Etiqueta: censura

Palestina, una tierra negada y silenciada por la UNED


DENUNCIA DE CENSURA

A lo largo de estos doce meses de guerra y genocidio en Gaza han llegado noticias sobre actos de censura en universidades alemanas, británicas o estadounidenses, negando la participación de académicos o rechazando la publicación de artículos. También ha tenido lugar algún incidente en universidades españolas, a pesar de que en el país han prevalecido las movilizaciones contra la guerra, han tenido lugar centenares de actos de solidaridad y la propia CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ha asumido el compromiso de revisar la cooperación con las universidades israelíes cómplices con el colonialismo y la guerra. Pero hay un caso escandaloso de censura académica que ha tenido lugar en la UNED, y que se ha intentado tapar con silencio y evasivas. Un caso que ilustra la incoherencia y el miedo de más de un gobierno universitario.

Unas semanas después del inicio de la guerra de Israel contra Gaza, el profesor de Sociología Ramón Adell y el equipo de audiovisuales de la UNED (UNED Media) puso en marcha la realización de un documental histórico sobre la cuestión palestina, concebido y pilotado por la realizadora Yolanda Prieto. El plan era que, al igual que otros documentales de temática histórica e internacional realizados en ese departamento, el documental de Palestina pudiera utilizarse en las actividades de la universidad y emitirse en el programa que ésta tiene en RTVE y que da una proyección social a sus actividades.

En el documental participó una decena de académicos de varias disciplinas, periodistas especialistas en Oriente Medio y defensores de los derechos humanos. Debe señalarse que entre ellos-as había personas que conocen muy bien, desde dentro y de manera directa, la realidad palestina e israelí. El resultado fue un documental en dos episodios que lleva por título “Palestina, una tierra negada” que recapitula las claves históricas de la desposesión palestina y permite entender mejor la situación actual. El documental utiliza un inestimable material audiovisual histórico y el relato explicativo corre a cargo de los mencionados especialistas. En suma, un trabajo de factura profesional y de excepcional valor didáctico.

El documental se concluyó en marzo. Pero cuando los realizadores se dispusieron a entregarlo a la instancia que debía incluir el trabajo en la programación de televisión, el responsable de Comunicación y Marketing de UNED Media se opuso a su emisión. Alegando que el material es parcial y sesgado (a favor del relato palestino) se permitió señalar una serie de temas que deberían incluirse en un trabajo de este tipo, desplegando una retahíla de lugares comunes y tópicos sobre la cuestión como la justificación del sionismo por el holocausto o la ocultada colaboración nazi-islámica.

Los realizadores y los participantes en el documental consideraron que la decisión de esa persona era simple y llanamente un acto de censura y recurrieron al Rector de la UNED. En esa instancia la respuesta fue el silencio, validando de hecho la cacicada del responsable de comunicación.

Cabe señalar que la UNED tiene una considerable colección de material audiovisual sobre Israel, de toda factura, fruto de actividades diversas a lo largo de varios años. Es incontestable que la producción de un material histórico sobre el hecho colonial y el origen del conflicto en Palestina enriquecería el fondo de la universidad y diversificaría las lecturas.

Podemos aventurar múltiples razones detrás de la decisión; la censura por razones ideológicas, el miedo a cuestionar relatos instalados o la negativa a debatir y contextualizar. Y eso es lo grave, con esas actitudes se participa en mantener la coraza de impunidad de la que ha disfrutado Israel, y con ello la justificación de la limpieza étnica, del colonialismo, de la deshumanización y al final del genocidio en curso. Este tipo de censura tiene sus raíces en la actitud complaciente con Israel que ha prevalecido durante décadas, incluso por parte de la academia. Hoy, revisar ciertos postulados canónicos supone asumir que hubo una larga connivencia con el discurso justificador del colonialismo israelí, y esto es un sapo difícil de tragar. Si no hay argumentos para mantener el relato justificador del genocidio, se recurre a la censura disimulada. Como ha sido este caso.

Este gesto de desprecio por el conocimiento histórico desde las instancias de gobierno de la UNED es llamativo y escandaloso. Exigimos que la UNED levante el embargo sobre el documental “Palestina, una tierra negada“. Ayudadnos a que el Rector y el equipo de gobierno de la UNED reconsidere su silencio censor.

Las-los intervinientes en el documental:

Luz Gómez García, catedrática de Estudios Árabes de la UAM

Carmen Ruiz Bravo-Villasante, catedrática de Estudios Árabes de la UAM

Sonia Boulos, profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija

Shereen Dagani, periodista de RNE

Teresa Aranguren, periodista y escritora

Ramón Adell Argilés, profesor de Sociología de la UNED

Héctor Grad, profesor de Antropología social de la UAM

Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la UCM

No es censura, es defender la democracia.

El modelo comunicativo digital convierte a los usuarios de las plataformas y redes sociales en nodos de comunicación que reciben, elaboran y difunden contenidos a voluntad, desde y a cualquier lugar del planeta. Hecho qué combinado con la facilidad para crear a bajo coste páginas web y plataformas en internet, y unido a las redes sociales que favorecen la expresión de opiniones sin ningún control en la práctica; generan un volumen diario de información ingente, incontrolable y constante, de bulos y mentiras: de desinformación.

El modelo comunicativo digital genera un ingente volumen diario de desinformación, bulos y mentiras incontrolable

Basura informativa cuya autoría muchas veces se desconoce por enmascararse con un sobre nombre, un nik, para poder lanzar, libres de responsabilidad, todo tipo de mensajes vejatorios y falaces, o se mantiene en nebulosa quienes son los propietarios y cómo se financian los medios que los difunden, por la falta de transparencia sobre su estructura y financiación. Se configura así un conglomerado explosivo cuya acción conjunta es ya una seria amenaza para la democracia.

La falta de transparencia sobre la autoría de las noticias y la propiedad, la estructura y la financiación de los medios supone una seria amenaza para la democracia

Defender la democracia de la desinformación que degrada el sistema democrático y sus instituciones, es el eje axial que justificó la aprobación por el Parlamento Europeo de la Ley de Libertad de Medios cuyo objetivo no es censurar, sino proteger a los medios de comunicación de la Unión Europea de la influencia del poder político y empresarial indebida, con el objetivo de fomentar el pluralismo informativo y la información veraz, mediante la aplicación obligatoria de medidas de trasparencia que permitan a los destinatarios saber quién está detrás de esos medios, quién los dirige, cómo se financian y en qué proporción entre empresas privadas y públicas, quienes o qué empresas tienen el mayor número de acciones, los números verificados de lectores, oyentes, televidentes o usuarios únicos en los medios digitales, y una política clara en el nombramientos de los principales responsables del medio y su equipo directivo.

El objetivo de la Ley Europea de Medios de comunicación no es censurar, sino proteger a los medios de la influencia del poder político y empresarial

Norma que entró en vigor el pasado mes de mayo y que ahora los distintos países de la Unión deben trasponer a sus legislaciones actualizando o creando, si no las hubiere, nuevas normas de obligado cumplimiento, acordes con el marco europeo aprobado por la UE. Medidas que los 27 países de la Unión deberán tener en vigor en agosto de 2025, para lo que se creará un nuevo organismo de control y vigilancia, el Consejo Asesor Europeo o Comité Europeo de Servicios de Comunicación Independiente, formado por representantes de las autoridades y organismos de medios de comunicación, que se encargará de elaborar un reglamento y un sistema de control de la propiedad de los medios de comunicación, mediante la creación de una base de datos por países. Norma que complementa la Ley de Servicios Digitales, en vigor desde noviembre de 2022, donde se establece una relación de normas para los servicios de intermediación en línea: las redes sociales —en especial para las grandes plataformas con más de 45 millones de usuarios— relativas al modo de diseñar sus servicios y procedimientos y establece nuevas responsabilidades para los operadores, al objeto de limitar la difusión de contenidos ilícitos y aumentar la protección de los menores mediante el establecimiento de mecanismos de alerta.

Normativa legal europea que España debe incorporar a su legislación en la que se incardina el Plan de Regeneración Democrática, presentado por el Ejecutivo, con el mismo objetivo: acabar con la desinformación, los bulos, las mentiras, con medidas que básicamente consisten en aplicar la ya existente Ley de Transparencia, para desmontar la trama de pseudomedios creados con el único objetivo de difundir un discurso disruptivo, de los que no se sabe quién está detrás y cómo se financian.

El Plan de Regeneración Democrática tiene el objetivo de acabar con la desinformación, los bulos y las mentiras

Plan que no impone ningún tipo de censura, contrariamente a lo que afirma la derecha, pues ninguna de sus propuestas limita la libertad de expresión ni de critica; sino que van orientadas a poner en conocimiento de quienes reciben la información, los destinatarios, quién o quiénes son los dueños de ese medio, cómo se reparte la cuota accionarial entre empresas y particulares, que parte de su financiación viene de instituciones públicas y cuanta del sector privado, su estructura jerárquica y qué personas la conforman en sus diferentes grados de responsabilidad. Básicamente la aplicación de Ley de Trasparencia en vigor, que la mayoría de medios incumple, para que los destinatarios sepan de dónde procede la información que le llega y puedan valorar, libremente, el grado de intencionalidad de la misma.

Contrariamente a lo que dice la Derecha, el Plan no impone censura, ni limita la libertad de expresión o crítica, sino que obliga a informar a los ciudadanos de dónde procede la información que les llega y puedan valorar libremente el grado de intencionalidad de la misma

Medidas de un Plan que no entra en definir qué es y que no es un medio de comunicación, sino que deslinda a los medios que cumplen con la ética periodística y la defensa del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, verificada, y diferenciada de la opinión de los que abdican de estos principios básicos. Pseudomedios, que incumplen la Ley de Trasparencia por haber sido creados, y financiados muchos de ellos solo con dinero público, expresamente para generar bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con el objetivo de difamar y degradar las instituciones democráticas y a sus legítimos representantes, o para hacer propaganda de determinadas ideas y posiciones políticas.

Muchos pseudomedios han sido creados expresamente para crear bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con una clara intencionalidad política

De ahí el sentido de las medidas de saneamiento democrático del sistema de medios de comunicación que incluye el Plan, que no es establecer censura alguna a la libertad de expresión, pues su objetivo es acabar con los pseudomedios que difunden desinformación que responde a intereses espurios que degradan el propio periodismo y la democracia. Para cumplir con este objetivo el Plan incluye una reforma de la Ley de Contratación de Publicidad por las Administraciones Públicas para que no se pueda adjudicar a dedo, y para favorecer el reparto de ese dinero de manera equilibrada entre los medios del ámbito territorial del que se trate.

Medidas con las que se pretende reducir la polución desinformativa circulante obligando a los medios a exponer públicamente una información básica que permita al destinatario juzgar si la información que recibe de ese medio responde al ejercicio responsable del derecho de los ciudadanos a recibir una información plural y veraz, del que los medios de información son garantes; o si esta sesgada, corrompida, por intereses ocultos para azuzar la pugna política. Nada se dice en el Plan de recorte alguno del derecho a la libertad de expresión de los medios y ciudadanos, sino que suponen una ampliación de esos derechos al proponer la despenalización de la crítica, explicita o teatralizada, contra las instituciones y símbolos que representan al Estado, en especial los que afectan a la Corona, que aún es objeto de debate entre los socios del Gobierno. O las referidas a la modificación de una parte de la Ley Mordaza, relativa al derecho de los ciudadanos a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva.

El Plan amplia el derecho a la libertad de expresión al despenalizar la crítica a las instituciones del Estado, incluída la Corona o el derecho a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva

Así pues, dar pábulo a las denuncias sobre el pretendido deseo del Ejecutivo de imponer la censura informativa a los medios, es otra más de las patrañas y falacias lanzadas diariamente a la palestra pública, sin datos que lo avalen, por una derecha que de manera infame e irresponsable acrecienta el fango. Claro ejemplo de desinformación intencionada que los políticos, en el ejercicio de su libertad de expresión pueden realizar, pero no los medios de comunicación que se tengan por tales.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas