defensa de las Pensiones Públicas continua

El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.

Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.

La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.

Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?

Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?

¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?

Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
  • Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
  • Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
  • Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.

Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.

Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista