El adelanto del fallo de la sentencia, al ya ex Fiscal General de Estado, es inédito en la forma de proceder del Tribunal Supremo (TS). Como lo es también la rapidez: 7 días, en pronunciarse este alto Tribunal, en un país en el que la ¿Justicia? es lenta, muy lenta; solo hay que ver los 11 años que ha tardado en abrir juicio oral a la Familia Pujol.
A expensas de conocer la literalidad de la sentencia contra García Ortiz, incluidos los argumentos de los dos votos particulares, condenan sin pruebas rigurosas y dando valor a la suposición de la UCO de que el FGE borró sus mensajes de guasap para ocultar pruebas, dando más valor a lo que sin pruebas manifiesta la acusación, en contra de lo que ha defendido el Ministerio Fiscal.
Por ende, se han pasado los principios jurídicos y su propia doctrina por el forro de sus togas, pues la carga de la prueba en un proceso penal parte de la base del principio de presunción de inocencia, que se han cargado. En el caso contra el fiscal general del Estado se ha partido de la “presunción de culpabilidad”, exonerando a los demandantes de probar dicha culpabilidad.
Recordemos que el magistrado Eduardo Muñoz Baena, absolvió al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su propio Tesorero, apelando a la «doctrina Botín»: una interpretación del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 que establece que una acusación popular por sí sola no es suficiente para llevar a una persona a juicio si la acusación particular y el Ministerio Fiscal no sostienen la acusación.
Esta forma de hacer, por parte de los magistrados de la Sala 2º del TS, evidencia la sincronización política de la ¿Justica?, al menos del 70% de judicatura, que es la proporción de magistrados -5 de 7- que avalan el fallo de la sentencia, con las necesidades del PP, quienes necesitaban tapar, intentarlo al menos, la situación en Valencia y la indignación que provoca su pacto con VOX para evitar convocar elecciones, en la pretensión de echar tierra encima de sus responsabilidades políticas respecto a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024. Recordemos que con 229 muertos.
En las últimas semanas tampoco le ha ido bien al PP con el escándalo de la nefasta gestión de los cribados de cáncer en mama en Andalucía, ni que toda la cúpula del PP en la Diputación de Almería esté detenida o imputada por el juez, junto al alcalde de Tíjola. A lo que hay que sumar la detención del alcalde, también del PP, de Villar del Humo (Cuenca) por tenencia de una plantación de marihuana. Demasiadas cosas, y eso que no gobiernan el Estado.
La fecha elegida para adelantar el fallo de la sentencia ha sido el 20N, un mensaje claro de chulería franquista, al menos así lo percibimos en Tribuna Socialista y es un recordatorio de que es el Poder Judicial quien mantiene atada y bien atada la democracia y el Estado de Derecho.
No es la primera vez que ¿la Justicia? sale al quite de los problemas de la derecha y/o que envía mensajes ideológicos. Esto deja en agua de borrajas la separación de poderes, la pone al mismo nivel que el derecho al trabajo y el deber de trabajar de todos los españoles y españolas (Artº 35 de la CE) o el derecho a una vivienda digna y adecuada (Artº 37).
La instrucción del caso y el juicio contra el Fiscal General del Estado es una vuelta a los Tribunales de Orden Público y a los juicios sin derecho efectivo a la defensa. Esta fracción mayoritaria de la ¿Justicia? es la misma que está boicoteando la Ley de Amnistía, en una clara afrenta al Poder legislativo e incluso al Tribunal Constitucional.
Esta sentencia, con los cinco votos a favor, para condenar al FG supone una prevaricación con mayúsculas porque los magistrados saben y les consta que no ha existido la menor prueba inculpatoria. Han llenado el TS de deshonor e indignidad, se han cargado la poca confianza que restaba en el Sistema Judicial y supone una continuidad del golpe de Estado que se viene perpetrando, al menos desde la investidura del presidente del Gobierno, por parte de los conservadores y fascistas del CGPJ.
