Editorial: Inicio del curso político con los deberes por hacer

Iniciamos septiembre, e iniciamos un nuevo curso político marcado por los mismos problemas que abordábamos antes de agosto. Por un lado, continúa el genocidio de palestinos, alrededor de 40.000 muertes directas que se podría cuadruplicar según la revista británica “The Lancet” si consideramos los muertos indirectos a causa de enfermedades, falta de atención médica y otras causas. Situación, en cualquier caso, intolerable para la clase trabajadora mundial, pero ante la cual la mayoría de gobiernos no solo miran para otro lado, o condenan tímidamente, sino que incluso colaboran activamente con la venta de armas y la financiación del Estado sionista asesino de Israel.

«La mayoría de gobiernos no solo miran para otro lado sino que incluso colaboran activamente con la venta de armas y la financiación del estado sionista asesino de Israel»

El panorama bélico no se detiene y en el caso de la guerra de Ucrania, al que hasta ahora nos podíamos referir como la invasión rusa en Ucrania, ahora ya no es así, tras la invasión ucraniana de territorio ruso y el ataque con misiles estadounidenses.

Ambos conflictos, el genocidio palestino y la guerra de Ucrania tienden a agravarse y a extenderse, con las consecuencias de más muertes, más sufrimiento para la población civil, más destrucción y también, consecuencias económicas que afectan al conjunto de economías occidentales con efectos negativos para la clase trabajadora. Una economía de guerra que va en detrimento del coste de la energía, del transporte, de la alimentación, y de los servicios públicos y los salarios. El dinero que va a la compra de armas para alimentar la guerrano se dedica a lo que necesitala mayoría social.

«La economía de guerra va en detrimento de los intereses de la mayoría social»

En el panorama internacional, los protagonistas del mes han sido el conflicto electoral en Venezuela ante el que parece ser que todo el mundo puede intervenir siempre que sea en favor de la oposición y en contra de Maduro. Como Zapatero ha manifestado, la situación en Venezuela exige prudencia porque se trata de un asunto de gran complejidad. Si bien es cierto que Maduro tiene que publicar las actas, no es menos cierto que los intereses de la oposición son los de vender el país al mejor postor en contra de los intereses de la mayoría social venezolana. Así que como dijo el presidente mejicano Obrador “saquen sus narices de Venezuela”.

«Saquen sus narices de Venezuela»

La otra gran protagonista del verano ha sido Kamala Harris, bendecida por la convención demócrata del 19 de agosto, en un clima de protesta civil ante la posición de la administración Biden, de la que Kamala es parte, como principal financiador del gobierno Israelí para perpetrar el genocidio en Palestina. La señora Harris ha sido elegida como candidata a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de otoño frente al candidato republicano Donald Trump, pero para ello deberá revertir no solo la posición de la Administración Biden en relación a Israel, sino abordar los verdaderos problemas que afectan a la clase trabajadora estadounidense.

Manifestación ante la convención demócrata en la elección de Kamala Harris
«Acaben con la ayuda de EEUU a Israel!» «Basta a la financiación del genocidio»

En el panorama español, la guerra sucia de las derechas contra el gobierno presidido por Pedro Sánchez continua en auge, con la colaboración activa de los jueces franquistas, y de los medios de desinformación al servicio de los intereses de la derecha. La inmigración, la vivienda y el modelo de financiación autonómico parece que serán los caballos de batalla de la próxima conferencia de presidentes autonómicos que el PP exige convocar.

El desgaste al que la derecha somete al gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez (cuya investidura fue propiciada por todos los grupos antifranquistas) también se ha llevado al terreno de las negociaciones en Cataluña para la investidura del President Illa.

«La inmigración, la vivienda y el modelo de financiación catalán serán los caballos de batalla que el PP utilizará para continuar con su política de desgaste»

Tal y como adelantábamos en el número 156 de Tribuna Socialista en el mes de Julio, el pleno de investidura de Salvador Illa se celebró los primeros días de agosto. Concretamente, en la mañana del martes 7 de agosto la Diputació Permanent del Parlament se reunió para convocar la sesión de investidura del candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, que se llevó a cabo el jueves 8 de agosto.

Fue una sesión compleja precedida del lamentable e indigno espectáculo que nos brindó el efímero regreso y posterior huída de Puigdemont, adornado con una moción de Junts para aplazar la investidura debido a una presunta orden de detención de Turull que resultó ser falsa. Incluso los medios más afines a Junts criticaron abiertamente estas esperpénticas tretas que, lejos de conseguir su objetivo de aplazar la investidura, intentaban ridiculizar a los mossos de escuadra y convertir el pleno de investidura del Parlament de Catalunya en un espectáculo circense al servicio del puigdemontismo. No lo consiguieron y el Pleno de investidura se celebró con la normalidad democrática y protocolo que requería la investidura de Salvador Illa como 133º President de la Generalitat de Catalunya, con los votos favorables de los diputados y diputadas del PSC, ERC i Comuns que sumaban los 168 votos necesarios para su elección.

La consecución de esa mayoría para la investidura vino precedida de sendos acuerdos con ERC y los comuns. Acuerdos que significaban el desbloqueo a los socialistas y que permiten a Illa elegir un gobierno que gobierna en minoría y que tiene como objetivo cumplir con los compromisos electorales adoptados por el PSC y cumplir con lo acordado con los grupos que favorecieron la investidura, de los cuales, el que más ampollas ha levantado entre los de siempre es el de “la financiación singular”.

Dedicamos un artículo a la financiación singular en este mismo número de TS pero sirva como adelanto que lo pactado ni rompe con la solidaridad con el resto de comunidades ni se sale de la legalidad establecida en el Estatut de Autonomía de Catalunya. Lógicamente, es un modelo de financiación singular, porque Catalunya ejerce competencias que no tienen otras autonomías, pero nada quita que ese modelo singular no pueda pluralizarse de forma progresiva. El “café para todos” que supuso en un momento histórico complejo el estado de las autonomías debe evolucionar hacia un modelo de financiación federal que tenga en cuenta las singularidades y necesidades de los diferentes territorios, aunque para este comité de redacción, solo si avanzamos con un horizonte de república podremos hacer posible el encaje territorial de los pueblos y el progreso colectivo de la clase trabajadora.

«el Estado de las autonomías debe evolucionar hacia un modelo federal»

En relación al modelo de financiación singular, Salvador Illa ha expresado que “Catalunya puede ayudar a mejorar España y es uno de mis objetivos (…) . La mejor solidaridad con el resto de ciudadanos españoles es hacer políticas que mejoren la educación, la sanidad y la seguridad. Lo digo por algunos comentarios que se han hecho muy a la ligera en otros territorios de España. En un momento de discursos de extrema derecha que juegan al miedo, la manera de combatir eso es atacando el problema de la seguridad, la vivienda, los servicios públicos con políticas serias, solventes y los recursos adecuados”.

«La mejor manera de combatir a la extrema derecha es dedicar recursos a la seguridad, la vivienda y los servicios públicos»

Como decíamos antes, el acuerdo de investidura de Salvador Illa molesta a los de siempre. ¿Quiénes son los de siempre? Obviamente, la extrema derecha y la derecha que representa Feijoo (que, por cierto, vaticinó que el PSC haría presidente a Puigdemont). La derecha que, fiel a su estilo trumpista, sigue sin aceptar la legitimidad democrática del gobierno presidido por Pedro Sánchez gracias a los acuerdos de investidura de todos…excepto las derechas centralistas de corte nacional-católico del PP y VOX.

«La derecha, fiel a su estilo trumpista, sigue sin aceptar la legitimidad democrática del gobierno presidido por Pedro Sánchez»

Lamentablemente, “los de siempre” también incluye a los llamados barones: García-Page, Lambán…a los que se suma Borrell, que no tiene bastante con ser el portavoz de los intereses de la OTAN en la Unión Europea (y no al revés); y no tiene bastante con desmarcarse de la prudencia de Zapatero ante el conflicto en Venezuela, alineándose con las posiciones de la oposición venezolana….sino que también se atreve a contradecir a la ministra de hacienda Isabel Montero en relación a la financiación singular de Catalunya.

«Como siempre, los llamados barones se alinean con las posiciones de la derecha para intentar debilitar al gobierno progresista de Pedro Sánchez»

Eso “hombres de Estado” que se autodenominan socialistas, alineados con las posiciones de la derecha, como siempre, para intentar debilitar a un gobierno progresista que plantea vías que desencorsetan al Estado plural de la trasnochada “Una, Grande y Libre”.

García Page, uno de los barones siempre alineados con los intereses de la derecha

La izquierda plural de nuestro país debe cerrar filas a favor de las medidas legislativas orientadas a los intereses de la mayoría social, y en contra de quienes quieren dividirnos para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez al que la derecha económica, política y social continúa negando la legitimidad democrática que la mayoría social le ha conferido; y el gobierno debe hacer sus deberes, sin dejan las decisiones a medias, como la derogación de las reformas laborales, por citar un ejemplo.

Comité de redacción.

Sequía, procés y gestión privada del agua

La sequía pertinaz que sufre gran parte de nuestro país desde hace dos años vuelve a poner de relieve la importancia de las políticas en la gestión del agua y cómo la mala gestión puede llevarnos a la confrontación entre comunidades o incluso entre diferentes regiones dentro de una misma comunidad.

La cuestión de la falta de agua no es nueva. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) impulsó la creación de Confederaciones Hidrográficas por Real Decreto de 5 de marzo de 1926, con el objetivo de “explotar de forma coordinada el potencial hidráulico del país», considerando el agua como un «bien público» haciendo pagar a los ciudadanos un simple canon, plan que fue desarrollado posteriormente por la II República. La construcción de pantanos con Franco tenía esta base.

Desde entonces, la representación en las Confederaciones Hidrográficas ha obedecido a diferentes intereses contrarios a los de la mayoría social, agravándose con la privatización de las eléctricas y con la división en autonomías tras la Constitución de 1978.

Los Ayuntamientos tienen competencias sobre el abastecimiento de agua potable y el saneamiento y alcantarillado. Por tanto, tienen responsabilidad sobre la reparación de fugas de la red y el control de los consumos de agua urbanos, pero en Cataluña, una de las regiones más afectadas por la sequía, los municipios que abastecen de agua al 78% de la población lo hacen a través de empresas privadas o mixtas, que no han invertido en la reparación de fugas y han sobre explotado los pozos y acuíferos.

Para abundar más en el drama de la falta de agua, la agencia catalana del agua (ACA) no ha hecho sus deberes. Observamos como el agua tratada en la gran mayoría de depuradoras se tira al mar puesto que no es útil ni para el consumo humano, ni para la jardinería ni para la agricultura. Ahora hay que ponerse las pilas y convertir las depuradoras en plantas de regeneración de agua para que su reutilización sea posible.

Ante la falta de agua, la respuesta del Govern de la Generalitat ha sido la declaración de emergencia por sequía en las províncias de Barcelona y Girona, que afecta a un total de 202 municipios y a una población de 6 millones de habitantes. Tarragona, que se abastece del agua del Ebro y del Pantano de Mequinenza, presenta un panorama menos desolador.

Esta declaración de emergencia conlleva una reducción del consumo de «agua de boca» a 200 litros por habitante, y serias medidas de restricción para la industria, los servicios y el sector primario. Además de las restricciones, el aumento generalizado del precio del agua es una constante en todos los municipios.

El Govern de ERC se niega a plantear un trasvase del Ebro a Barcelona, probablemente porque sería incoherente con su negativa histórica a ese trasvase, que le ha hecho ganar mucho rédito electoral que aún conserva en las comarcas tarragoninas del Ebro.

Finalmente, tras la negativa de Las Cortes de Aragón (con mayoría de PP y el apoyo de VOX) para llevar agua a Cataluña, el Gobierno central ha propuesto llevar agua por barco desde la desalinizadora de Sagunto (de propiedad estatal) hasta Cataluña.

El tema de las desalinizadoras es importante porque ya en el año 2009, el Gobierno tripartito de Josep Montilla (PSC) elaboró el Plan de gestión de las cuencas internas de Cataluña 2009-2017 y planificó la construcción de 2 desalinizadoras, una en la desembocadura de la Tordera (en Blanes) y otra en el Foix (en Cubelles). Si ese plan se hubiera implementado, Barcelona y Girona tendrían el agua garantizada desde hace siete años pese a la falta de lluvias. Pero en 2009 volvió a llover, llegó la crísis financiera -con una Agencia Catalana del Agua (ACA) que acumuló una deuda de 1.381 millones de euros- después el procés, y el proyecto de desalinizadoras se quedó en el cajón.

Ahora, ese plan se ha recuperado y parece que están comprometidas esas desalinizadoras. A lo que no parece que se le va a poner coto es a la gestión privada del agua que se ha demostrado incapaz de dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de agua y reparación de las fugas.

Joan Martí
Militant PSC