El Estado y sus dogmas

Respetemos la Constitución, pues sin ella no hay patria, pero reconozcamos asimismo que contiene artículos irracionales, sostenidos en creencias retrógradas y privilegios heredados de un pasado ominoso. Uno de los más escandalosos, a mi parecer, es la inviolabilidad del Rey, que lo hace impune incluso cuando delinque.

Ciencia frente a dogmas

Es sabido que el conocimiento científico es un conocimiento abierto al cambio, siempre en revisión, apoyado en la evidencia empírica y en el consenso de la comunidad científica.

Por otro lado, la ideología es, según la RAE, el «conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político».

Sin embargo, cuando un precepto ideológico se transforma en dogma -es decir, en una creencia de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión- puede llegar a ser contrario al conocimiento científico y, por tanto, a la evidencia empírica, constituyendo un obstáculo que debe ser removido.

Tales obstáculos ideológicos impiden a menudo el perfeccionamiento de las leyes y el avance en derechos sociales, como lo son, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos; en particular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que debería estar blindado en la Constitución.

Estos dogmas -utilizados a menudo por el poder para mantener el statu quo- entorpecen el progreso y provocan enormes injusticias y sufrimientos.

Dogmas contra el progreso: la historia como advertencia

A lo largo de la historia, las sociedades han oscilado entre el deseo de avanzar en el conocimiento y la necesidad de preservar un orden establecido. En este conflicto constante, los dogmas -ya sean religiosos o ideológicos- han actuado con frecuencia como frenos al pensamiento crítico, la investigación libre, el progreso científico y las transformaciones sociales. Lejos de ser simples errores del pasado, estos episodios revelan cómo la imposición de un dogma, incuestionable y sancionado por la autoridad, ha tenido consecuencias profundas y duraderas en el desarrollo de las sociedades.

Uno de los casos más conocidos es el de Galileo Galilei, astrónomo y físico del siglo XVII, cuyo apoyo al heliocentrismo -la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, propuesta inicialmente por Copérnico- lo enfrentó con la Iglesia Católica. A pesar de contar con pruebas empíricas obtenidas mediante su telescopio, Galileo fue juzgado por la Inquisición, obligado a retractarse y condenado a arresto domiciliario de por vida. El problema no era la pretendida falsedad de sus descubrimientos, sino que contradecían la interpretación oficial de las Sagradas Escrituras. Este ejemplo no solo evidencia cómo un dogma religioso puede suprimir el conocimiento, sino también el miedo institucional a perder control sobre la narrativa del mundo.

Más trágico aún fue el destino de Miguel Servet, médico y teólogo aragonés del siglo XVI, que se atrevió a cuestionar tanto la Trinidad cristiana como algunas prácticas médicas de su tiempo. Perseguido por católicos y protestantes por igual, fue finalmente arrestado en Ginebra bajo órdenes de Juan Calvino y condenado a la hoguera. Además de sus ideas teológicas, Servet hizo importantes observaciones sobre la circulación pulmonar de la sangre, adelantándose a su tiempo. Pero su pensamiento científico fue considerado peligroso no por lo que decía de la medicina, sino por lo que implicaba en términos de autoridad religiosa. Su cruel e injusta ejecución, quemado vivo en la hoguera, prueba cómo el dogma puede matar tanto ideas como personas.

La Revolución Científica y el Movimiento Obrero

La Revolución Científica, iniciada en el siglo XVI, y la Ilustración, iniciada en el XVII, propiciaron el desarrollo de las fuerzas productivas y el despertar de las conciencias. Ambos movimientos priorizaron la razón y la lógica sobre la tradición y la superstición. La Ilustración, de hecho, se conoce como el «Siglo de las Luces» porque puso la razón en el centro de la búsqueda de la verdad. 

En el siglo XVIII surge en Inglaterra el movimiento obrero debido a la Revolución Industrial y a la pavorosa explotación laboral, y, en Francia, ya a finales de siglo, la burguesía progresista, con el apoyo de las capas populares, impulsan su Revolución, proclamando la República francesa. En el siglo XIX, a medida que el proceso de industrialización se extendió, el movimiento obrero se expandió simultáneamente por Europa.

En el siglo XIX, pensadores tales como Karl Marx, Frederic Engels y Lenin, aportaron al movimiento obrero las bases teóricas y prácticas que posibilitaron la Revolución rusa a principios del siglo XX y la implantación del primer Estado obrero de la Historia.

Lejos de marcar una ruptura definitiva con la superstición y las creencias contrarias a la razón, trajo nuevas formas de dogmatismo, ahora bajo ropajes ideológicos.

Un caso paradigmático fue el del lisenkoismo en la extinta URSS. Trofim Denísovich Lysenko (1898-1976), un agrónomo sin formación científica sólida, promovió teorías pseudocientíficas que negaban la genética mendeliana.

Apoyado por Stalin, su doctrina se convirtió en política oficial del Estado. Los genetistas que se opusieron -muchos de ellos destacados científicos- fueron silenciados o encarcelados. Como resultado, la biología soviética sufrió un retraso de décadas, y las hambrunas causadas por políticas agrícolas fallidas se cobraron millones de vidas. En este caso, el dogma no era religioso, sino ideológico, pero el efecto fue el mismo: el pensamiento crítico fue suprimido en nombre de una verdad impuesta desde el poder.

Conclusión

Estos sucesos abominables nos recuerdan que el conocimiento florece solo en un ambiente donde se permite la duda, la crítica y la revisión constante de las ideas. Cuando se elevan ciertas creencias al rango de incuestionables -sean de origen divino o político-, se condena a la sociedad al estancamiento o incluso al retroceso.

La historia de Galileo, Servet o los científicos soviéticos perseguidos por Stalin -sin minimizar la aportación de este dirigente político al desarrollo tecnológico de la URSS y a la victoria europea sobre el nazismo- no es solo una lección del pasado: es una advertencia permanente sobre los peligros de subordinar la razón al dogma.

Manuel Ruiz Robles

La falsa neutralidad de la Constitución española

Os dejo aquí algunas reflexiones, como continuación a mi reciente participación en una charla/coloquio en A Casa da Cultura de Redondela, organizada por el Colectivo Republicano de Redondela -que preside nuestro compañero el cabo Marco Santos-, el Ayuntamiento de la citada ciudad y A Nova Peneira.

La llamada Transición española, dirigida por Juan Carlos de Borbón, el sucesor del dictador y criminal Francisco Franco, estuvo condicionada por las presiones y amenazas del ejército franquista. Esta desventajosa correlación de fuerzas condujo a las principales fuerzas políticas en la clandestinidad a desistir de la confrontación con el aterrador poder del Estado dictatorial -constituido en Reino en julio de 1947- renunciando a la recuperación de la legalidad republicana y al inicio de un proceso constituyente en libertad.

Altos mandos del ejército de Franco, jerarcas de la dictadura, policías torturadores y jueces emboscados -que complementaban la acción represora de la justicia militar- entraron todos ellos a formar parte de la elite política, en simbiosis con el nuevo régimen juancarlista, incluidos exministros que habían firmado penas de muerte.

El “consenso” impuesto por el Rey afianzó al sucesor designado por Franco, dando paso a una democracia secuestrada.

El proceso de reforma de la dictadura era ineludible, debido al gigantesco empuje de la clase trabajadora y la inexorable internacionalización del capital. Sin embargo, estuvo dirigido y vigilado por el designado por el dictador en la Ley 62/1969, Juan Carlos de Borbón, mediante el poder que le otorgaba su control sobre el núcleo duro del aparato de Estado, que transitó intacto de la ley a la ley. Los mismos militares, los mismos jueces, los mismos policías.

De aquellos polvos estos lodos, con sus insoportables latrocinios, pues al morir Franco, la dictadura continuó existiendo. «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos» (Antonio Gramsci)

La monarquía, la jefatura del Estado, la inviolabilidad de su persona y la nueva dinastía borbónica, que habría de sucederle, quedó totalmente blindada en la Constitución; como también el mando supremo de las fuerzas armadas, constituidas en garantes del ordenamiento constitucional; un disparate inadmisible en cualquier país de nuestro entorno europeo.

La monarquía quedó, pues, apuntalada a toque de corneta.

La Ley de Amnistía del 77, una ley preconstitucional de punto final, es decir de impunidad de los crímenes del franquismo, marcó la línea a seguir por el Parlamento español en lo referente a lo militar. Prueba ello es, que aquel Parlamento, pretendidamente “constituyente”, no solo mantuvo expulsados a los condenados en consejo de guerra por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD), autodisuelta en junio de 1977, sino que incluyó un párrafo infame en la falsa ley de amnistía.

Un párrafo redactado con la finalidad de procesar al entonces capitán de aviación José Ignacio Domínguez, a su regreso del exilio. De hecho, fue condenado en consejo de guerra a finales de diciembre de 1977, seis meses después de las primeras elecciones generales.

Los compañeros de la UMD represaliados fueron parcialmente rehabilitados una década después, pero no se les dejó solicitar destino o acceder a ningún curso de ascenso. De este modo la monarquía impidió que la actuación democrática de la UMD fuese emulada por los cuadros de mando del Ejército de Franco, quedando estanco y blindado ideológicamente frente al pueblo.

El origen fraudulento de la Constitución del 78, está indeleblemente ligado a las leyes de sucesión dictadas por un régimen criminal, (Ley de sucesión publicada en el BOE nº 208 y la Ley 62/1969 de 22 de julio) que dieron lugar a una monarquía, cuyo primer eslabón de la cadena sucesoria reinstaurada por Franco es el propio dictador.

Debido a ello, no solo no hubo un proceso democrático constituyente, sino que el propio proceso de reforma de la dictadura -con el fin de adecuarla formalmente a una democracia, aceptable por la Comunidad Económica Europea- se desarrolló bajo la tutela del poder del Estado franquista. Esa presión irresistible, junto al clima amenazante y de extrema violencia policial y militar, fue el entorno en el que nació el Régimen del 78.

De aquellos polvos, a los escándalos de Juan Carlos de Borbón, pagados con fondos reservados del Estado, no pasó mucho tiempo. Luego vinieron los fraudes a la Hacienda pública, y demás latrocinios, que precipitaron su abdicación.

Por si fuera poco, el diario ABC, tradicional portavoz de la monarquía, reproduce hace unos días las conversaciones publicadas en exclusiva por Okdiario, que revelan la podredumbre del Estado borbónico.

Tras escuchar estas conversaciones, ya no puede quedar la menor duda de que el Rey fue, como mínimo, conocedor del 23-F y que, asustado por las advertencias de su secretario Sabino Fernández, abortó el golpe militar que venía consintiendo.

elDiario.es publicaba hace unos días que “la Asamblea Republicana de Vigo ha denunciado al Rey emérito y a las Infantas por presuntos delitos fiscales y blanqueo. La acusación, dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Tributaria, considera que la creación de una fundación por parte del rey Juan Carlos, para asegurar la herencia de sus hijas, demuestra que el Borbón posee fondos en el extranjero y que los ocultó a la hacienda pública tras dos regularizaciones”.

La periodista Ana Pardo de Vera ha declarado recientemente: «Existen documentos que avalan que Felipe VI fue cómplice de su padre, incluso su luna de miel fue pagada con dinero que no pertenecía al salario que se le pasaba a Juan Carlos I…»

No es de extrañar, pues, que monárquicos juancarlistas, devenidos en felipistas, acaben convirtiéndose en leonoristas, y la cascada de latrocinios, delitos impunes y basura borbónica acabe desbordando la paciencia de las naciones sin Estado, que hartas de tanto expolio, se planten, proclamando sus Repúblicas.

Es exactamente lo que sucedió en Catalunya hace unos años, dando lugar a la violenta respuesta del Estado borbónico, que apaleó, procesó, condenó y encarceló a gente pacífica, cuyo pecado consistió en pretender depositar su voto en una urna.

Felipe de Borbón, con su intervención reaccionaria del 3 de octubre de 2017, y la aplicación del famoso Articulo 155 de la Constitución -que permite la implantación de una dictadura “constitucional”- ha puesto en evidencia su parcialidad y falsa neutralidad constitucional.

El apoyo incondicional de los países de la OTAN al gobierno colonial y sionista de Netanyahu, mientras éste sigue masacrando miles de niños y personas inocentes en Gaza, así como la implicación de España en la guerra de Ucrania, muestran la gravedad del momento, magistralmente analizado por nuestro compañero el “Teniente Segura” en su libro “La trampa ucraniana”. Una guerra imperialista por el control de las fuentes de energía. Complicidad criminal que alcanza al rey Felipe VI como Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, por muy inviolable que se considere.

Termino este breve relato destacando que se trata de una Constitución clasista de origen franquista, impuesta manu militari. Su bandera, la bandera de Franco y los Borbones, no representa de ninguna manera a los pueblos del Estado, sino lo peor de nuestra historia. Fue impuesta en 1843 como bandera del Estado español durante el reinado de Isabel II (1833-1904), reina Borbón derrocada por la Revolución Gloriosa de 1868, que dio paso al sexenio democrático. Los Borbones han sido y siguen siendo el principal obstáculo para la democracia, pese a su pretendida neutralidad.

Manuel Ruiz Robles
Ex miembro de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD)

Estoy cansado del ruido

Hace tiempo que apenas debatimos, que discutimos muy poco sobre ideas y propuestas.

Es difícil incluso entre amigos o familia, parece que solo podemos opinar contra esto o aquello…a veces tengo la sensación de que la política vuelve a desaparecer frente a caudillos y banderas que con propuestas simplistas y ademocraticas determinan que solo hay una solución: el orden y la ley, su orden, y su ley. Y en medio de este ruido, se sitúa la actual discusión sobre la Amnistía, desde la necesidad de la aritmética parlamentaria y la necesaria normalización de Cataluña.

                La Amnistía es una medida profundamente política, compleja y controvertida, que puede proporcionar un Gobierno de Justicia social y resolver un viejo problema, el de la diversidad y pluralidad de pueblos, lenguas, tradiciones e historia que conforman la realidad del Estado español.

                La Constitución española casi resolvió el callejón sin salida del equilibrio territorial inclusivo o centrífugo mediante un sistema autonómico cuasi federal; y digo casi porque su éxito paulatino depende, como todos sabemos, del desarrollo de la propia arquitectura constitucional y de las leyes que se derivan consecuentemente y permiten construir poco a poco un sistema más descentralizado.

                Frente a este camino aparecen en distintos periodos históricos, varias propuestas centrífugas que prometen el paraíso y la solución definitiva; por supuesto todo se resuelve y resume en una nueva idea de Patria como si eso sirviese para resolver cualquier problema social, económico o político. Como si la solución para todo fuera una nueva entidad territorial…sencillo, ¿no?

                La actitud y lo que está haciendo la derecha parlamentaria es, cuando menos, poco democrático. Su falta de respeto a las mayorías parlamentarias, a la institución donde deben debatir, por duros que sean los debates, pues no debería confundirse dureza en la oratoria con falta de respeto: el insulto, los pataleos, los gritos cuando habla el contrario, etc., no es dureza en el debate, es mala educación, no solo contra a los oradores, sino hacia los millones de votantes que han posibilitado que esos oradores estén ahí.


                Consciente de que el Parlamento da un resultado democrático que no le favorece, estos partidos políticos, PP y VOX, acometen una campaña, desde el minuto uno después de la investidura, que pone en duda el resultado electoral, la formación democrática de un Gobierno y su legitimidad.Es decir, conforman una respuesta que pone en tela de juicio el propio sistema. Y en vez de ofrecer pactos y una propuesta diferente, deciden deliberadamente romper el delicado equilibrio constitucional y democrático, conscientes de que para ellos no supone ningún problema. Y digo conscientes, porque para ellos no hay desgaste, al contrario, refuerza su posición más cerca, hoy en día, de soluciones ultraliberales que de acuerdos que frenasen el avance de los populismos y las dictaduras.

                Esta forma de actuar de estos partidos que parecen distintos, pero tienen un pasado común, desvela que su meta no es defender la Constitución, ni salvar a España, como ellos manifiestan. Su objetivo es gobernar ellos, porque así pueden tomar decisiones que siempre favorecen a una clase social determinada, la suya. Recordemos algunos ejemplos: la ley15/1997 que abrió las puertas de par en par a la privatización de la Sanidad; la ley 6/1998 sobre el régimen del suelo, que permitió la recalificación del suelo público y que desembocó en la burbuja inmobiliaria de 2008 (estas dos leyes fueron obra del Gobierno de Aznar; la Ley 3/2012, conocida como la reforma laboral de Rajoy, impuesta sin negociación con los sindicatos -con la patronal no fue necesario negociar; la amnistía fiscal de 2012, del Gobierno Rajoy, que legalizó el fraude fiscal -ley anulada por sentencia del Tribunal Constitucional en 2017-; la Ley 4/2015, conocida como “Ley Mordaza”. Podría continuar con un largo etcétera.

                La Amnistía se sitúa, por tanto, como una solución a pesar de las dudas que a todos nos suscita, a pesar de que a determinados sujetos políticos les permite eludir sus responsabilidades y volver a donde ellos mismos crearon un problema que ellos mismos no supieron resolver.


                Esta visión del problema no es, lógicamente la única, ni la mejor seguramente, sino que es necesario discutir, debatir, y, como recuerda Juan Torres el 2 de marzo, en su blog (juantorreslopez.com), es necesario hacer mucha pedagogía que permita un conocimiento de la cuestión suficiente dada la importancia y la trascendencia del asunto.

                Necesitamos cada vez más, partidos políticos que sean más democráticos, no solo en la apariencia, cuyas estructurasno sean tan verticales; para evitar el cesarismo o presidencialismo, impropios de partidos de izquierdas. Estructuras que respeten verdaderamente a los afiliados y afiliadas, que son quienes hacen posible la permeabilidad con los colectivos sociales y vehiculen las opiniones de los ciudadanos, con el objetivo de ir conformando las resoluciones congresuales y los programas electorales, los cuales una vez en el poder hay que respetar. Si estas pautas se cumpliesen, entre otras cosas, evitaríamos la aparición de soluciones totalitarias, reaccionarias, votadas por los propios ciudadanos como Ayuso, Trump, Miley, o Putin, como modo de mostrar su rechazo a un sistema que perciben, la mayoría de la sociedad, cada vez como más ajeno.

Eduardo Hernández
Presidente de ASTRADE

Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf