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El Gobierno y la Iglesia católica llegan a un acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos

En fechas recientes el Gobierno – a través del Ministerio de Justicia – y las dos principales organizaciones católicas -la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos-, empujadas por el Vaticano, han llegado a un acuerdo histórico que habilita la creación de un sistema de reparación mixto entre la Iglesia católica y el Estado para las víctimas de abusos sexuales por parte de esta última.

Es el cuarto pacto al que ambas partes han llegado esta legislatura, después de los alcanzados en los asuntos de Cuelgamuros, las inmatriculaciones y el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). Y tanto por el fondo del acuerdo como por la forma, las principales asociaciones de víctimas asumen que se trata de un pacto histórico.

Han sido muchos años de negar la evidencia. De colocar palos en las ruedas e intentar obstaculizar cualquier avance hacia el reconocimiento y la reparación de las víctimas. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, llegó a declarar que se trataba de “pocos casos o ninguno”. Y hasta la firma del acuerdo, que ha sido posible por la actitud tenaz de las víctimas y el posicionamiento del Gobierno, particularmente de Ángel Gabilondo como defensor del pueblo, la jerarquía de la Iglesia católica se negaba por completo a aceptar su responsabilidad y, por supuesto, a asumir el coste de las indemnizaciones.

El reconocimiento y la reparación de las víctimas era una cuestión de justicia. Y había que finiquitarlo con las reivindicaciones exactas que las asociaciones de víctimas exigían. Para evitar que eso fuera así, en los meses previos a su firma la Conferencia Episcopal arreció sus ataques contra el Gobierno, en un intento desesperado de encubrir el oprobio que significa para los prelados reconocer públicamente -y hacerse cargo del coste posterior- de algo que por otro lado era un secreto a voces: que durante decenios miembros de la iglesia han llevado a cabo agresiones sexuales a niños, aprovechando para ello la impunidad de la que gozaron durante ese mismo tiempo. En las escuelas, en los centros de culto, en todos los actos que rodeaban la vida de los chavales y en los que su presencia era en la práctica inevitable.

Sin embargo, y aún reconociendo su extraordinaria valía, acuerdos de esta índole, que abordan con claridad un problema, evitan llegar al núcleo central del asunto que son los acuerdos de 1979, conocidos comúnmente como Concordato, que no es más que una prolongación del firmado con Franco en 1953. Y es un reflejo claro de la capacidad y el poder que la jerarquía de la Iglesia católica aún tiene como organización. Como ocurre en una sociedad que avanza hacia el laicismo, la iglesia pierde adeptos de manera incesante: cada vez menos matrimonios por el altar, cada vez menos afluencia de feligreses a las parroquias. Sin embargo en determinados aspectos, los prelados siguen gozando de un nivel de privilegios -leyes privadas- completamente incompatibles con un Estado que reclama la igualdad de sus individuos ante la ley.

Porque los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 -que permitieron la continuidad de los privilegios franquistas con el advenimiento de la democracia- son el núcleo central de ese sistema que aún con acuerdos como éste, se mantienen prácticamente intactos.

Es lo que ocurre por ejemplo con el asunto de las inmatriculaciones, en las que el Ministerio de Justicia no actuó con la misma firmeza que en este caso. Antes al contrario, con la publicación del listado de alrededor de mil inmuebles impugnables por ser susceptibles de error, se produjo de facto una amnistía registral sobre los que calculamos cerca de 100.000 más inmatriculados gracias a un privilegio franquista rehabilitado por Aznar. Inmatriculaciones cuyas ganancias, a buen seguro, contribuyen a financiar las indemnizaciones por abusos sexuales prolongados durante tanto tiempo.

Ese inmenso patrimonio inmobiliario reporta a la Iglesia católica cientos de millones de euros cada año, libres de impuestos, además. Cada vez que alguien visita un monumento, pongamos por caso la Mezquita de Córdoba, el dinero que paga por la entrada va a parar de manera íntegra a las arcas de los obispos, de manera completamente opaca, sin pasar por hacienda.

Otro tanto sucede con la financiación del Estado a la Iglesia católica a través de los conciertos educativos, otro buen pellizco a las arcas públicas. Los últimos estudios realizados al respecto, publicados en medios de comunicación, cifran en cerca de 6.000 los millones de euros que ingresan los obispos mediante este mecanismo. A lo que se ha de añadir la capacidad de adoctrinamiento de decenas de miles de alumnos y alumnas que reciben diariamente la influencia, no ya de la doctrina religiosa o de fe, sino mensajes políticos muy sesgados desde el punto de vista ideológico.

La iglesia controla televisiones, diarios escritos y ahora también digitales. En España es una de las organizaciones más influyentes en la derecha y la extrema derecha a través de subgrupos con una idea y unas tareas muy bien definidas. Evidentemente una parte importante de los y las practicantes no tienen nada que ver con esto, pero eso no desvincula a la jerarquía de la iglesia como organización con los sectores más reaccionarios del país.

El acuerdo es muy meritorio. Sumamente importante. Pero en cierto modo no deja de mantener la idea de que la jerarquía de la iglesia es un interlocutor válido, al mismo nivel que un Gobierno legítimamente elegido. Y no lo es; se trata de un grupo privado con intereses privados que además no está sometido en muchos casos a la ley. Por eso, una vez que se ha iniciado el camino y se ha determinado que es posible, todos esos privilegios deben ser removidos. Uno por uno hasta el último, que es el de la financiación. Lo conseguido por las víctimas, con la colaboración de las instituciones del Estado, es un punto de apoyo inestimable. Ahora hay que seguir esa senda y abordar políticas audaces de izquierda que desmantelen la estructura sobre la que históricamente se ha sostenido este sistema.

Enrique Herrero

Profesor de secundaria

y sindicalista de CCOO