Los que llevan 50 años conmemorando con pena y nostalgia la muerte del criminal de masas y dictador, Franco, demuestran que para ellos la transición, los pactos de la Moncloa y la Constitución misma son una formalidad que había que hacer, pero no que cumplir. En los hechos, esto significa que vivimos en una farsa y en una realidad inversa; en la que los ladrones acusan a los fiscales y los jueces correligionarios de los chorizos les dan la razón. Mal vamos.
La independencia judicial en España es, en demasiadas ocasiones, una ficción. Tras la Transición, el poder judicial se consolidó como un bastión conservador, corporativo y opaco, que hoy actúa como actor político decisivo. Desde el lawfare hasta la resistencia a la Ley de Amnistía, los ejemplos abundan y revelan una realidad incómoda: sin una justicia verdaderamente independiente, la democracia está incompleta.
En el número 170 de TS reflexioné sobre la presunta independencia de la Justicia española y concluí que existe un sector de la judicatura, especialmente en los puestos más altos, cuya vinculación con el Partido Popular —y en algunos casos con postulados cercanos a VOX— es evidente. Hoy doy un paso más: el problema es estructural. Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado.
Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado
La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo. Como señala Miguel González Mendoza en La batalla por la Amnistía, este poder judicial ha sido “el verdadero azote, no solo del Procés, sino también del resultado electoral del 23 de julio de 2023”.
La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo
La judicatura española se enfrenta ahora a un desafío histórico: la validación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Ley de Amnistía. Desde el CGPJ hasta el Supremo, pasando por asociaciones judiciales y fiscales, se han opuesto frontalmente a esta norma, intentando bloquearla mediante recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Pero todo indica que el TJUE ratificará el informe favorable del Abogado General, obligando al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont, Rovira y otros dirigentes del Procés. Será un golpe para quienes han instrumentalizado la justicia con fines políticos.
Conviene repasar algunos casos que ilustran la falta de independencia judicial y el uso del lawfare:
Baltasar Garzón es el ejemplo más claro: expulsado de la carrera judicial en venganza por investigar los crímenes del franquismo. Aunque fue absuelto en ese proceso, el Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Gürtel. En 2021, la ONU declaró que sus juicios fueron arbitrarios y exigió su reincorporación, pero el CGPJ ignora la resolución. Este caso evidencia el carácter corporativo y vengativo del poder judicial, al servicio de un posicionamiento ideológico algo más que conservador.
Otro ejemplo es el juez García Castañón, artífice de una ofensiva judicial contra Podemos con más de veinte causas archivadas, y protagonista de maniobras para imputar a Puigdemont por terrorismo, buscando excluirlo de la amnistía. También blindó a dirigentes del PP en el caso Bárcenas y se declaró incapaz de identificar al famoso “M. Rajoy” en los papeles de la Gürtel. Su actuación resume la lógica del lawfare: perseguir a adversarios políticos y proteger a aliados.
El juez Joaquín Aguirre llevó el esperpento a otro nivel al intentar vincular a líderes independentistas con Putin, alegando que Rusia les prometió dinero y soldados para lograr la secesión.
Por su parte, Ángel Luis Hurtado, que se inició como juez de distrito, bloqueó preguntas incómodas a Rajoy en la Gürtel, se opuso a condenar al PP y fue ascendido al Supremo por un CGPJ caducado. Hoy procesa al fiscal general del Estado sin pruebas
en un juicio aún pendiente de sentencia.
No hablamos del Juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, por falta material de espacio, sólo decir que, sin base acusatoria alguna tiene procesada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y según se le van cayendo las imputaciones, en una instrucción prospectiva, sigue buscando un motivo para mantenerla encausada.
Del mismo modo, Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, ha procesado por una denuncia de la organización fascista, HAZTE OIR, al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con una base acusatoria muy endeble.
Estos ejemplos no son anécdotas; son síntomas de un poder judicial que actúa como un poder autónomo, ajeno al control democrático, y que utiliza la justicia como herramienta política. La resistencia a la Ley de Amnistía y la persecución selectiva de adversarios confirman que la independencia judicial en España es, en muchos casos, una ficción. El CGPJ, sigue condicionando la vida política del país desde su perspectiva, claramente conservadora y afín al PP y mientras tanto, los medios afines amplifican cada maniobra, alimentando una narrativa que criminaliza la disidencia y protege a las élites conservadoras.
Cuando estoy finalizando la redacción del presente artículo, ha saltado la noticia de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia, sólo siete días desde que quedó visto para sentencia el juicio, sin que ni siquiera esté redactada, pero lo han querido sacar para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino, Franco. Nos recuerdan que todo sigue atado y bien atado y que son ellos, Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia Y El Estado de Derecho.
La Sala de lo Penal no ha condenado al fiscal general de forma unánime: dos magistradas progresistas de los siete integrantes del tribunal han anunciado votos particulares para oponerse a esa decisión.
Han fallado que García Ortiz queda inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general y tiene que pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso.
El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia,,,para hacerlo coincidir con el 20N y recordarnos que todo sigue atado y bien atado
Los votos de los magistrados conservadores -yo diría fascistas- que han votado condenarle han sido: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
Las magistradas que votaron en contra y van a emitir sendos votos particulares son: Susana Polo y Ana Ferrer.
El Tribunal Supremo, sin la menor prueba inculpatoria, ha seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, que, no obstante, podrá seguir actuando como fiscal de Sala, porque había que cargarse al fiscal, a toda costa, como se cargaron a Garzón, para intentar que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones. Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.
Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.
Los nombres de los cinco magistrados prevaricadores que han condenado al fiscal general, pasarán a la historia como los magistrados fasciogolpistas del Tribunal Supremo.
Por último, en ese golpe de Estado togado, que se viene dando de forma permanente, los conservadores y fascistas del CGPJ, han tensionado el Consejo hasta llegar a la ruptura y conseguir que los progresistas vuelvan a quedar en minoría. En efecto, los vocales progresistas del CGPJ han vuelto a quedar en minoría tras una ruptura del consenso y una reestructuración de las comisiones llevada a cabo por la presidenta, Isabel Perelló, y apoyada por vocales conservadores y uno de los vocales progresistas, Carlos Hugo Preciado, nominado por SUMAR, ahora, traidor, que se ha desmarcado de la disciplina de voto de su grupo. Los progresistas acusan a Perelló de modificar deliberadamente las comisiones para incluir a los conservadores y excluir a sus representantes, lo que consideran una estrategia que ha quebrado el equilibrio plural del órgano.
Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023
Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República.
Luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Esa lucha es inseparable de la lucha por la República
Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.
La jauría franquista lleva intentando derribar al gobierno desde el minuto uno de la legislatura. No es novedoso, la derecha española nunca ha soportado que gobierne un partido ajeno a su minoría privilegiada; les ocurrió en 1874 y en 1936. Al pensar que son los dueños de España no respeta a quienes no piensen como ellos.
La derecha española difiere de otras derechas europeas, pues estos no perdieron la guerra, sino que Franco murió en la cama y los pactos para la transición garantizaron el continuismo de las estructuras franquistas, aunque algunas cambiaran el nombre. Incluso el jefe del Estado continúa siendo el jefe de los tres ejércitos, gracias a las leyes de sucesión de 1947 y 1969.
Mientras que la izquierda parece haber olvidado el internacionalismo y que es incapaz de hacer la unidad sin menoscabo de las discrepancias, la derecha lleva años revitalizando y fomentando ámbitos de coordinación internacionales de los que emanan criterios, consignas y dinero; de ahí que la derecha extrema esté en pleno ascenso.
Los garantes de la “España, Una Grande y Libre”, enviaron a los conservadores aperturistas un mensaje de advertencia al inicio de la década de los 80; misiva que fue directa para Adolfo Suárez e indirecta a Felipe González, que estaba en perspectiva de gobernar -quizás algún día sepamos quienes fueron todos los golpistas y los actores intelectuales del 23F-.
Contra José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron límites propios de una distopía, todo para intentar tapar que los atentados de Atocha fueron consecuencia de la intervención de España en la Guerra de Irak, y, por supuesto, para deslegitimar al gobierno elegido en las urnas. Aun hoy continúan con la cantinela conspiranoica. Recientemente he sabido que la instrumental obsesión por ETA ya la usaba el franquismo: en 1960, tras el atentado en la estación de tren de Amara (San Sebastián) en el que murió la niña Begoña Urroz, con 20 meses de edad, el franquismo lo atribuyó a ETA, cuando en realidad fue obra del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).
Como decía al inicio, no es nueva la acción de la derecha, cuando está en la oposición, en no hacer oposición y sí acoso y derribo del gobierno: “el que pueda hacer que haga”. Lo que ha cambiado es la virulencia y la pluralidad de escuadrones que se han incorporado a la actividad.
Es cierto que el “Caso Koldo” y el último giro con la presunta jefatura de Santos Cerdán al frente de la trama, al Gobierno y al PSOE se le complican las cosas. Pero como señala la editorial de Tribuna Socialista nº 167: la corrupción está cronificada en España y si las instituciones del Estado estuviesen limpias, de arriba hacia abajo, la corrupción tendría mucha menos cabida. Esto es una constatación y no pretender ser una justificación de lo injustificable.
Que la derecha extrema y el fascismo están en alza en todo el mundo es tan cierto como que en cada país toma sus formas concretas, por lo que debemos preguntarnos qué hace el Gobierno actual para que la derecha esté tan alterada.
Perciben que con la ley de Amnistía se tambalea el sacrosanto criterio de la “España, Una, Grande y Libre”. Pues como nacionalistas hegemónicos que son, no soportan que en lugar de “Una” pueda ser “Plural”, idea que atenta contra una realidad que configura el Estado español desde aun antes de ser el Estado español. En mi opinión, por encima de la historia y la tradición, debe prevalecer la convivencia entre los pueblos.
Contra la “Ley de Amnistía” entró en liza el “escuadrón judicial de la derecha”, liderado por el juez Llarena en el Tribunal Supremo; alto Tribunal cooptado mayoritariamente por la derecha, gracias a los nombramientos que durante 9 años ha estado haciendo un CGPJ militante y a que la extracción social de quienes pueden opositar a la carrera judicial, fiscal, notario… es mayoritariamente de clase pudiente. No aceptan ni la sentencia del TC que dice que la Ley de Amnistía es constitucional.
La judicatura heredera del TOP, no solo ataca, también ejerce de parapeto de las corruptelas de la derecha, como es el grosero caso del delincuente fiscal y presunto testaferro de Díaz Ayuso, para lo que no han dudado en abrir una confrontación brutal contra la Fiscalía General del Estado. O como cuando el juez Hurtado ejerció desde la presidencia de la Sala de abogado defensor de M. Rajoy. No merece la pena hablar de la aberración judicial del Juez Peinado.
Que el gobierno, en su legítima competencia, quiera democratizar el acceso a las carreras de servicio público está suponiendo otra afrenta para la derecha, hasta el punto de que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga política para los días 1,2 y 3 de julio. Huelga que mantienen a pesar de que el CGPJ haya lanzado un comunicado invalidando la huelga. Para dejar claro que ellos son privilegiados, y que luchan por mantener sus privilegios de clase, las asociaciones de jueces y fiscales dicen que a ellos no se les puede detraer el dinero del salario por los días de huelga, como se le aplica a cualquier trabajador de nuestro país, y que a su huelga no se le pueden aplicar servicios mínimos, como ellos mismo validan desde sus salas judiciales contra las huelgas obreras.
El Gobierno tiene otros frente abiertos que no gustan a la derecha: cobra impuestos sobre beneficios a la banca y las empresas de la energía; pone condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, condiciones justificadas por la alta concentración bancaria; señala a las empresas de la energía, y a Red Eléctrica, por sus incumplimientos que provocaron el apagón del 28 de abril…
Que a nadie dude de cuál hubiese sido la actitud de Feijóo en la cumbre de la OTAN: tan servil y rastrera como la de Rutte. Recordemos el vasallaje baboso del ministro de Economía de Rajoy, el Sr. De Guindos, cuando informó al presidente de la Comisión Europea en 2012, Olli Rehn, diciéndole que la reforma laboral del Gobierno del PP iba a ser “extremadamente agresiva”.
A la derecha le dan igual los motivos, aunque unos les jodan más que otros. Por esto, el Gobierno debiera gobernar sin titubeos en función de la necesidades de la mayoría social: derogando los preceptos que aun están en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012; encargando la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que mandata la Ley 21/2021, para saber cuánto dinero le debe el Estado a la Caja de las Pensiones Públicas desde 1967; continuar con su posición de rechazo al incremento del gasto militar impuesto por Trump y aceptado servilmente por el resto de países de la OTAN; rompiendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel, a la vista de la complicidad programada de la Comisión Europea, etc.
A pesar todo, hay que apoyar al Gobierno, sin que eso signifique no discrepar. En ningún caso hay que adelantar elecciones, que solo llevarían a que la derecha gobernase, muy probablemente con el apoyo de un PSOE en manos de Felipe, Page y Cía.
Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-Madrid en la Agrupación de Arganzuela
El desprestigio de uno de los tres poderes del Estado, la Justicia, ha alcanzado cotas desconocidas en los últimos 46 años.
El hecho de que el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya estado sin renovarse casi cinco años cuantifica este problema democrático. Y el hecho de renovarlo no resuelve el descrédito de la Justicia.
Es impensable que el poder ejecutivo estuviese vigente durante nueve años, sin renovarse desde su constitución. O sería un escándalo mayúsculo que un delegado o delegada del gobierno en una región interpretase sus funciones como le diese la gana o se extralimitase en la aplicación de sus atribuciones. Lo normal sería que el Gobierno le destituyese ipso facto.
Bien, pues desde hace ya muchos años venimos asistiendo a una especie de vale todo en la interpretación y aplicación de las leyes para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, que es la función principal de los jueces, fiscales y tribunales. Si estas opiniones las dejase aquí no serían más que opiniones de un ciudadano ajeno al Derecho y a lo Judicial. Sin embargo, es el Tribunal Constitucional (TC) el que acaba de decir cosas como: “…se ha invadido la separación de poderes al criminalizar actos legislativos de un gobierno regional”, o “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida” o “se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal”… Son algunas consideraciones, posiblemente no las más gruesas, que ha emitido el TC respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia provincial de Sevilla en el caso de los EREs de Andalucía.
Es a todas luces evidente que este caso se utilizó para azuzar, en marzo de 2011, contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (las generales las ganó el PP en noviembre del mismo año): ojo, no por esto solamente. Un PP que estaba inmerso en una avalancha de casos de corrupción por toda España. Allí destacó la jueza Alaya cometiendo, a juicio del TC, toda clase de excesos y graves quiebras de la justicia.
Ahora tenemos al juez Peinado, que ha decidido mantener abierta una causa general contra el presidente del Gobierno, acompañando así el acoso y derribo que el PP puso en marcha tras la fracasada investidura de Feijóo. No es la primera vez que la derecha: PP, VOX y C´s todos o en parte, según las etapas, aplica la táctica de no reconocer la legitimidad del gobierno salido de las urnas.
El juez Peinado busca motivos para imputar a, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que dichos motivos no son punibles. Da lo mismo, el objetivo es mantener abierta un acusa que alimente el circo mediático en los canales de la derecha. Forman un tridente de ataque contra el presidente: judicial, mediático y político, para derribar al gobierno. No es un golpe de estado militar, pero busca el mismo fin.
Estas prácticas, conocidas con el anglicismo de “lawfare”, son parte de las consignas y formas de actuar de la extrema derecha y la derecha extrema, aunque vistan de “demócratas”.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, pasó 580 días en la cárcel y lo más importante para Bolsonaro; que no pudiese participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy es nuevamente el presidente del Brasil, tras haber revocado la justicia brasileña las condenas orquestadas en la operación “Lava Jato”.
El presidente portugués Antonio Costa dimitió en noviembre de 2023, tras relacionarse su nombre en una investigación judicial. Después, tras las elecciones que le dieron el triunfo a la derecha, resultó que era otro Antonio Costa el investigado.
La instrumentación de la justicia para incidir en la política no afecta solo a presidentes de gobierno. Aquí se ha aplicado a políticos para desestabilizar grupos parlamentarios o gobiernos regionales. Es el caso de Alberto Rodríguez, quien perdió su acta de diputado en octubre de 2021, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo, esa misma Sala sobre la que el portavoz del PP en 2018, Ignacio Cosidó, dijo “Controlaremos la Sala segunda desde atrás”. El TC ha revocado la sentencia y considera que fueron vulnerados los derechos fundamentales de Alberto Rodríguez. Y ocurrió en el País Valenciano, cuando Mónica Oltra tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidenta del Gobierno autonómico al ser imputada en una causa que, dos años después, el juez dice que no hay ni “indicios de la comisión de delito alguno”.
Son muchos los casos que podría citar y no es la primera vez que desde los tribunales europeos y altas instancias judiciales e instituciones internacionales afean la arbitrariedad de la justicia española. Quizá, el caso que deja más nítida la tendencia política de estos jueces y juezas que practican el “lawfare” sea el del juez Baltasar Garzón, quien fue apartado de la carrera judicial por querer investigar los crímenes del franquismo y cuando ordenó escuchas para investigar el caso de corrupción “Gurtel”; caso que atravesaba y atraviesa al PP de abajo arriba y de un lado a otro.
El Comité de Derechos Humano de la ONU estimó que el Tribunal Supremo español vulneró el derecho del ex juez a la presunción de inocencia y el de revisión de condena, llegando a considerar que no había tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial.
Queda mucho por hacer. La transición del franquismo a la democracia no será completa en tanto haya un poder del Estado que tiene tufo franquista. La llamada a la regeneración democrática no debería quedarse en medidas estéticas ni de traslación de directivas comunitarias; necesitamos medidas de calado, estructurales.
Los jueces deben ser independientes, claro que sí, pero no solo han de serlo, también deben parecerlo y en el caso abierto contra Begoña Gómez es evidente que no lo están siendo ¿Hasta cuándo el Gobierno de los jueces va a permitir esta tropelía?
El reciente acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del CGPJ ha despertado los viejos fantasmas sobre la «gran coalición», que provocó que las bases del partido, los y las militantes, se rebelaran contra una imposición de los «barones». Pedro Sánchez lideró entonces el «No es No» que le encumbró a la Secretaria General del PSOE, le permitió ganar la moción de censura al gobierno de M.Rajoy, y a alcanzar acuerdos de investidura para presidir el gobierno de España hasta el día de hoy.
Tras cinco años de incumplimiento constitucional del PP para la renovación del CGPJ, el PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo, con la mediación de Bruselas, para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, y para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Dicho acuerdo pone fin a más de 2000 días de bloqueo institucional, pero más allá de este hecho, el acuerdo ha sido saludado con estusiasmo por personajes como Aznar, Felipe González, o García Page, firmes defensores de la gran coalición. Empieza a correr la posibilidad de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en otras cuestiones, ante las reticencias de los grupos que dieron apoyo a la investidura.
Los acuerdos son necesarios cuando hay partes enfrentadas…lo sabemos bien quienes hemos negociado en centros de trabajo…siempre que supongan un avance, pero ¿qué avance ha conseguido la mayoría social con este acuerdo? ¿qué nos jugamos si se materializara una gran coalición?
Los lectores de Tribuna Socialista podrán leer en la página siguiente los argumentos de valoración positiva que la dirección del PSOE ha emitido sobre el acuerdo de renovación del CGPJ. Sin embargo, el hecho de que la mitad de los vocales nombrados sean conservadores, no parece que refleje lo que la sociedad expresó en las urnas, y de hecho, el Tribunal Constitucional se refuerza con algunos de los jueces más contrarios a las resoluciones del gobierno de Pedro Sánchez, particularmente contra la ley de amnistía. Así pues, incumplir la constitución le sale muy rentable al PP que refuerza su peso en las instituciones del Estado.
Cuando en abril, Pedro Sánchez se retiró a reflexionar qué medidas tomar contra el lawfare, las difamaciones y la «máquina de fango» del PP y VOX, muchos militantes pensamos que se endurecerían las penas para los que intentaran alterar la democracia mediante falsedades o los que incurrieran en la utilización partidista de las instituciones del estado y que se promoverían medidas para inhabilitar a aquéllos jueces que incumplieran el mandato constitucional de neutralidad política. Nada de eso ha pasado, pero sin embargo se refuerza el peso político de derechas en los órganos de gobierno judicial.
Por tanto: ¡Alerta!. La gran cuestión no es este acuerdo puntual, sino la posible renuncia al «No, es no a la gran coalición» que Pedro Sánchez lideró para alcanzar la presidencia con el apoyo de la mayoría de grupos políticos antifranquistas.
Dejar fuera de juego a Vox no está mal, pero dejar fuera de juego a todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez tiene pinta de renuncia a la legislatura, o como mínimo, la renuncia a un gobierno de izquierda. Es decir, ¿que en aras a la estabilidad del Estado se renuncia a las políticas de izquierda? ¿Es que se está preparando una alternancia de gobierno?
La mayoría de la sociedad sigue necesitando medidas de progreso, de avance en derechos laborales y sociales, y de avances en materia de inversión en servicios públicos y en materia de calidad democrática y convivencia, y eso no nos lo va a proporcionar un acuerdo general con el PP, Espero que no se materialice esta gran coalición tan negativa para el socialismo y para los intereses de la mayoría social. Toca estar alerta para reactivar el No es No, porque de lo contrario, el gobierno progresista se debilitaría hasta el punto de dejar morir la legislatura, ya veremos si poco a poco o de forma abrupta a partir del otoño.
Toca de nuevo apoyar a Pedro Sánchez frente a los franquistas, para que utilice su manual de resistencia, y se resista a la gran coalición y a las presiones que recibe para que se materialice.
Baltasar Santos Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Con el fin de recuperar la normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial y mejorar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes han llegado a los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se adjunta como Anexo I, donde: (i) se refuerzan las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional; (ii) se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia; y (iii) se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.
Segundo.- Renovar el CGPJ conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente que se adjunta como Anexo II, que apoyarán los grupos parlamentarios firmantes en el Congreso y el Senado. También se incluye el candidato a la plaza vacante del Tribunal Constitucional que ha de nombrar el Senado. Las personas propuestas cumplirán ya los criterios de independencia e idoneidad establecidos en la Proposición de Ley Orgánica que se expone en el apartado anterior.
Tercero.- Ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como Anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente.
Cuarto.- La Proposición de Ley Orgánica y los nombres de los candidatos propuestos al CGPJ se presentarán de forma conjunta en el registro de la cámara que corresponda.
Quinto.- Los grupos parlamentarios ordenarán el calendario de tal manera que la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en el Congreso, los candidatos a vocales de Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y en el Senado y el candidato a la vacante del Tribunal Constitucional se aprobarán en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día.
Sexto.- El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley.
En representación de la Comisión Europea, que ha acompañado las conversaciones previas a este pacto, asiste a la firma de este acuerdo la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
PSOE y PP hemos alcanzado, con la mediación de la Comisión Europea, un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años y que cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, tal y como exigíamos los socialistas:
Se procederá a una renovación inmediata de los vocales del CGPJ y se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia, estudiar posibles reformas y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos.
En los próximos días el Congreso y el Senado procederán a elegir los veinte nuevos vocales del Consejo, restaurando así la Constitución en este órgano. Serán 20 vocales con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la Justicia y el Derecho y con diferentes sensibilidades que representan a la sociedad española.
Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan valores esenciales de la Constitución: Desde ahora, se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días.
Se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. Y se encomienda al nuevo Consejo que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado. Cualquier propuesta deberá partir de un amplio consenso, como el que tiene el modelo actual (aprobado en el año 2.000 por más del 90% del Congreso).
Esta renovación es buena para todos:
Para la ciudadanía:
Restaura la confianza en la Justicia después de la crisis constitucional de más de cinco años y que afectaba gravemente a la percepción de su independencia, como muestra el Barómetro de Justicia de la UE.
Por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso.
Para jueces y magistrados:
Porque permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
Y permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras.
Se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años.
Y para la economía:
El coste anual del bloqueo suponía 12,5M€ para las arcas públicas. El Gobierno estaba reforzando el Tribunal Supremo para evitar su colapso.
Y la solución de una crisis constitucional contribuirá a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en España.
El PSOE está plenamente satisfecho con este acuerdo. Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado. Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha.
Tribuna Socialista 
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